Rosalía Vergara
Ante el rechazo del Instituto Federal Electoral (IFE) a la petición de Proceso y otros medios de comunicación de tener acceso a las boletas electorales de los comicios presidenciales, varios escritores, académicos y políticos consideran que esa decisión sólo contribuye a reavivar la desconfianza en las instituciones.
Un recuento ciudadano de los votos hubiera contribuido a disipar las dudas sobre la transparencia de la jornada del pasado 2 de julio, así como a dar legitimidad a los comicios, sostienen Carlos Fuentes, Sergio Aguayo Quezada y el exrepresentante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el IFE, Felipe Solís Acero.
Y van más lejos. Tanto ellos como algunos militantes del Partido Acción Nacional (PAN), incluido Felipe Calderón Hinojosa, se pronuncian ahora porque las boletas electorales no se quemen, como se ha venido haciendo desde 1991, cuando fue incinerada la documentación de los controvertidos comicios de 1988.
En una carta enviada al consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, Solís Acero critica la decisión del instituto. Dice: "debió hacer un esfuerzo de manera que pudiera encontrar la fundamentación legal para poder permitir el acceso.
"(...) Tengo la impresión de que no hicieron mucho esfuerzo en encontrar la fundamentación legal y, en consecuencia, a la primera revisión de la norma encontraron el motivo para desechar y lo hicieron, a lo mejor fundadamente, habría que revisarlo".
A su vez, Felipe Calderón, en una carta enviada a Ugalde el 12 de septiembre pasado, le solicita que, "en el marco de sus atribuciones, sea promovido al interior del consejo que preside el acuerdo necesario para preservar el material electoral durante el tiempo que sea posible, y así contribuir al mejor entendimiento entre los mexicanos".
Esto, precisa el panista, "en abono a la certeza y confianza de los ciudadanos en las instituciones".
El miércoles pasado, el escritor Carlos Fuentes resaltó que el recuento ciudadano de votos equivaldría a "legitimar la elección", pues "se cumpliría un trámite no exigido por la ley".
Durante la presentación de su obra Todas las familias, en Madrid, Fuentes destacó que dicho recuento tendría la finalidad de "darle absoluta seguridad a los ciudadanos de que el resultado es el más cercano a la perfección".
Autor también de La silla del águila, novela en la que explora su experiencia en el sistema político mexicano, Fuentes dijo que está convencido de la inexistencia de un fraude electoral. Explicó que basaba sus opiniones en un artículo del investigador Sergio Aguayo Quezada -publicado la víspera en Reforma y reproducido en el madrileño El País- acerca del recuento ciudadano de boletas electorales.
En ese artículo citado por Fuentes, titulado ¿Reconciliación?, el profesor del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México escribió:
"Desde hace dos meses los inconformes con la calidad de la elección coincidimos con partidarios de López Obrador en solicitar un recuento de todos los votos. Calderón siempre respondió que respetaría lo que el Tribunal Electoral decidiera, lo cual era jurídicamente impecable, pero políticamente insuficiente.
"Sucedió lo predecible: el tribunal ratificó su victoria, pero rechazó el recuento, lo cual, a los ojos de un sector, confirmó las irregularidades. Ya como presidente, Calderón enfrenta otra polémica que le permitirá tender puentes hacia los inconformes y demostrar su compromiso con la transparencia y la democracia.
"La oportunidad se llama recuento ciudadano. Después de la elección, unos 800 individuos, empresas y organismos solicitaron al IFE acceso a las boletas para volver a contar los votos. Entre los peticionarios están la W Radio, la revista Proceso y el periódico El Universal, y aunque el ejercicio carece de valor jurídico, en el contexto actual sería muy provechoso porque de confirmarse los resultados oficiales darían legitimidad a Felipe Calderón. El riesgo está en que suceda lo contrario."
En su artículo, Aguayo expone también que el mismo día que el TEPJF ratificó la victoria de Calderón, rechazó la petición de transparencia -las solicitudes mencionadas- e informó que procedería a la incineración de las boletas.
Esto le recordó al académico de El Colegio de México los comicios de 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari "triunfó gracias a un fraude electoral monumental".
Opacidad santificada
Sergio Aguayo sostiene en su artículo que él se coloca entre quienes se niegan a acatar "la opacidad del IFE, una de las instituciones santificadas por los conservadores".
En la batalla jurídica por el acceso a las boletas electorales, agrega, Felipe Calderón podría respaldar el recuento ciudadano "y apuntalar sus credenciales democráticas". Propone también que el PAN aliente la participación de organismos civiles conservadores para tener certidumbre sobre un recuento cabal que "limpiaría en algo el lodo que mancha la elección".
El investigador matiza: el recuento ciudadano es independiente de las acciones seguidas por López Obrador.
Y es que la respuesta del presidente del IFE a la carta de Calderón fue negativa, igual que la ofrecida a la solicitud de Proceso, cuando este semanario pidió acceso a las boletas para hacer un recuento ciudadano.
En su contestación a Felipe Calderón, Ugalde afirma que en la ley no existe el término "preservación" ni se menciona el resguardo físico de los materiales y la documentación electoral; que su destino final previsto por la ley es su destrucción.
Por su parte, el senador y exrepresentante electoral del PRI ante el IFE, Felipe Solís Acero, arremete contra el instituto. Sobre el término "preservar", Solís asegura que si este concepto significa conservar para siempre las boletas, es algo imposible.
Explica: si para el IFE las boletas no son documentos de carácter público, tampoco sería válido argumentar la secrecía del voto, pues este proceso comienza cuando un ciudadano tiene en sus manos la boleta electoral, cruza la opción de su preferencia y deposita el voto en la urna. Después de sufragar pierde la identidad del votante, protegida por la Ley Electoral.
Con este criterio, dice Solís Acero, saber por quién votaron los mexicanos "es de interés público... Y esa voluntad está en un documento, ¿no?".
Además, dice, el jueves 13 el senador del Partido Convergencia, Dante Delgado, presentó en tribuna una reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), con la finalidad de que las actas y boletas electorales se conserven hasta tres meses antes de que inicie el proceso electoral siguiente; en este caso, hasta 2009.
"Eso podría tener lógica -agrega Felipe Solís-. Pero si las boletas van a estar ahí como un fetiche, guardadas en una bodega, francamente no le veo sentido."
Y remata: "Las boletas electorales ya no tienen valor jurídico, pues el tribunal ya dijo la última palabra, pero pueden tener valor histórico, ciudadano, en el sentido de la solicitud -de Proceso-, "y eso me parece muy respetable". ?
Un recuento ciudadano de los votos hubiera contribuido a disipar las dudas sobre la transparencia de la jornada del pasado 2 de julio, así como a dar legitimidad a los comicios, sostienen Carlos Fuentes, Sergio Aguayo Quezada y el exrepresentante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el IFE, Felipe Solís Acero.
Y van más lejos. Tanto ellos como algunos militantes del Partido Acción Nacional (PAN), incluido Felipe Calderón Hinojosa, se pronuncian ahora porque las boletas electorales no se quemen, como se ha venido haciendo desde 1991, cuando fue incinerada la documentación de los controvertidos comicios de 1988.
En una carta enviada al consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, Solís Acero critica la decisión del instituto. Dice: "debió hacer un esfuerzo de manera que pudiera encontrar la fundamentación legal para poder permitir el acceso.
"(...) Tengo la impresión de que no hicieron mucho esfuerzo en encontrar la fundamentación legal y, en consecuencia, a la primera revisión de la norma encontraron el motivo para desechar y lo hicieron, a lo mejor fundadamente, habría que revisarlo".
A su vez, Felipe Calderón, en una carta enviada a Ugalde el 12 de septiembre pasado, le solicita que, "en el marco de sus atribuciones, sea promovido al interior del consejo que preside el acuerdo necesario para preservar el material electoral durante el tiempo que sea posible, y así contribuir al mejor entendimiento entre los mexicanos".
Esto, precisa el panista, "en abono a la certeza y confianza de los ciudadanos en las instituciones".
El miércoles pasado, el escritor Carlos Fuentes resaltó que el recuento ciudadano de votos equivaldría a "legitimar la elección", pues "se cumpliría un trámite no exigido por la ley".
Durante la presentación de su obra Todas las familias, en Madrid, Fuentes destacó que dicho recuento tendría la finalidad de "darle absoluta seguridad a los ciudadanos de que el resultado es el más cercano a la perfección".
Autor también de La silla del águila, novela en la que explora su experiencia en el sistema político mexicano, Fuentes dijo que está convencido de la inexistencia de un fraude electoral. Explicó que basaba sus opiniones en un artículo del investigador Sergio Aguayo Quezada -publicado la víspera en Reforma y reproducido en el madrileño El País- acerca del recuento ciudadano de boletas electorales.
En ese artículo citado por Fuentes, titulado ¿Reconciliación?, el profesor del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México escribió:
"Desde hace dos meses los inconformes con la calidad de la elección coincidimos con partidarios de López Obrador en solicitar un recuento de todos los votos. Calderón siempre respondió que respetaría lo que el Tribunal Electoral decidiera, lo cual era jurídicamente impecable, pero políticamente insuficiente.
"Sucedió lo predecible: el tribunal ratificó su victoria, pero rechazó el recuento, lo cual, a los ojos de un sector, confirmó las irregularidades. Ya como presidente, Calderón enfrenta otra polémica que le permitirá tender puentes hacia los inconformes y demostrar su compromiso con la transparencia y la democracia.
"La oportunidad se llama recuento ciudadano. Después de la elección, unos 800 individuos, empresas y organismos solicitaron al IFE acceso a las boletas para volver a contar los votos. Entre los peticionarios están la W Radio, la revista Proceso y el periódico El Universal, y aunque el ejercicio carece de valor jurídico, en el contexto actual sería muy provechoso porque de confirmarse los resultados oficiales darían legitimidad a Felipe Calderón. El riesgo está en que suceda lo contrario."
En su artículo, Aguayo expone también que el mismo día que el TEPJF ratificó la victoria de Calderón, rechazó la petición de transparencia -las solicitudes mencionadas- e informó que procedería a la incineración de las boletas.
Esto le recordó al académico de El Colegio de México los comicios de 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari "triunfó gracias a un fraude electoral monumental".
Opacidad santificada
Sergio Aguayo sostiene en su artículo que él se coloca entre quienes se niegan a acatar "la opacidad del IFE, una de las instituciones santificadas por los conservadores".
En la batalla jurídica por el acceso a las boletas electorales, agrega, Felipe Calderón podría respaldar el recuento ciudadano "y apuntalar sus credenciales democráticas". Propone también que el PAN aliente la participación de organismos civiles conservadores para tener certidumbre sobre un recuento cabal que "limpiaría en algo el lodo que mancha la elección".
El investigador matiza: el recuento ciudadano es independiente de las acciones seguidas por López Obrador.
Y es que la respuesta del presidente del IFE a la carta de Calderón fue negativa, igual que la ofrecida a la solicitud de Proceso, cuando este semanario pidió acceso a las boletas para hacer un recuento ciudadano.
En su contestación a Felipe Calderón, Ugalde afirma que en la ley no existe el término "preservación" ni se menciona el resguardo físico de los materiales y la documentación electoral; que su destino final previsto por la ley es su destrucción.
Por su parte, el senador y exrepresentante electoral del PRI ante el IFE, Felipe Solís Acero, arremete contra el instituto. Sobre el término "preservar", Solís asegura que si este concepto significa conservar para siempre las boletas, es algo imposible.
Explica: si para el IFE las boletas no son documentos de carácter público, tampoco sería válido argumentar la secrecía del voto, pues este proceso comienza cuando un ciudadano tiene en sus manos la boleta electoral, cruza la opción de su preferencia y deposita el voto en la urna. Después de sufragar pierde la identidad del votante, protegida por la Ley Electoral.
Con este criterio, dice Solís Acero, saber por quién votaron los mexicanos "es de interés público... Y esa voluntad está en un documento, ¿no?".
Además, dice, el jueves 13 el senador del Partido Convergencia, Dante Delgado, presentó en tribuna una reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), con la finalidad de que las actas y boletas electorales se conserven hasta tres meses antes de que inicie el proceso electoral siguiente; en este caso, hasta 2009.
"Eso podría tener lógica -agrega Felipe Solís-. Pero si las boletas van a estar ahí como un fetiche, guardadas en una bodega, francamente no le veo sentido."
Y remata: "Las boletas electorales ya no tienen valor jurídico, pues el tribunal ya dijo la última palabra, pero pueden tener valor histórico, ciudadano, en el sentido de la solicitud -de Proceso-, "y eso me parece muy respetable". ?
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