Jorge Carrasco Araizaga
El dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre las elecciones del 2 de julio estremeció, por contradictorio e inconsistente. De acuerdo con la tesis de su fallo, en México todo se vale durante los procesos electorales... siempre y cuando los abusos, la manipulación, las ilegalidades, cometidos tanto por el gobierno como por los actores políticos, "no sean determinantes" en los resultados. La ley protege a los magistrados en sus inconsecuencias: los fundamentos de su resolución son un secreto inalcanzable para los ciudadanos. Como auténticos juramentados, quedará entre ellos la verdadera razón por la que consideraron válidas las elecciones y declararon presidente electo a Felipe Calderón.
Felipe Calderón Hinojosa ganó la Presidencia de la República en los tribunales, pero no sólo por haber superado un litigio, sino porque el martes 5 de septiembre los magistrados del Tribunal Electoral sacrificaron sus facultades de interpretación constitucional a favor de la legalidad requerida por el panista para ser declarado presidente electo de México.
Fue un dictamen propio de un tribunal de legalidad y no de uno de constitucionalidad. Es decir, los magistrados redujeron sus atribuciones a las de un juez civil, que se apega sólo a lo que encuentra en el expediente. Renunciaron a sus amplias facultades constitucionales de interpretación electoral para valorar todo lo ocurrido durante el proceso de la elección presidencial. De esa manera, aislaron las pruebas que se les presentaron, sin considerar el cúmulo de irregularidades que hubo durante el proceso electoral. Y a pesar de detectarlas, las evadieron sin darles seguimiento judicial por considerar que no fueron graves, señalan expertos del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), de la Universidad Iberoamericana y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
En aras de esa legalidad, afirman, los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pasaron por alto las violaciones a la Ley Electoral, cometidas sobre todo por el presidente Vicente Fox y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) con sus campañas paralelas y de desprestigio contra el candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador.
Con el reconocimiento de la ilegal injerencia de Fox, "que puso en riesgo la validez de la elección presidencial", entre muchas otras irregularidades que admitieron pero que dejaron impunes, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) crearon un catálogo de violaciones que, a decir de expertos en derecho constitucional y electoral, estará a disposición de otros aspirantes en futuras elecciones.
Al igual que George W. Bush en Estados Unidos en el año 2000, como escribió el economista James K. Galbraith el pasado jueves 7 en el periódico londinense The Guardian, Calderón obtuvo de los jueces lo que las urnas no le dieron con certeza: su victoria como presidente para el período 2006-2012.
La certidumbre de su triunfo se fue construyendo el martes 5 cuando, en sesión pública, los magistrados en pleno derribaron uno a uno los argumentos presentados por la coalición Por el Bien de Todos para sustentar las irregularidades cometidas durante el proceso electoral.
Al cabo de cuatro horas, en las que no hubo ni una sola discrepancia entre los jueces electorales, al mediodía de ese martes el presidente del TEPJF, Leonel Castillo González, declaró la validez de la elección presidencial del 2 de julio, estableció el cómputo definitivo y declaró presidente electo a Calderón.
La máxima jurisdicción electoral avaló así los impugnados resultados del IFE, que desde la noche de los comicios le dieron a Calderón una ínfima y dudosa ventaja sobre Andrés Manuel López Obrador. El cómputo oficial, incluso, redujo la ventaja de 0.58 a 0.56%, lo que incrementó las dudas por la negativa del tribunal de ordenar el recuento total de votos.
Pero la declaración de Calderón como presidente electo, según los especialistas, significó un retroceso para la justicia electoral en México.
Estrechez y retroceso
"De la alternancia fallida pasamos a la democracia cínica", afirma el académico constitucionalista de la Universidad Iberoamericana Miguel Eraña, para quien "los magistrados dejaron en estado de profunda debilidad argumentativa el triunfo del presidente electo" y al proceso electoral con un latente cuestionamiento.
El problema no es que Calderón se convierta en presidente constitucional, sino que el Tribunal Electoral, que está llamado a ser el intérprete último de la Constitución en materia electoral, haya sido degradado por los propios magistrados de su Sala Superior a un tribunal de legalidad.
Y lo más abusivo de todo, asegura, es que crearon un perfecto catálogo jurisprudencial para saber cómo eludir el control de la legalidad y constitucionalidad, manteniéndose siempre en el límite de las conductas. "Será muy útil para los mapaches electorales del futuro", augura.
En particular, Eraña cuestiona la manera en que los magistrados diluyeron la responsabilidad de Fox, a la que le dedicaron casi 50 de las 306 páginas del dictamen y que se trató con amplitud en la sesión pública de la Sala Superior, pero que acabó en la mera mención del hecho sin ningún tipo de consecuencias.
Con justificaciones como: "no se encontraron", "en la medida de lo posible", "el carácter indirecto y metafórico" de las declaraciones del presidente o "es necesario una asociación mayor con otros acontecimientos", los magistrados soslayaron la responsabilidad del presidente, dice el experto.
"¿Qué otros acontecimientos querían, que el presidente hubiera ido directamente a deponer a López Obrador? ¿Querían un acontecimiento directo como ese para ejercer su facultad de interpretación constitucional en materia electoral?", cuestiona Eraña.
En el colmo, añade, no sólo desestimaron los argumentos de la coalición sobre la libertad del voto, sino que reprendieron a López Obrador por faltar a uno de los debates y criticar a las instituciones y las autoridades. "Lo que no se puede hacer en una sentencia es especular políticamente" como lo hicieron los magistrados.
El académico de la Universidad Iberoamericana sostiene que, desde la perspectiva institucional, el tribunal quedó debilitado. Esa será la herencia de los magistrados, dice en alusión a la salida de seis de los siete integrantes de la Sala Superior el próximo 31 de octubre, luego de 10 años de ejercicio en la primera época del TEPJF.
En su primera calificación de una elección presidencial, la que ganó Fox en 2000, los magistrados acreditaron su legitimidad de ejercicio, pero en la de este año, afirma, colocaron al tribunal en una mínima expresión.
Advierte que de esa manera se está habilitando el camino para que la justicia electoral vuelva a ser meramente administrativa, como lo fue antes de 1986, cuando el presidente Miguel de la Madrid impulsó, con la aprobación del Congreso, la creación de un tribunal de lo contencioso electoral.
"A eso quedó degradado el TEPJF. No porque no le haya dado la razón a la coalición Por el Bien de Todos, sino porque de manera irresponsable los jueces se restringieron a sí mismos y declinaron su tarea constitucional de interpretar la Constitución."
Además, considera, lo hicieron con argumentos inadmisibles, pues al señalar que la etapa jurisdiccional quedó agotada en la resolución de los juicios de inconformidad, en el dictamen sólo analizaron las pruebas, indicios o evidencias aportadas por la coalición, renunciado a su función de control constitucional del proceso electoral.
Eraña, quien durante más de 10 años ha sido asesor parlamentario en la Cámara de Diputados y el Senado, asegura que los magistrados se atrevieron a convalidar la ilegitimidad e ilegalidad de las intervenciones abusivas impugnadas por la coalición.
Todo fue reducido por los magistrados: los actos de precampaña, la campaña negativa del PAN y su candidato, los spots del CCE, la intervención del presidente, los promocionales de otras asociaciones civiles, la propaganda negativa de diversas empresas y la intervención del Dr. Simi y de Elba Esther Gordillo.
Lo sorprendente es que los mismos jueces constitucionales, que primero dijeron que se trataba de conductas ilegales y violatorias del código electoral -lo señalaron varias veces con relación a Fox y al CCE- actuaron después como jueces con vocación administrativista que sólo pensaron en la legalidad, pero nunca en la constitucionalidad, dice el especialista.
"Se montaron en el discurso de la legalidad porque la ley es la mejor trampa y la mejor excusa para quienes dejan de lado los principios y valores de la Constitución, entre ellos el del Estado democrático."
Sin embargo, Miguel Eraña considera ingenuo pensar que el Consejo General del IFE quedó a salvo con la calificación de validez de la elección, pues quedó implícitamente en el desprestigio porque el dictamen reconoce que hubo muchas irregularidades, pero que no se pudieron comprobar.
Irregularidades blanqueadas
Alfredo Orellana Moyao, especialista en derecho electoral y profesor de derecho público del ITAM, también cuestiona la estrechez con la que actuaron los magistrados. "Además de desestimar las dudas que generó la diferencia inferior a 1%, evitaron hacer una valoración en conjunto del proceso electoral. Atomizaron los argumentos de la coalición y al analizarlos por separado exigieron una causalidad para cada uno".
Como si fueran jueces civiles, agrega, resolvieron cosa por cosa cuando necesitaban transmitir la imagen de una autoridad que define las reglas del juego político. "Resolvieron como jueces ordinarios. Prefirieron la toga y el birrete en lugar de asumirse como calificadores, pues emitieron un dictamen ordinario y ortodoxo".
Integrante del Comité Conciudadano de Seguimiento del Proceso Electoral, Orellana responsabiliza a los magistrados de hacer laxa la ley, pues considera que debieron dar vista a las diferentes autoridades para que tuvieran consecuencias las irregularidades confirmadas y hechas públicas por el tribunal en su dictamen.
"Lo que hicieron fue transmitir que se puede violar o cometer irregularidades, siempre y cuando no se puedan medir los efectos. Nos dijeron cómo se pueden cometer ese tipo de violaciones sin que tengan consecuencias", asegura.
Carlos Pérez Vázquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), sintetiza: "Los magistrados abdicaron, decidieron reducir al máximo sus facultades".
La Sala Superior, dice, pudo resolver de otra manera con la misma ley, cómo ordenar el recuento total, enterar a las diferentes autoridades de las irregularidades que ellos mismos detectaron y, sobre todo, hablar de la calidad de la elección desde una perspectiva amplia.
Señala que los magistrados se refirieron a las irregularidades con un doble criterio de interpretación constitucional: en el caso de Elba Esther Gordillo, fueron estrictos al desestimar como prueba la grabación presentada por la coalición sobre los acuerdos que la líder del sindicato de maestros y del Partido Nueva Alianza tuvo el día de la elección con el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, para apoyar a Calderón.
En su dictamen, los magistrados rechazaron la grabación porque no se acreditó la obtención legal de la conversación, con lo que se apegaron en estricto a la Constitución. Pero al referirse a la intervención de extranjeros en la campaña presidencial del PAN, relajaron su criterio.
Señalaron que tanto la injerencia del exjefe de gobierno español José María Aznar en respaldo de Calderón, pero sobre todo la participación del asesor Antonio José Solá Reche, no violaron la Constitución, a pesar de que el artículo 33 establece que "los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país".
Esa es una muestra de la inconsistencia argumentativa e interpretativa del dictamen del tribunal, dice Pérez Vázquez.
Ana Mercedes Saiz, maestra en derecho público por la Universidad de Londres y asesora del Consejo General del IFE en cuatro procesos electorales federales desde las elecciones 1997, sostiene que "el ciudadano tiene derecho a saber por qué optó resolver como si se tratara de un caso civil o mercantil. (Y el Tribunal) no actuó de oficio para defender el interés ciudadano, pues a pesar de haber validado la elección, no sabemos cuáles fueron los 240 mil votos que fueron anulados. Nos dejaron en la misma incertidumbre".
Saiz, al igual que Pérez Vázquez y Orellana Moyao, participa en el Comité Conciudadano de Seguimiento del Proceso Electoral.
El análisis de los académicos coincide con el del asesor jurídico de López Obrador, Álvaro Arceo Corcuera, para quien los integrantes de la Sala Superior del TEPJF actuaron como jueces de un juzgado civil y no como magistrados de un tribunal con facultades constitucionales para analizar el proceso electoral en conjunto.
Detalla que mediante una decisión híbrida -jurisdiccional y administrativa-, los magistrados encontraron la puerta para hacer una valoración con la que prácticamente "hicieron lo que les vino en gana" con las argumentaciones de la coalición Por el Bien de Todos, dice Arceo, quien también fue asesor jurídico de López Obrador durante el proceso de desafuero al que fue sometido en 2005 el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal por el gobierno de Fox para sacarlo de la carrera presidencial.
Se trató de una salida letal para la coalición, pues de esa manera los magistrados convalidaron las irregularidades, para poder concluir que la elección presidencial fue válida. La intervención de Fox, que en palabras de la magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo fue "la mayor irregularidad del proceso electoral", no tuvo ningún efecto y quedó impune, enfatiza Corcuera Arceo.
Y señala que los integrantes de la Sala Superior del TEPJF se colocaron en la perspectiva del derecho civil, para el cual lo que no está en el expediente sencillamente no existe. Por eso dijeron que "no quedó probado en autos" el efecto que tuvo la conducta presidencial en el electorado.
En justificación de Fox, los magistrados dictaminaron que el presidente obedeció cuando se le llamó la atención y respetó la tregua navideña, con lo cual se borraron los efectos de su intervención.
Arceo identifica también parcialidad en la actuación de los magistrados y sospecha de la unanimidad con la que se condujeron los magistrados. "Si toda unanimidad es sospechosa, en este caso la duda se incrementa cuando en coro culpan a la coalición de haber sido negligente en la presentación de pruebas".
Al actuar de esa manera, se olvidaron de las garantías individuales, sobre todo la del voto público que, de acuerdo con los instrumentos internacionales firmados por México, no puede quedar al cuidado o a la habilidad de un tercero, sino del Estado y en este caso del TEPJF.
Corcuera Arceo también considera que el tribunal elaboró un manual para violar la Ley Electoral. De ahora en adelante se podrá mandar a hacer libelos contra cualquier candidato y quedará impune mientras no se mida su influencia en los electorales. Y en cuanto a la propaganda negra, si un partido o candidato la emprende y es respondida por los aludidos, tampoco pasará nada porque los magistrados establecieron que la culpa se compensa y, en última instancia, se declara la inexistencia del acto.
El mensaje, dice, fue claro: "Nuestras instituciones no son todo lo confiables que deberían ser y nos piden que las respetemos; pero quienes las encarnan son los primeros en violarlas"
Felipe Calderón Hinojosa ganó la Presidencia de la República en los tribunales, pero no sólo por haber superado un litigio, sino porque el martes 5 de septiembre los magistrados del Tribunal Electoral sacrificaron sus facultades de interpretación constitucional a favor de la legalidad requerida por el panista para ser declarado presidente electo de México.
Fue un dictamen propio de un tribunal de legalidad y no de uno de constitucionalidad. Es decir, los magistrados redujeron sus atribuciones a las de un juez civil, que se apega sólo a lo que encuentra en el expediente. Renunciaron a sus amplias facultades constitucionales de interpretación electoral para valorar todo lo ocurrido durante el proceso de la elección presidencial. De esa manera, aislaron las pruebas que se les presentaron, sin considerar el cúmulo de irregularidades que hubo durante el proceso electoral. Y a pesar de detectarlas, las evadieron sin darles seguimiento judicial por considerar que no fueron graves, señalan expertos del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), de la Universidad Iberoamericana y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
En aras de esa legalidad, afirman, los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pasaron por alto las violaciones a la Ley Electoral, cometidas sobre todo por el presidente Vicente Fox y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) con sus campañas paralelas y de desprestigio contra el candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador.
Con el reconocimiento de la ilegal injerencia de Fox, "que puso en riesgo la validez de la elección presidencial", entre muchas otras irregularidades que admitieron pero que dejaron impunes, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) crearon un catálogo de violaciones que, a decir de expertos en derecho constitucional y electoral, estará a disposición de otros aspirantes en futuras elecciones.
Al igual que George W. Bush en Estados Unidos en el año 2000, como escribió el economista James K. Galbraith el pasado jueves 7 en el periódico londinense The Guardian, Calderón obtuvo de los jueces lo que las urnas no le dieron con certeza: su victoria como presidente para el período 2006-2012.
La certidumbre de su triunfo se fue construyendo el martes 5 cuando, en sesión pública, los magistrados en pleno derribaron uno a uno los argumentos presentados por la coalición Por el Bien de Todos para sustentar las irregularidades cometidas durante el proceso electoral.
Al cabo de cuatro horas, en las que no hubo ni una sola discrepancia entre los jueces electorales, al mediodía de ese martes el presidente del TEPJF, Leonel Castillo González, declaró la validez de la elección presidencial del 2 de julio, estableció el cómputo definitivo y declaró presidente electo a Calderón.
La máxima jurisdicción electoral avaló así los impugnados resultados del IFE, que desde la noche de los comicios le dieron a Calderón una ínfima y dudosa ventaja sobre Andrés Manuel López Obrador. El cómputo oficial, incluso, redujo la ventaja de 0.58 a 0.56%, lo que incrementó las dudas por la negativa del tribunal de ordenar el recuento total de votos.
Pero la declaración de Calderón como presidente electo, según los especialistas, significó un retroceso para la justicia electoral en México.
Estrechez y retroceso
"De la alternancia fallida pasamos a la democracia cínica", afirma el académico constitucionalista de la Universidad Iberoamericana Miguel Eraña, para quien "los magistrados dejaron en estado de profunda debilidad argumentativa el triunfo del presidente electo" y al proceso electoral con un latente cuestionamiento.
El problema no es que Calderón se convierta en presidente constitucional, sino que el Tribunal Electoral, que está llamado a ser el intérprete último de la Constitución en materia electoral, haya sido degradado por los propios magistrados de su Sala Superior a un tribunal de legalidad.
Y lo más abusivo de todo, asegura, es que crearon un perfecto catálogo jurisprudencial para saber cómo eludir el control de la legalidad y constitucionalidad, manteniéndose siempre en el límite de las conductas. "Será muy útil para los mapaches electorales del futuro", augura.
En particular, Eraña cuestiona la manera en que los magistrados diluyeron la responsabilidad de Fox, a la que le dedicaron casi 50 de las 306 páginas del dictamen y que se trató con amplitud en la sesión pública de la Sala Superior, pero que acabó en la mera mención del hecho sin ningún tipo de consecuencias.
Con justificaciones como: "no se encontraron", "en la medida de lo posible", "el carácter indirecto y metafórico" de las declaraciones del presidente o "es necesario una asociación mayor con otros acontecimientos", los magistrados soslayaron la responsabilidad del presidente, dice el experto.
"¿Qué otros acontecimientos querían, que el presidente hubiera ido directamente a deponer a López Obrador? ¿Querían un acontecimiento directo como ese para ejercer su facultad de interpretación constitucional en materia electoral?", cuestiona Eraña.
En el colmo, añade, no sólo desestimaron los argumentos de la coalición sobre la libertad del voto, sino que reprendieron a López Obrador por faltar a uno de los debates y criticar a las instituciones y las autoridades. "Lo que no se puede hacer en una sentencia es especular políticamente" como lo hicieron los magistrados.
El académico de la Universidad Iberoamericana sostiene que, desde la perspectiva institucional, el tribunal quedó debilitado. Esa será la herencia de los magistrados, dice en alusión a la salida de seis de los siete integrantes de la Sala Superior el próximo 31 de octubre, luego de 10 años de ejercicio en la primera época del TEPJF.
En su primera calificación de una elección presidencial, la que ganó Fox en 2000, los magistrados acreditaron su legitimidad de ejercicio, pero en la de este año, afirma, colocaron al tribunal en una mínima expresión.
Advierte que de esa manera se está habilitando el camino para que la justicia electoral vuelva a ser meramente administrativa, como lo fue antes de 1986, cuando el presidente Miguel de la Madrid impulsó, con la aprobación del Congreso, la creación de un tribunal de lo contencioso electoral.
"A eso quedó degradado el TEPJF. No porque no le haya dado la razón a la coalición Por el Bien de Todos, sino porque de manera irresponsable los jueces se restringieron a sí mismos y declinaron su tarea constitucional de interpretar la Constitución."
Además, considera, lo hicieron con argumentos inadmisibles, pues al señalar que la etapa jurisdiccional quedó agotada en la resolución de los juicios de inconformidad, en el dictamen sólo analizaron las pruebas, indicios o evidencias aportadas por la coalición, renunciado a su función de control constitucional del proceso electoral.
Eraña, quien durante más de 10 años ha sido asesor parlamentario en la Cámara de Diputados y el Senado, asegura que los magistrados se atrevieron a convalidar la ilegitimidad e ilegalidad de las intervenciones abusivas impugnadas por la coalición.
Todo fue reducido por los magistrados: los actos de precampaña, la campaña negativa del PAN y su candidato, los spots del CCE, la intervención del presidente, los promocionales de otras asociaciones civiles, la propaganda negativa de diversas empresas y la intervención del Dr. Simi y de Elba Esther Gordillo.
Lo sorprendente es que los mismos jueces constitucionales, que primero dijeron que se trataba de conductas ilegales y violatorias del código electoral -lo señalaron varias veces con relación a Fox y al CCE- actuaron después como jueces con vocación administrativista que sólo pensaron en la legalidad, pero nunca en la constitucionalidad, dice el especialista.
"Se montaron en el discurso de la legalidad porque la ley es la mejor trampa y la mejor excusa para quienes dejan de lado los principios y valores de la Constitución, entre ellos el del Estado democrático."
Sin embargo, Miguel Eraña considera ingenuo pensar que el Consejo General del IFE quedó a salvo con la calificación de validez de la elección, pues quedó implícitamente en el desprestigio porque el dictamen reconoce que hubo muchas irregularidades, pero que no se pudieron comprobar.
Irregularidades blanqueadas
Alfredo Orellana Moyao, especialista en derecho electoral y profesor de derecho público del ITAM, también cuestiona la estrechez con la que actuaron los magistrados. "Además de desestimar las dudas que generó la diferencia inferior a 1%, evitaron hacer una valoración en conjunto del proceso electoral. Atomizaron los argumentos de la coalición y al analizarlos por separado exigieron una causalidad para cada uno".
Como si fueran jueces civiles, agrega, resolvieron cosa por cosa cuando necesitaban transmitir la imagen de una autoridad que define las reglas del juego político. "Resolvieron como jueces ordinarios. Prefirieron la toga y el birrete en lugar de asumirse como calificadores, pues emitieron un dictamen ordinario y ortodoxo".
Integrante del Comité Conciudadano de Seguimiento del Proceso Electoral, Orellana responsabiliza a los magistrados de hacer laxa la ley, pues considera que debieron dar vista a las diferentes autoridades para que tuvieran consecuencias las irregularidades confirmadas y hechas públicas por el tribunal en su dictamen.
"Lo que hicieron fue transmitir que se puede violar o cometer irregularidades, siempre y cuando no se puedan medir los efectos. Nos dijeron cómo se pueden cometer ese tipo de violaciones sin que tengan consecuencias", asegura.
Carlos Pérez Vázquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), sintetiza: "Los magistrados abdicaron, decidieron reducir al máximo sus facultades".
La Sala Superior, dice, pudo resolver de otra manera con la misma ley, cómo ordenar el recuento total, enterar a las diferentes autoridades de las irregularidades que ellos mismos detectaron y, sobre todo, hablar de la calidad de la elección desde una perspectiva amplia.
Señala que los magistrados se refirieron a las irregularidades con un doble criterio de interpretación constitucional: en el caso de Elba Esther Gordillo, fueron estrictos al desestimar como prueba la grabación presentada por la coalición sobre los acuerdos que la líder del sindicato de maestros y del Partido Nueva Alianza tuvo el día de la elección con el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, para apoyar a Calderón.
En su dictamen, los magistrados rechazaron la grabación porque no se acreditó la obtención legal de la conversación, con lo que se apegaron en estricto a la Constitución. Pero al referirse a la intervención de extranjeros en la campaña presidencial del PAN, relajaron su criterio.
Señalaron que tanto la injerencia del exjefe de gobierno español José María Aznar en respaldo de Calderón, pero sobre todo la participación del asesor Antonio José Solá Reche, no violaron la Constitución, a pesar de que el artículo 33 establece que "los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país".
Esa es una muestra de la inconsistencia argumentativa e interpretativa del dictamen del tribunal, dice Pérez Vázquez.
Ana Mercedes Saiz, maestra en derecho público por la Universidad de Londres y asesora del Consejo General del IFE en cuatro procesos electorales federales desde las elecciones 1997, sostiene que "el ciudadano tiene derecho a saber por qué optó resolver como si se tratara de un caso civil o mercantil. (Y el Tribunal) no actuó de oficio para defender el interés ciudadano, pues a pesar de haber validado la elección, no sabemos cuáles fueron los 240 mil votos que fueron anulados. Nos dejaron en la misma incertidumbre".
Saiz, al igual que Pérez Vázquez y Orellana Moyao, participa en el Comité Conciudadano de Seguimiento del Proceso Electoral.
El análisis de los académicos coincide con el del asesor jurídico de López Obrador, Álvaro Arceo Corcuera, para quien los integrantes de la Sala Superior del TEPJF actuaron como jueces de un juzgado civil y no como magistrados de un tribunal con facultades constitucionales para analizar el proceso electoral en conjunto.
Detalla que mediante una decisión híbrida -jurisdiccional y administrativa-, los magistrados encontraron la puerta para hacer una valoración con la que prácticamente "hicieron lo que les vino en gana" con las argumentaciones de la coalición Por el Bien de Todos, dice Arceo, quien también fue asesor jurídico de López Obrador durante el proceso de desafuero al que fue sometido en 2005 el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal por el gobierno de Fox para sacarlo de la carrera presidencial.
Se trató de una salida letal para la coalición, pues de esa manera los magistrados convalidaron las irregularidades, para poder concluir que la elección presidencial fue válida. La intervención de Fox, que en palabras de la magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo fue "la mayor irregularidad del proceso electoral", no tuvo ningún efecto y quedó impune, enfatiza Corcuera Arceo.
Y señala que los integrantes de la Sala Superior del TEPJF se colocaron en la perspectiva del derecho civil, para el cual lo que no está en el expediente sencillamente no existe. Por eso dijeron que "no quedó probado en autos" el efecto que tuvo la conducta presidencial en el electorado.
En justificación de Fox, los magistrados dictaminaron que el presidente obedeció cuando se le llamó la atención y respetó la tregua navideña, con lo cual se borraron los efectos de su intervención.
Arceo identifica también parcialidad en la actuación de los magistrados y sospecha de la unanimidad con la que se condujeron los magistrados. "Si toda unanimidad es sospechosa, en este caso la duda se incrementa cuando en coro culpan a la coalición de haber sido negligente en la presentación de pruebas".
Al actuar de esa manera, se olvidaron de las garantías individuales, sobre todo la del voto público que, de acuerdo con los instrumentos internacionales firmados por México, no puede quedar al cuidado o a la habilidad de un tercero, sino del Estado y en este caso del TEPJF.
Corcuera Arceo también considera que el tribunal elaboró un manual para violar la Ley Electoral. De ahora en adelante se podrá mandar a hacer libelos contra cualquier candidato y quedará impune mientras no se mida su influencia en los electorales. Y en cuanto a la propaganda negra, si un partido o candidato la emprende y es respondida por los aludidos, tampoco pasará nada porque los magistrados establecieron que la culpa se compensa y, en última instancia, se declara la inexistencia del acto.
El mensaje, dice, fue claro: "Nuestras instituciones no son todo lo confiables que deberían ser y nos piden que las respetemos; pero quienes las encarnan son los primeros en violarlas"
No hay comentarios.:
Publicar un comentario