alvaro delgado/apro
México, D.F., 12 de septiembre (apro).- El dictamen aprobado por los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el martes 5, es una pieza fascinante: constituye un catálogo muy recomendable para ejercer la ilegalidad y mantenerse impune.
Es, también, una guía de buenos modales en las contiendas por un cargo de elección popular: ante embates de mentiras procede, nada más, poner la otra mejilla. Establece, además, que la búsqueda del voto no es una actividad para pobres: si alguien no cuenta con dinero o relaciones que lo doten de él, está condenado a la derrota.
Quien incursione, de ahora en adelante, en una contienda electoral debe diseñar también, aun desde antes del inicio formal de la misma, una estrategia de acopio de pruebas porque, según los nuevos criterios del TEPJF, ya existe la certeza de que habrá fraude y debe probarlo a plenitud… o aguantarse.
Queda autorizada la intervención directa de autoridades de los tres niveles de gobierno, y de cualquier poder, en los procesos electorales y la contratación de tiempos en radio y televisión, cualquiera sea su monto e independientemente del patrocinio de organismos civiles o empresas mercantiles, siempre y cuando tal intervención no sea determinante para el resultado final.
Antes de esta extraordinaria sentencia del TEPJF --que por supuesto es definitiva e inatacable conforme a la Constitución-- estaban prohibidas las conductas descritas anteriormente. Ya no: sin mucha creatividad es posible incursionar en las anchas avenidas de la impunidad y, claro, conquistar o retener el poder político.
Han quedado hechos trizas, de facto, los artículos constitucionales 33, que prohíbe a los extranjeros “inmiscuirse de ninguna manera en asuntos políticos del país”, y 9, que ordena que “solamente los ciudadanos de la República” pueden asociarse “para tomar parte en los asuntos políticos de país”. Los asesores extranjeros, que son ya insumo indispensable en las campañas, pueden trabajar a sus anchas.
Por decisión de los siete magistrados del TEPJF, seis de los cuales concluyen su lapso como autoridades --aunque ya tienen garantizada su pertenencia a la dorada alta burocracia--, los ciudadanos no tienen derecho a saber en qué sustentan sus decisiones, una opacidad igual que la del Instituto Federal Electoral (IFE).
“El derecho a la información será garantizado por el Estado”, que establece el artículo 6 de la Constitución, en el ámbito electoral, está proscrito, porque las boletas electorales, a juicio de la burocracia del IFE, no son documentos y por tanto no caben en los supuestos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
La fiscalía especializada de la Procuraduría General de la República tampoco es una instancia a la que los ciudadanos --ya no digamos los partidos o candidatos-- pueden recurrir para denunciar conductas ilícitas.
Todo se vale. Ni modo. Hay que consagrarse a la simulación y al cinismo.
Esas son las lecciones de la sentencia de los siete magistrados del TEPJF que legalizaron el triunfo de Felipe Calderón y que rubrican un operativo de Estado que sólo los impostores, por ignorancia o interés faccioso, pueden ser capaces de justificar. Para todos existe un premio.
En el caso de los siete magistrados del TEPJF, las anchas avenidas de la alta burocracia --la dorada, que contrasta notablemente con la del grueso del personal-- están abiertas para ellos una vez cumplida su tarea.
Uno de ellos, Alejandro Luna Ramos, para empezar será presidente de ese órgano jurisdiccional, que con un año en el cargo se convierte en decano y, por tanto, ostentará esa posición tan envidiable frente a los otros seis que serán propuestos por la SCJN y aprobados por dos terceras partes del Senado.
Otro, con toda seguridad, será ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: lo más seguro es que sea Leonel Castillo, el presidente, aunque también aspira a esa posición Alfonsina Navarro quien, junto con Mauro Miguel Reyes Zapata, elaboró el dictamen aprobado por el pleno.
En el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) hay tres espacios, que serían cualquiera de los tres mencionados o José de Jesús Orozco. Y los dos restantes también tienen planes: a Fernando Ojesto, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, le interesa ser director de la Facultad de Derecho, y Eloy Fuentes pretende ser presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila.
De manera que los seis tienen futuro al cabo de cumplir una década con un salario mensual, acumulado, de casi 400 mil pesos. A esto se debe añadir el “bono de marcha”, un premio que se dan por decisión de ellos mismos, semejante al que se dieron los nueve consejeros del IFE y que fue de 404 mil 867 pesos.
Nomás eso faltaba.
Apuntes
El gozo va más allá de Vicente Fox, Felipe Calderón y toda la camarilla del Partido Acción Nacional (PAN), esa clase política que ha sido muy competente para la estafa. Los magnates que patrocinan al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los membretes de la Organización Nacional del Yunque, de manera notable el Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano (Celiderh), ya diseñan el plan de gobierno y una de cuyas acciones inminentes es la aplicación, sin atenuantes, de la ley bajo la pantalla de que México exige paz y concordia. Llegó, con otro nombre, la disolución social. Igual que la mano tendida de Gustavo Díaz Ordaz… No: el problema sigue siendo muy hondo y no se resuelve con la apabullante propaganda.
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
Es, también, una guía de buenos modales en las contiendas por un cargo de elección popular: ante embates de mentiras procede, nada más, poner la otra mejilla. Establece, además, que la búsqueda del voto no es una actividad para pobres: si alguien no cuenta con dinero o relaciones que lo doten de él, está condenado a la derrota.
Quien incursione, de ahora en adelante, en una contienda electoral debe diseñar también, aun desde antes del inicio formal de la misma, una estrategia de acopio de pruebas porque, según los nuevos criterios del TEPJF, ya existe la certeza de que habrá fraude y debe probarlo a plenitud… o aguantarse.
Queda autorizada la intervención directa de autoridades de los tres niveles de gobierno, y de cualquier poder, en los procesos electorales y la contratación de tiempos en radio y televisión, cualquiera sea su monto e independientemente del patrocinio de organismos civiles o empresas mercantiles, siempre y cuando tal intervención no sea determinante para el resultado final.
Antes de esta extraordinaria sentencia del TEPJF --que por supuesto es definitiva e inatacable conforme a la Constitución-- estaban prohibidas las conductas descritas anteriormente. Ya no: sin mucha creatividad es posible incursionar en las anchas avenidas de la impunidad y, claro, conquistar o retener el poder político.
Han quedado hechos trizas, de facto, los artículos constitucionales 33, que prohíbe a los extranjeros “inmiscuirse de ninguna manera en asuntos políticos del país”, y 9, que ordena que “solamente los ciudadanos de la República” pueden asociarse “para tomar parte en los asuntos políticos de país”. Los asesores extranjeros, que son ya insumo indispensable en las campañas, pueden trabajar a sus anchas.
Por decisión de los siete magistrados del TEPJF, seis de los cuales concluyen su lapso como autoridades --aunque ya tienen garantizada su pertenencia a la dorada alta burocracia--, los ciudadanos no tienen derecho a saber en qué sustentan sus decisiones, una opacidad igual que la del Instituto Federal Electoral (IFE).
“El derecho a la información será garantizado por el Estado”, que establece el artículo 6 de la Constitución, en el ámbito electoral, está proscrito, porque las boletas electorales, a juicio de la burocracia del IFE, no son documentos y por tanto no caben en los supuestos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
La fiscalía especializada de la Procuraduría General de la República tampoco es una instancia a la que los ciudadanos --ya no digamos los partidos o candidatos-- pueden recurrir para denunciar conductas ilícitas.
Todo se vale. Ni modo. Hay que consagrarse a la simulación y al cinismo.
Esas son las lecciones de la sentencia de los siete magistrados del TEPJF que legalizaron el triunfo de Felipe Calderón y que rubrican un operativo de Estado que sólo los impostores, por ignorancia o interés faccioso, pueden ser capaces de justificar. Para todos existe un premio.
En el caso de los siete magistrados del TEPJF, las anchas avenidas de la alta burocracia --la dorada, que contrasta notablemente con la del grueso del personal-- están abiertas para ellos una vez cumplida su tarea.
Uno de ellos, Alejandro Luna Ramos, para empezar será presidente de ese órgano jurisdiccional, que con un año en el cargo se convierte en decano y, por tanto, ostentará esa posición tan envidiable frente a los otros seis que serán propuestos por la SCJN y aprobados por dos terceras partes del Senado.
Otro, con toda seguridad, será ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: lo más seguro es que sea Leonel Castillo, el presidente, aunque también aspira a esa posición Alfonsina Navarro quien, junto con Mauro Miguel Reyes Zapata, elaboró el dictamen aprobado por el pleno.
En el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) hay tres espacios, que serían cualquiera de los tres mencionados o José de Jesús Orozco. Y los dos restantes también tienen planes: a Fernando Ojesto, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, le interesa ser director de la Facultad de Derecho, y Eloy Fuentes pretende ser presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila.
De manera que los seis tienen futuro al cabo de cumplir una década con un salario mensual, acumulado, de casi 400 mil pesos. A esto se debe añadir el “bono de marcha”, un premio que se dan por decisión de ellos mismos, semejante al que se dieron los nueve consejeros del IFE y que fue de 404 mil 867 pesos.
Nomás eso faltaba.
Apuntes
El gozo va más allá de Vicente Fox, Felipe Calderón y toda la camarilla del Partido Acción Nacional (PAN), esa clase política que ha sido muy competente para la estafa. Los magnates que patrocinan al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los membretes de la Organización Nacional del Yunque, de manera notable el Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano (Celiderh), ya diseñan el plan de gobierno y una de cuyas acciones inminentes es la aplicación, sin atenuantes, de la ley bajo la pantalla de que México exige paz y concordia. Llegó, con otro nombre, la disolución social. Igual que la mano tendida de Gustavo Díaz Ordaz… No: el problema sigue siendo muy hondo y no se resuelve con la apabullante propaganda.
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