Jenaro Villamil
Los nueve consejeros electorales del Instituto Federal Electoral (IFE) y los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya no tienen a nadie que los defienda.
En el seno de la LX Legislatura, prácticamente se da como un hecho el relevo de los integrantes del Consejo General del IFE. Además, el pasado lunes 4, el día previo a la resolución final del Tribunal Electoral en torno a los resultados de los comicios del 2 de julio, llegó a San Lázaro una denuncia de juicio político contra los siete magistrados de ese cuerpo colegiado por su actuación "en contra de la lógica jurídica que ellos mismos utilizaron de manera oficial hace dos años", en el caso de Quintana Roo.
Mientras se resuelve el caso de los magistrados, seis de los cuales terminan su gestión el próximo 30 de octubre, las presiones y los golpes bajos se intensifican en el Consejo General del IFE.
Ahí, uno de los bloques que pretende quedarse con el control del instituto es conocido como El Yunque, el cual está integrado por cuatro de los nueve consejeros, según funcionarios medios y trabajadores del instituto consultados. Ellos son: Arturo Sánchez, a quien identifican como el virtual "vicepresidente" del IFE, ya que controla las comisiones de Administración y la de Informática; Andrés Albo, quien preside la poderosa Comisión de Fiscalización, encargada de revisar las cuentas de los partidos; Alejandra Latapí, responsable de las relaciones interinstitucionales; y María Teresa González Luna, quien prácticamente en todas las votaciones divididas se alinea con la posición de Arturo Sánchez.
A este bloque se le conoce como El Yunque no sólo por su proclividad al PAN, sino por su actuación unánime en el control de los principales cargos administrativos y de decisión en el interior del instituto.
Existe otro grupo de consejeros, menos sólido, que representa el contrapunto a El Yunque. En él se incluyen Virgilio Andrade, Marco Antonio Gómez Alcántar -ambos llegaron como propuestas del PRI y del Partido Verde-, la consejera Lourdes López, quien algunas veces vota de manera independiente, y el consejero Rodrigo Morales, quien de repente coincide con el otro bloque.
Las posiciones que asume el consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, le permiten mantener el equilibrio. Según sus intereses, vota por posturas que a veces chocan con sus atribuciones como presidente de la Junta General Ejecutiva, el segundo órgano en importancia del IFE.
La existencia de ambos bloques queda de manifiesto si se hace un seguimiento de las votaciones del Consejo General del instituto desde la primera sesión del 18 de enero de 2006 -con la que dio inicio formal la contienda electoral del 2 de julio- hasta la del 23 de agosto:
-En 191 votaciones, por ejemplo, los acuerdos se llevaron por unanimidad de los nueve consejeros. En la mayoría se trató de acuerdos administrativos o de casos previamente "amarrados" con los representantes de los partidos.
-En 77 ocasiones hubo una votación dividida. Es fácil identificar un bloque que casi siempre votó en conjunto: Arturo Sánchez, Andrés Albo, Alejandra Latapí y María Teresa González Luna. Esta última y Arturo Sánchez se inclinaron en casi todos los casos a favor de los intereses del PAN. Además, en una sola ocasión -el 15 de mayo-, tanto Latapí como González Luna votaron en contra del acuerdo relativo a las cancelaciones de candidatos a senadores y diputados plurinominales de la Alianza por México y la coalición Por el Bien de Todos.
-En tres ocasiones, Ugalde votó en contra de su propia posición expresada en acuerdos previos de la Junta General Ejecutiva; fue el caso de la sanción a los spots de la campaña negativa del PAN.
-En una ocasión -el 21 de abril-, el consejero presidente perdió al votar junto con Virgilio Andrade, Alejandra Latapí y Lourdes López. En esa ocasión sufragó en contra de la denuncia de la coalición Por el Bien de Todos contra cuatro promocionales del PAN.
-El bloque contrario a El Yunque se expresó claramente en la sesión del 18 de enero de 2006. Virgilio Andrade, Marco Antonio Gómez, Lourdes López y Rodrigo Morales votaron en contra del acuerdo del Consejo General que aprobó el registro de la plataforma electoral del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina. En esa ocasión, Ugalde se sumó al bloque de los yunquistas, quienes ganaron la votación.
-Otra sesión en la que se observó la división fue la del 25 de mayo, cuando se discutió la orden para que el PAN, en lo sucesivo, se abstuviera de difundir publicidad negativa, en particular cuando existan expresiones que denigren a los partidos políticos, las coaliciones o sus candidatos. En contra de esa resolución votaron Andrés Albo, María Teresa González Luna, Alejandra Latapí y Arturo Sánchez, del bloque conocido como El Yunque. Ugalde votó a favor, con lo que dicho bloque ganó por cinco votos a cuatro. Así mismo, en las reuniones internas, estos consejeros responsabilizan con frecuencia a la Junta General Ejecutiva, encabezada por Luis Carlos Ugalde, de los errores en la etapa poselectoral.
Es conocida su intención de remover a cuatro de los hombres clave de Ugalde: Hugo Concha, director ejecutivo de Capacitación Electoral; Miguel Ángel Solís, director de Organización, Eduardo Guerrero y Alejandro Ríos Camarena, secretario particular de Ugalde.
La mayoría de los ocho consejeros incluso han pedido la remoción del coordinador de Comunicación Social, Gustavo Lomelín, a quien atribuyen los "errores de comunicación" del instituto.
En la sesión del 31 de agosto, la Coordinación de Comunicación Social presentó un informe sobre los boletines de prensa, conferencias, entrevistas y "cartas aclaratorias" enviadas a los medios. Esta área presenta como un "logro" el envío de 75 cartas aclaratorias, en su mayoría a 17 medios impresos: La Jornada (31%), Reforma (15%), Excélsior y El Economista (8%), El Sol de México y El Universal (5%).
Sin embargo, el reporte no valora cuáles fueron los efectos de esas "cartas aclaratorias" ni reconoce ningún problema en la estrategia de comunicación del IFE.
Demanda de juicio político
El líder de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, considera que los integrantes del Consejo General del IFE deben ser removidos, y anunció que hará la propuesta de facto a su homólogo del PAN, Héctor Larios.
Aunque matizó ante sus colaboradores hace unos días: "Sería una mala negociación si ponen sobre la mesa la renuncia de los consejeros desde el inicio. Está sobreentendido que nosotros no vamos a ninguna reforma electoral si se mantienen los consejeros".
El coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, también había declarado en entrevista con El Universal -publicada el 30 de agosto- que, "así como se debe reestructurar por ley el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su totalidad, valdría la pena que en el IFE sucediera lo mismo". Se necesita sólo un cambio de personalidades, porque la institución es sólida y tenemos que apoyarla, precisó.
Una semana después, avalado ya el resultado de los comicios por los integrantes de Tribunal Electoral, quienes además pidieron evitar cualquier observación negativa sobre la actuación del Consejo General del IFE, la coordinadora del PRD en la Asamblea Legislativa, Lorena Villavicencio, volvió a la carga. Presentó un punto de acuerdo, que inmediatamente fue aprobado por las fracciones de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Verde Ecologista Mexicano, en el que se le solicita a la Cámara de Diputados iniciar un proceso de juicio político contra los consejeros electorales:
"El IFE -arguye la propuesta- vulneró el derecho del pueblo a participar en la vida democrática del país, al no garantizar certeza, legalidad e independencia, imparcialidad y objetividad en el cumplimiento de sus funciones."
Al preguntarle a Manuel Espino acerca de este punto de acuerdo, el presidente nacional del PAN se limitó a responder que respetaba la petición promovida por el PRD.
"Ya en su momento, ante hechos consumados, daremos nuestra opinión", dijo el jueves 7, al salir de una reunión con el titular de la Secretaría de Gobernación, Carlos Abascal Carranza.
Magistrados en la picota
El juicio político contra los siete magistrados del TEPJF lo promueven varios ciudadanos de la comunidad científica, entre ellos René Sánchez Galindo, Josefina del Socorro Mena Abraham y Blanca Lilia Morales Sánchez. En su denuncia, que presentaron a la Sección Instructora y a la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicio Político de la Cámara de Diputados, sostienen que los magistrados "no asumieron sus facultades constitucionales, no utilizaron su poder; en otras palabras, no se consagraron como órgano máximo, de último grado para el control electoral".
"Por el contrario -argumentan-, actuaron en contravención a la Constitución Federal, en contra de su naturaleza institucional y en contra de la lógica jurídica que ellos mismos utilizaron de manera oficial hace dos años."
Como prueba, mencionan la resolución emitida en 2004 por el tribunal en el caso de la Ley Electoral de Quintana Roo, a raíz de los juicios promovidos por Convergencia, el PAN y el PRD.
En esa resolución, los magistrados acordaron que no todas las causas para dudar de la certeza en una elección y para poner en entredicho los resultados electorales pueden estar previstas expresamente en las leyes y que, en ejercicio de sus funciones, "deben estar pendientes de las circunstancias que pongan en duda la certeza electoral, aun sobre aquellas circunstancias que no están previstas en la legislación".
Los promotores del juicio político contra los magistrados del tribunal, demanda cuya copia obtuvo Proceso, afirman que desde el 30 de julio de 2006 "la comunidad científica presentó estudios de técnicos que demuestran dudas insoslayables que representan circunstancias que ponen en entredicho la certeza de los resultados de la elección del 2 de julio de 2006. Estos estudios se presentaron dentro del expediente SUN-JIN 212/2006 y basándose en el derecho constitucional de petición, sin que a la fecha haya recaído ni se hubiese notificado acuerdo alguno".
En el seno de la LX Legislatura, prácticamente se da como un hecho el relevo de los integrantes del Consejo General del IFE. Además, el pasado lunes 4, el día previo a la resolución final del Tribunal Electoral en torno a los resultados de los comicios del 2 de julio, llegó a San Lázaro una denuncia de juicio político contra los siete magistrados de ese cuerpo colegiado por su actuación "en contra de la lógica jurídica que ellos mismos utilizaron de manera oficial hace dos años", en el caso de Quintana Roo.
Mientras se resuelve el caso de los magistrados, seis de los cuales terminan su gestión el próximo 30 de octubre, las presiones y los golpes bajos se intensifican en el Consejo General del IFE.
Ahí, uno de los bloques que pretende quedarse con el control del instituto es conocido como El Yunque, el cual está integrado por cuatro de los nueve consejeros, según funcionarios medios y trabajadores del instituto consultados. Ellos son: Arturo Sánchez, a quien identifican como el virtual "vicepresidente" del IFE, ya que controla las comisiones de Administración y la de Informática; Andrés Albo, quien preside la poderosa Comisión de Fiscalización, encargada de revisar las cuentas de los partidos; Alejandra Latapí, responsable de las relaciones interinstitucionales; y María Teresa González Luna, quien prácticamente en todas las votaciones divididas se alinea con la posición de Arturo Sánchez.
A este bloque se le conoce como El Yunque no sólo por su proclividad al PAN, sino por su actuación unánime en el control de los principales cargos administrativos y de decisión en el interior del instituto.
Existe otro grupo de consejeros, menos sólido, que representa el contrapunto a El Yunque. En él se incluyen Virgilio Andrade, Marco Antonio Gómez Alcántar -ambos llegaron como propuestas del PRI y del Partido Verde-, la consejera Lourdes López, quien algunas veces vota de manera independiente, y el consejero Rodrigo Morales, quien de repente coincide con el otro bloque.
Las posiciones que asume el consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, le permiten mantener el equilibrio. Según sus intereses, vota por posturas que a veces chocan con sus atribuciones como presidente de la Junta General Ejecutiva, el segundo órgano en importancia del IFE.
La existencia de ambos bloques queda de manifiesto si se hace un seguimiento de las votaciones del Consejo General del instituto desde la primera sesión del 18 de enero de 2006 -con la que dio inicio formal la contienda electoral del 2 de julio- hasta la del 23 de agosto:
-En 191 votaciones, por ejemplo, los acuerdos se llevaron por unanimidad de los nueve consejeros. En la mayoría se trató de acuerdos administrativos o de casos previamente "amarrados" con los representantes de los partidos.
-En 77 ocasiones hubo una votación dividida. Es fácil identificar un bloque que casi siempre votó en conjunto: Arturo Sánchez, Andrés Albo, Alejandra Latapí y María Teresa González Luna. Esta última y Arturo Sánchez se inclinaron en casi todos los casos a favor de los intereses del PAN. Además, en una sola ocasión -el 15 de mayo-, tanto Latapí como González Luna votaron en contra del acuerdo relativo a las cancelaciones de candidatos a senadores y diputados plurinominales de la Alianza por México y la coalición Por el Bien de Todos.
-En tres ocasiones, Ugalde votó en contra de su propia posición expresada en acuerdos previos de la Junta General Ejecutiva; fue el caso de la sanción a los spots de la campaña negativa del PAN.
-En una ocasión -el 21 de abril-, el consejero presidente perdió al votar junto con Virgilio Andrade, Alejandra Latapí y Lourdes López. En esa ocasión sufragó en contra de la denuncia de la coalición Por el Bien de Todos contra cuatro promocionales del PAN.
-El bloque contrario a El Yunque se expresó claramente en la sesión del 18 de enero de 2006. Virgilio Andrade, Marco Antonio Gómez, Lourdes López y Rodrigo Morales votaron en contra del acuerdo del Consejo General que aprobó el registro de la plataforma electoral del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina. En esa ocasión, Ugalde se sumó al bloque de los yunquistas, quienes ganaron la votación.
-Otra sesión en la que se observó la división fue la del 25 de mayo, cuando se discutió la orden para que el PAN, en lo sucesivo, se abstuviera de difundir publicidad negativa, en particular cuando existan expresiones que denigren a los partidos políticos, las coaliciones o sus candidatos. En contra de esa resolución votaron Andrés Albo, María Teresa González Luna, Alejandra Latapí y Arturo Sánchez, del bloque conocido como El Yunque. Ugalde votó a favor, con lo que dicho bloque ganó por cinco votos a cuatro. Así mismo, en las reuniones internas, estos consejeros responsabilizan con frecuencia a la Junta General Ejecutiva, encabezada por Luis Carlos Ugalde, de los errores en la etapa poselectoral.
Es conocida su intención de remover a cuatro de los hombres clave de Ugalde: Hugo Concha, director ejecutivo de Capacitación Electoral; Miguel Ángel Solís, director de Organización, Eduardo Guerrero y Alejandro Ríos Camarena, secretario particular de Ugalde.
La mayoría de los ocho consejeros incluso han pedido la remoción del coordinador de Comunicación Social, Gustavo Lomelín, a quien atribuyen los "errores de comunicación" del instituto.
En la sesión del 31 de agosto, la Coordinación de Comunicación Social presentó un informe sobre los boletines de prensa, conferencias, entrevistas y "cartas aclaratorias" enviadas a los medios. Esta área presenta como un "logro" el envío de 75 cartas aclaratorias, en su mayoría a 17 medios impresos: La Jornada (31%), Reforma (15%), Excélsior y El Economista (8%), El Sol de México y El Universal (5%).
Sin embargo, el reporte no valora cuáles fueron los efectos de esas "cartas aclaratorias" ni reconoce ningún problema en la estrategia de comunicación del IFE.
Demanda de juicio político
El líder de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, considera que los integrantes del Consejo General del IFE deben ser removidos, y anunció que hará la propuesta de facto a su homólogo del PAN, Héctor Larios.
Aunque matizó ante sus colaboradores hace unos días: "Sería una mala negociación si ponen sobre la mesa la renuncia de los consejeros desde el inicio. Está sobreentendido que nosotros no vamos a ninguna reforma electoral si se mantienen los consejeros".
El coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, también había declarado en entrevista con El Universal -publicada el 30 de agosto- que, "así como se debe reestructurar por ley el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su totalidad, valdría la pena que en el IFE sucediera lo mismo". Se necesita sólo un cambio de personalidades, porque la institución es sólida y tenemos que apoyarla, precisó.
Una semana después, avalado ya el resultado de los comicios por los integrantes de Tribunal Electoral, quienes además pidieron evitar cualquier observación negativa sobre la actuación del Consejo General del IFE, la coordinadora del PRD en la Asamblea Legislativa, Lorena Villavicencio, volvió a la carga. Presentó un punto de acuerdo, que inmediatamente fue aprobado por las fracciones de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Verde Ecologista Mexicano, en el que se le solicita a la Cámara de Diputados iniciar un proceso de juicio político contra los consejeros electorales:
"El IFE -arguye la propuesta- vulneró el derecho del pueblo a participar en la vida democrática del país, al no garantizar certeza, legalidad e independencia, imparcialidad y objetividad en el cumplimiento de sus funciones."
Al preguntarle a Manuel Espino acerca de este punto de acuerdo, el presidente nacional del PAN se limitó a responder que respetaba la petición promovida por el PRD.
"Ya en su momento, ante hechos consumados, daremos nuestra opinión", dijo el jueves 7, al salir de una reunión con el titular de la Secretaría de Gobernación, Carlos Abascal Carranza.
Magistrados en la picota
El juicio político contra los siete magistrados del TEPJF lo promueven varios ciudadanos de la comunidad científica, entre ellos René Sánchez Galindo, Josefina del Socorro Mena Abraham y Blanca Lilia Morales Sánchez. En su denuncia, que presentaron a la Sección Instructora y a la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicio Político de la Cámara de Diputados, sostienen que los magistrados "no asumieron sus facultades constitucionales, no utilizaron su poder; en otras palabras, no se consagraron como órgano máximo, de último grado para el control electoral".
"Por el contrario -argumentan-, actuaron en contravención a la Constitución Federal, en contra de su naturaleza institucional y en contra de la lógica jurídica que ellos mismos utilizaron de manera oficial hace dos años."
Como prueba, mencionan la resolución emitida en 2004 por el tribunal en el caso de la Ley Electoral de Quintana Roo, a raíz de los juicios promovidos por Convergencia, el PAN y el PRD.
En esa resolución, los magistrados acordaron que no todas las causas para dudar de la certeza en una elección y para poner en entredicho los resultados electorales pueden estar previstas expresamente en las leyes y que, en ejercicio de sus funciones, "deben estar pendientes de las circunstancias que pongan en duda la certeza electoral, aun sobre aquellas circunstancias que no están previstas en la legislación".
Los promotores del juicio político contra los magistrados del tribunal, demanda cuya copia obtuvo Proceso, afirman que desde el 30 de julio de 2006 "la comunidad científica presentó estudios de técnicos que demuestran dudas insoslayables que representan circunstancias que ponen en entredicho la certeza de los resultados de la elección del 2 de julio de 2006. Estos estudios se presentaron dentro del expediente SUN-JIN 212/2006 y basándose en el derecho constitucional de petición, sin que a la fecha haya recaído ni se hubiese notificado acuerdo alguno".
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