"Se aplicó a cabalidad el procedimiento sistemático de operación, que privilegia el diálogo, la prudencia, la tolerancia, lamentamos los roces. Cuando son inevitables, pues ni modo, así hay que hacerlo"
Eduardo Medina-Mora, secretario de Seguridad Pública Federal,
al justificar los golpes a diputados en San Lázaro
EN FEBRERO DE 1993, el reconocido reportero Elías Chávez dio a conocer la existencia de un manual para "controlar conflictos sociales y conjurar el peligro de la ingobernabilidad", elaborado por la Secretaría de Gobernación foxista.
En su reportaje Chávez precisó que no se trataba de un programa de Cero Tolerancia para abatir la delincuencia, como el que por esas fechas pretendían aplicar las autoridades capitalinas, pero el hecho es que el gobierno federal, agobiado por el Síndrome de Atenco, no volverá a negociar bajo presión, ni permitirá --al menos eso dice-- que activistas políticos bloqueen carreteras, secuestren funcionarios, se apoderen de edificios públicos o realicen cualquier acción fuera de la ley.
De 31 páginas oficialmente titulado Modelo de Operación General para la Atención de Conflictos Sociales, y cuyo objetivo fundamental es, textualmente: "Contar con lineamientos y procedimientos específicos de acción para la atención y solución de los conflictos, en su lugar de origen, por las dependencias del gobierno federal involucradas y de acuerdo con su ámbito de competencia, a fin de lograr una actuación inteligente, eficaz y oportuna para evitar su escalamiento".
Después de dos años de recibir críticas por su "tibieza" o "miedo a aplicar la ley", el gobierno foxista decidió crear equipos de negociadores políticos y adoptó una nueva estrategia, precisamente al iniciarse un año considerado "político", en el que, además de renovase la Cámara de Diputados, habrá importantes elecciones locales.
Con logotipo de la Secretaría de Gobernación (Segob) y elaborado por la Subsecretaría de Gobierno y su Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales, el manual para gobernar —del cual tiene copia Elías Chávez— establece la conformación de un grupo interinstitucional de apoyo que establecerá "líneas de acción y condiciones de negociación". Este grupo manejará "información clasificada" y estará integrado, además de la Segob, por el Cisen, la Secretaría de la Defensa, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y, en los casos que sea necesario, por la Secretaría de Marina.
En el capítulo "Diseño de estrategia", el manual enumera las condiciones y criterios para negociar con los inconformes sociales; marca, en primer lugar, que la negociación deberá efectuarse en un "lugar neutral" y, lo más importante, que no habrá "negociación bajo presión".
Una vez iniciado un conflicto, los responsables del manual pretenden "lograr una eficiente coordinación institucional para evitar una posible etapa de crisis".
Según el manual, en cada dependencia susceptible de enfrentar problemas sociales habrá un "comité de conflictos" que, en la "fase de prevención", deberá reunir información para analizar las "fortalezas y vulnerabilidades" de, supuestamente, los inconformes y sus líderes
Dado a conocer por Elías Chávez, reconocido reportero de las fuentes políticas, el documento señala, entre otras cosas, la posibilidad de que el gobierno federal y sus dependencias susceptibles de enfrentar problemas sociales integrararán un "comité de conflictos" que, en la "fase de prevención", deberá reunir información para analizar las "fortalezas y vulnerabilidades" de, supuestamente, los inconformes y sus líderes.
En esta etapa ("escalamiento del conflicto") se efectuará un nuevo "acopio de información" que incluirá "antecedentes y acervo", "tipología", "participantes", "demandas y recursos", "condición o dinámica" y "programas institucionales", y luego se pasará al "análisis de la información", que implica un nuevo proceso burocrático:
"Integración y ordenamiento de la información, depuración de información, revisión de información y materiales, revisión de información pública, conformación de expedientes, monitoreo de información..."
Y todavía no terminará el proceso. Para evitar ser acusados de represores, los funcionarios iniciarán otra etapa que implica "establecimiento de mesas de negociación", "escuchar reclamos y posición inicial de las organizaciones", "identificación de problemas", "alternativas de solución", "elaboración de propuestas y consultas", "firma de acuerdos y minutas", "toma de acuerdos", "seguimiento de acuerdos y compromisos"...
Sin desesperarse, los burócratas seguirán aplicando su manual, e inclusive tienen previsto cómo actuar si se produce un nuevo "escalamiento del conflicto" y se llega a la "ruptura del proceso".
Los funcionarios "interinstitucionales" tienen contemplada, según el manual, una "etapa post-crisis" y una "estrategia de reposicionamiento" en los medios de comunicación colectiva. De tal manera que si fracasan en su esfuerzo negociador y en hacer respetar la ley, con su "estrategia de reposicionamiento" quizá logren que los "chantajistas políticos", en vez de temblar, dejen de reírse
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