Carlos Acosta Córdova
Hábil para sacar adelante iniciativas con una fuerte oposición pública, como la llamada Ley Televisa y la cogeneración de energía eléctrica, porque benefician a intereses económicos o políticos, Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados maniobró como vicecoordinador de los senadores priístas en la pasada legislatura para lograr cambios a la legislación minera, que permite a particulares, aun en contra de los ordenamientos constitucionales, explotar el gas de las minas de carbón.
Pese al singular y revelador diálogo entre El Rey de la Mezclilla, Kamel Nacif Borges, y el ahora coordinador de los diputados priistas, Emilio Gamboa Patrón –que motivó incluso reactivar la discusión de un “código de ética” para la fracción priista en San Lázaro–, los legisladores panistas no dudaron un instante en dar su voto para que el segundo quedara al frente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
Y es que, con su capacidad para la operación política, e inclusive para hacer cambiar de opinión hasta al más duro y lograr su voto –así tenga que valerse de corruptelas, como han acusado Manuel Bartlett y Porfirio Muñoz Ledo–, Gamboa garantiza al PAN y a Felipe Calderón sacar adelante acuerdos legislativos, aun con la oposición de la segunda fuerza política en la Cámara: el PRD.
Sólo por mencionar sus últimos éxitos, Gamboa, como vicecoordinador de los senadores priistas en la legislatura pasada, y como virtual operador político de la fracción, logró que se aprobara en el Senado la ley que permite a la iniciativa privada cogenerar energía eléctrica; también, la llamada Ley Televisa y, al final del período de sesiones, los cambios a la legislación minera, para permitir a particulares –a pesar de los ordenamientos constitucionales– explotar el gas de las minas de carbón.
Las maniobras para modificar esta última ley ilustran las habilidades de Emilio Gamboa no sólo para sacar adelante iniciativas con una fuerte oposición pública, sino también para beneficiar, aun antes de que lleguen al pleno, intereses económicos o políticos a los que, en algún momento particular, se subordina.
En diciembre de 2005, llegó al Congreso la iniciativa de reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y a la Ley Minera. El propósito expreso: que para evitar daños ambientales y reducir la inseguridad de los trabajadores de las minas –siempre expuestos a la emisión de gases dañinos–, era necesario permitir la comercialización del gas grisú (compuesto fundamentalmente por gas metano), que se halla asociado a los yacimientos de carbón mineral.
La exposición de motivos apuntaba que con esa reforma el país podría aprovechar la explotación de nuevas modalidades de gas que garanticen el abastecimiento, mejoren los precios, reduzcan la importación y contribuyan sustancialmente al mejoramiento del ambiente. Y ello, asentaba, sólo podría hacerse mediante el aprovechamiento específico del gas que se encuentra absorbido y que se libera mediante la exploración y explotación del carbón mineral.
Pese al cabildeo de las grandes empresas mineras –de manera destacada Industrial Minera México y el Grupo Acerero del Norte–, la iniciativa parecía destinada al congelamiento en la Cámara de Diputados, hasta que la madrugada del domingo 19 de febrero ocurrió el accidente en Pasta de Conchos, Coahuila, donde murieron sepultados 65 mineros, de los cuales a la fecha sólo ha sido rescatado un cadáver.
Fue entonces cuando los industriales mineros y el gobierno de Coahuila reforzaron su cabildeo en la Cámara, en los medios y entre los líderes de opinión hasta conseguir que la Comisión de Energía recibiera la iniciativa, cuatro días después del accidente, y dictaminara de inmediato.
Pasaron sólo dos semanas y, el 9 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones prácticamente por unanimidad y sin discusión de fondo.
Llegó la minuta a la Cámara de Senadores, donde terminó de dictaminarse el 4 de abril.
Cuando los empresarios mineros arreciaron su cabildeo, señalaban que si el Senado no aprobaba rápido la iniciativa sería responsable de las muertes de mineros que ocurrieran en adelante (después de las de Pasta de Conchos). Pero también exhibían su verdadero interés. Dijo Alonso Ancira Elizondo, presidente del Grupo Acerero del Norte (GAN), que Altos Hornos de México (AHMSA) –de la que es subsidiaria ese grupo– estaba perdiendo cada año 200 millones de dólares por “tirar” el gas de las minas de carbón a la atmósfera.
Tanta insistencia de los cabilderos de los industriales mineros y del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, causó suspicacia en algunos senadores, que se dieron a la tarea de estudiar a fondo –cosa que no hicieron los diputados– la iniciativa. Y pronto salió el peine: ni les interesaba gran cosa la seguridad de los mineros ni había tal preocupación por el medio ambiente.
Lo que en realidad querían los empresarios no era el gas metano de las minas de carbón, que está muy diluido y es de poco valor comercial y de escasas aplicaciones prácticas, sino el metano de mayor pureza y alto valor comercial obtenido mediante pozos perforados desde la superficie para luego inyectarlo a los gasoductos de gas natural.
Por ello no sólo debía modificarse la Ley Minera, sino también la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, para que las empresas privadas pudieran explorar, explotar, elaborar y vender de primera mano el gas, así como transportarlo y almacenarlo. Todas esas actividades, antes de la aprobación de las reformas, estaban reservadas al Estado.
La discusión
Sobre todo ese proceso, cuenta el exsenador Manuel Bartlett:
“La iniciativa llegó al Senado como minuta. Tenían urgencia de que se aprobara rápido. Varios senadores, entre ellos Ricardo Aldana –que es el tesorero del sindicato petrolero–, el perredista Antonio Soto y yo dijimos que no, que había que estudiarla a fondo. Aldana no tardó en consultar con su sindicato y con Pemex. Dijo con toda claridad que era inconstitucional lo que proponía la iniciativa, por lo que la empresa y el sindicato se oponían.
Luego, el senador Soto presentó un punto de acuerdo para pedirle a Pemex informar de qué se trataba, que explicara las cuestiones técnicas y el alcance de las modificaciones legales que se iban a discutir en el Senado. Pero antes de que Pemex respondiera a la solicitud, Emilio Gamboa y Enrique Jackson, sobre todo el primero, ya habían operado para que se le diera primera lectura al dictamen.
“Pudimos frenar esa primera lectura porque no había firmas, es decir, la registraron sin que las comisiones hubieran dictaminado nada –refiere Bartlett–. Vino otro intento de primera lectura. Entonces yo planteé en mi fracción, con la presencia de Gamboa y de Jackson, que teníamos el compromiso interno de no firmar nada mientras no hubiera posición de consenso. Dije: Hay que discutir el texto para poder llegar a un acuerdo, y en caso de que no se llegue a éste, cada quien vota como quiere, que es el voto de conciencia. Al no respetarse esta regla –como ocurrió con la Ley Televisa–, termina habiendo una confrontación política interna y se fractura la fracción.
“Reclamé que se estudiara el asunto y leí un texto que me entregó Aldana, donde demostraba claramente que era inconstitucional la propuesta. Y dije que mientras no viniera Aldana a explicarnos toda esta situación y por qué el sindicato y Pemex estaban en contra, no podíamos tomar, en la fracción, una decisión. Pero resultó que, sin ningún aviso, de manera fast track y malintencionada, apareció publicada la segunda lectura en la gaceta parlamentaria. Al verla, volví a reclamar en mi comisión que no habíamos discutido nada la iniciativa y que tampoco estaba Aldana.
“Entonces Emilio Gamboa intentó dar una explicación y dijo: ‘Bueno, sí es cierto que escucharíamos a Aldana, pero está muy ocupado, no puede venir hoy, pero ya habló conmigo y dijo que está completamente de acuerdo’. Resultaba absurdo. Esta milagrosa conversión de Aldana a la aprobación de la ley era inverosímil. ¿Que Aldana ya había considerado constitucional el asunto, o que ya Pemex había pensado que estaba bien, que era buen negocio? Pero aun si hubiera habido este milagro de transmutación de Aldana, quedaba la discusión entre nosotros, que no se había dado. Vino luego el silencio y la aceptación de consignas.”
El dolo, la trampa
El día en que se aprobó la reforma, el 20 de abril, Aldana no se presentó a la sesión. Mucho menos le tomó la llamada a Bartlett. Pero a éste le quedó claro que fue Gamboa quien operó no sólo para hacer cambiar de opinión al tesorero del sindicato petrolero, sino para aprobar la reforma. El mismo que operó para sacar adelante la ley que permite a particulares cogenerar energía eléctrica, y también la Ley Televisa, entre otras.
Y el hecho de que no hubo la mínima discusión, por lo menos entre priistas, quedó claro en el debate en el pleno el día que se aprobó la iniciativa. El senador priista Alejandro Gutiérrez, quien dijo haber consultado el tema con miembros de la Cámara Nacional de la Industria Minera, señaló que Bartlett, Soto y en general los senadores que estaban en contra hacían mucho escándalo con el asunto, pues, señaló, de todo el gas que viene asociado con el carbón mineral sólo se aprovecha 7%, cosa mínima, además de que no es rentable para Pemex extraer el gas grisú y luego procesarlo para su uso industrial. Era mejor dejárselo a los particulares porque, adicionalmente, es poco el gas de los yacimientos de carbón: un pozo petrolero genera casi 5 millones de pies cúbicos de gas, mientras que un pozo carbonífero genera 50 mil pies cúbicos.
Sin embargo, prosiguió, era preciso aprobar la iniciativa en sus términos por razones ecológicas y de seguridad para los trabajadores de las minas: El efecto ecológico del gas metano es 21 veces el efecto invernadero, es decir, contamina más que el bióxido de carbono; de modo que dejar a los particulares que lo exploren, exploten, procesen y transporten reduce en 60% los riesgos de accidentes dentro de las minas.
Sentenció que, en suma, Bartlett y compañía estaban manipulando la información y viendo moros con tranchetes: La reforma no era inconstitucional ni se estaba regalando a los particulares o a las trasnacionales el gran negocio.
Pero luego tomó el micrófono el senador Jorge Nordhausen, también priista, y dio otra visión. Si no se permitía a los particulares explotar el gas asociado al carbón, se cancelaría la posibilidad de generar riqueza para el país y miles de empleos para los mexicanos; se agravaría la dependencia respecto a Estados Unidos, y se comprometería más la soberanía energética al tener que aumentar las importaciones de gas natural. Estaríamos, dijo, “asesinando a las generaciones futuras”, y los mexicanos seguiríamos “arrodillados ante Estados Unidos en lo que respecta al suministro de gas”.
Luego, Bartlett los centró: “Pónganse de acuerdo; es mucho o poco el gas, es una explotación a gran escala o es una cosa mínima”. Y manifestó estar de acuerdo en que si la ley no era aprobada se atentaría contra las generaciones futuras… pero de Larreas, Anciras, Autrey y otros dueños de grandes mineras.
Antonio Soto, del PRD, expuso a su vez: El gas grisú que viene asociado al carbón no es el tema; es todo el gas. Es el negocio de los mineros. Entonces, no violentemos la Constitución para regalarles un gran negocio a los empresarios mineros –“que no se han preocupado por cuidar a sus trabajadores”–, que son los que realmente van a salir beneficiados y no el pueblo, que será “otra vez saqueado”.
En tribuna, desde su escaño y en documentos repartidos a todos los senadores, Manuel Bartlett argumentó lo siguiente: Hay dolo y trampa en la propuesta de modificaciones legales: Si el objetivo de la reforma fuera simplemente el gas grisú, desde que se elaboró la minuta se debió haber utilizado el término “gas metano liberado durante la explotación de las vetas, mantos, masas o yacimientos de carbón mineral”.
Explicó que, desde la minuta, se confundió dolosamente el metano emitido durante la extracción de carbón mineral (gas grisú) por empresas mineras, con el metano que extraen las compañías petroleras desgasificando mantos de carbón (gas natural no convencional). Es decir, se confundió dolosamente el metano de las minas subterráneas de carbón –que está muy diluido y tiene poco valor comercial– con el de elevada pureza y alto valor comercial obtenido de los pozos para inyectarlo a los gasoductos. De allí el interés en modificar no sólo la Ley Minera, sino también la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo Petrolero. (Proceso 1538.)
No le hicieron caso. El decreto se aprobó. Apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio pasado, y ahora basta un simple permiso de la Secretaría de Energía para que los concesionarios de minas carboníferas puedan recuperar, comercializar y aprovechar como mejor convenga a sus intereses el gas asociado a los yacimientos de carbón.
“No era mi intención ofender”
Y si bien saben los diputados panistas que tener de aliado a Emilio Gamboa les puede ser de gran utilidad para sacar adelante iniciativas polémicas y con fuerte oposición, también confirmaron el pasado 22 de septiembre que con el priista no se juega.
Resulta que ese día, en tribuna, la diputada del PAN Rocío del Carmen Morgan calificó al PRI de “partido podrido en sus cimientos”, que “se tambalea peligrosamente y amenaza con caernos encima a todos”. Expuso así mismo que al gobierno federal actual le heredaron problemas que están haciendo crisis ahora, pero que estuvieron décadas incubándose. “No, señores del PRI, el gobierno de Fox terminó, para millones de mexicanos, con la pesadilla de 70 años de mal gobierno del PRI. Esa sí fue una pesadilla”, sentenció.
Gamboa no estaba en la sala en ese momento. Acordaba con los coordinadores parlamentarios del PAN (Héctor Larios) y del PRD (Javier González Garza) sobre el reparto de comisiones. Pero en cuanto llegó, correligionarios suyos lo pusieron al tanto de lo que había dicho la panista. Se encendió Gamboa. Llamó por celular a Larios, quien rápido acudió a la curul de Gamboa, y éste le reclamó: “¿Quieres que rompamos? Rompemos. ¿Por qué nos pegan? Hemos actuado de manera civilizada, pero si quieren sacamos los acuerdos con el PRD y se acabó. Si insisten en golpearnos, acuérdate que también sabemos ser oposición”.
Fue tal la mella que causó en los panistas el reclamo de Gamboa, que la diputada Franco debió disculparse públicamente: “No era mi intención ofender”, dijo. Y ambos partidos acordaron que las palabras de la panista en contra del PRI fueran eliminadas del Diario de los Debates.
Pese al singular y revelador diálogo entre El Rey de la Mezclilla, Kamel Nacif Borges, y el ahora coordinador de los diputados priistas, Emilio Gamboa Patrón –que motivó incluso reactivar la discusión de un “código de ética” para la fracción priista en San Lázaro–, los legisladores panistas no dudaron un instante en dar su voto para que el segundo quedara al frente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
Y es que, con su capacidad para la operación política, e inclusive para hacer cambiar de opinión hasta al más duro y lograr su voto –así tenga que valerse de corruptelas, como han acusado Manuel Bartlett y Porfirio Muñoz Ledo–, Gamboa garantiza al PAN y a Felipe Calderón sacar adelante acuerdos legislativos, aun con la oposición de la segunda fuerza política en la Cámara: el PRD.
Sólo por mencionar sus últimos éxitos, Gamboa, como vicecoordinador de los senadores priistas en la legislatura pasada, y como virtual operador político de la fracción, logró que se aprobara en el Senado la ley que permite a la iniciativa privada cogenerar energía eléctrica; también, la llamada Ley Televisa y, al final del período de sesiones, los cambios a la legislación minera, para permitir a particulares –a pesar de los ordenamientos constitucionales– explotar el gas de las minas de carbón.
Las maniobras para modificar esta última ley ilustran las habilidades de Emilio Gamboa no sólo para sacar adelante iniciativas con una fuerte oposición pública, sino también para beneficiar, aun antes de que lleguen al pleno, intereses económicos o políticos a los que, en algún momento particular, se subordina.
En diciembre de 2005, llegó al Congreso la iniciativa de reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y a la Ley Minera. El propósito expreso: que para evitar daños ambientales y reducir la inseguridad de los trabajadores de las minas –siempre expuestos a la emisión de gases dañinos–, era necesario permitir la comercialización del gas grisú (compuesto fundamentalmente por gas metano), que se halla asociado a los yacimientos de carbón mineral.
La exposición de motivos apuntaba que con esa reforma el país podría aprovechar la explotación de nuevas modalidades de gas que garanticen el abastecimiento, mejoren los precios, reduzcan la importación y contribuyan sustancialmente al mejoramiento del ambiente. Y ello, asentaba, sólo podría hacerse mediante el aprovechamiento específico del gas que se encuentra absorbido y que se libera mediante la exploración y explotación del carbón mineral.
Pese al cabildeo de las grandes empresas mineras –de manera destacada Industrial Minera México y el Grupo Acerero del Norte–, la iniciativa parecía destinada al congelamiento en la Cámara de Diputados, hasta que la madrugada del domingo 19 de febrero ocurrió el accidente en Pasta de Conchos, Coahuila, donde murieron sepultados 65 mineros, de los cuales a la fecha sólo ha sido rescatado un cadáver.
Fue entonces cuando los industriales mineros y el gobierno de Coahuila reforzaron su cabildeo en la Cámara, en los medios y entre los líderes de opinión hasta conseguir que la Comisión de Energía recibiera la iniciativa, cuatro días después del accidente, y dictaminara de inmediato.
Pasaron sólo dos semanas y, el 9 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones prácticamente por unanimidad y sin discusión de fondo.
Llegó la minuta a la Cámara de Senadores, donde terminó de dictaminarse el 4 de abril.
Cuando los empresarios mineros arreciaron su cabildeo, señalaban que si el Senado no aprobaba rápido la iniciativa sería responsable de las muertes de mineros que ocurrieran en adelante (después de las de Pasta de Conchos). Pero también exhibían su verdadero interés. Dijo Alonso Ancira Elizondo, presidente del Grupo Acerero del Norte (GAN), que Altos Hornos de México (AHMSA) –de la que es subsidiaria ese grupo– estaba perdiendo cada año 200 millones de dólares por “tirar” el gas de las minas de carbón a la atmósfera.
Tanta insistencia de los cabilderos de los industriales mineros y del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, causó suspicacia en algunos senadores, que se dieron a la tarea de estudiar a fondo –cosa que no hicieron los diputados– la iniciativa. Y pronto salió el peine: ni les interesaba gran cosa la seguridad de los mineros ni había tal preocupación por el medio ambiente.
Lo que en realidad querían los empresarios no era el gas metano de las minas de carbón, que está muy diluido y es de poco valor comercial y de escasas aplicaciones prácticas, sino el metano de mayor pureza y alto valor comercial obtenido mediante pozos perforados desde la superficie para luego inyectarlo a los gasoductos de gas natural.
Por ello no sólo debía modificarse la Ley Minera, sino también la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, para que las empresas privadas pudieran explorar, explotar, elaborar y vender de primera mano el gas, así como transportarlo y almacenarlo. Todas esas actividades, antes de la aprobación de las reformas, estaban reservadas al Estado.
La discusión
Sobre todo ese proceso, cuenta el exsenador Manuel Bartlett:
“La iniciativa llegó al Senado como minuta. Tenían urgencia de que se aprobara rápido. Varios senadores, entre ellos Ricardo Aldana –que es el tesorero del sindicato petrolero–, el perredista Antonio Soto y yo dijimos que no, que había que estudiarla a fondo. Aldana no tardó en consultar con su sindicato y con Pemex. Dijo con toda claridad que era inconstitucional lo que proponía la iniciativa, por lo que la empresa y el sindicato se oponían.
Luego, el senador Soto presentó un punto de acuerdo para pedirle a Pemex informar de qué se trataba, que explicara las cuestiones técnicas y el alcance de las modificaciones legales que se iban a discutir en el Senado. Pero antes de que Pemex respondiera a la solicitud, Emilio Gamboa y Enrique Jackson, sobre todo el primero, ya habían operado para que se le diera primera lectura al dictamen.
“Pudimos frenar esa primera lectura porque no había firmas, es decir, la registraron sin que las comisiones hubieran dictaminado nada –refiere Bartlett–. Vino otro intento de primera lectura. Entonces yo planteé en mi fracción, con la presencia de Gamboa y de Jackson, que teníamos el compromiso interno de no firmar nada mientras no hubiera posición de consenso. Dije: Hay que discutir el texto para poder llegar a un acuerdo, y en caso de que no se llegue a éste, cada quien vota como quiere, que es el voto de conciencia. Al no respetarse esta regla –como ocurrió con la Ley Televisa–, termina habiendo una confrontación política interna y se fractura la fracción.
“Reclamé que se estudiara el asunto y leí un texto que me entregó Aldana, donde demostraba claramente que era inconstitucional la propuesta. Y dije que mientras no viniera Aldana a explicarnos toda esta situación y por qué el sindicato y Pemex estaban en contra, no podíamos tomar, en la fracción, una decisión. Pero resultó que, sin ningún aviso, de manera fast track y malintencionada, apareció publicada la segunda lectura en la gaceta parlamentaria. Al verla, volví a reclamar en mi comisión que no habíamos discutido nada la iniciativa y que tampoco estaba Aldana.
“Entonces Emilio Gamboa intentó dar una explicación y dijo: ‘Bueno, sí es cierto que escucharíamos a Aldana, pero está muy ocupado, no puede venir hoy, pero ya habló conmigo y dijo que está completamente de acuerdo’. Resultaba absurdo. Esta milagrosa conversión de Aldana a la aprobación de la ley era inverosímil. ¿Que Aldana ya había considerado constitucional el asunto, o que ya Pemex había pensado que estaba bien, que era buen negocio? Pero aun si hubiera habido este milagro de transmutación de Aldana, quedaba la discusión entre nosotros, que no se había dado. Vino luego el silencio y la aceptación de consignas.”
El dolo, la trampa
El día en que se aprobó la reforma, el 20 de abril, Aldana no se presentó a la sesión. Mucho menos le tomó la llamada a Bartlett. Pero a éste le quedó claro que fue Gamboa quien operó no sólo para hacer cambiar de opinión al tesorero del sindicato petrolero, sino para aprobar la reforma. El mismo que operó para sacar adelante la ley que permite a particulares cogenerar energía eléctrica, y también la Ley Televisa, entre otras.
Y el hecho de que no hubo la mínima discusión, por lo menos entre priistas, quedó claro en el debate en el pleno el día que se aprobó la iniciativa. El senador priista Alejandro Gutiérrez, quien dijo haber consultado el tema con miembros de la Cámara Nacional de la Industria Minera, señaló que Bartlett, Soto y en general los senadores que estaban en contra hacían mucho escándalo con el asunto, pues, señaló, de todo el gas que viene asociado con el carbón mineral sólo se aprovecha 7%, cosa mínima, además de que no es rentable para Pemex extraer el gas grisú y luego procesarlo para su uso industrial. Era mejor dejárselo a los particulares porque, adicionalmente, es poco el gas de los yacimientos de carbón: un pozo petrolero genera casi 5 millones de pies cúbicos de gas, mientras que un pozo carbonífero genera 50 mil pies cúbicos.
Sin embargo, prosiguió, era preciso aprobar la iniciativa en sus términos por razones ecológicas y de seguridad para los trabajadores de las minas: El efecto ecológico del gas metano es 21 veces el efecto invernadero, es decir, contamina más que el bióxido de carbono; de modo que dejar a los particulares que lo exploren, exploten, procesen y transporten reduce en 60% los riesgos de accidentes dentro de las minas.
Sentenció que, en suma, Bartlett y compañía estaban manipulando la información y viendo moros con tranchetes: La reforma no era inconstitucional ni se estaba regalando a los particulares o a las trasnacionales el gran negocio.
Pero luego tomó el micrófono el senador Jorge Nordhausen, también priista, y dio otra visión. Si no se permitía a los particulares explotar el gas asociado al carbón, se cancelaría la posibilidad de generar riqueza para el país y miles de empleos para los mexicanos; se agravaría la dependencia respecto a Estados Unidos, y se comprometería más la soberanía energética al tener que aumentar las importaciones de gas natural. Estaríamos, dijo, “asesinando a las generaciones futuras”, y los mexicanos seguiríamos “arrodillados ante Estados Unidos en lo que respecta al suministro de gas”.
Luego, Bartlett los centró: “Pónganse de acuerdo; es mucho o poco el gas, es una explotación a gran escala o es una cosa mínima”. Y manifestó estar de acuerdo en que si la ley no era aprobada se atentaría contra las generaciones futuras… pero de Larreas, Anciras, Autrey y otros dueños de grandes mineras.
Antonio Soto, del PRD, expuso a su vez: El gas grisú que viene asociado al carbón no es el tema; es todo el gas. Es el negocio de los mineros. Entonces, no violentemos la Constitución para regalarles un gran negocio a los empresarios mineros –“que no se han preocupado por cuidar a sus trabajadores”–, que son los que realmente van a salir beneficiados y no el pueblo, que será “otra vez saqueado”.
En tribuna, desde su escaño y en documentos repartidos a todos los senadores, Manuel Bartlett argumentó lo siguiente: Hay dolo y trampa en la propuesta de modificaciones legales: Si el objetivo de la reforma fuera simplemente el gas grisú, desde que se elaboró la minuta se debió haber utilizado el término “gas metano liberado durante la explotación de las vetas, mantos, masas o yacimientos de carbón mineral”.
Explicó que, desde la minuta, se confundió dolosamente el metano emitido durante la extracción de carbón mineral (gas grisú) por empresas mineras, con el metano que extraen las compañías petroleras desgasificando mantos de carbón (gas natural no convencional). Es decir, se confundió dolosamente el metano de las minas subterráneas de carbón –que está muy diluido y tiene poco valor comercial– con el de elevada pureza y alto valor comercial obtenido de los pozos para inyectarlo a los gasoductos. De allí el interés en modificar no sólo la Ley Minera, sino también la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo Petrolero. (Proceso 1538.)
No le hicieron caso. El decreto se aprobó. Apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio pasado, y ahora basta un simple permiso de la Secretaría de Energía para que los concesionarios de minas carboníferas puedan recuperar, comercializar y aprovechar como mejor convenga a sus intereses el gas asociado a los yacimientos de carbón.
“No era mi intención ofender”
Y si bien saben los diputados panistas que tener de aliado a Emilio Gamboa les puede ser de gran utilidad para sacar adelante iniciativas polémicas y con fuerte oposición, también confirmaron el pasado 22 de septiembre que con el priista no se juega.
Resulta que ese día, en tribuna, la diputada del PAN Rocío del Carmen Morgan calificó al PRI de “partido podrido en sus cimientos”, que “se tambalea peligrosamente y amenaza con caernos encima a todos”. Expuso así mismo que al gobierno federal actual le heredaron problemas que están haciendo crisis ahora, pero que estuvieron décadas incubándose. “No, señores del PRI, el gobierno de Fox terminó, para millones de mexicanos, con la pesadilla de 70 años de mal gobierno del PRI. Esa sí fue una pesadilla”, sentenció.
Gamboa no estaba en la sala en ese momento. Acordaba con los coordinadores parlamentarios del PAN (Héctor Larios) y del PRD (Javier González Garza) sobre el reparto de comisiones. Pero en cuanto llegó, correligionarios suyos lo pusieron al tanto de lo que había dicho la panista. Se encendió Gamboa. Llamó por celular a Larios, quien rápido acudió a la curul de Gamboa, y éste le reclamó: “¿Quieres que rompamos? Rompemos. ¿Por qué nos pegan? Hemos actuado de manera civilizada, pero si quieren sacamos los acuerdos con el PRD y se acabó. Si insisten en golpearnos, acuérdate que también sabemos ser oposición”.
Fue tal la mella que causó en los panistas el reclamo de Gamboa, que la diputada Franco debió disculparse públicamente: “No era mi intención ofender”, dijo. Y ambos partidos acordaron que las palabras de la panista en contra del PRI fueran eliminadas del Diario de los Debates.
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