Convención y sus decisiones darán lugar a una nueva controversia. Sobre todo, la de nombrar a Andrés Manuel López Obrador presidente legítimo marcará el debate público y provocará innumerables descalificaciones. Sin embargo, por encima del golpeteo, la Convención Nacional Democrática es un hecho político trascendente.
La Convención es el espacio y el momento en el que la oposición de izquierda ha definido los cursos que seguirá su acción política. Mostró que, a dos meses y medio de las elecciones, se mantiene un fuerte movimiento opositor. Quien haya estado presente en el zócalo sabe que algo profundo estaba corriendo entre quienes mantuvieron una máxima atención, no obstante el aguacero, los problemas que tuvo el sonido y la larga espera que los llevó a mantenerse de pie cuando menos ocho horas. Quienes ahí estaban son ciudadanos decididos a seguir a AMLO.
El movimiento opositor tiene ya un plan, cuya ejecución impactará a la política nacional. Es un dato nuevo, frente al cual nadie puede permanecer ajeno. De aquí al 1 de diciembre se mantendrá la movilización. La toma de posesión de Felipe Calderón estará presionada por una inconformidad organizada y por un calendario que seguirá montado en las fechas y símbolos históricos. Su posicionamiento frente a esta iniciativa opositora se convierte así en su definición política central. Ya no podrá definir una agenda propia sin tomar en cuenta la de sus opositores.
El movimiento opositor tiene asegurada una dimensión suficiente como para obligar a una respuesta del régimen. La hipótesis que manejó el gobierno de que, después de algunas semanas, la protesta de AMLO tendería a agotarse y desaparecer, ya no ocurrió. El problema ya no se arregla solo. Si frente a él no se construye una iniciativa política grande, se convertirá en el catalizador de las más diversas inconformidades y en una fuerza que elevará los costos de la entrada de Calderón y hará difícil que el próximo gobierno se consolide.
La CND se salió de la trampa de enfrentarse a todas las instituciones y al orden constitucional. Se ha definido en oposición al régimen de privilegios y no en desconocimiento de la Constitución y de las instituciones. Ha definido un objetivo estratégico que significa una salida al movimiento y que puede representar una salida política para la nación. El objetivo es crear una cuarta república. Es decir, un nuevo régimen político. No se busca para ello ir a un nuevo constituyente, sino a un proceso constitucional. No se busca una nueva Constitución, sino una nueva constitucionalidad.
La oposición de izquierda, por su parte, ha decidido conformar el Frente Amplio Progresista. Con lo cual también se vienen abajo todos los intentos políticos de dividir a la coalición o de generar confusión. Se integra un frente que competirá con el polo de derecha. Así, el Frente se coloca en una posición ideal para capitalizar a su favor los errores del gobierno y para ampliar sus alianzas nacionales y regionales. Su fuerza en el Congreso y en los gobiernos locales se potencia.
La decisión de la CND que será más controvertida será la de formar un gobierno y nombrar un presidente. Un gobierno que no tenga en sus manos las funciones clásicas que lo caracterizan no es en esencia un gobierno. Pero si esa organización compuesta de unos cuantos líderes es capaz de desarrollar las funciones que desempeña un gobierno sombra en un régimen parlamentario, ese gobierno tendrá un alto impacto en una etapa de la vida política donde los posicionamientos políticos son tan escasos. La figura de presidente ejercerá esa función crítica en relación al presidente legal, pero sobre todo será quien escuche al pueblo, lo conforte y le dé liderazgo en la defensa de sus causas y demandas más sentidas. Esa figura de defensor del pueblo será una presión fuerte para la gobernabilidad. Lo será, sobre todo, por la razón que determinó su aceptación: el no reconocimiento a Calderón. La presidencia de AMLO es una medida extrema de resistencia civil pacífica.
Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista
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