Daniel Lizárraga y Rosalía Vergara
Después de que el IFE rechazó la solicitud de Proceso para tener acceso a las boletas de la elección presidencial, varios especialistas en el tema, incluyendo exconsejeros electorales, señalaron que ese dictamen viola la Constitución y la Ley de Transparencia. Advirtieron que los argumentos esgrimidos por el IFE -que calificaron de "políticos", "metajurídicos", "metafísicos" y hasta "esotéricos"-, más allá de parecer una broma significan que, de ahora en adelante, "ningún ciudadano podrá en México averiguar de primera mano cómo trabajaron sus autoridades en el manejo de los votos".
En lo que constituye una violación al derecho de acceso a la información, y en contra de su obligación constitucional de garantizar la certeza en los resultados electorales, el IFE rechazó la petición de Proceso para acceder a las boletas utilizadas en la votación presidencial del pasado 2 de julio, no obstante la vasta inconformidad ciudadana por su desempeño y el del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Especialistas consultados acerca de esta primera resolución sobre un paquete de tres solicitudes de información -a las cuales se sumaron organizaciones civiles, universidades, alrededor de 200 académicos y 15 mil lectores de Proceso-, evaluaron en esos términos la determinación del Instituto Federal Electoral, y precisaron:
"Esa decisión del IFE sienta un precedente en el sentido de que ningún ciudadano -sin importar su condición- podrá en México averiguar de primera mano cómo trabajaron sus autoridades en el manejo de los votos, y cierra la puerta a los medios de comunicación que pretendían realizar investigaciones particulares al respecto -como W Radio y El Universal-, aunque estén en juego la legitimidad y el uso de enormes cantidades de recursos públicos."
En una notificación enviada a este semanario el martes 5 de septiembre, la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Transparencia del IFE no sólo desecharon cualquier posibilidad de realizar un recuento ciudadano de los sufragios. También advirtieron que, al término del proceso electoral -el TEPJF estaba a punto de concluir la calificación de los comicios-, los votos serían destruidos.
Esta inédita resolución del IFE, sin precedentes desde que, hace tres años, entró en vigor la Ley Federal de Transparencia, fue calificada por expertos, académicos, investigadores y exconsejeros electorales como violatoria del propio Reglamento de Transparencia del IFE. Y, por los términos en que fue redactada, le atribuyeron interpretaciones "contradictorias", "metajurídicas", "metafisicas" y hasta "esotéricas".
Ante esta respuesta del IFE, Proceso decidió solicitar un amparo durante los próximos días con la intención de que un juez detenga la destrucción de las boletas electorales -mediante una suspensión del acto reclamado- mientras no se resuelva, de fondo, si el IFE violó o no el artículo 6 de la Constitución, que garantiza el derecho a la información.
El litigio estará encabezado por el abogado Miguel Cano, de la Asociación Civil Fundar, y será apoyado por el especialista en derecho a la información Ernesto Villanueva, así como por el investigador John Ackerman, en un caso que podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En forma paralela, Proceso presentará este lunes 11 de septiembre un recurso de revisión ante el Comité de Información del IFE y, de confirmarse la negativa, interpondrá un recurso ante el TEPJF buscando la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano.
En principio, Proceso formuló dos requerimientos. Uno de ellos, firmado por el director del semanario, Rafael Rodríguez Castañeda, será entregado a un juez federal, y otro, tramitado a nombre de Daniel Lizárraga, continuará la ruta de impugnación dentro del IFE.
Sin tomar partido por ninguna de las partes contendientes en el proceso electoral, Proceso solicitó acceso a los votos y documentos electorales para realizar un análisis imparcial de los mismos y, a la vez, evaluar el trabajo desarrollado por los miembros del IFE, cuyas acciones y salarios son cubiertos con recursos públicos.
Fue así como, con base en la Ley Federal de Transparencia, el pasado 28 de julio este semanario presentó un paquete de tres solicitudes de información. En dos de ellas, se demandaron copias de los documentos oficiales empleados por el IFE el pasado 2 de julio, y en otra se pidió acceso a las boletas electorales correspondientes a los comicios para presidente de la República, con el fin de realizar un conteo independiente de los partidos, candidatos y organizaciones afines.
El IFE sólo admitió que podría haber acceso a las copias de las actas de la jornada electoral; al acta final de escrutinio y cómputo; a las actas circunstanciadas de recepción del paquete electoral de los 300 distritos, y a otros documentos elaborados por servidores públicos del IFE. Lo anterior, estipuló, previo pago de 289 mil 970 pesos.
Sin embargo, para efectos de la investigación que Proceso pretende desarrollar, los documentos ofrecidos por el IFE carecen de sentido sin el acceso a las boletas electorales.
La noche del viernes 8, la Dirección de Comunicación Social del IFE emitió un boletín donde reitera sus argumentos e insiste en que "no es jurídicamente posible entregar o poner a disposición de persona alguna los votos contenidos en los paquetes electorales", adelantándose a lo que pudiera resolver su propio Comité de Transparencia, integrado por consejeros electorales y representantes de partidos.
Además, el comunicado expresa que "la ley sí prevé expresamente mantener en resguardo la documentación electoral y el destino final de la misma", no obstante que en la notificación enviada a Proceso el IFE había argumentado que las boletas no son documentos.
Lo que no indica el boletín es que aun dentro del IFE existen diferentes posturas sobre la viabilidad de la solicitud de este semanario. Eduardo Guerrero, coordinador de asesores del consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, votó en contra de que se rechazara el acceso a las boletas electorales, dentro del Comité de Información.
Sin embargo, Eduardo Guerrero -quien fue director general de Estudios e Investigación del IFAI- fue derrotado dos a uno por el secretario ejecutivo, Manuel López Bernal, y el contralor interno del IFE, Francisco Guerrero.
Los "argumentos"
La negativa del IFE gira, fundamentalmente, sobre dos ejes: uno, los votos "no son documentos"; y dos, el Consejo General tiene la obligación de procesarlos, cuidarlos y después destruirlos.
Argumenta que las boletas no se ajustan a la definición legal de documento que, supuestamente, prevén la Ley Federal de Transparencia y el Reglamento del IFE, pues, a su juicio, un documento debe registrar nítidamente actividades de los servidores públicos.
"Las boletas -dictaminó literalmente el organismo- no son documentos jurídicamente hablando, sólo son la expresión material de la preferencia electoral de la ciudadanía votante. Las boletas registran la expresión popular del voto, y esa expresión no puede calificarse como actividad o facultad del IFE y sus servidores públicos."
La notificación del IFE -de 25 páginas de extensión- agrega que las boletas dejan de ser materiales electorales cuando el ciudadano vota en ellas. Una vez que el sufragio es introducido en la urna, continúa, "lo que en un principio era una boleta se transforma, más allá de cualquier otra consideración, en un sufragio".
Así mismo, el IFE pretende justificar su decisión con el expediente de que el Cofipe regula la "inviolabilidad de los votos" y establece los casos excepcionales, extraordinarios y de última instancia para la apertura de los sobres, exclusivamente, en las sesiones de cómputo distrital.
Para rematar: "Sobre el destino de las boletas, el artículo 254 del Cofipe mandata su destrucción. Dicha destrucción es el acto que por naturaleza explica y demuestra la definitividad de las distintas etapas del proceso electoral. Una vez que el TEPJF resuelve los diversos recursos que recaen en el proceso electoral -dentro de los que se contempla el conteo de los votos que presentan dudas-, el proceso es definitivo. El TEPJF ya determinó que los materiales electorales no pueden tener ningún otro fin que aquel que establece la Ley Electoral".
Según la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Información del IFE, no hay por qué interrumpir el resguardo, la inviolabilidad y destrucción de las boletas, excepto cuando así lo disponga un mandato judicial emanado del TEPJF. Nada más.
"Más leña al fuego"
En cuanto fue difundida la notificación del IFE a Proceso, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y miembros de organizaciones no gubernamentales reprobaron la decisión.
"Es una respuesta política", manifestó el especialista John Ackerman. "Tiene aspectos metajurídicos", advirtió Ernesto Villanueva. "Es incongruente", comentaron los exconsejeros electorales del Distrito Federal Rubén Lara y Eduardo Huchim, en tanto que Irma Sandoval, del Instituto de Investigaciones Sociales, señaló que, de plano, la notificación del IFE "es metafísica y esotérica".
Durante el Ciclo de mesas redondas sobre la transparencia electoral, organizado en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Ernesto Villanueva destacó que al denegar la solicitud de Proceso, que cuenta con el apoyo de miles de ciudadanos y organizaciones sociales, el IFE está violando el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, toda vez que en ninguna parte de ésta la información electoral es considerada como archivo clasificado.
Coincidió con la afirmación en el sentido de que la decisión del IFE es política, pues con ella pareciera querer sepultar "las inconsistencias del proceso" electoral para que ya "no se haga más ruido" al respecto.
"La intención -puntualizó- es que no quede huella del desempeño de sus funcionarios. Sin embargo, el proceso por abrir la información apenas empieza, y lo que sigue es interponer recursos por la vía del amparo", adelantó.
De acuerdo con los ponentes del evento organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el Consejo General del IFE podría acordar, de un momento a otro, quemar las boletas electorales.
En particular, Irma Sandoval expuso que "ésta fue una prueba para la Ley de Transparencia, cuya finalidad es dar acceso a la información pública. Y el IFE es un sujeto obligado, por lo que su respuesta se torna débil, jurídicamente".
Sandoval criticó el hecho de que el IFE no considere las boletas electorales como documentos, pues el derecho a la información faculta a la ciudadanía para que pueda estar documentada mediante textos, cintas electromagnéticas, fotografías, audios, videos, etcétera. Así pues, añadió, con su postura el IFE está dando acceso a todo, "menos a las boletas electorales".
Aparte de que el IFE ha caído en "una contradicción jurídica", pues el mismo instituto afirma que "todo lo que se guarda en los paquetes electorales es información electoral", incurrió en una interpretación distorsionada de la Ley de Transparencia con la insólita creación de una nueva categoría: la información destructible. Así, mientras los ciudadanos pueden tener acceso a la información indestructible, será imposible que accedan a las boletas electorales porque éstas son "información destructible".
La especialista enfatizó que el propósito de la solicitud para acceder a las boletas electorales no es nombrar un presidente ciudadano, sino someter a la rendición de cuentas a los órganos electorales.
También John Ackerman puntualizó que el recuento ciudadano no responde a una pretensión política, sino a la necesidad de saber qué pasó el 2 de julio. Y ese recuento, que se haría "de una vez y para siempre", "no tiene impacto legal sobre el propio proceso electoral". Sin embargo, advirtió, "la mitad de la respuesta del IFE es política".
Cuando el exconsejero electoral del IEDF Rubén Lara se enteró de que el argumento central de la negativa del IFE consistía en que las boletas electorales son "la expresión material de la preferencia electoral" y no documentos públicos, dijo irónicamente que, en consecuencia, el IFE debió redactar así su respuesta a Proceso: "no te puedo dar acceso a las expresiones materiales de la preferencia electoral".
Por su parte, Jesús Cantú y Jaime Cárdenas, exconsejeros electorales del IFE, coincidieron en que destruir las boletas electorales agudizaría la crisis poselectoral.
Jaime Cárdenas, para quien el IFE ya parece patrimonio personal de quien lo preside, señaló que la destrucción de las boletas electorales -aunque está prevista en el Cofipe- requiere un acuerdo previo del Consejo General, pero hacerlo, señaló, "sería echarle más leña al fuego".
La sombra del 88
Por lo pronto, hasta el cierre de esta edición no había acuerdo de los consejeros del IFE para destruir las boletas electorales, pero los académicos, especialistas y exconsejeros mencionaron la posibilidad de que las destruyan en diciembre próximo.
E inevitablemente rememoraron el fraude electoral de 1988. En ese entonces, Carlos Salinas de Gortari "le arrebató" la Presidencia de la República a Cuauhtémoc Cárdenas, quien en julio de ese año manifestó que el gobierno priista pretendía "la imposición de un presidente alterando la votación, primer caso de este tipo en la historia electoral reciente del país" (Proceso 611).
En cuanto a la destrucción de la documentación electoral de las elecciones que en el año 2000 llevaron a Vicente Fox a la Presidencia, el Consejo General del IFE acordó que el 30 de febrero de 2001 debían destruirse 113 mil 398 paquetes electorales guardados en las 300 juntas distritales ejecutivas, sin especificar la forma en que se haría, pero sí estableció que era preciso invitar al acto a los representantes de los partidos políticos, así como a los consejeros electorales y distritales, indicándoles la fecha, el lugar y la hora en que serían destruidos.
En 2003 se estableció que, después de la calificación de los comicios, los paquetes electorales debían destruirse dentro de un plazo de 60 días, invitando a los actores de la elección y mediante la forma que previamente acuerden las juntas distritales ejecutivas, considerando las condiciones y recursos de que dispongan.
Pero también se determinó: "Antes de la destrucción, y para efectos de evaluación de la documentación electoral del proceso federal 2002-2003, se reservará una muestra nacional y muestras aleatorias simples, por entidad federativa, de paquetes electorales, conforme a las instrucciones que al efecto emitirá la dirección ejecutiva de organización electoral. La documentación electoral resguardada deberá ser destruida a más tardar el 30 de mayo de 2004, siguiendo los lineamientos en el punto anterior".
Como sea, el espectro del 88 ronda las elecciones presidenciales de 2006
En lo que constituye una violación al derecho de acceso a la información, y en contra de su obligación constitucional de garantizar la certeza en los resultados electorales, el IFE rechazó la petición de Proceso para acceder a las boletas utilizadas en la votación presidencial del pasado 2 de julio, no obstante la vasta inconformidad ciudadana por su desempeño y el del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Especialistas consultados acerca de esta primera resolución sobre un paquete de tres solicitudes de información -a las cuales se sumaron organizaciones civiles, universidades, alrededor de 200 académicos y 15 mil lectores de Proceso-, evaluaron en esos términos la determinación del Instituto Federal Electoral, y precisaron:
"Esa decisión del IFE sienta un precedente en el sentido de que ningún ciudadano -sin importar su condición- podrá en México averiguar de primera mano cómo trabajaron sus autoridades en el manejo de los votos, y cierra la puerta a los medios de comunicación que pretendían realizar investigaciones particulares al respecto -como W Radio y El Universal-, aunque estén en juego la legitimidad y el uso de enormes cantidades de recursos públicos."
En una notificación enviada a este semanario el martes 5 de septiembre, la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Transparencia del IFE no sólo desecharon cualquier posibilidad de realizar un recuento ciudadano de los sufragios. También advirtieron que, al término del proceso electoral -el TEPJF estaba a punto de concluir la calificación de los comicios-, los votos serían destruidos.
Esta inédita resolución del IFE, sin precedentes desde que, hace tres años, entró en vigor la Ley Federal de Transparencia, fue calificada por expertos, académicos, investigadores y exconsejeros electorales como violatoria del propio Reglamento de Transparencia del IFE. Y, por los términos en que fue redactada, le atribuyeron interpretaciones "contradictorias", "metajurídicas", "metafisicas" y hasta "esotéricas".
Ante esta respuesta del IFE, Proceso decidió solicitar un amparo durante los próximos días con la intención de que un juez detenga la destrucción de las boletas electorales -mediante una suspensión del acto reclamado- mientras no se resuelva, de fondo, si el IFE violó o no el artículo 6 de la Constitución, que garantiza el derecho a la información.
El litigio estará encabezado por el abogado Miguel Cano, de la Asociación Civil Fundar, y será apoyado por el especialista en derecho a la información Ernesto Villanueva, así como por el investigador John Ackerman, en un caso que podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En forma paralela, Proceso presentará este lunes 11 de septiembre un recurso de revisión ante el Comité de Información del IFE y, de confirmarse la negativa, interpondrá un recurso ante el TEPJF buscando la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano.
En principio, Proceso formuló dos requerimientos. Uno de ellos, firmado por el director del semanario, Rafael Rodríguez Castañeda, será entregado a un juez federal, y otro, tramitado a nombre de Daniel Lizárraga, continuará la ruta de impugnación dentro del IFE.
Sin tomar partido por ninguna de las partes contendientes en el proceso electoral, Proceso solicitó acceso a los votos y documentos electorales para realizar un análisis imparcial de los mismos y, a la vez, evaluar el trabajo desarrollado por los miembros del IFE, cuyas acciones y salarios son cubiertos con recursos públicos.
Fue así como, con base en la Ley Federal de Transparencia, el pasado 28 de julio este semanario presentó un paquete de tres solicitudes de información. En dos de ellas, se demandaron copias de los documentos oficiales empleados por el IFE el pasado 2 de julio, y en otra se pidió acceso a las boletas electorales correspondientes a los comicios para presidente de la República, con el fin de realizar un conteo independiente de los partidos, candidatos y organizaciones afines.
El IFE sólo admitió que podría haber acceso a las copias de las actas de la jornada electoral; al acta final de escrutinio y cómputo; a las actas circunstanciadas de recepción del paquete electoral de los 300 distritos, y a otros documentos elaborados por servidores públicos del IFE. Lo anterior, estipuló, previo pago de 289 mil 970 pesos.
Sin embargo, para efectos de la investigación que Proceso pretende desarrollar, los documentos ofrecidos por el IFE carecen de sentido sin el acceso a las boletas electorales.
La noche del viernes 8, la Dirección de Comunicación Social del IFE emitió un boletín donde reitera sus argumentos e insiste en que "no es jurídicamente posible entregar o poner a disposición de persona alguna los votos contenidos en los paquetes electorales", adelantándose a lo que pudiera resolver su propio Comité de Transparencia, integrado por consejeros electorales y representantes de partidos.
Además, el comunicado expresa que "la ley sí prevé expresamente mantener en resguardo la documentación electoral y el destino final de la misma", no obstante que en la notificación enviada a Proceso el IFE había argumentado que las boletas no son documentos.
Lo que no indica el boletín es que aun dentro del IFE existen diferentes posturas sobre la viabilidad de la solicitud de este semanario. Eduardo Guerrero, coordinador de asesores del consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, votó en contra de que se rechazara el acceso a las boletas electorales, dentro del Comité de Información.
Sin embargo, Eduardo Guerrero -quien fue director general de Estudios e Investigación del IFAI- fue derrotado dos a uno por el secretario ejecutivo, Manuel López Bernal, y el contralor interno del IFE, Francisco Guerrero.
Los "argumentos"
La negativa del IFE gira, fundamentalmente, sobre dos ejes: uno, los votos "no son documentos"; y dos, el Consejo General tiene la obligación de procesarlos, cuidarlos y después destruirlos.
Argumenta que las boletas no se ajustan a la definición legal de documento que, supuestamente, prevén la Ley Federal de Transparencia y el Reglamento del IFE, pues, a su juicio, un documento debe registrar nítidamente actividades de los servidores públicos.
"Las boletas -dictaminó literalmente el organismo- no son documentos jurídicamente hablando, sólo son la expresión material de la preferencia electoral de la ciudadanía votante. Las boletas registran la expresión popular del voto, y esa expresión no puede calificarse como actividad o facultad del IFE y sus servidores públicos."
La notificación del IFE -de 25 páginas de extensión- agrega que las boletas dejan de ser materiales electorales cuando el ciudadano vota en ellas. Una vez que el sufragio es introducido en la urna, continúa, "lo que en un principio era una boleta se transforma, más allá de cualquier otra consideración, en un sufragio".
Así mismo, el IFE pretende justificar su decisión con el expediente de que el Cofipe regula la "inviolabilidad de los votos" y establece los casos excepcionales, extraordinarios y de última instancia para la apertura de los sobres, exclusivamente, en las sesiones de cómputo distrital.
Para rematar: "Sobre el destino de las boletas, el artículo 254 del Cofipe mandata su destrucción. Dicha destrucción es el acto que por naturaleza explica y demuestra la definitividad de las distintas etapas del proceso electoral. Una vez que el TEPJF resuelve los diversos recursos que recaen en el proceso electoral -dentro de los que se contempla el conteo de los votos que presentan dudas-, el proceso es definitivo. El TEPJF ya determinó que los materiales electorales no pueden tener ningún otro fin que aquel que establece la Ley Electoral".
Según la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Información del IFE, no hay por qué interrumpir el resguardo, la inviolabilidad y destrucción de las boletas, excepto cuando así lo disponga un mandato judicial emanado del TEPJF. Nada más.
"Más leña al fuego"
En cuanto fue difundida la notificación del IFE a Proceso, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y miembros de organizaciones no gubernamentales reprobaron la decisión.
"Es una respuesta política", manifestó el especialista John Ackerman. "Tiene aspectos metajurídicos", advirtió Ernesto Villanueva. "Es incongruente", comentaron los exconsejeros electorales del Distrito Federal Rubén Lara y Eduardo Huchim, en tanto que Irma Sandoval, del Instituto de Investigaciones Sociales, señaló que, de plano, la notificación del IFE "es metafísica y esotérica".
Durante el Ciclo de mesas redondas sobre la transparencia electoral, organizado en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Ernesto Villanueva destacó que al denegar la solicitud de Proceso, que cuenta con el apoyo de miles de ciudadanos y organizaciones sociales, el IFE está violando el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, toda vez que en ninguna parte de ésta la información electoral es considerada como archivo clasificado.
Coincidió con la afirmación en el sentido de que la decisión del IFE es política, pues con ella pareciera querer sepultar "las inconsistencias del proceso" electoral para que ya "no se haga más ruido" al respecto.
"La intención -puntualizó- es que no quede huella del desempeño de sus funcionarios. Sin embargo, el proceso por abrir la información apenas empieza, y lo que sigue es interponer recursos por la vía del amparo", adelantó.
De acuerdo con los ponentes del evento organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el Consejo General del IFE podría acordar, de un momento a otro, quemar las boletas electorales.
En particular, Irma Sandoval expuso que "ésta fue una prueba para la Ley de Transparencia, cuya finalidad es dar acceso a la información pública. Y el IFE es un sujeto obligado, por lo que su respuesta se torna débil, jurídicamente".
Sandoval criticó el hecho de que el IFE no considere las boletas electorales como documentos, pues el derecho a la información faculta a la ciudadanía para que pueda estar documentada mediante textos, cintas electromagnéticas, fotografías, audios, videos, etcétera. Así pues, añadió, con su postura el IFE está dando acceso a todo, "menos a las boletas electorales".
Aparte de que el IFE ha caído en "una contradicción jurídica", pues el mismo instituto afirma que "todo lo que se guarda en los paquetes electorales es información electoral", incurrió en una interpretación distorsionada de la Ley de Transparencia con la insólita creación de una nueva categoría: la información destructible. Así, mientras los ciudadanos pueden tener acceso a la información indestructible, será imposible que accedan a las boletas electorales porque éstas son "información destructible".
La especialista enfatizó que el propósito de la solicitud para acceder a las boletas electorales no es nombrar un presidente ciudadano, sino someter a la rendición de cuentas a los órganos electorales.
También John Ackerman puntualizó que el recuento ciudadano no responde a una pretensión política, sino a la necesidad de saber qué pasó el 2 de julio. Y ese recuento, que se haría "de una vez y para siempre", "no tiene impacto legal sobre el propio proceso electoral". Sin embargo, advirtió, "la mitad de la respuesta del IFE es política".
Cuando el exconsejero electoral del IEDF Rubén Lara se enteró de que el argumento central de la negativa del IFE consistía en que las boletas electorales son "la expresión material de la preferencia electoral" y no documentos públicos, dijo irónicamente que, en consecuencia, el IFE debió redactar así su respuesta a Proceso: "no te puedo dar acceso a las expresiones materiales de la preferencia electoral".
Por su parte, Jesús Cantú y Jaime Cárdenas, exconsejeros electorales del IFE, coincidieron en que destruir las boletas electorales agudizaría la crisis poselectoral.
Jaime Cárdenas, para quien el IFE ya parece patrimonio personal de quien lo preside, señaló que la destrucción de las boletas electorales -aunque está prevista en el Cofipe- requiere un acuerdo previo del Consejo General, pero hacerlo, señaló, "sería echarle más leña al fuego".
La sombra del 88
Por lo pronto, hasta el cierre de esta edición no había acuerdo de los consejeros del IFE para destruir las boletas electorales, pero los académicos, especialistas y exconsejeros mencionaron la posibilidad de que las destruyan en diciembre próximo.
E inevitablemente rememoraron el fraude electoral de 1988. En ese entonces, Carlos Salinas de Gortari "le arrebató" la Presidencia de la República a Cuauhtémoc Cárdenas, quien en julio de ese año manifestó que el gobierno priista pretendía "la imposición de un presidente alterando la votación, primer caso de este tipo en la historia electoral reciente del país" (Proceso 611).
En cuanto a la destrucción de la documentación electoral de las elecciones que en el año 2000 llevaron a Vicente Fox a la Presidencia, el Consejo General del IFE acordó que el 30 de febrero de 2001 debían destruirse 113 mil 398 paquetes electorales guardados en las 300 juntas distritales ejecutivas, sin especificar la forma en que se haría, pero sí estableció que era preciso invitar al acto a los representantes de los partidos políticos, así como a los consejeros electorales y distritales, indicándoles la fecha, el lugar y la hora en que serían destruidos.
En 2003 se estableció que, después de la calificación de los comicios, los paquetes electorales debían destruirse dentro de un plazo de 60 días, invitando a los actores de la elección y mediante la forma que previamente acuerden las juntas distritales ejecutivas, considerando las condiciones y recursos de que dispongan.
Pero también se determinó: "Antes de la destrucción, y para efectos de evaluación de la documentación electoral del proceso federal 2002-2003, se reservará una muestra nacional y muestras aleatorias simples, por entidad federativa, de paquetes electorales, conforme a las instrucciones que al efecto emitirá la dirección ejecutiva de organización electoral. La documentación electoral resguardada deberá ser destruida a más tardar el 30 de mayo de 2004, siguiendo los lineamientos en el punto anterior".
Como sea, el espectro del 88 ronda las elecciones presidenciales de 2006
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