La renuencia del IFE a transparentar la elección, expresada en la negativa a poner a disposición de ciudadanos los paquetes electorales, se manifiesta igualmente en su respuesta a la petición del Presidente electo de preservar la documentación el mayor tiempo posible
Ni siquiera es buen lector el consejero presidente del Instituto Federal Electoral Luis Carlos Ugalde. Leyó un sustantivo donde había un verbo. No tiene importancia el leve desliz, salvo porque indica la nerviosa prisa que lo asaltó el martes para responder cuanto antes a un pedido de su amigo, el presidente electo Felipe Calderón, y para esconderse tras una mampara formal contra la transparencia.
Calderón, que no se atrevió durante las fases de cómputo y calificación electorales a admitir el recuento de los votos, tampoco se animó a sumarse explícitamente a la iniciativa de varias fuentes ciudadanas que quieren emprenderlo ahora, concluido el proceso electoral. Pero solicitó a Ugalde un acuerdo para "preservar el material electoral durante el tiempo que sea posible". Lo pidió consciente de que hace falta, aunque no lo diga, abonar "la certeza y confianza de los ciudadanos en las instituciones" y "contribuir al mejor entendimiento entre los mexicanos".
Con celeridad que el IFE no muestra cuando se trata de atender pedidos ciudadanos, Ugalde respondió con un innecesario argumento formalista, y más todavía, letrístico: dijo que "el término 'preservación' que usted propone en su carta no figura en la legislación electoral actual para referirse al uso o destino de los materiales y documentación electoral". Tiene razón: esas palabras, preservar o preservación, no aparecen en los textos legales, pero sí la función sustantiva que esos vocablos indican: mantener la integridad de dichos materiales, primero hasta la conclusión del proceso electoral y, terminado éste, hasta el momento de su destrucción.
Tal desenlace, hacer desaparecer las papeletas, está efectivamente previsto por la ley. Pero el artículo 254 del Código, que dispone la destrucción de la documentación electoral, otorga al instituto electoral la potestad de decidir cuándo y cómo consumarla. Lo hace su consejo a través de un acuerdo del Consejo General, que hasta ahora no ha sido adoptado. Es oportuno, por lo tanto, que en la deliberación que corresponda, cuando el tema sea sujeto a discusión, se consideren los pedidos del Presidente electo y los que implícitamente han sido formulados por medios de información y ciudadanos que piden revisar los votos emitidos el 2 de julio.
Hace seis años, el Consejo General del IFE no mostró en modo alguno urgencia por deshacerse de los materiales, por bromoso que fuera mantenerlos en las bodegas de los consejos distritales. Aguardó más de siete meses para concretar la disposición de artículo 254, y en enero de 2001 emitió los "lineamientos para la destrucción de los sobres que contienen la documentación electoral de las elecciones federales de 2000". En ellos dispuso que dicha documentación se destruyera en la sede de las juntas distritales ejecutivas "máximo 30 días después de aprobado el presente acuerdo". La destrucción concluyó, en consecuencia, el 22 de febrero siguiente.
En el IFE se desliza la afirmación, falsa, de que en este año ese momento debe ocurrir durante diciembre, porque así está previsto en un programa administrativo, elaborado antes de la jornada electoral. Debe quedar claro que esa anticipación logística carece en absoluto de fuerza legal, y que es posible, en consecuencia, que Ugalde considere el pedido de Calderón, que le solicitó "que en el marco de sus atribuciones sea promovido al interior del consejo que dignamente preside, el acuerdo necesario" para mantener disponible el material electoral. En las actuales circunstancias, un acuerdo que fije un lapso menor que el establecido en 2000, como mínimo, sólo contribuiría a espesar el ambiente contrario a la transparencia que priva en los órganos electorales.
El IFE se ha mostrado renuente a ofrecer a los diversos solicitantes acceso a las papeletas donde los ciudadanos expresaron su voto el 2 de julio. Entre otros peticionarios, el 8 de agosto el semanario Proceso demandó diversa documentación electoral. Al concluir el lapso inicial previsto por la ley para responder, el IFE practicó una ampliación del término, posible también legalmente, y sólo el 5 de septiembre emitió su respuesta, que fue negativa. Está abierto el término para iniciar el recurso de revisión dentro del propio Instituto, recurso administrativo que suele ser meramente formal pues rara vez los órganos llamados a revisar sus propias decisiones las modifican. Es de temerse, en consecuencia, sobre todo a la luz de la respuesta de Ugalde a Calderón, que se confirme la negativa inicial.
En ese momento será posible acudir a otros modos y mecanismos legales, como un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o demandas de amparo ante la justicia federal. Dado el carácter especioso de la respuesta del IFE (que acude a un precedente judicial que lo favorece y oculta otro, posterior, en sentido contrario), un juicio de garantías realizado a derechas satisfaría el interés ciudadano, asegurando además la preservación de la materia sobre la que el proceso versare.
Pueden recorrerse otros caminos. La doctora Irma Sandoval, especialista en el tema, ha propuesto pedir al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) un pronunciamiento sobre el tema, como guardián que debe ser de la transparencia y aunque carezca de facultades en la materia. Su presidente Alonso Lujambio, que como consejero electoral libró batallas contra la opacidad en el financiamiento de campañas electorales, está especialmente llamado a promoverlo.
Cajón de Sastre
Los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, que padecieron derrotas en las elecciones capitalinas, enfrentan ahora secuelas que pueden afectar aún más su precaria posición en el Distrito Federal. El comité panista, dirigido por Carlos Gelista, ha sido sometido a examen, y una de las posibilidades posteriores a ese análisis es la supresión del comité y su reemplazo por una delegación. Esa es la medida estatutaria, de carácter centralista, con la que el PAN enfrenta crisis de involución como la que sufre el panismo de la Ciudad de México. La derrota de ese partido hace tres años puso en jaque también a su líder, entonces José Luis Luege, que sin embargo ascendió en la jerarquía de su partido hasta hacerse secretario de Estado. En el PRI los desafectos a Beatriz Paredes y a María de los Ángeles Moreno, que no pudieron impedir la postulación de la primera, pretenden cobrarle cuentas, y han llegado más de una vez a la agresión física. Olvidan que la declinación priista en el DF data de tiempo atrás.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
Ni siquiera es buen lector el consejero presidente del Instituto Federal Electoral Luis Carlos Ugalde. Leyó un sustantivo donde había un verbo. No tiene importancia el leve desliz, salvo porque indica la nerviosa prisa que lo asaltó el martes para responder cuanto antes a un pedido de su amigo, el presidente electo Felipe Calderón, y para esconderse tras una mampara formal contra la transparencia.
Calderón, que no se atrevió durante las fases de cómputo y calificación electorales a admitir el recuento de los votos, tampoco se animó a sumarse explícitamente a la iniciativa de varias fuentes ciudadanas que quieren emprenderlo ahora, concluido el proceso electoral. Pero solicitó a Ugalde un acuerdo para "preservar el material electoral durante el tiempo que sea posible". Lo pidió consciente de que hace falta, aunque no lo diga, abonar "la certeza y confianza de los ciudadanos en las instituciones" y "contribuir al mejor entendimiento entre los mexicanos".
Con celeridad que el IFE no muestra cuando se trata de atender pedidos ciudadanos, Ugalde respondió con un innecesario argumento formalista, y más todavía, letrístico: dijo que "el término 'preservación' que usted propone en su carta no figura en la legislación electoral actual para referirse al uso o destino de los materiales y documentación electoral". Tiene razón: esas palabras, preservar o preservación, no aparecen en los textos legales, pero sí la función sustantiva que esos vocablos indican: mantener la integridad de dichos materiales, primero hasta la conclusión del proceso electoral y, terminado éste, hasta el momento de su destrucción.
Tal desenlace, hacer desaparecer las papeletas, está efectivamente previsto por la ley. Pero el artículo 254 del Código, que dispone la destrucción de la documentación electoral, otorga al instituto electoral la potestad de decidir cuándo y cómo consumarla. Lo hace su consejo a través de un acuerdo del Consejo General, que hasta ahora no ha sido adoptado. Es oportuno, por lo tanto, que en la deliberación que corresponda, cuando el tema sea sujeto a discusión, se consideren los pedidos del Presidente electo y los que implícitamente han sido formulados por medios de información y ciudadanos que piden revisar los votos emitidos el 2 de julio.
Hace seis años, el Consejo General del IFE no mostró en modo alguno urgencia por deshacerse de los materiales, por bromoso que fuera mantenerlos en las bodegas de los consejos distritales. Aguardó más de siete meses para concretar la disposición de artículo 254, y en enero de 2001 emitió los "lineamientos para la destrucción de los sobres que contienen la documentación electoral de las elecciones federales de 2000". En ellos dispuso que dicha documentación se destruyera en la sede de las juntas distritales ejecutivas "máximo 30 días después de aprobado el presente acuerdo". La destrucción concluyó, en consecuencia, el 22 de febrero siguiente.
En el IFE se desliza la afirmación, falsa, de que en este año ese momento debe ocurrir durante diciembre, porque así está previsto en un programa administrativo, elaborado antes de la jornada electoral. Debe quedar claro que esa anticipación logística carece en absoluto de fuerza legal, y que es posible, en consecuencia, que Ugalde considere el pedido de Calderón, que le solicitó "que en el marco de sus atribuciones sea promovido al interior del consejo que dignamente preside, el acuerdo necesario" para mantener disponible el material electoral. En las actuales circunstancias, un acuerdo que fije un lapso menor que el establecido en 2000, como mínimo, sólo contribuiría a espesar el ambiente contrario a la transparencia que priva en los órganos electorales.
El IFE se ha mostrado renuente a ofrecer a los diversos solicitantes acceso a las papeletas donde los ciudadanos expresaron su voto el 2 de julio. Entre otros peticionarios, el 8 de agosto el semanario Proceso demandó diversa documentación electoral. Al concluir el lapso inicial previsto por la ley para responder, el IFE practicó una ampliación del término, posible también legalmente, y sólo el 5 de septiembre emitió su respuesta, que fue negativa. Está abierto el término para iniciar el recurso de revisión dentro del propio Instituto, recurso administrativo que suele ser meramente formal pues rara vez los órganos llamados a revisar sus propias decisiones las modifican. Es de temerse, en consecuencia, sobre todo a la luz de la respuesta de Ugalde a Calderón, que se confirme la negativa inicial.
En ese momento será posible acudir a otros modos y mecanismos legales, como un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o demandas de amparo ante la justicia federal. Dado el carácter especioso de la respuesta del IFE (que acude a un precedente judicial que lo favorece y oculta otro, posterior, en sentido contrario), un juicio de garantías realizado a derechas satisfaría el interés ciudadano, asegurando además la preservación de la materia sobre la que el proceso versare.
Pueden recorrerse otros caminos. La doctora Irma Sandoval, especialista en el tema, ha propuesto pedir al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) un pronunciamiento sobre el tema, como guardián que debe ser de la transparencia y aunque carezca de facultades en la materia. Su presidente Alonso Lujambio, que como consejero electoral libró batallas contra la opacidad en el financiamiento de campañas electorales, está especialmente llamado a promoverlo.
Cajón de Sastre
Los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, que padecieron derrotas en las elecciones capitalinas, enfrentan ahora secuelas que pueden afectar aún más su precaria posición en el Distrito Federal. El comité panista, dirigido por Carlos Gelista, ha sido sometido a examen, y una de las posibilidades posteriores a ese análisis es la supresión del comité y su reemplazo por una delegación. Esa es la medida estatutaria, de carácter centralista, con la que el PAN enfrenta crisis de involución como la que sufre el panismo de la Ciudad de México. La derrota de ese partido hace tres años puso en jaque también a su líder, entonces José Luis Luege, que sin embargo ascendió en la jerarquía de su partido hasta hacerse secretario de Estado. En el PRI los desafectos a Beatriz Paredes y a María de los Ángeles Moreno, que no pudieron impedir la postulación de la primera, pretenden cobrarle cuentas, y han llegado más de una vez a la agresión física. Olvidan que la declinación priista en el DF data de tiempo atrás.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
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