Revista Emeequis.
Por Humberto Padgett
Mouriño jugando, antes de que le entregaran
a Calderón la constancia de mayoría.
La suya es palabra de magistrado: es integrante del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Y conoce la materia de la que habla. Pedro Rivas Monroy lo hace sin rodeos al evaluar el fallo de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a la calificación de la elección presidencial: “La sentenciaron a la incertidumbre y a la ilegitimidad”.
Una sentencia que –expone– bien podría resumirse en una fórmula: “Puede haber elecciones sucias y al mismo tiempo legales”.
–¿Esquizofrenia jurídica?
–Sí –dice sin el menor titubeo el magistrado electoral del Distrito Federal en funciones, quien ha hecho una larga carrera académica tanto en la UNAM como fuera de ella.
Y es que el tribunal cerró el último episodio jurídico de la disputa por la Presidencia de la República en medio de un cúmulo de valoraciones cuya lógica ha sido motivo de cuestionamientos.
Porque para los magistrados, el presidente Vicente Fox sí intervino indebidamente en los comicios, pero con expresiones metafóricas y al punto en que sólo pudo poner en riesgo los comicios, pero sin suponer un elemento de iniquidad en el proceso.
Porque el Consejo Coordinador Empresarial sí violó los ordenamientos legales para favorecer a Felipe Calderón, pero no fue posible determinar hasta qué punto causaron impacto en el electorado tras semanas de bombardeo televisivo.
Porque sí hubo campañas negras, pero no fue posible determinar el grado de lesión ocasionado al principal evento del ciclo democrático del país, dicen ellos.
Porque en el día de la jornada ocurrieron un número tal de irregularidades que, tras un recuento parcial, se anularon más votos que los que constituyen la ventaja de Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador, pero sin que esto, en opinión de los magistrados, exigiera ampliar la revisión de los paquetes.
“Es un problema de diván, un problema siquiátrico, de esquizofrenia, que avienta la elección a la ilegitimidad”, diagnostica en entrevista Rivas Monroy.
“En un primer momento desacreditan y desmenuzan uno a uno los cuestionamientos hechos por la Coalición y sostienen que aritméticamente no es posible determinar la afectación de la elección, pero cuando retoman el punto para llegar a sus conclusiones, adoptan el criterio contrario y establecen que la afectación no fue determinante para negar la validez de la elección”.
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–¿Había motivos reales para anular la elección? –se le pregunta al magistrado electoral capitalino.
–Sí. Están estos elementos: financiamiento de agentes externos, la intervención del presidente Fox, la llamada campaña sucia de los spots. Y si yo no puedo medirlos para decir que la elección fue trastocada, tampoco puedo medirlos para decir que es válida.
“Ante la duda, se anula. Tenemos una serie de elementos y no podemos decir si sí o no son determinantes, pero el rango de diferencia es muy pequeño. Anulamos o abrimos. Tenemos una duda y todos estamos de acuerdo en que la elección está manipulada, pero no sabemos en qué medida, pero como el rango es tan pequeño, cualquier elemento que se cuele puede cambiar el porcentaje.
“Por eso digo que la resolución ya está tocando un problema de neurólogos o de siquiatras, ya no corresponde al derecho. Por lógica jurídica, los magistrados no podían llegar a esa conclusión: sí hubo violaciones, sí hubo agentes externos, sí está manipulada la elección, sí hay votos cuyo origen desconocemos, pero no fueron suficientes para invalidar la elección”.
Además, puntualiza Rivas Monroy, los integrantes de la Sala Superior redujeron sus funciones al negarse la facultad de allegarse de más elementos de prueba.
Los jueces desecharon varios de los argumentos presentados por la Coalición por el Bien de Todos tras considerar la falta de elementos objetivos y específicos de los hechos, tales como circunstancias temporales, espaciales o numéricas.
Así, se rechazaron señalamientos sobre la influencia indebida que pudieron tener en la elección las campañas negativas; los spots y las historietas del Consejo Coordinador Empresarial, la campaña propagandística institucional del Poder Ejecutivo, la campaña negra en internet y la parcialidad de las televisoras.
Tampoco se admitieron los medios de impugnación relativos a la propaganda religiosa con que se asoció a Calderón, la apertura de paquetes durante los cómputos distritales, el supuesto rebase de los gastos de campaña panista, ni el probable uso de programas sociales e intervención de funcionarios públicos a favor de Acción Nacional.
Sin embargo, los jueces han creado jurisprudencia de cumplimiento obligatorio para allegarse de más elementos ante irregularidades expresadas por alguna de las partes.
Y en sentencias anteriores, estos mismos jueces anularon elecciones, como la de Tabasco en 2000, sin reclamarle a la parte actora que ofreciera números sobre el impacto de aquellas conductas en el ánimo electoral, sino que el propio cuerpo judicial se allegaba de los elementos.
“Si el tribunal tuvo dudas, como lo manifestaron los magistrados al ir describiendo todos los elementos de injerencia de la elección, el tribunal pudo requerir al partido para que allegara más pruebas o el mismo tribunal pudo obtenerlas. La ley le da esa facultad por ser la última instancia, el tribunal tiene facultades inmensas para escudriñar e investigar el hecho.
“La ley les da facultades para hacer una interpretación constitucional, pero en vez hicieron una interpretación letrista”, expone Pedro Rivas Monroy, quien inició su carrera en el ámbito electoral desde la creación del primer tribunal en esa materia, en 1988.
“Se convirtió en un tribunal de primera instancia o en la justicia de barandilla, simple y sencillamente, se convirtió en una oficialía de partes. Es muy triste, nos sale muy cara esa oficialía de partes, por otro lado”.
–Algunos especialistas han cuestionado el criterio individualista para cada uno de los hechos impugnados, en vez de considerarlos en su conjunto.
–Sí, el asunto de la resolución es que el tribunal abdica de su función. Ellos han aplicado innumerables veces esta interpretación sistemática y funcional, que es una interpretación que se utiliza mucho, sobre todo por ser el tribunal de máxima jerarquía, por ser un tribunal que ya no admite ningún recurso.
–¿De qué principios constitucionales carece la elección?
–El problema es la legitimidad de la elección. La elección carece de certeza y es similar a lo que ocurrió con Salinas, nadie tiene la certeza de que ganó. Con Calderón es igual: el poder que detentará deviene de un proceso que no está perfectamente certificado.
–¿Falló alguno de los magistrados de manera particular?
–Fallaron en conjunto. Tener el tribunal y no tenerlo, da exactamente lo mismo, no pasa nada y es carísimo. El sistema democrático mexicano, en vez de generar democracia, ha generado privilegios. ¿Cómo puede haber sueldos tan exagerados con estos resultados? Porque son caros en la medida de sus resultados. Ante esta decisión, mejor como antes, que se instale la Cámara de Diputados, que se constituya en Colegio Electoral y resuelva.
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Ser magistrado electoral en el Poder Judicial de la Federación en México tiene sus recompensas. Las siete plazas de los magistrados de la Sala Superior tienen una asignación salarial total neta para este año de más de 31 millones de pesos.
Sólo el presidente del Tribunal Electoral, Leonel Castillo, gana más de cuatro millones y medio de pesos al año.
Pero cuentan además con choferes, dos automóviles, bonos quinquenales, pago de alimentación, seguros, equipo de telefonía celular, bonos por jornadas electorales, bonos por asignaciones adicionales, bonos vacacionales y otros.
Los magistrados electorales, pues, ganan más de 400 mil pesos mensuales, un sueldo al que sólo ellos y los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueden aspirar en la burocracia mexicana.
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El Tribunal, dice Rivas Monroy, dejó la causal abstracta de nulidad en el cajón de su presidente, Leonel, Castillo. “No quisieron operarla o no pudieron operarla”.
–¿Es extraña la unanimidad de los magistrados?
–Me extraña que dos de los componentes del tribunal, que son los que elaboraron la causal abstracta, el presidente (Leonel Castillo) y uno de los ponentes (Mauro Reyes Zapata), para aplicarla en Tabasco y en Colima hayan ido en contra de ésta. Es una jurisprudencia, norma aplicable y estamos ante un problema de denegación de justicia, que se podría convertir en un delito.
“Por ejemplo, argumenta, luego de que se efectuó el recuento de las 11,938 casillas, poco más de nueve por ciento de la elección, se observaron votos faltantes y sobrantes en varias de ellas, lo que reclamaba la ampliación de la muestra a revisarse, pero no fue así”.
De hecho, en la resolución del tribunal esta inconsistencia no fue mencionada. “No es posible que hayan imaginado que al ajustar esa muestra se ajustaba toda la elección, no puede ser. Es un problema siquiátrico, estamos ante la esquizofrenia. El problema de elegir a los juzgadores debe pasar por exámenes sicométricos. Digo, sí saber derecho, pero también el pensamiento, porque nos enfrentamos a este tipo de asuntos”, insiste Rivas Monroy.
Los votos faltantes y sobrantes detectados por el propio tribunal luego del recuento tampoco fueron mencionados en la sesión del pasado martes ni la del lunes 28 de agosto, cuando en tres horas y 20 minutos los jueces votaron en paquete 350 juicios de inconformidad.
También en el pasado sostuvieron tesis relevantes –de cumplimiento no obligatorio–, en el sentido de que una casilla puede ser anulada si la irregularidad trae como consecuencia el cambio de ganador en la elección, aunque no suceda así en la casilla.
–¿A qué atribuye que los magistrados parecieron ir contra sus propias tesis?
–Conozco profesionalmente a casi todos y creo que, en términos jurídicos, son gente capaz, pero no estuvieron a la altura del momento histórico. Hasta los discursos finales resultaron muy huecos. Trataron de dar un resultado más o menos objetivo, medirlo en números, lo que es absurdo, porque los elementos que inciden en la causal abstracta van directamente a los principios constitucionales que debe regir toda elección: certeza, objetividad, independencia e imparcialidad. Todos esos elementos de la causal abstracta impactan ahí.
Más ante un margen de diferencia tan pequeño entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, observa el jurista. Al final, según los magistrados, la diferencia fue de 233,831, 0.56 por ciento de la elección total.
“La elección del 2 de julio puso a todo el sistema de justicia electoral de este país frente a la situación extrema y no pudo con la prueba. El sistema electoral mexicano está colapsado”, dictamina Rivas.
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En menos de una semana, integrantes de dos poderes diferentes le recordaron al presidente Vicente Fox su desapego a la institucionalidad democrática. El primer hecho ocurrió el 1 de septiembre pasado: tres grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados le impidieron, en forma inédita, dar la lectura del mensaje político correspondiente a su último informe de gobierno.
La segunda ocasión corrió por cuenta del Poder Judicial, a través del Tribunal Electoral, cuando los integrantes de éste le señalaron el riesgo en que puso el proceso electivo para sucederlo y en el que intervino para dar continuidad a su partido político.
“Esta Sala Superior no pasa por alto que las declaraciones analizadas del presidente de la República, Vicente Fox Quesada, se constituyeron en un riesgo para la validez de los comicios (…) que, de no haberse debilitado su posible influencia con los diversos actos y circunstancias concurrentes examinados detenidamente, podrían haber representado un elemento mayor para considerarlas determinantes para en el resultado final, de haber concurrido otras irregularidades de importancia que quedaran acreditadas”, se determinó.
Sólo un regaño.
Menos de siete horas después, el presidente Fox ofreció un mensaje en el que aplaudió la determinación de los magistrados, sin mencionar ni aludir al cuestionamiento que le habían hecho los magistrados:
“La resolución (…) tiene el carácter de obligatoria, es definitiva e inatacable, y debe ser acatada por todos. Ella confirma el mandato soberano de las y los mexicanos al elegir libremente a sus gobernantes.
“Por su parte, la Presidencia de la República ha actuado, en todo momento, con estricto apego a la ley y ha atendido puntualmente las indicaciones de las autoridades judiciales y electorales”, enunció Fox el martes por la noche en lo que se entendería como una contradicción a la condición “inatacable” de la sentencia.
–¿Y resulta inatacable? –se le pregunta a Rivas Monroy.
–Es inatacable. Y aquí también sale trastocada la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El señor Mariano Azuela ha sido bastante imprudente en sus declaraciones. Se convierte en un contendiente político y toma un partido; arrastra a la Corte a la lucha política y la involucra al punto de convertirla en un juez inconfiable, porque su presidente anda combatiendo a uno de los candidatos.
“Azuela llega al exceso de decir que el artículo 97 es un monstruo jurídico, que está escrito con los pies, cuando el señor juró defender la Constitución y cuando ese artículo tiene que ver con la vigilancia del voto público. Eso sería suficiente para decir ¿ante qué estamos?”
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Los magistrados hicieron juicios de valor político sobre elementos no incorporados en el litigio, aunque una semana antes habían advertido que sólo se pronunciarían conforme a los elementos que estuvieran en el expediente.
Y a la vez que reconocían pero desestimaban la injerencia de los organismos empresariales en el proceso electivo, regañaban a López Obrador por no ir a uno de los debates organizados por el IFE.
“Durante el proceso electoral se sucedieron diversas circunstancias que pudieron haberles restado efecto, como la publicidad de las resoluciones que resolvieron sobre la ilicitud de los spots, la inasistencia del candidato de la citada coalición a uno de los debates organizados por el Instituto Federal Electoral, o las expresiones irrespetuosas del candidato hacia funcionarios o instituciones públicas”, resolvieron los jueces probar de su argumento nada, tal como ellos exigieran.
“Esa es una tontería”, argumenta el magistrado Rivas. “Es prejuzgar. ¿Cómo es posible que hagan esa afirmación, cuando dicen que no tienen elementos para verificar si son determinantes o no los argumentos que está mostrando la Coalición por el Bien de Todos y dicen que no inciden en el voto? Pero cuando tocan el asunto del debate, dicen que sí. ¡Y ellos son los árbitros!
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El martes 5 de septiembre, momentos después de que el secretario general de acuerdos del tribunal, Flavio Galván, terminó de leer un resumen de las 309 cuartillas de la sentencia, la juez Alfonsina Navarro justificó:
“No hay elección perfecta.
Es una realidad de la que todos debemos partir. Pensar lo contrario sería una utopía”.
Fue la hora de los jueces. Vestidos de traje oscuro, con corbatas negras, el presidente Leonel Castillo concluyó las intervenciones antes de que los siete jueces resumieran el sentido del voto de 42 millones de mexicanos:
“Señores magistrados, con esta resolución que habremos de dictar en un rato, damos cuenta al pueblo de México del desempeño digno de nuestra función. Con esto también, señores magistrados, nos sometemos a la contraloría, no sólo del presente, si no a la del futuro y de la historia”.
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