gloria pérez mendoza
A casi once meses de la denuncia contra Arturo Montiel, la fiscalía especial promete dar sus “conclusiones” esta semana, por la presunta responsabilidad del exgobernador en los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y uso indebido de funciones –factores detrás de su renuncia a la precandidatura tricolor a la Presidencia--, sin embargo, todo apunta a que se tenderá un manto más de protección sobre el político mexiquense.
Toluca, Edo. de Méx., 18 de septiembre (apro).-. Inconforme con la actitud “pasiva” de las autoridades para enjuiciar a Arturo Montiel, el exregidor José Luis Cortés Trejo, de 50 años, actual asesor del ayuntamiento de Ecatepec y quien denunciara los supuestos ilícitos del exgobernador, anunció que seguirá su lucha por la vía judicial, y advirtió con llevar el caso a la Suprema Corte, debido a las “anomalías” que buscarían proteger al exmandatario.
“Estamos esperando –dijo— las conclusiones de la fiscalía especial para proceder hasta que se haga justicia y se llegue a la verdad histórica de los hechos presuntamente cometidos por el exgobernador Montiel”.
Cortés señala que pedirá el apoyo de la Corte para que ésta atraiga el caso y acceda al expediente, “pues a la fecha no se me ha permitido hacerlo”.
En entrevista, el exregidor dijo que denunció --en su ampliación ministerial ante la PGR del pasado 31 de julio-- el pago de favores que hizo Montiel al exprocurador mexiquense Alfonso Navarrete Prida, quien inició la averiguación y, sin mayor investigación, pretendió justificar las propiedades del exmandatario, A cambio, éste lo habría hecho notario publico provisional, el pasado 21 de marzo del 2005, siendo aún procurador.
Cabe hacer mención que este hecho, en que Montiel Rojas otorgó otras 25 notarias públicas, causó indignación a varios de los notarios mexiquenses, que de inmediato protestaron por no haberse respetado los ordenamientos establecidos, como es la presentación de exámenes de oposición, entre otros.
Al respecto, el 8 de este mes, día del notario publico, el actual gobernador, el también priista Enrique Pena Nieto, fue cuestionado sobre el punto:
--¿Son regalos a políticos las notarías?, y ¿se van a dar notarías a amigos o funcionarios cercanos del gobierno?
El gobernador apenas atinó a responder: “El único medio para acceder a una notaría será presentando exámenes de oposición, a partir de que haya vacancias en algunas notarías. Somos la entidad que tiene el menor número de notarios, en razón de la población que se tiene”.
La crítica de los notarios trajo consecuencias, pues el notario número uno, René Santín Villavicencio, de 63 años y con 32 de ejercicio notarial en el Estado de México --quien había hecho declaraciones a la prensa reprobando la entrega de las últimas 25 notarias—, se mostró renuente a retomar el asunto.
--¿Ha sido usted amenazado?
--No abiertamente, pero usted sabe, hay señales y basta con eso.
Entrevistado en su despacho, el notario Santín revira: “Mejor pregúntenle al presidente de los notarios, Antonio Gutiérrez Ysita”.
Los compromisos de Montiel
Gutiérrez Ysita es también señalado por el exregidor José Luis Cortés --en su ampliación ministerial-- como el que dio fe de los 21 compromisos de campaña que firmó el gobernador Enrique Peña Nieto, y también forma parte del consejo de ciudadanos designado para seguir de cerca las investigaciones que realiza la fiscalía especial del caso Montiel.
El regidor cuestiona: “Son gente que le debe gratitud y lealtad --por haber colaborado con él-- al gobernador Peña Nieto y seguir así protegiendo los intereses de Arturo Montiel”.
Pide sean llamados a declarar el gobernador, Alfonso Navarrete y el actual procurador, Abel Villicaña Estrada.
El actual asesor del ayuntamiento de Ecatepec también hizo una ampliación de denuncia el 31 de julio pasado, ante la Procuraduría local, en el sentido de que se investigue por qué Montiel benefició con las notarías 85 y 159 --con sede en Huixquilucan-- al hermano del actual procurador, Emmanuel Villicaña Estrada.
El exregidor José Luis Cortés sostiene que ya ha denunciado al hermano del procurador Villicaña por la ilegal entrega de ambas notarías, y sobre todo debido a que las aceptó cuando aún era contralor estatal, pues asegura que este hecho es violatorio de los artículos 11 y 14 de la ley del notariado.
También el 4 de mayo anterior presentó una denuncia de hechos, ante la PGR, en contra de Abel Villicaña, del exprocurador Alfonso Navarrete Prida y del exfiscal especial del caso Montiel, Luis Fernández Doblado, en virtud de que tanto el actual procurador como su antecesor, desde el inicio de la averiguación previa contra el exgobernador, sostuvo, “han asumido una posición protectora de los intereses de su exjefe”.
En el caso de Navarrete Prida, dijo que éste “nunca citó a declarar a todos los presuntos señalados en la averiguación previa, y no justificó legalmente por qué no lo hizo; no investigó a fondo la procedencia de la fortuna de Montiel, y mandó a reserva la averiguación”.
Respecto de la acusación penal en contra del procurador Abel Villicaña, asegura que “ha concedido ventajas a Montiel, negándose a realizar la práctica de otras diligencias de la averiguación previa TOL-RD-V1434-2005, y encubrió por un tiempo la renuncia del exfiscal”.
En el caso de Fernández Doblado, el exregidor dijo que éste podría ser responsable de “conductas que pueden ser constitutivas de delitos, ya que el exfiscal reconoció, en una entrevista con Proceso, que en la oficina del sexto piso de la Procuraduría del estado, que le fue asignada, ‘no vio nada: ni secretarias ni documentos. No había manera de empezar a trabajar’”.
A casi once meses de haber denunciado por enriquecimiento, peculado y uso indebido de funciones al exgobernador, asegura que “hasta ahora las investigaciones sobre Montiel y sus presuntos encubridores está estancada”.
La relación de averiguaciones son las siguientes: PGR-TOL- Méx-1364-05, por delincuencia organizada en contra de Enrique Miranda Nava, exsecretario de Finanzas con Montiel; TOL-DR-1434-05, por el probable desvío de recursos y enriquecimiento ilícito en contra del exgobernador; TOL-DR-485-06, en contra de Navarrete Prida, del actual procurador Abel Villicaña y del exfiscal Luis Fernández Doblado, por el presunto delito de encubrimiento, así como la denuncia ante la PGR, UEIDFF-FISM02-177-06, en contra del gobernador Enrique Peña Nieto, por el presunto delito de encubrimiento.
Por su parte, Octavio Campos, vocero de la Procuraduría mexiquense negó a Apro la posibilidad de una entrevista con los fiscales especiales del caso Montiel, Armando Quiraco y Víctor Manuel Ávila, pretextando que la semana próxima darían sus conclusiones.
Campos sólo entregó un escueto comunicado, sin firma ni logotipo:
“Con relación a las investigaciones efectuadas por la PGJEM, concernientes al exmandatario Arturo Montiel, por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y uso indebido de funciones, la fiscalía especial se encuentra ya en la fase de pruebas periciales en materia de grafoscopía, en antigüedad de tintas --ello para verificar las firmas del exgobernador-- y en materia de contabilidad financiera”.
Los interrogatorios
Además, la fiscalía “concluyó la etapa de los interrogatorios, los cuales fueron aplicados a aproximadamente 20 personas, quienes aportaron datos suficientes para que se pueda pedir información referente a las propiedades del exaspirante presidencial en los países de Francia, España y Estados Unidos.
“La fiscalía especial recibió información preliminar sobre la propiedad que presuntamente se le atribuyó al exgobernador Montiel, ubicada en la provincia de Cádiz, España, con la que se dio a conocer que ésta no pertenece al atlacomulquense, sino a una inmobiliaria de Gibraltar.
“Como se recodará, el 5 de octubre del 2005, diversos medios de comunicación dieron cuenta de varios depósitos en efectivo por más de 35 millones de pesos a la cuenta de Juan Pablo Montiel Yáñez, sin que se aclarara la procedencia de los recursos, hechos que también investiga la fiscalía especial”.
Por cierto el vocero de la Procuraduría local asegura que no existe ninguna partida especial del presupuesto estatal a la fiscalía especial del caso Montiel, pues asegura que los recursos técnicos, materiales y humanos a los que ha recurrido este órgano, forman parte del presupuesto global de la PGJEM.
Y respecto de los salarios de los dos fiscales, Armando Quirasco y Víctor Manuel Ávila, éstos perciben, en lo individual, 40 mil pesos mensuales libres de impuestos
Toluca, Edo. de Méx., 18 de septiembre (apro).-. Inconforme con la actitud “pasiva” de las autoridades para enjuiciar a Arturo Montiel, el exregidor José Luis Cortés Trejo, de 50 años, actual asesor del ayuntamiento de Ecatepec y quien denunciara los supuestos ilícitos del exgobernador, anunció que seguirá su lucha por la vía judicial, y advirtió con llevar el caso a la Suprema Corte, debido a las “anomalías” que buscarían proteger al exmandatario.
“Estamos esperando –dijo— las conclusiones de la fiscalía especial para proceder hasta que se haga justicia y se llegue a la verdad histórica de los hechos presuntamente cometidos por el exgobernador Montiel”.
Cortés señala que pedirá el apoyo de la Corte para que ésta atraiga el caso y acceda al expediente, “pues a la fecha no se me ha permitido hacerlo”.
En entrevista, el exregidor dijo que denunció --en su ampliación ministerial ante la PGR del pasado 31 de julio-- el pago de favores que hizo Montiel al exprocurador mexiquense Alfonso Navarrete Prida, quien inició la averiguación y, sin mayor investigación, pretendió justificar las propiedades del exmandatario, A cambio, éste lo habría hecho notario publico provisional, el pasado 21 de marzo del 2005, siendo aún procurador.
Cabe hacer mención que este hecho, en que Montiel Rojas otorgó otras 25 notarias públicas, causó indignación a varios de los notarios mexiquenses, que de inmediato protestaron por no haberse respetado los ordenamientos establecidos, como es la presentación de exámenes de oposición, entre otros.
Al respecto, el 8 de este mes, día del notario publico, el actual gobernador, el también priista Enrique Pena Nieto, fue cuestionado sobre el punto:
--¿Son regalos a políticos las notarías?, y ¿se van a dar notarías a amigos o funcionarios cercanos del gobierno?
El gobernador apenas atinó a responder: “El único medio para acceder a una notaría será presentando exámenes de oposición, a partir de que haya vacancias en algunas notarías. Somos la entidad que tiene el menor número de notarios, en razón de la población que se tiene”.
La crítica de los notarios trajo consecuencias, pues el notario número uno, René Santín Villavicencio, de 63 años y con 32 de ejercicio notarial en el Estado de México --quien había hecho declaraciones a la prensa reprobando la entrega de las últimas 25 notarias—, se mostró renuente a retomar el asunto.
--¿Ha sido usted amenazado?
--No abiertamente, pero usted sabe, hay señales y basta con eso.
Entrevistado en su despacho, el notario Santín revira: “Mejor pregúntenle al presidente de los notarios, Antonio Gutiérrez Ysita”.
Los compromisos de Montiel
Gutiérrez Ysita es también señalado por el exregidor José Luis Cortés --en su ampliación ministerial-- como el que dio fe de los 21 compromisos de campaña que firmó el gobernador Enrique Peña Nieto, y también forma parte del consejo de ciudadanos designado para seguir de cerca las investigaciones que realiza la fiscalía especial del caso Montiel.
El regidor cuestiona: “Son gente que le debe gratitud y lealtad --por haber colaborado con él-- al gobernador Peña Nieto y seguir así protegiendo los intereses de Arturo Montiel”.
Pide sean llamados a declarar el gobernador, Alfonso Navarrete y el actual procurador, Abel Villicaña Estrada.
El actual asesor del ayuntamiento de Ecatepec también hizo una ampliación de denuncia el 31 de julio pasado, ante la Procuraduría local, en el sentido de que se investigue por qué Montiel benefició con las notarías 85 y 159 --con sede en Huixquilucan-- al hermano del actual procurador, Emmanuel Villicaña Estrada.
El exregidor José Luis Cortés sostiene que ya ha denunciado al hermano del procurador Villicaña por la ilegal entrega de ambas notarías, y sobre todo debido a que las aceptó cuando aún era contralor estatal, pues asegura que este hecho es violatorio de los artículos 11 y 14 de la ley del notariado.
También el 4 de mayo anterior presentó una denuncia de hechos, ante la PGR, en contra de Abel Villicaña, del exprocurador Alfonso Navarrete Prida y del exfiscal especial del caso Montiel, Luis Fernández Doblado, en virtud de que tanto el actual procurador como su antecesor, desde el inicio de la averiguación previa contra el exgobernador, sostuvo, “han asumido una posición protectora de los intereses de su exjefe”.
En el caso de Navarrete Prida, dijo que éste “nunca citó a declarar a todos los presuntos señalados en la averiguación previa, y no justificó legalmente por qué no lo hizo; no investigó a fondo la procedencia de la fortuna de Montiel, y mandó a reserva la averiguación”.
Respecto de la acusación penal en contra del procurador Abel Villicaña, asegura que “ha concedido ventajas a Montiel, negándose a realizar la práctica de otras diligencias de la averiguación previa TOL-RD-V1434-2005, y encubrió por un tiempo la renuncia del exfiscal”.
En el caso de Fernández Doblado, el exregidor dijo que éste podría ser responsable de “conductas que pueden ser constitutivas de delitos, ya que el exfiscal reconoció, en una entrevista con Proceso, que en la oficina del sexto piso de la Procuraduría del estado, que le fue asignada, ‘no vio nada: ni secretarias ni documentos. No había manera de empezar a trabajar’”.
A casi once meses de haber denunciado por enriquecimiento, peculado y uso indebido de funciones al exgobernador, asegura que “hasta ahora las investigaciones sobre Montiel y sus presuntos encubridores está estancada”.
La relación de averiguaciones son las siguientes: PGR-TOL- Méx-1364-05, por delincuencia organizada en contra de Enrique Miranda Nava, exsecretario de Finanzas con Montiel; TOL-DR-1434-05, por el probable desvío de recursos y enriquecimiento ilícito en contra del exgobernador; TOL-DR-485-06, en contra de Navarrete Prida, del actual procurador Abel Villicaña y del exfiscal Luis Fernández Doblado, por el presunto delito de encubrimiento, así como la denuncia ante la PGR, UEIDFF-FISM02-177-06, en contra del gobernador Enrique Peña Nieto, por el presunto delito de encubrimiento.
Por su parte, Octavio Campos, vocero de la Procuraduría mexiquense negó a Apro la posibilidad de una entrevista con los fiscales especiales del caso Montiel, Armando Quiraco y Víctor Manuel Ávila, pretextando que la semana próxima darían sus conclusiones.
Campos sólo entregó un escueto comunicado, sin firma ni logotipo:
“Con relación a las investigaciones efectuadas por la PGJEM, concernientes al exmandatario Arturo Montiel, por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y uso indebido de funciones, la fiscalía especial se encuentra ya en la fase de pruebas periciales en materia de grafoscopía, en antigüedad de tintas --ello para verificar las firmas del exgobernador-- y en materia de contabilidad financiera”.
Los interrogatorios
Además, la fiscalía “concluyó la etapa de los interrogatorios, los cuales fueron aplicados a aproximadamente 20 personas, quienes aportaron datos suficientes para que se pueda pedir información referente a las propiedades del exaspirante presidencial en los países de Francia, España y Estados Unidos.
“La fiscalía especial recibió información preliminar sobre la propiedad que presuntamente se le atribuyó al exgobernador Montiel, ubicada en la provincia de Cádiz, España, con la que se dio a conocer que ésta no pertenece al atlacomulquense, sino a una inmobiliaria de Gibraltar.
“Como se recodará, el 5 de octubre del 2005, diversos medios de comunicación dieron cuenta de varios depósitos en efectivo por más de 35 millones de pesos a la cuenta de Juan Pablo Montiel Yáñez, sin que se aclarara la procedencia de los recursos, hechos que también investiga la fiscalía especial”.
Por cierto el vocero de la Procuraduría local asegura que no existe ninguna partida especial del presupuesto estatal a la fiscalía especial del caso Montiel, pues asegura que los recursos técnicos, materiales y humanos a los que ha recurrido este órgano, forman parte del presupuesto global de la PGJEM.
Y respecto de los salarios de los dos fiscales, Armando Quirasco y Víctor Manuel Ávila, éstos perciben, en lo individual, 40 mil pesos mensuales libres de impuestos
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