Miguel Ángel Granados Chapa
Televisa sabe recompensar a quienes le sirven, como lo muestra el próspero destino legislativo y en la Cofetel de quienes le han hecho favores. Se comprende así que Felipe Calderón se haya negado a oponerse a la ley Televisa cuando se lo pidieron intelectuales ingenuos
Debido a su servicio a la televisión hoy cogobiernan las Cámaras Santiago Creel y Emilio Gamboa. Antaño distantes éticamente, y también cronológica y socialmente, hoy la política los ha emparejado. En mayo de 2005 el secretario de Gobernación que aspiraba a la Presidencia de la República otorgó a Televisa jugosas concesiones para operar casinos, que empiezan a fructificar. Seis meses después se iniciaba el trayecto de la ley Televisa, que tuvo en Gamboa a uno de sus promotores más resueltos y desembozados. Cada uno de ellos preside hoy la Junta de Coordinación Política de su Cámara, el Senado Creel, la de diputados el legislador yucateco.
Después de sus 30 meses como consejero ciudadano en el IFE, brillante comienzo de su vida pública, Creel realizó una veloz carrera política: diputado federal en la legislatura en que perdió el PRI su hegemonía y él presidió la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales; candidato al gobierno de la Ciudad de México, y secretario de Gobernación. En sentido contrario a lo que muchas organizaciones civiles esperaban, en vez de favorecer la nueva legislación en radio y televisión, a cuyo efecto las había convocado, Creel escogió la vía corta de la reglamentación y la orientación socialmente equivocada: en vez de atender los intereses generales, consolidó los del duopolio televisivo y los de las familias que regentean la radio.
Si octubre de 2002 marcó el inicio de sus rentables, nuevas inclinaciones políticas (dejando atrás las de índole democrática), mayo de 2005 señaló la culminación de su proceso. En vísperas de renunciar a su cargo para participar en el proceso interno panista por la candidatura presidencial, otorgó a Espectáculos internacionales, SA, propiedad de Televisa, una suculenta ración de permisos para abrir casas de juego, 130 autorizaciones que empiezan a surtir efecto.
Están ya abiertos varios centros de apuestas posibles por esos permisos. Se llaman Play City, que ofrecen bingo, máquinas tragamonedas y apuestas deportivas, no sólo las muy practicadas en hipódromos y galgódromos, sino también en otros espectáculos deportivos, incluido el futbol mexicano (Proceso, 17 de septiembre).
Debido a la peculiar situación jurídica en que se encuentra el juego en México -una ley más que cincuentona, regulada por un novísimo reglamento colocado sub judice por la Cámara de Diputados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación- pareció que hasta desde el punto de vista legal (ya no digamos el ético) era cuestionable la decisión de Creel. Su sucesor, Carlos Abascal, lo exoneró jurídicamente meses después, pero quedó firme la impresión pública de que se trató de un favor, que ya comienza a rendir provecho económico, para agrandar todavía más la dilatada esfera de negocios del principal consorcio de la televisión.
Conducta semejante -otorgamiento de prebendas a punto de concluir una administración- había observado Gamboa en el año y pico en que fue secretario de Comunicaciones y Transportes, desde donde refrendó concesiones a Televisa. Precisamente por la magnífica relación del yucateco con los poderes electrónicos Francisco Labastida lo nombró subsecretario de Comunicación Social cuando él fue trasladado por el presidente Zedillo de Agricultura a Gobernación. A la sazón Gamboa dirigía Fonatur, cuyo delegado en Cancún era su amigo Alejandro Góngora. Éste, y Gamboa directamente, aparecieron involucrados en operaciones que investigó, sin desenlace, la Procuraduría General de la República: el arrendamiento y venta del predio donde se halla un grande parque acuático; la enajenación de un terreno a Góngora Vera y Mario Gamboa Patrón; y la venta del terreno donde se instaló el hotel Dunas.
Senador desde 2000, el momento estelar de Gamboa ocurrió durante los primeros tres meses de este año, cuando se aprobaron las reformas a las leyes de radio y televisión, y de telecomunicaciones, operación legislativa conocida como Ley Televisa, aunque en honor a la verdad debe añadirse a esa denominación la que haga justicia a la intervención de TV Azteca en la maniobra. De ella resultó un conjunto de normas provechosas para esos consorcios pero contrarias a la Carta Magna, motivo por el cual se encuentra sujeta a la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad.
Salvo Enrique Jackson, del que no se sabe qué recompensa tendrá (que podría ser la presidencia del PRI), los promotores más notorios de aquella reforma han tenido premios a su actuación. Gamboa coordina a los diputados priistas y ahora también al resto de los coordinadores parlamentarios. Héctor Osuna y Ernesto Gil Elorduy son comisionados en Cofetel. Javier Orozco, que presidió la Comisión de radio, televisión y cinematografía de la Cámara de diputados, verdadero autor del proyecto de reformas, no fue olvidado como pudieron pensar los distraídos. Es también senador, después de que la candidata propietaria en la fórmula donde apareció como suplente, prudentemente se retiró, haciendo obvio el arreglo correspondiente. Orozco podrá desempeñar en las comisiones que interesan a los consorcios televisivos el papel que cumplió en San Lázaro, y al efecto formará pareja con Jorge Mendoza, que pasó del Ajusco, donde era poderoso vicepresidente, a Xicoténcatl.
Este sistema de premiación obliga a reconocer cuánta razón tuvo Felipe Calderón al negarse a manifestarse contrario a la ley Televisa, cuando estaba en trance de aprobación y cuando ingenuos intelectuales se lo pidieron..
Cajón de Sastre
Ahora que se conoce el gasto del IFE en sus campañas publicitarias posteriores a la jornada electoral, destinadas a lavarse la cara, se recuerda el entredicho en que quedó la agencia publicitaria contratada por el IFE para sus promociones, Proeza Slai, que también ha hecho campañas para Hacienda y para el IMSS. Está de nuevo al aire un mensaje para promover la inscripción de ciudadanos en el registro federal de electores, donde un luchador llamado Camaleón, con el atuendo usual en ese tipo de personajes (máscara llamativa, mallas, capa ondeante) entre piruetas pretende obtener su credencial pero se niega a identificarse. La campaña salió al aire en octubre del año pasado, por lo menos siete meses después de realizado y difundido el corto El hijo del Santo contra los burócratas, cuya trama es exactamente la misma, con aspavientos y todos. Su autor, Víctor Hernández, estudiante de la Universidad Iberoamericana, no registró su obra y no pudo por eso defender sus derechos. Pero la mala pasada sigue causando perjuicios.
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