sábado, septiembre 02, 2006
La estrategia de AMLO se trastoca en algarabía en el Zócalo
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| Andrés Manuel López Obrador |
gloria leticia díaz
02/09/2006
* Verbena tras conocerse que el presidente Fox no pudo dar su informe
* López Obrador pidió a sus seguidores no marchar hacia San Lázaro
México, D.F., 1 de septiembre (apro).- Andrés Manuel López Obrador decidió --junto con miles de seguidores reunidos en el Zócalo-- no caer en provocaciones y desistirse de asistir en marcha a las inmediaciones de la Cámara de Diputados, y protestar por el informe presidencial de Vicente Fox.
Después de que Marcelo Ebrard Casaubón, jefe de gobierno electo, rindiera un informe sobre “la ocupación militar y policiaca”, López Obrador sometió a votación directa de sus simpatizantes la decisión de asistir a San Lázaro.
Antes razonó: “No vamos a entrar a ese juego, tenemos que cuidar nuestro movimiento. Por eso les digo a ustedes, que aun estando a cinco calles del Congreso, no vamos a ir, aquí nos vamos a quedar el día de hoy. ¿O creen ustedes que hay que ir allá a hacerles el juego?
“No tiene ningún sentido, que se queden con sus tanquetas, que se queden con sus soldados”, apaciguó López Obrador.
Sin embargo, ya en la noche, la estrategia del tabasqueño se trastocaba en gran algarabía entre sus simpatizantes reunidos en el Zócalo capitalino, que celebraban el anuncio de que Fox no había podido leer ningún mensaje en el Congreso y se limitó a entregarlo por escrito.
Pese a que las pantallas en las que se transmitiría la sesión del Congreso nunca funcionaron, los perredistas siguieron los hechos por radio.
La verbena arrancó justo cuando se enteraron que los legisladores de la coalición habían tomado la tribuna del salón de plenos, e incluso corearon los gritos de “¡voto por voto! ¡casilla por casilla!” que entonaban los diputados y senadores en San Lázaro.
Pero estallaron en júbilo cuando se informó que Fox sólo entregaría su informe por escrito y sin dar ningún mensaje ante los integrantes de la LX Legislatura.
Previamente, en el mitin de la tarde, López Obrador responsabilizó a Fox del amago de represión: “Se equivoca, nosotros no tenemos nada que atender, no tenemos nada que ver, no tenemos nada que dirimir con la policía y con el Ejército, este es un asunto político, no policiaco ni militar”.
El candidato presidencial aprovechó el momento para hacer un reconocimiento al Ejército Mexicano, al que hizo el llamado de no aceptar ser utilizados para reprimir.
“El Ejército no debe ser usado para justificar acciones de fraude electoral, el Ejército no puede ser utilizado para justificar la incapacidad de los gobiernos civiles, muchos menos el Ejército debe ser usado para reprimir al pueblo que lucha por la justicia, por la libertad y por la democracia”, recomendó.
Insistió en que los militares no deben caer “en la tentación de la represión, que no acepten órdenes para reprimir al pueblo. Nosotros, por nuestra parte, garantizamos que siempre vamos a actuar de manera pacífica, que el Ejército no vuelva a ser utilizado como en el 68 y como en otros tristes acontecimientos para reprimir al pueblo”.
López Obrador utilizó buen tiempo de su discurso para dirigirse a los mandos castrenses: “Hago un llamado a los militares para que actúen con rectitud y respeten los derechos del pueblo y que no se vaya a utilizar al Ejército, disfrazado de Policía Federal Preventiva. Si actúa la Policía Federal Preventiva reprimiendo a la gente, la culpa va a ser directamente del Ejército, no van a poder encubrir un operativo de represión con el uniforme de la Policía Federal Preventiva ni utilizando a las guardias presidenciales, al Estado Mayor Presidencial. Estoy hablando con mucha claridad para que se entienda”.
Al garantizar que su movimiento se mantendrá dentro de los cauces pacíficos, López Obrador insistió en llamar a que se respeten los derechos y libertades de los ciudadanos.
Temor a convencionistas
Para López Obrador el temor del gobierno federal y de los panistas, evidenciado por el despliegue militar y policiaco, no estribaba en la amenaza de que simpatizantes de la coalición Por el Bien de Todos protestaran en las calles aledañas al Congreso de la Unión, sino por el resultado de la Convención Nacional Democrática (CND), cuyo objetivo es “organizar el gobierno del pueblo y para el pueblo”.
Por eso apuntó era necesario “cuidar el movimiento”, y no caer en provocaciones, ya que el gobierno federal pretendía que cayeran en “la trampa para justificar la represión y que no lleguemos a lo que verdaderamente les preocupa. ¿Qué es lo que le preocupa? La Convención Nacional Democrática. ¿Por qué les preocupa la Convención Nacional Democrática? Porque ya hemos decidido hacer a un lado a todas esas instituciones caducas, corruptas, que no sirven para nada y que no representan el interés general. ¡Que se vayan al diablo con sus instituciones!”.
López Obrador señaló que para el régimen resulta preocupante que seguidores de la coalición, y buena parte de la población, “ya no estemos dispuestos a aceptar las reglas del juego de siempre, lo que más les preocupa es que ya no les vamos a rendir pleitesía, lo que más les preocupa es que vamos a tener nuestro propio gobierno, de conformidad con el artículo 39 de la Constitución”.
Puntualizó que una vez que lo decida la CND, habrá “dos gobiernos: el gobierno del hampa de la política, de los delincuentes de cuello blanco, y el gobierno surgido de este movimiento popular y ciudadano. Vamos a crear nuestro gobierno, ya no aceptamos la República simulada, vamos a establecer una República representativa y verdaderamente popular”.
Después de su discurso, López Obrador se dirigió al campamento, en que permaneció con sus hijos y cercanos colaboradores, mientras afuera, sus seguidores arrancaban la verbena en pleno Zócalo, deleitándose con el singular canto de la oaxaqueña Lila Downs.
* López Obrador pidió a sus seguidores no marchar hacia San Lázaro
México, D.F., 1 de septiembre (apro).- Andrés Manuel López Obrador decidió --junto con miles de seguidores reunidos en el Zócalo-- no caer en provocaciones y desistirse de asistir en marcha a las inmediaciones de la Cámara de Diputados, y protestar por el informe presidencial de Vicente Fox.
Después de que Marcelo Ebrard Casaubón, jefe de gobierno electo, rindiera un informe sobre “la ocupación militar y policiaca”, López Obrador sometió a votación directa de sus simpatizantes la decisión de asistir a San Lázaro.
Antes razonó: “No vamos a entrar a ese juego, tenemos que cuidar nuestro movimiento. Por eso les digo a ustedes, que aun estando a cinco calles del Congreso, no vamos a ir, aquí nos vamos a quedar el día de hoy. ¿O creen ustedes que hay que ir allá a hacerles el juego?
“No tiene ningún sentido, que se queden con sus tanquetas, que se queden con sus soldados”, apaciguó López Obrador.
Sin embargo, ya en la noche, la estrategia del tabasqueño se trastocaba en gran algarabía entre sus simpatizantes reunidos en el Zócalo capitalino, que celebraban el anuncio de que Fox no había podido leer ningún mensaje en el Congreso y se limitó a entregarlo por escrito.
Pese a que las pantallas en las que se transmitiría la sesión del Congreso nunca funcionaron, los perredistas siguieron los hechos por radio.
La verbena arrancó justo cuando se enteraron que los legisladores de la coalición habían tomado la tribuna del salón de plenos, e incluso corearon los gritos de “¡voto por voto! ¡casilla por casilla!” que entonaban los diputados y senadores en San Lázaro.
Pero estallaron en júbilo cuando se informó que Fox sólo entregaría su informe por escrito y sin dar ningún mensaje ante los integrantes de la LX Legislatura.
Previamente, en el mitin de la tarde, López Obrador responsabilizó a Fox del amago de represión: “Se equivoca, nosotros no tenemos nada que atender, no tenemos nada que ver, no tenemos nada que dirimir con la policía y con el Ejército, este es un asunto político, no policiaco ni militar”.
El candidato presidencial aprovechó el momento para hacer un reconocimiento al Ejército Mexicano, al que hizo el llamado de no aceptar ser utilizados para reprimir.
“El Ejército no debe ser usado para justificar acciones de fraude electoral, el Ejército no puede ser utilizado para justificar la incapacidad de los gobiernos civiles, muchos menos el Ejército debe ser usado para reprimir al pueblo que lucha por la justicia, por la libertad y por la democracia”, recomendó.
Insistió en que los militares no deben caer “en la tentación de la represión, que no acepten órdenes para reprimir al pueblo. Nosotros, por nuestra parte, garantizamos que siempre vamos a actuar de manera pacífica, que el Ejército no vuelva a ser utilizado como en el 68 y como en otros tristes acontecimientos para reprimir al pueblo”.
López Obrador utilizó buen tiempo de su discurso para dirigirse a los mandos castrenses: “Hago un llamado a los militares para que actúen con rectitud y respeten los derechos del pueblo y que no se vaya a utilizar al Ejército, disfrazado de Policía Federal Preventiva. Si actúa la Policía Federal Preventiva reprimiendo a la gente, la culpa va a ser directamente del Ejército, no van a poder encubrir un operativo de represión con el uniforme de la Policía Federal Preventiva ni utilizando a las guardias presidenciales, al Estado Mayor Presidencial. Estoy hablando con mucha claridad para que se entienda”.
Al garantizar que su movimiento se mantendrá dentro de los cauces pacíficos, López Obrador insistió en llamar a que se respeten los derechos y libertades de los ciudadanos.
Temor a convencionistas
Para López Obrador el temor del gobierno federal y de los panistas, evidenciado por el despliegue militar y policiaco, no estribaba en la amenaza de que simpatizantes de la coalición Por el Bien de Todos protestaran en las calles aledañas al Congreso de la Unión, sino por el resultado de la Convención Nacional Democrática (CND), cuyo objetivo es “organizar el gobierno del pueblo y para el pueblo”.
Por eso apuntó era necesario “cuidar el movimiento”, y no caer en provocaciones, ya que el gobierno federal pretendía que cayeran en “la trampa para justificar la represión y que no lleguemos a lo que verdaderamente les preocupa. ¿Qué es lo que le preocupa? La Convención Nacional Democrática. ¿Por qué les preocupa la Convención Nacional Democrática? Porque ya hemos decidido hacer a un lado a todas esas instituciones caducas, corruptas, que no sirven para nada y que no representan el interés general. ¡Que se vayan al diablo con sus instituciones!”.
López Obrador señaló que para el régimen resulta preocupante que seguidores de la coalición, y buena parte de la población, “ya no estemos dispuestos a aceptar las reglas del juego de siempre, lo que más les preocupa es que ya no les vamos a rendir pleitesía, lo que más les preocupa es que vamos a tener nuestro propio gobierno, de conformidad con el artículo 39 de la Constitución”.
Puntualizó que una vez que lo decida la CND, habrá “dos gobiernos: el gobierno del hampa de la política, de los delincuentes de cuello blanco, y el gobierno surgido de este movimiento popular y ciudadano. Vamos a crear nuestro gobierno, ya no aceptamos la República simulada, vamos a establecer una República representativa y verdaderamente popular”.
Después de su discurso, López Obrador se dirigió al campamento, en que permaneció con sus hijos y cercanos colaboradores, mientras afuera, sus seguidores arrancaban la verbena en pleno Zócalo, deleitándose con el singular canto de la oaxaqueña Lila Downs.
Las cifras no cuadran en NL
Autor: luciano campos garza
Fecha: 02-Sep-2006
* Una investigación elaborada por consejero distrital desacredita los resultados del IFE y deja en claro que la elección presidencial no fue lo transparente y limpia que presume el Instituto
Monterrey, N.L., 1 de septiembre (apro).- El pasado 31 de agosto culminó el proceso electoral para los consejos locales, pero en Nuevo León, el cierre de las actividades postelectorales no tiene final feliz, pues han surgido irregularidades que ponen en entredicho el resultado electoral, al menos, en lo que respecta a esta entidad.
Un consejero distrital realizó un estudio estadístico sobre los pasados comicios en su distrito, donde comprobó las numerosas irregularidades que incidieron en el proceso y que apuntalan la ya pública comprobación de que hubo fallas abundantes en las casillas de todo el país.
Aunado a esto, el Consejo General de Instituto Federal Electoral (IFE) enfrenta un reclamo enérgico de cuatro consejeros locales en Nuevo León, que denunciaron el pasado jueves, en su última reunión, la parcialidad de Luis Carlos Ugalde, consejero presidente, y la inacción de la autoridad electoral ante la descalificación, los excesivos gastos de campaña y la intromisión del presidente Vicente Fox en el proceso, irregularidades que, afirmaron, dieron “al traste con la confianza que con tanto esfuerzo se construyó en los últimos 15 años”.
La rigidez del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) impidió hacer un comparativo entre las votaciones presidenciales y legislativas que “muestran diferencias fuera de toda lógica”, pese a desarrollarse al mismo tiempo y en las mismas casillas, denunciaron los organizadores de la elección en un texto que leyeron en la última sesión del Consejo Local.
“Frente a ello, resulta ridículo el pronunciamiento de los magistrados del Trife (Tribunal Electoral del Pode Judicial de la Federación) en el sentido de que se cuidó el principio de “un ciudadano, un voto”, sentenciaron.
“No importa si hubo dolo”
El investigador José Juan Olvera Gudiño se desempeñó como consejero ciudadano en las pasadas elecciones presidenciales y elaboró un reporte sobre las numerosas irregularidades que encontró antes, durante y después de la jornada del 2 de julio, en la que, dentro tan sólo en el Distrito VII, con cabecera en Monterrey, encontró que en el 43 por ciento de las 466 casillas recontadas hubo inconsistencias en los resultados finales.
En el informe que entregó al Consejo Local del IFE en Nuevo León, el pasado jueves 31 de agosto, Olvera elaboró un análisis de evolución de la votación desde el momento en que fueron entregadas las boletas para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) hasta las últimas modificaciones ordenadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El sociólogo con maestría en Metodología de las Ciencias por la Universidad Autónoma de Nuevo León señala en su polémico trabajo --que no fue firmado por la totalidad de los consejeros del distrito--, que el ejercicio le permitió verificar si el total de la votación, sumado a las boletas sobrantes, era igual a las boletas entregadas el día de la jornada, o era diferente.
Dice el reporte: “Esta concordancia, que demuestra que no falta ni sobra voto alguno, alcanzó sólo al 55.7 por ciento de las casillas de este Distrito. (En cinco casillas no pudimos obtener información, pues no venían las actas.) Del análisis de tales datos, se concluye que el 43 por ciento de los resultados no concuerdan. De las 201 casillas con esta característica, 147 tienen entre 1 y 5 votos de más o de menos; 39, entre 5 y 20 votos de más o de menos; y en 13 la diferencia es de más votos.
“En total las diferencias suman 951 votos de más y 853 votos de menos, además de cinco casillas que ya mencionamos de las que no se tienen datos. Estamos hablando de que, en total, faltan 98 votos.”
En su informe, el investigador, aclara, sin embargo, que la muestra en este distrito no representa necesariamente una tendencia nacional.
Olvera señala que el Distrito VII, donde ganó todo Acción Nacional, y dónde al final de los conteos del 5 y 30 de julio se le restaron más votos al candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, que al panista Felipe Calderón, es el segundo con más paquetes electorales abiertos en todo el país, por lo que estas “pifias y omisiones”, atribuibles a deficiencias de organización, hicieron diferencia en una elección que se definió por menos del uno por ciento de la votación.
En Nuevo León el PAN ganó prácticamente todo, incluidos los principales municipios del área metropolitana, con excepción de Guadalupe. Con una participación del 60 por ciento del electorado y un total de un millón 769 mil 218 votos, Felipe Calderón obtuvo el 48.89 de los sufragios, equivalente a 865 mil 006 votos, contra Andrés Manuel López Obrador, que obtuvo el 15.96 por ciento, correspondientes a 282 mil 384 papeletas sumadas.
En el VII se impuso también Calderón, así como el alcalde y el diputado del PAN. Con 140 mil 806 votos totales, en la elección de presidente, el PAN obtuvo 70 mil 140 votos, contra 22 mil 816 de la coalición Por el Bien de Todos.
Al hacer un reporte cuantificado de los funcionarios que acudieron al llamado, el resultado fue de 87 por ciento, una cifra aceptable, a simple vista... pero para una diferencia final en las elecciones presidenciales de 0.58 por ciento a favor de un candidato, ese 12 por ciento faltante fue crucial, enfatiza el investigador.
“Ese trabajo que otras veces pudo haber estado bien con ese margen de error en el funcionamiento, hoy no fue suficiente. Hay que recordar que Ernesto Zedillo y Vicente Fox ganaron por un margen que hizo que las fallas se minimizaran”, agrega.
“De los 1884 puestos que debían de ser desempeñados, un 13 por ciento fue ocupado por ciudadanos que estaban la fila o no fueron ocupados. En tales condiciones es muy difícil que el proceso en general y las cuentas en particular, salieran a la perfección, mucho menos en un proceso tan competido”, critica en su texto.
Consejero electoral desde las elecciones de 1997, Olvera Gudiño considera que no observó a lo largo del análisis dolo de parte de los ciudadanos, aunque la suposición de fraude ya no es relevante, ante los abundantes errores en el conteo.
“Son muchos errores, pero no creo que fueran a propósito, aunque nos afectan mucho. Inclusive, el hecho de que no hayan sido hechos con dolo ya no importa para las consecuencias que tuvo todo esto, porque efectivamente vivimos una campaña muy negativa en muchos aspectos, como el hecho de que nunca había visto a un presidente que se gastara tanto de mi dinero para convencerme que votara por su partido”, apunta.
Un error reiterado entre los integrantes de las mesas directivas, es en el conteo de las boletas recibidas, señala el investigador, pues en el reporte que entregó al IFE especifica que en el Distrito VII hay inconsistencias en el 34.5 por ciento de las casillas, como “consignar más o menos votos de los que se les dieron, dejar sin consignar la cantidad de votos recibidos o poner el número de folio donde debería de poner el número de boletas recibidas”.
Dice el texto: “Respecto a los errores numéricos, la mayoría de los casos (81) resta un voto al total de las boletas recibidas. Le llamamos a esto “error de folio”, un defecto desgraciadamente muy común (el ciudadano anota que le dieron del folio 001 al folio 511, por lo que escribe que le dieron 510 boletas, cuando en realidad le dieron 511 y está quitando un voto a la cuenta final de la jornada)”.
Fecha: 02-Sep-2006
* Una investigación elaborada por consejero distrital desacredita los resultados del IFE y deja en claro que la elección presidencial no fue lo transparente y limpia que presume el Instituto
Monterrey, N.L., 1 de septiembre (apro).- El pasado 31 de agosto culminó el proceso electoral para los consejos locales, pero en Nuevo León, el cierre de las actividades postelectorales no tiene final feliz, pues han surgido irregularidades que ponen en entredicho el resultado electoral, al menos, en lo que respecta a esta entidad.
Un consejero distrital realizó un estudio estadístico sobre los pasados comicios en su distrito, donde comprobó las numerosas irregularidades que incidieron en el proceso y que apuntalan la ya pública comprobación de que hubo fallas abundantes en las casillas de todo el país.
Aunado a esto, el Consejo General de Instituto Federal Electoral (IFE) enfrenta un reclamo enérgico de cuatro consejeros locales en Nuevo León, que denunciaron el pasado jueves, en su última reunión, la parcialidad de Luis Carlos Ugalde, consejero presidente, y la inacción de la autoridad electoral ante la descalificación, los excesivos gastos de campaña y la intromisión del presidente Vicente Fox en el proceso, irregularidades que, afirmaron, dieron “al traste con la confianza que con tanto esfuerzo se construyó en los últimos 15 años”.
La rigidez del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) impidió hacer un comparativo entre las votaciones presidenciales y legislativas que “muestran diferencias fuera de toda lógica”, pese a desarrollarse al mismo tiempo y en las mismas casillas, denunciaron los organizadores de la elección en un texto que leyeron en la última sesión del Consejo Local.
“Frente a ello, resulta ridículo el pronunciamiento de los magistrados del Trife (Tribunal Electoral del Pode Judicial de la Federación) en el sentido de que se cuidó el principio de “un ciudadano, un voto”, sentenciaron.
“No importa si hubo dolo”
El investigador José Juan Olvera Gudiño se desempeñó como consejero ciudadano en las pasadas elecciones presidenciales y elaboró un reporte sobre las numerosas irregularidades que encontró antes, durante y después de la jornada del 2 de julio, en la que, dentro tan sólo en el Distrito VII, con cabecera en Monterrey, encontró que en el 43 por ciento de las 466 casillas recontadas hubo inconsistencias en los resultados finales.
En el informe que entregó al Consejo Local del IFE en Nuevo León, el pasado jueves 31 de agosto, Olvera elaboró un análisis de evolución de la votación desde el momento en que fueron entregadas las boletas para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) hasta las últimas modificaciones ordenadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El sociólogo con maestría en Metodología de las Ciencias por la Universidad Autónoma de Nuevo León señala en su polémico trabajo --que no fue firmado por la totalidad de los consejeros del distrito--, que el ejercicio le permitió verificar si el total de la votación, sumado a las boletas sobrantes, era igual a las boletas entregadas el día de la jornada, o era diferente.
Dice el reporte: “Esta concordancia, que demuestra que no falta ni sobra voto alguno, alcanzó sólo al 55.7 por ciento de las casillas de este Distrito. (En cinco casillas no pudimos obtener información, pues no venían las actas.) Del análisis de tales datos, se concluye que el 43 por ciento de los resultados no concuerdan. De las 201 casillas con esta característica, 147 tienen entre 1 y 5 votos de más o de menos; 39, entre 5 y 20 votos de más o de menos; y en 13 la diferencia es de más votos.
“En total las diferencias suman 951 votos de más y 853 votos de menos, además de cinco casillas que ya mencionamos de las que no se tienen datos. Estamos hablando de que, en total, faltan 98 votos.”
En su informe, el investigador, aclara, sin embargo, que la muestra en este distrito no representa necesariamente una tendencia nacional.
Olvera señala que el Distrito VII, donde ganó todo Acción Nacional, y dónde al final de los conteos del 5 y 30 de julio se le restaron más votos al candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, que al panista Felipe Calderón, es el segundo con más paquetes electorales abiertos en todo el país, por lo que estas “pifias y omisiones”, atribuibles a deficiencias de organización, hicieron diferencia en una elección que se definió por menos del uno por ciento de la votación.
En Nuevo León el PAN ganó prácticamente todo, incluidos los principales municipios del área metropolitana, con excepción de Guadalupe. Con una participación del 60 por ciento del electorado y un total de un millón 769 mil 218 votos, Felipe Calderón obtuvo el 48.89 de los sufragios, equivalente a 865 mil 006 votos, contra Andrés Manuel López Obrador, que obtuvo el 15.96 por ciento, correspondientes a 282 mil 384 papeletas sumadas.
En el VII se impuso también Calderón, así como el alcalde y el diputado del PAN. Con 140 mil 806 votos totales, en la elección de presidente, el PAN obtuvo 70 mil 140 votos, contra 22 mil 816 de la coalición Por el Bien de Todos.
Al hacer un reporte cuantificado de los funcionarios que acudieron al llamado, el resultado fue de 87 por ciento, una cifra aceptable, a simple vista... pero para una diferencia final en las elecciones presidenciales de 0.58 por ciento a favor de un candidato, ese 12 por ciento faltante fue crucial, enfatiza el investigador.
“Ese trabajo que otras veces pudo haber estado bien con ese margen de error en el funcionamiento, hoy no fue suficiente. Hay que recordar que Ernesto Zedillo y Vicente Fox ganaron por un margen que hizo que las fallas se minimizaran”, agrega.
“De los 1884 puestos que debían de ser desempeñados, un 13 por ciento fue ocupado por ciudadanos que estaban la fila o no fueron ocupados. En tales condiciones es muy difícil que el proceso en general y las cuentas en particular, salieran a la perfección, mucho menos en un proceso tan competido”, critica en su texto.
Consejero electoral desde las elecciones de 1997, Olvera Gudiño considera que no observó a lo largo del análisis dolo de parte de los ciudadanos, aunque la suposición de fraude ya no es relevante, ante los abundantes errores en el conteo.
“Son muchos errores, pero no creo que fueran a propósito, aunque nos afectan mucho. Inclusive, el hecho de que no hayan sido hechos con dolo ya no importa para las consecuencias que tuvo todo esto, porque efectivamente vivimos una campaña muy negativa en muchos aspectos, como el hecho de que nunca había visto a un presidente que se gastara tanto de mi dinero para convencerme que votara por su partido”, apunta.
Un error reiterado entre los integrantes de las mesas directivas, es en el conteo de las boletas recibidas, señala el investigador, pues en el reporte que entregó al IFE especifica que en el Distrito VII hay inconsistencias en el 34.5 por ciento de las casillas, como “consignar más o menos votos de los que se les dieron, dejar sin consignar la cantidad de votos recibidos o poner el número de folio donde debería de poner el número de boletas recibidas”.
Dice el texto: “Respecto a los errores numéricos, la mayoría de los casos (81) resta un voto al total de las boletas recibidas. Le llamamos a esto “error de folio”, un defecto desgraciadamente muy común (el ciudadano anota que le dieron del folio 001 al folio 511, por lo que escribe que le dieron 510 boletas, cuando en realidad le dieron 511 y está quitando un voto a la cuenta final de la jornada)”.
“En 29 casos restan dos o más votos (hasta 103) y en 12 agregan más votos (hasta 533). Sin embargo es difícil creer que estas cifras sean reales, pues los números de folio que el secretario escribe en el acta de la jornada coinciden con las boletas que el Instituto le entregó al presidente de la casilla días antes. Así que el mismo secretario escribió bien el folio, pero contó mal o ciertamente recibió boletas de más o de menos de parte del Instituto”, añade.
(Segunda y última parte)
El investigador José Juan Olvera Gudiño, quien actualmente hace su doctorado en comunicación y estudios culturales en el Tecnológico de Monterrey señala que luego del proceso electoral, los consejeros y demás participantes en la celebración de los comicios cayeron en la apatía en el desánimo y en la abulia.
En las reuniones del Consejo Local luego de los comicios, dice, los funcionarios ya no iban, la mayoría se desentendió del proceso y otros dejaron de acudir a las juntas, pese a que el gobierno federal mantenía pagándoles 6 mil 600 pesos al mes, dieta que recibieron durante los ocho meses que duró la organización del proceso.
“Nos reuníamos y ya no éramos muchos los que nos juntábamos para hacer evaluación de los votos, cuántos asistieron como funcionarios, si llenaron bien el acta. Los consejeros recibimos 63 mil pesos por un trabajo y ahora que la gente reclama un producto que no está bien hecho, los consejeros distritales se callan la boca y se van”, reprocha.
Después del proceso electoral, observó que los más de 2 mil consejeros electorales distritales en todo el país optaron por un silencio sin compromiso, dejándole toda la responsabilidad a Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del IFE, en lugar de asumir su responsabilidad.
“¿Dónde están los consejeros? Siempre tuvieron el poder. Los partidos no votan y si los consejeros decían que algo estaba mal, se hacía como decían. El 5 de julio, cuando terminó el conteo, no nos pusimos de acuerdo para el conteo, no tuvimos estrategia.
“Teníamos el poder para decir si este o aquel paquete se abría, independientemente de lo que dijera el presidente de la casilla, o lo que dijera el PRI, o el PAN o la Coalición. Pero no nos organizamos; es una autocrítica”, dice.
Finalmente Olvera Gudiño sentencia que al Instituto Federal Electoral le faltó capacidad para organizar estas elecciones: “Siempre supimos que el IFE volaba en piloto automático y volando a altura medio baja. Y al final de esta elección pasó como con la Selección Nacional de Futbol, que antes del Mundial estaba en el lugar cuatro de la lista de la FIFA y después de la Copa bajó más de diez escalones.
“Así pasó con el Instituto, que tenía una aureola de limpieza e infalibilidad antes de las elecciones y ya después de que todo se celebró, evidenció su verdadero nivel”, lamenta.
Reproches al IFE
Cuatro comisionados locales de Nuevo León leyeron en la última sesión del IFE en la entidad, el pasado jueves 31 de agosto, un texto en presencia del vocal ejecutivo Roberto Villarreal Roel, en el que manifestaron su “inconformidad con el papel jugado por el Instituto, especialmente por su Consejo General en torno a las campañas partidistas”.
En el documento titulado “Reflexiones sobre el proceso electoral 2005-2006”, que firmaron los consejeros Beatriz de la Vega Hernández, Tomás Sánchez Cabriales, Luis Ángel Garza Villarreal y Ernesto Colunga Cavazos se enfatiza: “Manifestamos en su momento nuestra inconformidad por los altos topes fijados para los gastos de campaña. También señalamos, directamente ante el presidente del Consejo General, nuestra contrariedad por el papel omiso de ese máximo organismo ante las campañas denigrantes que padecimos, mismas que generaron la grave polarización hoy existente entre los mexicanos.
“Al igual que con la indebida y persistente intromisión del presidente Vicente Fox en el proceso electoral, el IFE asumió tardíamente su papel arbitral, hasta luego de ser reconvenido para hacerlo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife).”
En presencia de los consejeros distritales, los firmantes denostaron la actitud omisa del IFE ante la guerra sucia y la interferencia ilegal de agentes externos al proceso.
“Igualmente condenable resulta el tendencioso manejo mediático que se realizó en torno al PREP y a las resultados de los cómputos distritales, con lo que se ahondó la desconfianza hacia la imparcialidad del IFE”, señalaron.
Los consejeros consideraron una irregularidad mayor los resultados que fueron presentados por el PREP: “No podemos callar nuestra profunda preocupación por la falta de claridad con que se manejó la información en torno a los resultados de la votación del 2 de julio. No entendemos cómo fue que llegaron a acumularse cuatro versiones diferentes de los resultados preliminares (PREP) o que se hayan manejado en igual número de veces cifras diferentes de la cantidad de paquetes que se abrieron y recontaron en las sesiones distritales de cómputo. Falló la certeza y se dio al traste con la confianza que con tanto esfuerzo se construyó en los últimos 15 años.”
En entrevista posterior, el consejero Luis Ángel Garza Villarreal aclaró que no hay evidencias de fraude en el proceso, aunque sí una “plaga de errores” que incidieron en el resultado final.
“Al menos en Nuevo León, los seis consejeros en el estado ni los 72 de distrito vimos que hubiera dolo de parte de algún funcionario, a diferencia de lo que se ha dicho en otras entidades del país. Pero debemos reconocer que hubo más de un 60 por ciento de inconsistencias en las actas de cómputo, como lo dijimos en las sesiones de conteo y después en los recuentos ordenados por el Trife”, señaló.
De acuerdo con el texto del consejero José Juan Olvera Gudiño, en esta entidad norteña hubo errores en casillas que no fueron impugnadas, que, incluso, superaron en magnitud a las que sí fueron incluidas en los recuentos.
“Para Nuevo León el Trife ordenó recontar 508 paquetes, aproximadamente el 10 por ciento las 5 mil 54 casillas instaladas. En sus acuerdos, los magistrados señalan que los consejos distritales ante ‘errores evidentes’ debieron haber actuado de oficio para hacer el recuento y dejar en claro la votación, sin necesidad de que lo solicitara un partido o coalición”, recuerda el especialista en su informe.
“Es una lástima que el Trife haya actuado contrario a su propio consejo y sólo considerara el recuento en parte del universo impugnado. Al negarse a actuar de oficio en aras de la certeza, dejó fuera de revisión numerosos paquetes que muestran ‘evidentes errores’ en dimensiones mucho mayores a los que ordenó revisar.
“Lo acartonado del procedimiento ordenado en el Código Electoral vigente (Cofipe) para la conducción de las sesiones de cómputo distrital, desarrolladas el pasado 5 de julio, impidió hacer el comparativo entre las votaciones presidencial y legislativas, que -pese a desarrollarse al mismo tiempo y en las mismas casillas- muestran diferencias fuera de toda lógica”, agrega.
El estudio explica que de las 5 mil 54 casillas instaladas en Nuevo León el 2 de julio, mil 616 muestran más votos en las urnas presidenciales que en las de senadores y/o diputados federales. “En los casos de diferencias menores, podrían explicarse por el voto de los representantes de partido o confusiones entre las urnas de casillas contiguas, pero hay 529 casillas con 5 o más votos excedentes en las urnas presidenciales, con respecto a alguna de sus vecinas legislativas, que deberían registrar una votación igual o muy similar.
“Ninguna de ellas se contempló para su revisión. Tampoco fue recontada la casilla 798 contigua 1, del Distrito 11, que en el PREP apareció con sus 365 votos totales, pero por un supuesto error ‘de dedo’ en el cómputo distrital aumentó en 600, todos en favor de un solo partido”, apuntan los consejeros.
“Pese a que con ese movimiento la votación total de la casilla se elevó hasta 965, superando con 362 el número total de electores posibles, el procesamiento de este resultado inflado se dio sin contratiempo y el Trife negó su rectificación. Frente a ello, resulta ridículo el pronunciamiento de los magistrados del Trife en el sentido de que se cuidó el principio de un ciudadano, un voto”, señala.
Al referirse a los votos nulos, el consejero hace un cálculo inquietante:
“En otro rubro, el de los votos nulos, igualmente se impidió en las sesiones de cómputo distrital del IFE la verificación de los casos que mostraban un número desproporcionado, aludiendo a la letra, en sacrificio del espíritu del Cofipe. Y ahora el Trife también se cierra a esa revisión, cuya necesidad salta a la vista.
“En el computo en las 5 mil 54 casillas de Nuevo León resultaron nulos en promedio 2.2 por ciento de los votos recibidos. Si tomamos las cien casillas con mayor número, el promedio en ellas es de 32.2 votos nulos por casilla, casi el 10 por ciento de su votación total. De esas 100 casillas, el Trife sólo ordenó revisar 12”.
Agrega Garza Villarreal en referencia al Distrito X, el único de los 12 federales en Nuevo León donde no hubo recuento de casillas: “También extraña que no se haya ordenado de oficio revisar paquetes electorales en el Distrito X, al que el propio Consejo Local le conminó el día del cómputo distrital para que corrigiera su negativa a recontar en los paquetes en que no se encontraba el acta de escrutinio, como lo ordena el Cofipe, sin que se subsanara la falta”.
El informe concluye:
“Con tal antecedente no puede más que acrecentar las dudas existentes que el pasado lunes 28 el Trife, en un acto por demás insólito, haya resuelto por unanimidad y ‘de bulto’ los 375 juicios de inconformidad en torno a las comicios presidenciales.
“Con toda seriedad, sin el ánimo de apoyar o perjudicar a cualquier opción política y asumiendo la parte de responsabilidad que nos corresponda, sentimos que las autoridades electorales quedamos en deuda con los ciudadanos.”
(Segunda y última parte)
El investigador José Juan Olvera Gudiño, quien actualmente hace su doctorado en comunicación y estudios culturales en el Tecnológico de Monterrey señala que luego del proceso electoral, los consejeros y demás participantes en la celebración de los comicios cayeron en la apatía en el desánimo y en la abulia.
En las reuniones del Consejo Local luego de los comicios, dice, los funcionarios ya no iban, la mayoría se desentendió del proceso y otros dejaron de acudir a las juntas, pese a que el gobierno federal mantenía pagándoles 6 mil 600 pesos al mes, dieta que recibieron durante los ocho meses que duró la organización del proceso.
“Nos reuníamos y ya no éramos muchos los que nos juntábamos para hacer evaluación de los votos, cuántos asistieron como funcionarios, si llenaron bien el acta. Los consejeros recibimos 63 mil pesos por un trabajo y ahora que la gente reclama un producto que no está bien hecho, los consejeros distritales se callan la boca y se van”, reprocha.
Después del proceso electoral, observó que los más de 2 mil consejeros electorales distritales en todo el país optaron por un silencio sin compromiso, dejándole toda la responsabilidad a Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del IFE, en lugar de asumir su responsabilidad.
“¿Dónde están los consejeros? Siempre tuvieron el poder. Los partidos no votan y si los consejeros decían que algo estaba mal, se hacía como decían. El 5 de julio, cuando terminó el conteo, no nos pusimos de acuerdo para el conteo, no tuvimos estrategia.
“Teníamos el poder para decir si este o aquel paquete se abría, independientemente de lo que dijera el presidente de la casilla, o lo que dijera el PRI, o el PAN o la Coalición. Pero no nos organizamos; es una autocrítica”, dice.
Finalmente Olvera Gudiño sentencia que al Instituto Federal Electoral le faltó capacidad para organizar estas elecciones: “Siempre supimos que el IFE volaba en piloto automático y volando a altura medio baja. Y al final de esta elección pasó como con la Selección Nacional de Futbol, que antes del Mundial estaba en el lugar cuatro de la lista de la FIFA y después de la Copa bajó más de diez escalones.
“Así pasó con el Instituto, que tenía una aureola de limpieza e infalibilidad antes de las elecciones y ya después de que todo se celebró, evidenció su verdadero nivel”, lamenta.
Reproches al IFE
Cuatro comisionados locales de Nuevo León leyeron en la última sesión del IFE en la entidad, el pasado jueves 31 de agosto, un texto en presencia del vocal ejecutivo Roberto Villarreal Roel, en el que manifestaron su “inconformidad con el papel jugado por el Instituto, especialmente por su Consejo General en torno a las campañas partidistas”.
En el documento titulado “Reflexiones sobre el proceso electoral 2005-2006”, que firmaron los consejeros Beatriz de la Vega Hernández, Tomás Sánchez Cabriales, Luis Ángel Garza Villarreal y Ernesto Colunga Cavazos se enfatiza: “Manifestamos en su momento nuestra inconformidad por los altos topes fijados para los gastos de campaña. También señalamos, directamente ante el presidente del Consejo General, nuestra contrariedad por el papel omiso de ese máximo organismo ante las campañas denigrantes que padecimos, mismas que generaron la grave polarización hoy existente entre los mexicanos.
“Al igual que con la indebida y persistente intromisión del presidente Vicente Fox en el proceso electoral, el IFE asumió tardíamente su papel arbitral, hasta luego de ser reconvenido para hacerlo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife).”
En presencia de los consejeros distritales, los firmantes denostaron la actitud omisa del IFE ante la guerra sucia y la interferencia ilegal de agentes externos al proceso.
“Igualmente condenable resulta el tendencioso manejo mediático que se realizó en torno al PREP y a las resultados de los cómputos distritales, con lo que se ahondó la desconfianza hacia la imparcialidad del IFE”, señalaron.
Los consejeros consideraron una irregularidad mayor los resultados que fueron presentados por el PREP: “No podemos callar nuestra profunda preocupación por la falta de claridad con que se manejó la información en torno a los resultados de la votación del 2 de julio. No entendemos cómo fue que llegaron a acumularse cuatro versiones diferentes de los resultados preliminares (PREP) o que se hayan manejado en igual número de veces cifras diferentes de la cantidad de paquetes que se abrieron y recontaron en las sesiones distritales de cómputo. Falló la certeza y se dio al traste con la confianza que con tanto esfuerzo se construyó en los últimos 15 años.”
En entrevista posterior, el consejero Luis Ángel Garza Villarreal aclaró que no hay evidencias de fraude en el proceso, aunque sí una “plaga de errores” que incidieron en el resultado final.
“Al menos en Nuevo León, los seis consejeros en el estado ni los 72 de distrito vimos que hubiera dolo de parte de algún funcionario, a diferencia de lo que se ha dicho en otras entidades del país. Pero debemos reconocer que hubo más de un 60 por ciento de inconsistencias en las actas de cómputo, como lo dijimos en las sesiones de conteo y después en los recuentos ordenados por el Trife”, señaló.
De acuerdo con el texto del consejero José Juan Olvera Gudiño, en esta entidad norteña hubo errores en casillas que no fueron impugnadas, que, incluso, superaron en magnitud a las que sí fueron incluidas en los recuentos.
“Para Nuevo León el Trife ordenó recontar 508 paquetes, aproximadamente el 10 por ciento las 5 mil 54 casillas instaladas. En sus acuerdos, los magistrados señalan que los consejos distritales ante ‘errores evidentes’ debieron haber actuado de oficio para hacer el recuento y dejar en claro la votación, sin necesidad de que lo solicitara un partido o coalición”, recuerda el especialista en su informe.
“Es una lástima que el Trife haya actuado contrario a su propio consejo y sólo considerara el recuento en parte del universo impugnado. Al negarse a actuar de oficio en aras de la certeza, dejó fuera de revisión numerosos paquetes que muestran ‘evidentes errores’ en dimensiones mucho mayores a los que ordenó revisar.
“Lo acartonado del procedimiento ordenado en el Código Electoral vigente (Cofipe) para la conducción de las sesiones de cómputo distrital, desarrolladas el pasado 5 de julio, impidió hacer el comparativo entre las votaciones presidencial y legislativas, que -pese a desarrollarse al mismo tiempo y en las mismas casillas- muestran diferencias fuera de toda lógica”, agrega.
El estudio explica que de las 5 mil 54 casillas instaladas en Nuevo León el 2 de julio, mil 616 muestran más votos en las urnas presidenciales que en las de senadores y/o diputados federales. “En los casos de diferencias menores, podrían explicarse por el voto de los representantes de partido o confusiones entre las urnas de casillas contiguas, pero hay 529 casillas con 5 o más votos excedentes en las urnas presidenciales, con respecto a alguna de sus vecinas legislativas, que deberían registrar una votación igual o muy similar.
“Ninguna de ellas se contempló para su revisión. Tampoco fue recontada la casilla 798 contigua 1, del Distrito 11, que en el PREP apareció con sus 365 votos totales, pero por un supuesto error ‘de dedo’ en el cómputo distrital aumentó en 600, todos en favor de un solo partido”, apuntan los consejeros.
“Pese a que con ese movimiento la votación total de la casilla se elevó hasta 965, superando con 362 el número total de electores posibles, el procesamiento de este resultado inflado se dio sin contratiempo y el Trife negó su rectificación. Frente a ello, resulta ridículo el pronunciamiento de los magistrados del Trife en el sentido de que se cuidó el principio de un ciudadano, un voto”, señala.
Al referirse a los votos nulos, el consejero hace un cálculo inquietante:
“En otro rubro, el de los votos nulos, igualmente se impidió en las sesiones de cómputo distrital del IFE la verificación de los casos que mostraban un número desproporcionado, aludiendo a la letra, en sacrificio del espíritu del Cofipe. Y ahora el Trife también se cierra a esa revisión, cuya necesidad salta a la vista.
“En el computo en las 5 mil 54 casillas de Nuevo León resultaron nulos en promedio 2.2 por ciento de los votos recibidos. Si tomamos las cien casillas con mayor número, el promedio en ellas es de 32.2 votos nulos por casilla, casi el 10 por ciento de su votación total. De esas 100 casillas, el Trife sólo ordenó revisar 12”.
Agrega Garza Villarreal en referencia al Distrito X, el único de los 12 federales en Nuevo León donde no hubo recuento de casillas: “También extraña que no se haya ordenado de oficio revisar paquetes electorales en el Distrito X, al que el propio Consejo Local le conminó el día del cómputo distrital para que corrigiera su negativa a recontar en los paquetes en que no se encontraba el acta de escrutinio, como lo ordena el Cofipe, sin que se subsanara la falta”.
El informe concluye:
“Con tal antecedente no puede más que acrecentar las dudas existentes que el pasado lunes 28 el Trife, en un acto por demás insólito, haya resuelto por unanimidad y ‘de bulto’ los 375 juicios de inconformidad en torno a las comicios presidenciales.
“Con toda seriedad, sin el ánimo de apoyar o perjudicar a cualquier opción política y asumiendo la parte de responsabilidad que nos corresponda, sentimos que las autoridades electorales quedamos en deuda con los ciudadanos.”
martes, agosto 29, 2006
Denuncia la coalición ante la PGR a vocal del distrito I de Campeche
rosa santana
* Lo responsabiliza por la desaparición de ocho mil boletas en 37 casillas
Campeche, Cam., 28 de agosto (apro).- La coalición Por el Bien de Todos interpuso en la Procuraduría General de la República (PGR) una segunda denuncia contra el vocal ejecutivo del Consejo Distrital I del Instituto Federal Electoral, con sede en esta capital, Álvaro Cano Barajas, por la presunta comisión de delitos electorales al detectarse el faltante de 8 mil boletas en 37 casillas.
El pasado viernes la coalición presentó una primera demanda contra el funcionario electoral por haber ingresado “indebidamente” en dos ocasiones, y en ausencia de los representantes de los partidos políticos, a la bodega donde se resguarda la paquetería electoral.
La nueva denuncia la entregó esta tarde, por escrito, el representante legal de la coalición ante el Consejo Distrital I, Manuel Zavala Salazar, en el módulo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR.
Zavala Salazar, quien llegó a las instalaciones de la PGR acompañado por los dirigentes locales de los partidos Convergencia, de la Revolución Democrática y del Trabajo, explicó que esta nueva denuncia contra Cano Barajas es por las presuntas irregularidades encontradas en análisis comparativos de la documentación electoral, según el cual más de 8 mil boletas para la elección presidencial no habrían llegado a las casillas a las que estaban asignadas.
“Los números de los folios de las boletas que debieron ser entregadas para el día de la elección no coinciden en 37 casillas”, dijo Zavala, quien añadió que en otros casos ocurrió lo contrario, sobraron papeletas.
Como elementos de probanza entregaron 42 actas de la jornada electoral y la relación de folios elaborada por el IFE.
Por su parte, Cano Barajas se deslindó de las acusaciones en su contra; y advirtió que en su momento contra demandará por daño moral a sus inquisidores, y por delito electoral “por obstaculizar el desempeño de los funcionarios electorales”.
“No se violentó (sic) ninguna disposición legal”, sostuvo el funcionario, quien dijo estar dispuesto a aclarar las acusaciones sobre la presunta apertura de paquetes.
Campeche, Cam., 28 de agosto (apro).- La coalición Por el Bien de Todos interpuso en la Procuraduría General de la República (PGR) una segunda denuncia contra el vocal ejecutivo del Consejo Distrital I del Instituto Federal Electoral, con sede en esta capital, Álvaro Cano Barajas, por la presunta comisión de delitos electorales al detectarse el faltante de 8 mil boletas en 37 casillas.
El pasado viernes la coalición presentó una primera demanda contra el funcionario electoral por haber ingresado “indebidamente” en dos ocasiones, y en ausencia de los representantes de los partidos políticos, a la bodega donde se resguarda la paquetería electoral.
La nueva denuncia la entregó esta tarde, por escrito, el representante legal de la coalición ante el Consejo Distrital I, Manuel Zavala Salazar, en el módulo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR.
Zavala Salazar, quien llegó a las instalaciones de la PGR acompañado por los dirigentes locales de los partidos Convergencia, de la Revolución Democrática y del Trabajo, explicó que esta nueva denuncia contra Cano Barajas es por las presuntas irregularidades encontradas en análisis comparativos de la documentación electoral, según el cual más de 8 mil boletas para la elección presidencial no habrían llegado a las casillas a las que estaban asignadas.
“Los números de los folios de las boletas que debieron ser entregadas para el día de la elección no coinciden en 37 casillas”, dijo Zavala, quien añadió que en otros casos ocurrió lo contrario, sobraron papeletas.
Como elementos de probanza entregaron 42 actas de la jornada electoral y la relación de folios elaborada por el IFE.
Por su parte, Cano Barajas se deslindó de las acusaciones en su contra; y advirtió que en su momento contra demandará por daño moral a sus inquisidores, y por delito electoral “por obstaculizar el desempeño de los funcionarios electorales”.
“No se violentó (sic) ninguna disposición legal”, sostuvo el funcionario, quien dijo estar dispuesto a aclarar las acusaciones sobre la presunta apertura de paquetes.
Propone Fidel Herrera abrogar el Código Electoral del estado
regina martínez
* Presenta nueva iniciativa de 300 capítulos que contempla nuevas figuras jurídicas para regular los procesos
Jalapa, Ver., 28 de agosto (apro).- El gobernador Fidel Herrera presentó ante el Congreso de Veracruz una iniciativa para abrogar el actual Código Electoral del estado y sustituirlo con un nuevo planteamiento que contempla nuevas figuras para regular los procesos electorales en la entidad.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Organización Política y Procesos Electorales, de Justicia y Puntos Constitucionales, de Gobernación, y a la especial para la Modernización del Marco Normativo Institucional del estado para su análisis y dictamen.
El proyecto que contiene 300 artículos introduce nuevas figuras jurídicas como los observadores, y la elección de agentes y subagentes municipales, en las que se otorgará facultades al Instituto Electoral Veracruzano (IEV).
Se plantea incorporar la equidad de género, tanto en los organismos electorales como en los cargos de elección popular; se define el financiamiento privado de los partidos políticos y su regulación, así como la fiscalización de los recursos que reciben por concepto de financiamiento público; y la creación de la Comisión de Fiscalización del consejo general del IEV; además la regulación de las precampañas electorales, estableciendo plazos para cada uno de los cargos de elección popular, "con la finalidad de acotarlas".
En esta iniciativa se establecen nuevas reglas para normar las encuestas de opinión, las coaliciones parciales y el procedimiento para la pérdida de registro de los partidos políticos, y se plantea fortalecer con mayores atribuciones al consejo general del IEV.
Además de plantear mayores atribuciones para los consejeros electorales del IEV, se plantea la creación de las comisiones permanentes del Consejo General y la Contraloría Interna del Instituto; y precisa las facultades del presidente y del secretario ejecutivo.
Se regula el Programa de Resultados Preliminares y se introduce el Juicio de Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano, así como la prueba pericial en el procedimiento de impugnación en materia electoral, "adicionando las causales de nulidad de la votación en casillas y de la propia elección".
En torno a la creación de nuevos partidos se adicionan diversos elementos, como acreditar haber realizado actividades políticas por lo menos durante los dos años anteriores a la fecha en que presente su solicitud y estar registrada legalmente como agrupación política.
Con esta ley, los partidos políticos, además de ser objeto de fiscalización, quedarían obligados a entregar un inventario de los bienes muebles e inmuebles que hayan adquirido con financiamiento público.
También, se regula la contratación de medios de comunicación en época de campaña, en este rubro el consejo general del IEV debe crear una comisión integrada por consejeros electorales, directores ejecutivos y representantes de partidos políticos, para celebrar convenios con este tipo de empresas.
Para ello, se establece que los gastos que realicen los partidos o coaliciones en este rubro en ningún caso "serán superiores al 50% de los topes de campaña", y los pagos que se realicen por este concepto serán descontados a éstos de las prerrogativas que se les otorguen por financiamiento público.
Dentro de otros aspectos de esta iniciativa que consta de más de 300 artículos, se definen los alcances del financiamiento privado de los partidos y su obligación de notificar al IEV las cuentas bancarias y sus catálogos de partidas, así como las modificaciones a tales registros financieros, "para evitar la opacidad en este sentido"
Jalapa, Ver., 28 de agosto (apro).- El gobernador Fidel Herrera presentó ante el Congreso de Veracruz una iniciativa para abrogar el actual Código Electoral del estado y sustituirlo con un nuevo planteamiento que contempla nuevas figuras para regular los procesos electorales en la entidad.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Organización Política y Procesos Electorales, de Justicia y Puntos Constitucionales, de Gobernación, y a la especial para la Modernización del Marco Normativo Institucional del estado para su análisis y dictamen.
El proyecto que contiene 300 artículos introduce nuevas figuras jurídicas como los observadores, y la elección de agentes y subagentes municipales, en las que se otorgará facultades al Instituto Electoral Veracruzano (IEV).
Se plantea incorporar la equidad de género, tanto en los organismos electorales como en los cargos de elección popular; se define el financiamiento privado de los partidos políticos y su regulación, así como la fiscalización de los recursos que reciben por concepto de financiamiento público; y la creación de la Comisión de Fiscalización del consejo general del IEV; además la regulación de las precampañas electorales, estableciendo plazos para cada uno de los cargos de elección popular, "con la finalidad de acotarlas".
En esta iniciativa se establecen nuevas reglas para normar las encuestas de opinión, las coaliciones parciales y el procedimiento para la pérdida de registro de los partidos políticos, y se plantea fortalecer con mayores atribuciones al consejo general del IEV.
Además de plantear mayores atribuciones para los consejeros electorales del IEV, se plantea la creación de las comisiones permanentes del Consejo General y la Contraloría Interna del Instituto; y precisa las facultades del presidente y del secretario ejecutivo.
Se regula el Programa de Resultados Preliminares y se introduce el Juicio de Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano, así como la prueba pericial en el procedimiento de impugnación en materia electoral, "adicionando las causales de nulidad de la votación en casillas y de la propia elección".
En torno a la creación de nuevos partidos se adicionan diversos elementos, como acreditar haber realizado actividades políticas por lo menos durante los dos años anteriores a la fecha en que presente su solicitud y estar registrada legalmente como agrupación política.
Con esta ley, los partidos políticos, además de ser objeto de fiscalización, quedarían obligados a entregar un inventario de los bienes muebles e inmuebles que hayan adquirido con financiamiento público.
También, se regula la contratación de medios de comunicación en época de campaña, en este rubro el consejo general del IEV debe crear una comisión integrada por consejeros electorales, directores ejecutivos y representantes de partidos políticos, para celebrar convenios con este tipo de empresas.
Para ello, se establece que los gastos que realicen los partidos o coaliciones en este rubro en ningún caso "serán superiores al 50% de los topes de campaña", y los pagos que se realicen por este concepto serán descontados a éstos de las prerrogativas que se les otorguen por financiamiento público.
Dentro de otros aspectos de esta iniciativa que consta de más de 300 artículos, se definen los alcances del financiamiento privado de los partidos y su obligación de notificar al IEV las cuentas bancarias y sus catálogos de partidas, así como las modificaciones a tales registros financieros, "para evitar la opacidad en este sentido"
"Vuelve a Contar"
vuelve a contar
Descripción:
Television Ciudadana en la resistencia civil pacifíca.... Letra: Blanca Salses Interpretación: Blanca Salses y Jorge Zarate Dirección: Felipe Gómez Asistente: Bernardo Sopelana
Si tienes problemas para ver el vídeo, intenta copiar la siguiente URL en el navegador:
http://video.google.com/videoplay?docid=8646978851858411057&pr=goog-sl
México SA JOX HABLA AL ESPEJO
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Las rebanadas del pastel:
El inquilino de Los Pinos nuevamente le habla al espejo:
"...hay que impedir que ambiciones personales cancelen la vía electoral; hay que cerrar el paso a quien busca descarrilar el futuro del país"...
Sigue la "creación histórica de empleo" (Fox dixit): el INEGI informó que en julio pasado la tasa oficial de desocupación abierta fue de 3.95 por ciento de la PEA, 0.63 puntos porcentuales más que en junio. En las áreas urbanas pasó de 4.61 a 5.2 por ciento.
Astillero Julio Hernández López
Mc Trife
Cajita electoral feliz Hildebrando judicial Por una nimiedad Coartada jurídica
Los especialistas en gatopardismo electoral (magistrados lampedusos) arriesgadamente van perfeccionando sus numeritos circenses de mal suspenso: en veloz paquete (la cajita feliz de Mc Trife) aprobaron ayer malabarismos aritméticos y jurídicos para que electoralmente todo siguiera igual. Irregularidades por aquí y por allá, votos de más y de menos, boletas sobrantes y faltantes, listas nominales ausentes y paquetes electorales violados y manipulados, pero... ¡todo siguió igual! Incluso, en una electrizante demostración de virtuosismo extremo, los magistrados del Trife (trifásicos, de allí lo eléctrico de su comportamiento) desarrollaron una variante de la suerte charra del paso de la muerte al anular (¡oh, cuánta emoción!) 237 mil 736 votos (¡oh, doña Juanita la de la tienda no supo contar tan bien como los comerciales del IFE presumían!), es decir, casi los 243 mil 934 sufragios que originalmente eran la diferencia oficial entre Calderón y López Obrador, pero (¡oh a punto del infarto!) esos 237 mil 736 votos anulados fueron adecuadamente repartidos en pérdidas entre los participantes para que, a fin de cuentas, el gatopardismo por todos sabido sentenciara solemnemente que, aunque algunas cifras habían cambiado, en realidad... nada había cambiado.
Todo ha sido, en realidad, una trajeada versión remix de los éxitos cibernéticos del rey mexicano de la payola electoral, Míster Hildebrando. Los libretos de desasosiego colectivo que los genios de las computadoras impusieron a los mexicanos, en noches y madrugadas de inexplicables resultados preliminares y de cómputos distritales, ahora fueron reproducidos en términos de presunta jurispericia: los magistrados trifásicos (dícese de un sistema de tres corrientes eléctricas alternas iguales, procedentes del mismo generador) ni siquiera sabían exactamente cuáles votos habían anulado, aún horas después de que habían aprobado su dictamen Mc Trife, no por unanimidad sino por una nimiedad (el serio y respetado columnista de asuntos económicos de El Universal, Alberto Barranco, publicó datos de esa nimiedad el pasado 2 de agosto en su Empresa: "...corre, insistente, la versión de que algunos magnates se estarían cooperando para integrar una vaquita, cuyo monto se entregaría, a título de donativo secreto, a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los recursos garantizarían un retiro placentero. La intención, naturalmente, es reconocer como definitiva la ventaja de Felipe Calderón Hinojosa en los conteos del IFE, rechazando la posibilidad del conteo voto por voto, casilla por casilla").
El episodio contable-jurídico de ayer forma parte del gran libreto del fraude electoral y, como en las anteriores entregas, su aplicada ejecución fue precedida de campañas mediáticas que fueron fijando el discurso presuntamente justificador de los desenlaces programados. En esta ocasión, el casete insertado en las máquinas reproductoras de alquiler desplegó el menú que instruía instalar como coartada mil veces repetible el que la coalición Por el Bien de Todos tenía fallas jurídicas tan graves que hacían imposible la satisfacción de exigencias coreadas en mítines, pero no presentadas en correctos términos procesales. El argumento es de una precariedad jurídica lamentable, pero de una gran utilidad para quienes juegan política e intelectualmente entre dos aguas: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene facultades plenas para mantener el orden constitucional cuando éste es afectado por violaciones como las que fueron parcialmente denunciadas por una coalición de partidos y como las que sin duda surgieron (casi 240 mil irregularidades encontradas en un muestreo de 9 por ciento del total de los paquetes electorales) en el recuento ordenado por ese mismo órgano judicial electoral. Contra el espíritu letrista, pichicato, acomodaticio, que el citado Trife utilizó para cumplir con las instrucciones dictadas por los verdaderos poderes del país, debió prevalecer el criterio propio de un tribunal constitucional que, para decirlo en términos llanos, podría actuar casi sin límites para indagar presuntas violaciones al orden constitucional como serían las evidencias de fraude electoral. En cambio, el tribunal electoral del poder de la consigna prefirió comportarse como policía de esquina que sólo actúa en función de lo que en esos momentos sucede.
Aunque falta que el Trife declare validez o invalidez de los comicios presidenciales, el golpe electoral de ayer no por previsible fue menos doloroso. Quienes guardaban esperanza de que pudiera haber justicia electoral vivieron un día amargo. Pero la reacción de Andrés Manuel López Obrador no fue de conformismo o abatimiento. Por el contrario, en la reunión nocturna del Zócalo propuso, sin ambages, el desconocimiento del cómputo oficial trifásico y del presunto triunfador aritmético (IFE más Trife igual a Felife) y, con un discurso endurecido, planteó la posibilidad de que el Día de la Revolución tome protesta quien sería declarado el Día de la Independencia presidente de un gobierno alterno o jefe de una resistencia civil.
Emitida ya la primera definición judicial trifásica, los gobiernos virtuales (Fox y Calderón) creen llegado el momento de usar el presupuesto público para generar una falsa ola ciudadana de exigencias de que "ahora sí" se aplique "la ley" sin reparos. Vicente Nixon Plus y Felipiano Huerta y no Josa (josa: finca sin cerca, plantada de vides y árboles frutales, diferente de las huertas que sí se benefician de los cercos) preparan represiones: el primero habla de defender a la patria de quienes quieren estar por encima de las leyes (podría fundar las milicias Bribiesca) y el segundo habla ampulosamente de mano firme. En Bucareli, ahora que ya conviene usar mediáticamente el asunto, como una más de las muchas cortinas de humo que serán desplegadas en los días venideros, el secretario de El Yunque hace el milagro de atender la crisis oaxaqueña con una reunión cumbre en su despacho capitalino. Mientras tanto, los machetes de San Salvador Atenco entran a la Suprema Corte y llegan en pequeña e insólita muestra de protesta hasta los despachos fríos, formales, solemnes, institucionales de los ministros encargados de suministrar justicia a un pueblo cada vez más agraviado. ¡Hasta mañana!
NOROÑA VS CIRO GÓMEZ
Video cortesía de joaquinsan:
Fernández Noroña en debate con Ciro Gómez Leyva sobre la calificación de la elección por el Trife.
parte 1
Link directo a youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=fBRN6-auG_s
Parte 2
Link directo a youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=R8K3lxuW70Q
Parte 3
Link directo a youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=hMkxd0vZN2Q
Carta de David (lector del sendero de fecal)
Fernández Noroña en debate con Ciro Gómez Leyva sobre la calificación de la elección por el Trife.
parte 1
Link directo a youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=fBRN6-auG_s
Parte 2
Link directo a youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=R8K3lxuW70Q
Parte 3
Link directo a youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=hMkxd0vZN2Q
Carta de David (lector del sendero de fecal)
Hola, quiero compartir contigo y el blog mi sentir ante lo que ha acontecido con el TRIFE:Una razón más para apoyar al peje en el 2006
Estoy muy decepcionado por confirmar que vivimos en un país cuyas instituciones son prostitutas serviles de los poderes y el dinero.
Me da más que coraje mucha tristeza, indignación y un sentimiento profundo de impotencia ante tal ultraje, me siento herido, robado y burlado pero sobre todo siento esa gran y grave falta de respeto de las instituciones hacia el pueblo mexicano, a quien se deben y a quien verdaderamente deberían servir.
Me causa indignación la impunidad con la que atentan contra la democracia utilizando todo el aparato gubernamental y mediático para llevar a cabo este golpe de estado y agravio al pueblo de México. Es triste ver como una vez más la ambición extrema por mantener el poder a cualquier precio por parte del PRIAN han aprovechado la ignorancia de la gente así como los profundos rasgos clasistas que siempre han estado ahí y que ahora simplemente han salido a flote denotando las grandes carencias que existen en nuestro país y la injusticia social tan monstruosa que impera, es triste ver como han manejado los medios como proxenetas del fraude que literalmente han logrado de una manera fascista incubar en la mente de los no pensantes yo/ los fans de la tv lo que el gobierno y los grupos de poder han querido, es increíble como a pesar de las evidentes pruebas del fraude y aunque el mismo calderón dijera "si hicimos fraude" ni así lo creerían pues ya están completamente idiotizados y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuantas pruebas fiables han salido, cuantos científicos connotados lo han demostrado y ante la complicidad de los medios que no dan nota de ello jamás se difundió esta información y quienes la tenían y que eran ya presas de esa idiotización mediática simplemente no quieran aceptar que hubo fraude.
Somos millones los que sabemos y estamos conscientes de la gran cantidad de marranadas que se han hecho por parte del gobierno y el PRIAN, somos millones los que detestamos tal ultraje y verdaderamente nos sentimos pisoteados en nuestra dignidad y soberanía ciudadana, somos millones quienes lo único que deseamos es una vida mejor pero sobre todo con justicia para nuestros hermanos que no han tenido la oportunidad de acceder a oportunidades por el simple hecho de vivir en el anonimato de la pobreza extrema y aplastados por el yugo de los intereses sin escrúpulos de unos cuantos.
Cuántas veces he visto a mis vecinos mirarme con odio por expresar abiertamente en una zona "pudiente" que yo si quiero igualdad de oportunidades para todos y que por el simple hecho de portar con orgullo alguna calcomanía o cualquier tipo de material en favor de mi convicción por el proyecto que representa AMLO consideran ellos que he de ser un ignorante sin educación o formación, como despectivamente hoy en día se ha hecho con quienes abrimos los ojos y apoyamos a AMLO. ¿Tendría acaso que portar mis títulos universitarios o mis estados de cuenta para entonces ser visto de manera distinta? Que tontería! Como si las convicciones y el conocimiento personal fueran exclusivos de un perfil. Por el contrario podría yo suponer lo mismo de ellos, que solo repiten como merolicos las palabras de Dóriga o los tantos sofismas que les recetan diariamente en los diferentes medios de comunicación, es evidente que no tienen argumentos y mucho menos bases, que les duele que alguien les sustente con pruebas y argumentos que si ha habido un fraude electoral pero más allá de eso una manipulación grosera y una falta de respeto a la democracia, ha habido un atentado contra la voluntad del pueblo. No se trata de ser presuncioso y decir "yo si estudio, yo si se, yo si investigo y me informo, yo no me quedo con lo que la TV y los medios facciosos me dan" esto no es una confrontación personal de conocimientos, esto es un poco de sensibilidad humana y sentido de justicia para quienes menos tienen, en otras palabras es "calidad humana".
A mi de verdad me resulta hiriente ver cómo hay gente que tiene un modo de vida constante y sin preocupaciones económicas que se ha convertido en insensible ante la realidad de nuestro país y la desgracia que día con día encaran más de 50 millones de mexicanos les resulta "lo normal", tiene una apatía y un egoísmo intrínsecos que mientras que ellos sigan viviendo "bien" no les interesa de verdad lo que sufran los demás.. a cuantos de "estos" conozco que viven en la tranza permanente dentro de empresas o bajándose los calzones por conseguir un puesto o beneficios económicos y tanta podredumbre más de este estilo... En contraparte aquellos quienes viven al día y no tienen ni la oportunidad de comer o dormir bajo un techo que no sea de lámina o sacrificar necesidades secundarias por poder tan solo sobrevivir, ellos quienes son dignos de admiración por el esfuerzo que hacen día a día por salir adelante de manera honesta por tratar de que sus hijos no sufran ante tal situación, son las personas más nobles que yo he podido conocer, que aun sin tener te extienden la mano y te dan su corazón; cuantos viejitos, niños, hombres y mujeres sufren hoy por la avaricia desmedida de unos cuantos y un sistema de injusticia social extrema, cuanta gente pobre muere por enfermedades curables, cuantos jóvenes no pueden acceder a la educación por tener que salir a ganarse el alimento y apoyar a sus familias por las grandísimas carencias en que viven... esto es algo que se ha perdido de vista en la lucha de esos grupos "pudientes" por atesorar más y más sin importarles lo que al pueblo le pase, en tanto ellos vivan bien... triste situación, ya no hablamos de política, hablamos de sensibilidad humana.
Me consta la honestidad, solidaridad y el ferviente deseo de tanta gente que apoya a AMLO con el corazón y que lo único que piden es un modo mejor de vida, pero esto es un pecado gravísimo en un sistema donde el poder lo ostentan aquellos a quienes no les interesa el pueblo sino sus cuentas bancarias y que se han valido de los más despreciables ardides para mantenerse como cáncer en el poder y asegurar la impunidad de sus actos a costa del pueblo de México.
Por todo ello es que me siento triste e indignado, pero con mucho coraje y con una convicción fuerte y reforzada, ahora como siempre lo ha sido tengo un compromiso personal por mantener e intensificar mi lucha personal contra estas injusticias, y se que como yo somos millones, no 15 millones somos muchos más y no permitiremos de ninguna manera que un usurpador se robe la esperanza de un pueblo para beneficiar a un grupo de cerdos, sin escrúpulos y terroristas contra la democracia y dignidad humana.
No he sido nunca ni soy un fanático partidista, simplemente quiero un país justo, donde por fin haya igualdad de oportunidades y esto se vea reflejado en un mejor modo de vida para más de 50 millones de mexicanos pobres, lo cual no solamente no significa que quien vive "bien" basado en un trabajo honesto lo siga haciendo, sino que por fin también puedan aspirar a una vida mejor quienes hasta ahora han sido impedidos y han vivido sumidos en las carencias hasta de lo más básico y fundamental.
No es mucho pedir, es lo menos que como humanos conscientes podemos hacer por nuestros hermanos, no es una petición utópica, es una exigencia real y posible pero sobre todo urgente, no queremos más esa monstruosa desigualdad social, esto va mucho más allá de una cerrazón política y una confrontación de argucias, esto es como lo he dicho sensibilidad humana. Y si hay alguien que es querido por la gente por su sensibilidad humana y honestidad ese es precisamente AMLO, y no lo digo a la ligera ni como partidista (que no lo soy), sino que como nunca ha habido alguien con esa conciencia social y esa preocupación real por la gente, por eso tantos lo apoyamos y queremos. El respeto y cariño de la gente no se compra, se gana de corazón, ahí no hay hipocresía ni manipulación mediática, ahí hay calidad humana, eso es lo que siempre le agradecemos a Andrés Manuel López Obrador, ese es el pecado de AMLO, querer el bienestar real de la gente.
Por ello es que me siento tan indignado por el fraude electoral, no es sólo que se hayan pisoteado nuestros derechos y la voluntad del pueblo de México que eligió democráticamente a AMLO como presidente, sino que se ha atentado contra la dignidad de los mexicanos y la esperanza de un pueblo.
Por ello, estoy y estaré luchando firmemente en contra de la usurpación y la imposición, por ellos es que estoy y estaré con AMLO luchando hasta las últimas consecuencias, no es casual que la gente este dispuesta a todo con tal de defender la democracia y rechazar la hipocresía y prostitución de un sistema e instituciones que no sirve al pueblo de México, sirven a un grupo de terroristas de poder. Estamos unidos y unidos venceremos, esta vez escribiremos una página de la historia en favor de los que menos tienen, en favor de la justicia social.
Se que así como yo, a muchos se les hace un nudo en la garganta al ver que la gente tiene el corazón por delante y estamos unidos más que nunca gritando por justicia, se me cierra la garganta al ver a ancianos, niños, hombres y mujeres llorar con sinceridad y coraje en el zócalo por la injusticia que se está cometiendo, pero con una fuerza extraordinaria y una decisión de luchar por nuestros ideales con todo porque estamos ahí no por dinero, sino por convicción y por que somos gente honesta, sensible y comprometida con un México mejor Por eso estamos con AMLO no de palabra sino de hecho y acción y seguiremos estando porque juntos vamos a lograr tener el México que todos queremos.
Gracias AMLO, gracias por ser un hombre íntegro y preocupado por el pueblo, gracias por tu honestidad y valentía, gracias por esa tenacidad y lucha social, gracias por ser nuestra esperanza, te haz ganado nuestro respeto, admiración y cariño, Estamos contigo y lucharemos juntos, sabemos que lo vamos a lograr!
David.
lunes, agosto 28, 2006
No Negociable Crisis de instituciones electorales, crisis de medios
Una pluma respetable y respetada........ en estos tiempos tan asiagos, en esta epoca que nos ha tocado... pobre del cantor que un dia la historia lo borre sin haber dejado huella......
Tulio Moreno Alvarado
Verdaderamente es difícil entrarle a la crítica a los medios de comunicación, pues se tocan sensibilidades extremas, aunque es un tema que no puede dejarse de lado en el contexto de la crisis institucional por la que atraviesa el país.
La crítica a los medios no tiene buena aceptación, es más, la mirada descarnada siempre incomoda a pesar de que la prensa se percibe a sí misma como uno de los actores esenciales en el equilibrio de cualquier régimen democrático.
Por eso resulta extraño que el periodista que investiga, critica, denuncia los “problemas de la sociedad” –aquellos que los poderes públicos y los actores políticos han abandonado o ignorado– ponga poco ardor en criticarse a sí mismo y soporta peor aún que otros lo hagan.
Este viejo hábito, aunado a la idea de la infalibilidad del periodista, no es un secreto y resulta una de las primeras causas que han llevado a los medios a acompañar en su caída libre a los órganos democráticos del país.
Mientras que la sociedad ha avanzado infatigablemente hacia transformaciones importantes, las instituciones formales, incluida la prensa, parecen un tanto ajenas a esta mutación, que en el caso que nos ocupa se debe, principalmente, a la ausencia de una seria autocrítica.
En abono del papel de los medios, puede decirse que no es fácil ni cómodo porque es cierto que éstos se encuentran atrapados en entresijos mercantiles, dependencias políticas, absorción intelectual y, sobre todo, en el aumento de la precariedad entre quienes se dedican a este quehacer, lo que ha ocasionado no sólo una gran confusión hacia su interior sino que, de paso, ha afectado la percepción ciudadana.
Suena duro pero es necesario aceptar el descrédito creciente de los medios de comunicación, y los electrónicos con mayor notoriedad, por su involucramiento en el debate postelectoral, del cual no han salido bien librados, a raíz de las sospechas de la alianza política que encabeza Andrés Manuel López Obrador y sus reiterados señalamientos acerca de la manipulación informativa que, por otro lado, le ha servido para justificar sus afirmaciones de que es víctima de una persecución de estado y le da los argumentos para sustentar su reclamo por el recuento total de la elección.
Más allá de que este componente del discurso lopezobradorista tiene visos propagandísticos, lo cierto es que por su parte se aprecia la mano del Gobierno Federal y del PAN para articular una estrategia encaminada a desacreditar y desprestigiar al tabasqueño y, al mismo tiempo, magnificar los efectos económicos y sociales del cierre de las principales calles del centro de la Ciudad de México.
Por supuesto que el método y el medio vienen juntos, y es así como la radio y la televisión se han convertido en los ejecutores de la propaganda oficial, alineándose del lado de quien tiene el poder y menospreciando en el camino el carácter e identidad, se simpatice o no con él, del movimiento social que define el plantón perredista de la capital.
Al margen de estas consideraciones políticas, es difícil para los medios sustentar una propuesta de equilibrio informativo, máxime cuando el derecho a la información es en el país una entelequia que será difícil construir debido a la mentalidad de los políticos de izquierda y derecha que se disputan fieramente el poder.
Junto al Gobierno Federal como ente centralista y antidemocrático, las instituciones electorales y el entramado legal que rige su operación, el orden mediático construido a través de las dos grandes corporaciones televisivas, los grupos radiofónicos y algunos medios impresos afines al stablishment, enfrentan una crisis colectiva en la que los patrones y los grandes medios de comunicación parecen estar dispuestos a sacrificar la democracia.
En defensa de Televisa
Documentos de la Consejería Jurídica de la Presidencia confirman que el Ejecutivo federal está apoyando activamente la llamada Ley Televisa. Según el senador panista Javier Corral, uno de sus opositores, ese respaldo está provocando malestar social “al ver que se vuelven a conjuntar los grandes intereses de políticos sin escrúpulos con los dueños del dinero”.
En vísperas de que la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia resuelva la acción de anticonstitucionalidad en contra de la Ley Televisa, la empresa de Emilio Azcárraga Jean ha incrementado las presiones y el cabildeo en el máximo tribunal, para lo cual tiene de su lado a la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para evitar que, por lo menos, ocho de los 11 ministros decidan que esta ley viola la Carta Magna.
Los memorandos de Televisa, Gobernación y de la Presidencia constituyen una defensa a la ley que permite a las empresas dominantes del sector televisivo y de telecomunicaciones mantener un régimen de excepción y de concentración.
Documentos obtenidos por Proceso acreditan esta conjunción de intereses, pero también revelan serias contradicciones con las opiniones de la propia Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que consideran “parcialmente fundados” y válidos varios de los argumentos de los 47 senadores que interpusieron la acción de anticonstitucionalidad.
Para el senador panista Javier Corral, principal impulsor de la acción de anticonstitucionalidad, el fallo de la Suprema Corte es inminente y “no sólo tendrá una repercusión o trascendencia en el nuevo orden jurídico mexicano, sino también limitará las facultades en las que se han extralimitado el Congreso y el Poder Ejecutivo”.
“Es un asunto vinculado con la democratización del país, pero el momento poselectoral ha centrado la mirada en los efectos de la votación del 2 de julio, y hay muchos actores que han dejado de ver algunas de las causas eficientes de la iniquidad electoral que vivimos, como es la Ley Televisa”, advierte Corral.
El legislador chihuahuense reconoce que se están presentando “intervenciones externas” para presionar a los ministros de la Suprema Corte y a integrantes del Juzgado XII de Distrito en materia administrativa, instancia en la cual se resolverá el juicio de garantías interpuesto por dos de los excandidatos a integrar la Cofetel, Gonzalo Martínez Pous y Rafael del Villar (expediente 619 /2006).
Para Corral, estas intervenciones constituyen “un primer antecedente ominoso” de la defensa de los intereses del consorcio televisivo.
Los impugnadores
Además de la acción de anticonstitucionalidad interpuesta por 47 senadores y del mencionado amparo de los dos excandidatos a comisionados de Cofetel, existen 48 controversias constitucionales interpuestas por municipios indígenas contra la Ley Televisa.
Avaladas por Xóchitl Gálvez, titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 48 radiodifusoras consideran que este ordenamiento violenta el artículo segundo constitucional, el cual establece que los pueblos indígenas pueden comunicar, adquirir, operar y administrar medios de comunicación. Estas controversias están radicadas en los expedientes que van del 59 /2006 al 104/2006. El ministro ponente en todas ellas es Juan N. Silva Meza.
En paralelo, los radiodifusores independientes, encabezados por Roque Chávez, presentaron 148 amparos en cinco expedientes. Argumentan que el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión les “otorga” un derecho que no puede ser ejercido por ellos, al carecer de la definición tecnológica para acceder a los servicios de telecomunicaciones.
La estación comunitaria Radio Bemba, de Sonora, también interpuso un amparo directo contra el mismo artículo 28 porque discrimina a los permisionarios al limitarles el acceso a las condiciones necesarias para brindar el servicio de telecomunicaciones, y viola el artículo 1º constitucional.
Todas estas acciones concurrentes con la anticonstitucionalidad, advierte Corral, refuerzan el alegato de los senadores. “El artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión no asegura el uso social de los bienes del dominio de la nación, permite prácticas concentradoras, por eso es anticonstitucional”, subraya.
Regaño de Presidencia
La Secretaría de Gobernación sostiene que “en el fondo del asunto, lo que les molesta (a los 47 senadores que impulsaron la acción de anticonstitucionalidad) es que la mayoría del Congreso de la Unión haya adoptado una política legislativa diferente”, según muestran documentos del litigio jurídico que se ha ventilado ante el ministro ponente, Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
En un extenso alegato de 106 cuartillas, enviado el 29 de mayo ante la Suprema Corte de Justicia, Carlos Abascal Carranza, en representación del titular del Poder Ejecutivo federal, reconoce los “derechos adquiridos” por parte de los concesionarios, en lo que coincide ampliamente con los memorandos de los abogados de Televisa, incluso interpreta:
“Lo que la actora (los 47 senadores) en realidad desea es que la Suprema Corte se pronuncie respecto de una política en la materia, lo cual es evidentemente improcedente.”
Sin embargo otro documento, enviado por la Procuraduría General de la República el 9 de junio de este año, considera que los argumentos de los senadores son “parcialmente fundados”, sobre todo en relación con el séptimo concepto de invalidez, el cual sostiene que los artículos 2º, 28 y 28-A de la nueva Ley Federal de Radio y Televisión aprobados violan el artículo 28 constitucional porque fomentan las prácticas monopólicas y concentradoras, evitan la concurrencia y la libre competencia y violan el principio de igualdad al marginar a los permisionarios, a las radios indígenas y comunitarias.
Por si fuera poco, el dictamen técnico que elaboró la Secretaría de Comunicaciones y Transportes coincide con buena parte de los argumentos de los senadores que interpusieron la acción de anticonstitucionalidad.
Este dictamen, del cual Proceso obtuvo una copia, claramente califica como “inconstitucional” los artículos 9-C de la ley de telecomunicaciones, que define la designación de los integrantes de la Cofetel, y el segundo transitorio, que impide la elegibilidad de los comisionados en funciones. Además, dicho dictamen considera poco claros e inequitativos los artículos 28 y 28-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, puesto que generan barreras de entrada a nuevos competidores en la televisión y dejan “sujeta a interpretaciones de los privados” el uso eficiente del espectro radioeléctrico.
El dictamen de la SCT prevé que, tal como se redactó el artículo 28, “cabe la posibilidad de que el espectro nunca se restituya al Estado, ya que el particular podrá argumentar que a él le aplica la Ley Federal de Telecomunicaciones y que en consecuencia no le retiran el canal adicional”, o que “el espectro espejo que aún no se ha otorgado, no se pueda otorgar en los términos planteados en la política y en los títulos de concesión o permisos, ya que la forma planteada en dichos documentos se opone a la Ley Federal de Telecomunicaciones”.
Este dictamen provocó una airada respuesta del consejero jurídico de la Presidencia, Juan de Dios Castro, al titular de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola.
En un memorando fechado el 5 de abril de 2006, horas después de que la SCT enviara su estudio jurídico a Fox para argumentar la inconveniencia de que se publicara la ley en el Diario Oficial de la Federación, Juan de Dios Castro prácticamente le ordenó a Cerisola que los dictámenes técnicos “sean previamente acordados de manera favorable por el presidente de la República, a efecto de que esta Consejería Jurídica esté en posibilidad de revisarlas y dictaminarlas jurídicamente”.
En el documento, del cual Proceso obtuvo una copia que también se le hizo llegar a los ministros de la Suprema Corte, Juan de Dios Castro también le ordena a la SCT que “una vez que se cuente con la aprobación presidencial, también es menester recabar la opinión de la Secretaría de Gobernación”.
Corral explica que, ante la Suprema Corte, los abogados de Televisa han querido defenderse mediante la tesis de “los derechos adquiridos”.
“Quieren traducir los derechos de concesión como una especie de derechos reales, absolutos sobre el espectro, como si en efecto el Estado le otorgara a un empresario el derecho de explotar en abstracto el espectro radioeléctrico. Nosotros seguimos argumentando que los derechos de concesión son instrumentales, es decir, el Estado autoriza un servicio como el de la radiodifusión y concesiona un instrumento como el espectro para dar ese servicio, pero no es un derecho de propiedad”, argumenta Javier Corral.
La colusión
–¿La Ley Televisa está vinculada al momento poselectoral que vivimos? –se le pregunta a Corral.
–Está vinculada a la situación electoral que vivimos y, evidentemente, la empresa televisora ha mantenido un compromiso de lealtad para quienes la apoyaron en su proyecto legislativo.
“Esto es, la evidente manipulación que en muchos sentidos se ha hecho del ambiente poselectoral, incluso la magnificación que se ha hecho de muchas acciones después de las elecciones por parte de la televisora, que también tiene su asidero en la radicalización absurda en la que ha caído el PRD. No podemos desconocer una cosa de otra, pero evidentemente ha habido una manipulación de la empresa a favor de quienes la apoyaron.”
–¿No percibe que la Corte sea susceptible al cabildeo y las presiones de la televisora?
–A mí me parece que los ministros están realmente fuera de la dinámica de colusión de intereses en la que evidentemente cayeron los actores políticos, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo.
“En primer lugar, porque no necesitan de la televisión para ser más Corte o menos Corte. La Suprema Corte lo que requiere es celo constitucional, valor, decisión, transparencia, confiabilidad e imparcialidad, y esos son atributos de los que Televisa no puede ofrecerles uno solo. Nadie da lo que no tiene”.
–¿Credibilidad?
–Menos credibilidad. Televisa, hoy por hoy, y sus principales conductores de noticiarios, “gozan” del mayor descrédito en términos de la opinión pública. Aunque resulte grotesco, está ganando en credibilidad TV Azteca. Se le ha caído la credibilidad a Televisa porque, a pesar de que fue boicoteado y censurado todo el proceso de impugnación de la ley, en el país hubo una clara conciencia de la prepotencia con que esta empresa actuó para imponer su voluntad en el Congreso. Se regresaron 15 años atrás.
–Algunos observadores mencionan que existe una corriente al interior de la empresa que está consciente del enorme costo interno de la Ley Televisa. ¿Es viable que en Televisa pueda existir una corriente que busque una interlocución con los senadores que están en contra de la ley?
–No creo que exista esa corriente dentro de la empresa, y si existe debe ser muy profunda, de esas subterráneas que casi sacan petróleo. Deben ser como topos. En definitiva, no creo que la empresa tenga voluntad de rectificación.
–¿Existe una unanimidad en contra de la ley?
–Este es el único tema que ha conjuntado una voluntad política realmente plural de actores políticos de los tres principales partidos: 47 senadores no es cualquier número. Además, medios impresos y la comunidad cultural e intelectual. La Ley Televisa unificó al país, pero en su contra.
Sobre el futuro gobierno federal, Corral advierte: “Si realmente hubiera voluntad de cambio en el nuevo gobierno federal de lanzar un mensaje de transformación y de esperanza, de que las cosas van a cambiar, este sería uno de los temas, junto con el del IPAB, para decir que en efecto, se va en serio”.
Insatisfacción social
El senador panista rebate la versión del PRD de que existió un fraude electoral y lamenta “la exacerbación de los ánimos”. Sin embargo, advierte que sí existe una profunda insatisfacción social “al ver que se vuelven a conjuntar los grandes intereses de políticos sin escrúpulos con los dueños del dinero en este país”.
Fiel a su estilo, Corral critica tanto a la coalición de Andrés Manuel López Obrador como al equipo que rodea a Felipe Calderón y ha establecido la nueva alianza PRI-PAN en Chiapas.
“Por una parte –argumenta–, el radicalismo absurdo en el que han caído el PRD y Andrés Manuel va a acabar marginándolos. Se están autoexcluyendo de la posibilidad de contribuir a una verdadera reforma. De ahí es donde se están agarrando los sectores más reaccionarios del país para rodear a Felipe Calderón y continuar la alianza PRI y PAN, que ya tiene dos hechos muy lamentables: la alianza electoral en Chiapas que es un escupitajo a las figuras más relevantes del PAN; y el apoyo brindado a Ulises Ruiz.”
Finalmente, Corral vincula el contexto político con la decisión que tome la Suprema Corte ante la Ley Televisa y compara el fallo con las Leyes de Reforma del siglo XIX:
“Frente a todo esto, la Corte tiene que reaccionar. No queremos que la Corte suplante al Poder Legislativo. Lo que queremos es que defienda la Constitución, que imponga su poder, que muestre músculo.
“No debe pasarle desapercibido a los ministros que en muchos sectores del país hay una enorme desconfianza hacia el Poder Judicial. Sólo actuaciones en un sentido de justicia y firmeza frente a la nación fortalecerán la imagen del desempeño profesional de los ministros.
“Me parece que, en términos históricos, la Corte podría suscitar un hecho como el que suscitaron las leyes de Reforma del siglo XIX, cuando reubicó a la Iglesia en su papel natural, en su función principal. La Corte, con su fallo, reubicaría en el papel que le corresponde a la televisión cuyo poder hoy compite con el Estado. La televisión quiere ser un poder por encima del Estado.”
Recuento ciudadano Que esperen, responde el IFE
Autor: Rosalía Vergara
Fecha: 27-Ago-2006
El viernes 18, antes de que se venciera el plazo para que el Instituto Federal Electoral (IFE) respondiera a la solicitud de Proceso de proporcionarle copias de actas y documentos, así como acceso a las boletas electorales para realizar un conteo ciudadano, el director de Comunicación Social del instituto, Gustavo Lomelín, no sabía nada al respecto y afirmó que la Unidad de Enlace se encarga del asunto.
Proceso consultó al funcionario sobre la respuesta del organismo a la petición de este semanario, dado que ese día a la medianoche vencía el plazo de 15 días dispuesto en la reglamentación del IFE.
El lunes 21, el propio Lomelín se comunicó a este semanario para aclarar que en realidad el plazo no finalizaba hasta la medianoche de este día. Explicó que el martes 15 de agosto se celebró el Día del Trabajador del IFE y, por tanto, es inhábil, por lo que el plazo se había alargado un día más. Debido a ello, anunció, se recibiría la respuesta del IFE por la tarde de ese lunes, tal como ocurrió:
El IFE notificó “la ampliación del plazo (para emitir un fallo al respecto) por otros 15 días hábiles”.
Cuando se le preguntó por qué no se dio esa respuesta desde el viernes, dijo: “¿Sí, verdad? Debí haber investigado más”.
En su edición 1555, Proceso señaló que el IFE no respetó los plazos legales para responder a las solicitudes de acceso a la información pública entregadas ante la Unidad de Enlace desde el pasado 28 de julio.
El oficio USID/UE/1725/06 enviado por correo electrónico al director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, señala que “el cómputo de plazos correcto indica que los primeros 15 días hábiles fenecerán el día de hoy (lunes 21 de agosto) y, por ende, se notifica la ampliación del plazo por otro tanto igual, mismo que concluirá el próximo 11 de septiembre”.
Para esa fecha, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) habrá desahogado las impugnaciones a la elección presidencial y, en su caso, habrá entregado la constancia de mayoría al próximo presidente de la República.
La prórroga y el anticipo...
En los oficios USID/UE/1724/06, USID/UE/1725/06 y USID/UE/1726/06, la Unidad de Enlace no explica qué impide al organismo atender en el menor tiempo posible el paquete de tres solicitudes de acceso a la información pública tramitadas por este semanario, lo que contraviene su reglamento interno.
En materia de transparencia y acceso a la información, el artículo 21 del reglamento del IFE establece: “La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de 15 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la recepción de la solicitud en la Unidad de Enlace. Excepcionalmente, el plazo podrá ampliarse hasta por un período igual, cuando existan razones que lo motiven, siempre y cuando el solicitante sea notificado”.
Por su parte, el Sindicato de Trabajadores del IFE reconoció que el 15 de agosto se conmemora el día del trabajador de ese instituto, pero especificó que por ser 2006 un año electoral, lo celebrarán el 15 de septiembre.
Cuando termine la prórroga de 15 días, si el IFE acepta lo solicitado, tendría que abrir sus bodegas a Proceso, aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya haya declarado presidente electo o la nulidad de la elección.
Si, por el contrario, el IFE rechaza la petición, este semanario elaborará un recurso de apelación y revisión ante el Comité de Información del IFE, que a su vez tendrá un plazo de 20 días hábiles para responder. Esta comisión la integran los consejeros Andrés Albo, Marco Gómez Alcántar, Alejandra Latapí, Arturo Sánchez y el director jurídico, Fernando Agiss Bitar, quienes también podrán solicitar otros 20 días hábiles para revisar el asunto.
Mientras el IFE aplazó 15 días la respuesta a Proceso, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) respondió rápidamente a la primera solicitud vinculada al proceso electoral y ordenó a la Secretaría de Gobernación dar los pormenores de las campañas publicitarias de la Presidencia desde diciembre de 2005 hasta febrero del presente año.
La solicitud correspondiente fue formulada por la reportera Lilia Saúl, de El Universal, y abarca la información sobre campañas y spots para promover programas y acciones de gobierno en medios electrónicos y escritos.
El viernes 25, el IFAI rechazó cualquier tipo de intervención para pedir al IFE el acceso a los paquetes electorales de la elección presidencial, con el argumento de que no tiene facultades para darle órdenes a ningún organismo autónomo, como lo es el IFE.
“El IFAI no es la autoridad competente para resolver sobre solicitudes en materia electoral”, dice el comunicado del instituto en respuesta a las “diversas expresiones de organizaciones de la sociedad civil” que pedían su intervención para desahogar solicitudes como la que hizo este semanario.
Respaldo ciudadano
Mientras el IFE decide su respuesta a la solicitud de Proceso, más personas se suman a la solicitud al inscribirse en el espacio que este semanario puso a disposición de los lectores en su página de internet (www.proceso.com.mx). Hasta las cinco de la tarde del jueves 24 se habían registrado 14 mil 430 personas.
El sábado 19 de agosto, 104 organizaciones sociales manifestaron su respaldo a la solicitud, “debido a que lo realizado hasta ahora por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no manifiesta mecanismos que estén dando certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad ni transparencia al proceso electoral”.
Entre las organizaciones que respaldan el recuento ciudadano destacan la Academia Mexicana de Derechos Humanos, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México, y Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras.
Estas agrupaciones signaron un documento titulado Balance provisional de la actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y posición ante el recuento ciudadano, en el cual establecen que a partir de las confusiones sobre la elección presidencial, más de 100 organizaciones ciudadanas entregaron al TEPJF una carta para que hiciera un conteo voto por voto.
No obstante, les preocupa que el tribunal no tome en cuenta las propuestas ciudadanas, no explique sus decisiones e interprete de manera legalista y restrictiva sus propias facultades constitucionales, pese a que existen evidencias de sobra para dudar del proceso electoral del pasado 2 de julio.
“No se trata solamente de dar respuesta a las impugnaciones de los partidos. Somos los ciudadanos los que merecemos conocer un resultado que despeje todas las dudas respecto de quién fue el ganador y cuál es la verdad”, indica el pronunciamiento que estas organizaciones difundieron en conferencia de prensa el sábado 19.
El 28 de julio, Proceso recurrió a la Ley de Transparencia para solicitar al IFE acceso a los votos emitidos para presidente, con el fin de realizar un conteo ciudadano después de que el TEPJF desahogue las impugnaciones que interpuso la coalición Por el Bien de Todos.
Además, solicitó copia de toda la documentación elaborada por funcionarios del IFE para cotejarla con los sufragios depositados en las urnas. ?
Fecha: 27-Ago-2006
El viernes 18, antes de que se venciera el plazo para que el Instituto Federal Electoral (IFE) respondiera a la solicitud de Proceso de proporcionarle copias de actas y documentos, así como acceso a las boletas electorales para realizar un conteo ciudadano, el director de Comunicación Social del instituto, Gustavo Lomelín, no sabía nada al respecto y afirmó que la Unidad de Enlace se encarga del asunto.
Proceso consultó al funcionario sobre la respuesta del organismo a la petición de este semanario, dado que ese día a la medianoche vencía el plazo de 15 días dispuesto en la reglamentación del IFE.
El lunes 21, el propio Lomelín se comunicó a este semanario para aclarar que en realidad el plazo no finalizaba hasta la medianoche de este día. Explicó que el martes 15 de agosto se celebró el Día del Trabajador del IFE y, por tanto, es inhábil, por lo que el plazo se había alargado un día más. Debido a ello, anunció, se recibiría la respuesta del IFE por la tarde de ese lunes, tal como ocurrió:
El IFE notificó “la ampliación del plazo (para emitir un fallo al respecto) por otros 15 días hábiles”.
Cuando se le preguntó por qué no se dio esa respuesta desde el viernes, dijo: “¿Sí, verdad? Debí haber investigado más”.
En su edición 1555, Proceso señaló que el IFE no respetó los plazos legales para responder a las solicitudes de acceso a la información pública entregadas ante la Unidad de Enlace desde el pasado 28 de julio.
El oficio USID/UE/1725/06 enviado por correo electrónico al director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, señala que “el cómputo de plazos correcto indica que los primeros 15 días hábiles fenecerán el día de hoy (lunes 21 de agosto) y, por ende, se notifica la ampliación del plazo por otro tanto igual, mismo que concluirá el próximo 11 de septiembre”.
Para esa fecha, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) habrá desahogado las impugnaciones a la elección presidencial y, en su caso, habrá entregado la constancia de mayoría al próximo presidente de la República.
La prórroga y el anticipo...
En los oficios USID/UE/1724/06, USID/UE/1725/06 y USID/UE/1726/06, la Unidad de Enlace no explica qué impide al organismo atender en el menor tiempo posible el paquete de tres solicitudes de acceso a la información pública tramitadas por este semanario, lo que contraviene su reglamento interno.
En materia de transparencia y acceso a la información, el artículo 21 del reglamento del IFE establece: “La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de 15 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la recepción de la solicitud en la Unidad de Enlace. Excepcionalmente, el plazo podrá ampliarse hasta por un período igual, cuando existan razones que lo motiven, siempre y cuando el solicitante sea notificado”.
Por su parte, el Sindicato de Trabajadores del IFE reconoció que el 15 de agosto se conmemora el día del trabajador de ese instituto, pero especificó que por ser 2006 un año electoral, lo celebrarán el 15 de septiembre.
Cuando termine la prórroga de 15 días, si el IFE acepta lo solicitado, tendría que abrir sus bodegas a Proceso, aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya haya declarado presidente electo o la nulidad de la elección.
Si, por el contrario, el IFE rechaza la petición, este semanario elaborará un recurso de apelación y revisión ante el Comité de Información del IFE, que a su vez tendrá un plazo de 20 días hábiles para responder. Esta comisión la integran los consejeros Andrés Albo, Marco Gómez Alcántar, Alejandra Latapí, Arturo Sánchez y el director jurídico, Fernando Agiss Bitar, quienes también podrán solicitar otros 20 días hábiles para revisar el asunto.
Mientras el IFE aplazó 15 días la respuesta a Proceso, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) respondió rápidamente a la primera solicitud vinculada al proceso electoral y ordenó a la Secretaría de Gobernación dar los pormenores de las campañas publicitarias de la Presidencia desde diciembre de 2005 hasta febrero del presente año.
La solicitud correspondiente fue formulada por la reportera Lilia Saúl, de El Universal, y abarca la información sobre campañas y spots para promover programas y acciones de gobierno en medios electrónicos y escritos.
El viernes 25, el IFAI rechazó cualquier tipo de intervención para pedir al IFE el acceso a los paquetes electorales de la elección presidencial, con el argumento de que no tiene facultades para darle órdenes a ningún organismo autónomo, como lo es el IFE.
“El IFAI no es la autoridad competente para resolver sobre solicitudes en materia electoral”, dice el comunicado del instituto en respuesta a las “diversas expresiones de organizaciones de la sociedad civil” que pedían su intervención para desahogar solicitudes como la que hizo este semanario.
Respaldo ciudadano
Mientras el IFE decide su respuesta a la solicitud de Proceso, más personas se suman a la solicitud al inscribirse en el espacio que este semanario puso a disposición de los lectores en su página de internet (www.proceso.com.mx). Hasta las cinco de la tarde del jueves 24 se habían registrado 14 mil 430 personas.
El sábado 19 de agosto, 104 organizaciones sociales manifestaron su respaldo a la solicitud, “debido a que lo realizado hasta ahora por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no manifiesta mecanismos que estén dando certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad ni transparencia al proceso electoral”.
Entre las organizaciones que respaldan el recuento ciudadano destacan la Academia Mexicana de Derechos Humanos, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México, y Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras.
Estas agrupaciones signaron un documento titulado Balance provisional de la actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y posición ante el recuento ciudadano, en el cual establecen que a partir de las confusiones sobre la elección presidencial, más de 100 organizaciones ciudadanas entregaron al TEPJF una carta para que hiciera un conteo voto por voto.
No obstante, les preocupa que el tribunal no tome en cuenta las propuestas ciudadanas, no explique sus decisiones e interprete de manera legalista y restrictiva sus propias facultades constitucionales, pese a que existen evidencias de sobra para dudar del proceso electoral del pasado 2 de julio.
“No se trata solamente de dar respuesta a las impugnaciones de los partidos. Somos los ciudadanos los que merecemos conocer un resultado que despeje todas las dudas respecto de quién fue el ganador y cuál es la verdad”, indica el pronunciamiento que estas organizaciones difundieron en conferencia de prensa el sábado 19.
El 28 de julio, Proceso recurrió a la Ley de Transparencia para solicitar al IFE acceso a los votos emitidos para presidente, con el fin de realizar un conteo ciudadano después de que el TEPJF desahogue las impugnaciones que interpuso la coalición Por el Bien de Todos.
Además, solicitó copia de toda la documentación elaborada por funcionarios del IFE para cotejarla con los sufragios depositados en las urnas. ?
La reflexión y la conciencia
Autor: Enrique Maza
Fecha: 27-Ago-2006
El miércoles 16 de agosto, Manuel Espino, líder nacional panista, hizo declaraciones que vale la pena rescatar. Dijo que la alianza PRI-PAN en Chiapas busca “acotar esa expresión populista reventadora de la estabilidad nacional” y a López Obrador, “que representa un peligro para México”, y “evitar el fortalecimiento de movimientos que amenazan la seguridad nacional”. Y el martes 22, Vicente Fox, ante medios de comunicación alemanes, se erigió en juez electoral supremo, declaró vencedor a Felipe Calderón y redujo a una simple calle la protesta popular por el fraude en las elecciones.
No sería del todo exacto calificar esas expresiones y actitudes de fascistas. Pero dado que el fascismo es una ideología autoritaria alimentada por las clases económicamente poderosas, para oponerse a los movimientos obreros y populares, y a la democracia liberal, las expresiones de Espino, las afirmaciones de Fox y las actitudes del PAN, si no son fascismo, lo bordean de muy cerca. El fascismo es un movimiento totalitario en la medida en que aspira a intervenir en la totalidad de los aspectos de la vida del individuo. Se caracteriza por su combatividad contra todo movimiento de izquierda, contra todo surgimiento popular, contra la pluralidad y la variedad, y tiene una base racial. Tiende a sustituir el voto, en cuanto expresión de la voluntad popular, por el apoyo al líder, y no considera un valor la libertad de expresión y de protesta. Y además recurre a la violencia sistemática para obtener el poder o mantenerse en él, de lo cual es una muestra el sitio militar a la Cámara de Diputados. Eso es darle a la violencia un valor positivo como fuerza de autoridad.
Las protestas populares están introduciendo en nuestra historia una exigencia difícil de lucha continua, vehemente, a contrapelo, que los dueños económicos, políticos y sociales descalifican como izquierdismo y como violencia antisocial, ilegal y destructora, mientras ellos mismos son los que destruyen toda posibilidad y todo derecho de vida realmente humana para las mayorías pobres.
El problema consiste en no perder la capacidad de pensar desde adentro de esta historia popular nueva que, por supuesto, se le quiere negar al pueblo con toda clase de amenazas, descalificaciones, fraudes y exabruptos fascistoides. No perder la capacidad de pensar y la lucidez, inclusive desde el fondo de la violencia ya estructurada y de la nueva violencia que se quiere imponer, de la altanería que impugna al pueblo y de la desgarradura de la injusticia que se quiere hacer prevalecer.
Esta es una tarea que no puede medirse con los parámetros de la eficacia humana y menos aún de la eficacia empresarial. Tiene que medirse y que enfrentarse a todo lo largo, lo ancho y lo profundo de la violencia institucional y autoritaria, de sus justificaciones, de la envergadura de sus ramificaciones sociales, económicas, políticas, religiosas, psicológicas, espirituales y rituales. Porque la magnitud de su arraigo en las conciencias individuales y colectivas pesa ya mucho sobre las vidas de los pobres.
La justicia, el derecho y la verdad empiezan a cobrar una importancia capital en estos tiempos irascibles y ensombrecidos de fraude. El ambiente se ha vuelto inestable y también puede volverse amenazador, porque hay algo que se enferma cuando está de por medio el poder. Lo ideológico, lo partidista, lo interesado, lo inconfesable empiezan a parecerse a lo terrible. Y, además, empiezan a alegar que Dios está de su parte. Lo que está en juego es saber si vamos a convertir en historia lo negativo y lo inhumano; porque aquí y ahora el evento fundamental, que es el fraude electoral, va a pasar de la violencia actual a la explotación del pueblo, como todos los fraudes electorales pasados. Pero la pobreza y la muerte de los pobres no son simples eventos, como no lo fueron Atenco y Pasta de Conchos, por citar dos. Sólo que ahora se alzó una buena parte del pueblo, porque la paz únicamente es paz si la corona la justicia.
El Estado mexicano es la sede de una concentración solemnizada de la violencia, porque es la zona concentrada del poder. En México tenemos que aprender quién manda, quién tiene el dominio –no la autoridad– y en beneficio de quién. Eso es y ha sido siempre intocable en México, desde los aztecas hasta Fox, con todo y Porfirio Díaz y el PRI. Y ahora el PAN. De eso se trata el fraude electoral, de que todos aprendamos quién manda. El problema es que ahora se enfrentaron dos soberanías, y la popular ya empezó a decir que no, de manera pacífica pero tajante, y se enfrenta así al objetivo central de la violencia, confesado o no, que es la muerte del otro, aunque sea sólo la política, si no se puede causar la muerte física.
Se trata de ser conscientes de la realidad de violencia y, por tanto, de injusticia, que invade a nuestro país. La reflexión y la conciencia tendrán que ser más grandes que nuestra historia misma para que puedan exigir otro orden que no sea la violencia y la injusticia que han hecho y que han escrito nuestra historia por la mano de los fuertes con la sangre de los débiles. Los plantones populares atacan esa historia con actos de desobediencia, de rechazo, incluso de rebeldía, porque anuncian una nueva oportunidad moral a través de una acción necesariamente política, de una acción constructiva y continua sobre las estructuras y las instituciones. ?
Fecha: 27-Ago-2006
El miércoles 16 de agosto, Manuel Espino, líder nacional panista, hizo declaraciones que vale la pena rescatar. Dijo que la alianza PRI-PAN en Chiapas busca “acotar esa expresión populista reventadora de la estabilidad nacional” y a López Obrador, “que representa un peligro para México”, y “evitar el fortalecimiento de movimientos que amenazan la seguridad nacional”. Y el martes 22, Vicente Fox, ante medios de comunicación alemanes, se erigió en juez electoral supremo, declaró vencedor a Felipe Calderón y redujo a una simple calle la protesta popular por el fraude en las elecciones.
No sería del todo exacto calificar esas expresiones y actitudes de fascistas. Pero dado que el fascismo es una ideología autoritaria alimentada por las clases económicamente poderosas, para oponerse a los movimientos obreros y populares, y a la democracia liberal, las expresiones de Espino, las afirmaciones de Fox y las actitudes del PAN, si no son fascismo, lo bordean de muy cerca. El fascismo es un movimiento totalitario en la medida en que aspira a intervenir en la totalidad de los aspectos de la vida del individuo. Se caracteriza por su combatividad contra todo movimiento de izquierda, contra todo surgimiento popular, contra la pluralidad y la variedad, y tiene una base racial. Tiende a sustituir el voto, en cuanto expresión de la voluntad popular, por el apoyo al líder, y no considera un valor la libertad de expresión y de protesta. Y además recurre a la violencia sistemática para obtener el poder o mantenerse en él, de lo cual es una muestra el sitio militar a la Cámara de Diputados. Eso es darle a la violencia un valor positivo como fuerza de autoridad.
Las protestas populares están introduciendo en nuestra historia una exigencia difícil de lucha continua, vehemente, a contrapelo, que los dueños económicos, políticos y sociales descalifican como izquierdismo y como violencia antisocial, ilegal y destructora, mientras ellos mismos son los que destruyen toda posibilidad y todo derecho de vida realmente humana para las mayorías pobres.
El problema consiste en no perder la capacidad de pensar desde adentro de esta historia popular nueva que, por supuesto, se le quiere negar al pueblo con toda clase de amenazas, descalificaciones, fraudes y exabruptos fascistoides. No perder la capacidad de pensar y la lucidez, inclusive desde el fondo de la violencia ya estructurada y de la nueva violencia que se quiere imponer, de la altanería que impugna al pueblo y de la desgarradura de la injusticia que se quiere hacer prevalecer.
Esta es una tarea que no puede medirse con los parámetros de la eficacia humana y menos aún de la eficacia empresarial. Tiene que medirse y que enfrentarse a todo lo largo, lo ancho y lo profundo de la violencia institucional y autoritaria, de sus justificaciones, de la envergadura de sus ramificaciones sociales, económicas, políticas, religiosas, psicológicas, espirituales y rituales. Porque la magnitud de su arraigo en las conciencias individuales y colectivas pesa ya mucho sobre las vidas de los pobres.
La justicia, el derecho y la verdad empiezan a cobrar una importancia capital en estos tiempos irascibles y ensombrecidos de fraude. El ambiente se ha vuelto inestable y también puede volverse amenazador, porque hay algo que se enferma cuando está de por medio el poder. Lo ideológico, lo partidista, lo interesado, lo inconfesable empiezan a parecerse a lo terrible. Y, además, empiezan a alegar que Dios está de su parte. Lo que está en juego es saber si vamos a convertir en historia lo negativo y lo inhumano; porque aquí y ahora el evento fundamental, que es el fraude electoral, va a pasar de la violencia actual a la explotación del pueblo, como todos los fraudes electorales pasados. Pero la pobreza y la muerte de los pobres no son simples eventos, como no lo fueron Atenco y Pasta de Conchos, por citar dos. Sólo que ahora se alzó una buena parte del pueblo, porque la paz únicamente es paz si la corona la justicia.
El Estado mexicano es la sede de una concentración solemnizada de la violencia, porque es la zona concentrada del poder. En México tenemos que aprender quién manda, quién tiene el dominio –no la autoridad– y en beneficio de quién. Eso es y ha sido siempre intocable en México, desde los aztecas hasta Fox, con todo y Porfirio Díaz y el PRI. Y ahora el PAN. De eso se trata el fraude electoral, de que todos aprendamos quién manda. El problema es que ahora se enfrentaron dos soberanías, y la popular ya empezó a decir que no, de manera pacífica pero tajante, y se enfrenta así al objetivo central de la violencia, confesado o no, que es la muerte del otro, aunque sea sólo la política, si no se puede causar la muerte física.
Se trata de ser conscientes de la realidad de violencia y, por tanto, de injusticia, que invade a nuestro país. La reflexión y la conciencia tendrán que ser más grandes que nuestra historia misma para que puedan exigir otro orden que no sea la violencia y la injusticia que han hecho y que han escrito nuestra historia por la mano de los fuertes con la sangre de los débiles. Los plantones populares atacan esa historia con actos de desobediencia, de rechazo, incluso de rebeldía, porque anuncian una nueva oportunidad moral a través de una acción necesariamente política, de una acción constructiva y continua sobre las estructuras y las instituciones. ?
Legalismo y represión
Javier Sicilia
proceso.com.mx
¿Cómo se gobierna así? No hay más que una forma –anunciada una y otra vez durante el último tramo del gobierno de Fox en los mineros, en Atenco, en el desalojo y las tanquetas de San Lázaro–: la represión, la “mano dura”, de la que tanta nostalgia tienen los que no han sabido construir la democracia, los que siguen creyendo que el régimen presidencialista –ya derruido junto con lo único que podía sostenerlo: un partido único– sigue siendo viable, los que no quieren una reforma constitucional y creen que la vida política es el faccionalismo de los partidos en las instituciones y no el diálogo y el servicio.
El país no va a entrar en calma por que la legalidad, por el hecho mismo del puro legalismo, haga presidente a alguien. Todo lo contrario –y ahí está Oaxaca para demostrarlo–, exacerbará los ánimos de muchos que en nombre de una justicia legítima han resistido. A esos resistentes, que no están realmente preparados para las batallas no-violentas, en un país tremendamente injusto y sospechoso de la transparencia de sus instituciones, sólo podrá aplacárseles con la represión que ampara la pura legalidad. No con una represión cualquiera, sino con la que genera terror: la de la brutalidad, la del silenciamiento, la de la mordaza, la de la razón de Estado que sirve para justificar todas las razones del irracionalismo, y respecto de la cual la represión de Atenco será sólo una película de Walt Disney.
Cuando un gobierno que carece de legitimidad tiene que gobernar lo ingobernable, sólo puede hacerlo mediante el miedo, y un régimen que genera miedo es un régimen de terror. Si el fallo del TEPJF favorece a Calderón sin haber transparentado la elección en todo su proceso, ese es el gobierno que tendremos, un gobierno en el que no podrá haber persuasión, porque en el momento en que el monolito de la legalidad haya aplastado cualquier esperanza de claridad en la justicia, lo que se impondrá será la abstracción del Estado: la de las tanquetas, la de los hombres uniformados con garrotes, la de los gritos desesperados, la fuerza bruta y las esperanzas humilladas; la de las máquinas, las ideas absolutas y los mesianismos sin matices, la de la parálisis social y de la política sacrificada en aras del legalismo.
Yo sé, como muchos, que el recuento voto por voto, casilla por casilla, no solucionará el problema. Pero al menos haría clara la justicia de la legalidad, permitiría distender los ánimos y abrir un espacio por donde los acuerdos que necesita el país salvarían la democracia. Esto, por desgracia, conforme nos acercamos al fallo del TEPJF, se cierra para allanarle el camino a la pura razón de Estado y al terror.
Estamos en una encrucijada histórica en la que nos jugamos mucho y en donde la responsabilidad de quienes pueden distender el conflicto es total. Lo peor que nos puede ocurrir es que triunfe el legalismo sobre la política. Ese día, las instituciones y lo que el PAN, sin modestia alguna –más bien con una arrogancia que da miedo– ha defendido: su triunfo presidencial, habrán tenido razón en el sentido en que lo entiende este mundo miserable: la de una legalidad que ha perdido de vista la vida real de los hombres y la transparencia de la justicia; pero tendrán razón en medio de la odiosa intransigencia de López Obrador y de los perredistas –intransigencia que la del panismo y la de las instituciones del Estado no han dejado de alimentar a lo largo del tiempo–, y en medio de la decepción, la represión y el miedo con el que tendrán que gobernar. Esa victoria será siempre despreciable.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro y liberar a los presos de Atenco. ?
proceso.com.mx
Apesar del conflicto poselectoral y de la profunda duda que los actores han sembrado en la legitimidad del proceso; pese también a la única salida políticamente viable para distender el conflicto y darle credibilidad a las instituciones: el recuento voto por voto y casilla por casilla, la máxima instancia en este asunto, el Tribunal Electoral, parece caminar hacia la legitimación de la elección. Si no me equivoco –y en este caso nada me gustaría más que equivocarme–, pronto tendremos a Felipe Calderón como presidente legalmente electo.
No es una mera intuición. Todo, el trabajo de los medios televisivos y su retórica institucional, los errores cometidos por López Obrador y la coalición Por el Bien de Todos en su resistencia civil, la propaganda de las instituciones para deslegitimar las demandas de la coalición, preparan el escenario para la calificación final.
No es una mera intuición. Todo, el trabajo de los medios televisivos y su retórica institucional, los errores cometidos por López Obrador y la coalición Por el Bien de Todos en su resistencia civil, la propaganda de las instituciones para deslegitimar las demandas de la coalición, preparan el escenario para la calificación final.
La medida será desastrosa. No sólo porque, como suele suceder en este país que tiene el gusto de poner los bueyes detrás de la carreta, habrá puesto la legalidad atrás de la justicia –olvidando que no son las instituciones las que hacen la justicia, sino la justicia, que siempre es transparente, la que hace la credibilidad de las instituciones que la custodian–, sino porque tendremos un presidente débil –elegido sólo por 15 millones de mexicanos en un país de 100 millones– e ilegitimo desde el punto de vista de la credibilidad institucional.
¿Cómo se gobierna así? No hay más que una forma –anunciada una y otra vez durante el último tramo del gobierno de Fox en los mineros, en Atenco, en el desalojo y las tanquetas de San Lázaro–: la represión, la “mano dura”, de la que tanta nostalgia tienen los que no han sabido construir la democracia, los que siguen creyendo que el régimen presidencialista –ya derruido junto con lo único que podía sostenerlo: un partido único– sigue siendo viable, los que no quieren una reforma constitucional y creen que la vida política es el faccionalismo de los partidos en las instituciones y no el diálogo y el servicio.
El país no va a entrar en calma por que la legalidad, por el hecho mismo del puro legalismo, haga presidente a alguien. Todo lo contrario –y ahí está Oaxaca para demostrarlo–, exacerbará los ánimos de muchos que en nombre de una justicia legítima han resistido. A esos resistentes, que no están realmente preparados para las batallas no-violentas, en un país tremendamente injusto y sospechoso de la transparencia de sus instituciones, sólo podrá aplacárseles con la represión que ampara la pura legalidad. No con una represión cualquiera, sino con la que genera terror: la de la brutalidad, la del silenciamiento, la de la mordaza, la de la razón de Estado que sirve para justificar todas las razones del irracionalismo, y respecto de la cual la represión de Atenco será sólo una película de Walt Disney.
Cuando un gobierno que carece de legitimidad tiene que gobernar lo ingobernable, sólo puede hacerlo mediante el miedo, y un régimen que genera miedo es un régimen de terror. Si el fallo del TEPJF favorece a Calderón sin haber transparentado la elección en todo su proceso, ese es el gobierno que tendremos, un gobierno en el que no podrá haber persuasión, porque en el momento en que el monolito de la legalidad haya aplastado cualquier esperanza de claridad en la justicia, lo que se impondrá será la abstracción del Estado: la de las tanquetas, la de los hombres uniformados con garrotes, la de los gritos desesperados, la fuerza bruta y las esperanzas humilladas; la de las máquinas, las ideas absolutas y los mesianismos sin matices, la de la parálisis social y de la política sacrificada en aras del legalismo.
Yo sé, como muchos, que el recuento voto por voto, casilla por casilla, no solucionará el problema. Pero al menos haría clara la justicia de la legalidad, permitiría distender los ánimos y abrir un espacio por donde los acuerdos que necesita el país salvarían la democracia. Esto, por desgracia, conforme nos acercamos al fallo del TEPJF, se cierra para allanarle el camino a la pura razón de Estado y al terror.
Estamos en una encrucijada histórica en la que nos jugamos mucho y en donde la responsabilidad de quienes pueden distender el conflicto es total. Lo peor que nos puede ocurrir es que triunfe el legalismo sobre la política. Ese día, las instituciones y lo que el PAN, sin modestia alguna –más bien con una arrogancia que da miedo– ha defendido: su triunfo presidencial, habrán tenido razón en el sentido en que lo entiende este mundo miserable: la de una legalidad que ha perdido de vista la vida real de los hombres y la transparencia de la justicia; pero tendrán razón en medio de la odiosa intransigencia de López Obrador y de los perredistas –intransigencia que la del panismo y la de las instituciones del Estado no han dejado de alimentar a lo largo del tiempo–, y en medio de la decepción, la represión y el miedo con el que tendrán que gobernar. Esa victoria será siempre despreciable.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro y liberar a los presos de Atenco. ?
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