Ambición por el gas

Arturo Rodríguez García

SALTILLO, COAH.- A raíz de la tragedia en la mina de carbón Pasta de Conchos, el pasado 19 de febrero, donde murieron 65 trabajadores, los grandes consorcios mineros –Grupo México y Grupo Acerero del Norte– han intensificado sus disputas por el dominio de los recursos minerales que vienen arrastrando desde hace más de una década.

Representantes de los dos grupos se han enfrascado en un cabildeo para que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) apruebe un documento de la Coordinación General de Minería de la Secretaría de Economía (SE) que propone la regulación de la extracción de gas grisú.

La pugna cobró relevancia la primera semana de septiembre, cuando Grupo México anunció a las cámaras y organismos empresariales de la Región Carbonífera de Coahuila la construcción de una planta termoeléctrica que le fue concesionada por el gobierno foxista en noviembre de 2005, proyecto al que destinará una millonaria inversión.

Y es que, desde hace 10 años, Alonso Ancira Elizondo, presidente del Grupo Acerero del Norte (GAN), ha venido gestionando una concesión. Prometió que invertiría más de mil 200 millones de dólares y la generación de 7 mil empleos en la región. Las autoridades no lo apoyaron. Ahora, el permiso para la termoeléctrica fue otorgado a Grupo México, de Germán Larrea Mota Velazco. La autorización para construir la termoeléctrica, que se ubicará en el municipio de San Juan de Sabinas, provocó una reacción inmediata del GAN.

Las reservas de carbón en los yacimientos Pasta de Conchos, de Grupo México, suman 46 millones de toneladas; además, de acuerdo con el mapa de control interno del Grupo México, consultado por Proceso, los mantos de carbón tienen una altura aproximada de dos metros y se localizan a 200 metros de profundidad.

En contraste, los yacimientos del GAN se ubican a 600 metros de profundidad, pero no existen estudios contundentes sobre la distancia a la que se encuentra el mineral –y el gas asociado–, por lo que los representantes del GAN insisten en que la profundidad para la extracción debe ser ilimitada.

En un oficio enviado el viernes 8 a la Cofemer, Alejandro Ramírez Lares, representante legal del Minera Carbonífera Río Escondido (carboeléctrica) y de Minerales Monclova, S.A. de C.V. (Mimosa), ambas subsidiarias del GAN, manifiesta su desacuerdo sobre el asunto de la profundidad de los yacimientos, así como por los procedimientos operativos. El abogado considera que el reglamento provoca incertidumbre jurídica y contiene sobrerregulación.

Tres días después, el gobierno de Coahuila también envió un oficio, el SEFOMEC/SM/315/06, firmado por el secretario de Fomento Económico, Jorge Alanís Canales, en el que menciona aspectos sobre seguridad y hace algunas observaciones similares a las de los representantes del GAN. Antes, el miércoles 6, el senador priista de Coahuila, Jesús María Ramón Valdez, envió una carta en la que se refiere a la sobrerregulación y considera inconstitucional que se limite la extracción a 400 metros de profundidad, en consonancia con el interés del presidente del GAN.

El Grupo México, ventajoso

La concesión a Grupo México para construir la planta termoeléctrica es inmejorable. Actualmente, en toda la región carbonífera se pueden observar numerosas exploraciones de empresas a las que Petróleos Mexicanos (Pemex) les autorizó contratos de servicios múltiples para que puedan extraer el gas natural de la llamada Cuenca de Burgos. Incluso, en el artículo 37 del anteproyecto para el Reglamento de Aprovechamiento de Gas Grisú de la SE, se prevé que los concesionarios den aviso inmediatamente cuando descubran gas natural durante las exploraciones carboníferas e informen sobre las condiciones en que se haya hecho.

Los planes de Grupo México se frenaron por el siniestro en la mina 8 de Pasta de Conchos. Sin embargo, ha sabido sacar beneficios de esa tragedia. Ingenieros y técnicos consultados dicen que la afectación es notoria, pues cada dos meses tienen que remover escombros y reapuntalar en el sector que, por el paso del tiempo, se está asentando. Los diagonales son túneles transversales ubicados cada 40 o 50 metros que atraviesan los tres cañones principales –denominados Banda, Regreso y Arrastre– utilizados por los mineros para sus faenas de introducción de material y extracción de mineral. Cuando los trabajadores abandonan las instalaciones se libera el aire contaminado.

El daño a la estructura fue previsto por Industrial Minera México (IMMSA) –subsidiaria de Grupo México– meses antes del siniestro, por lo que inició desde 2005 la construcción del Tiro Vertical #3, una entrada/salida auxiliar que desemboca en el Diagonal 23, por el lado del Cañón Arrastre, lugar donde se ubica el yacimiento no minado.

A más de siete meses de la tragedia, las labores de rescate de los cuerpos de los 65 trabajadores se han interrumpido varias veces debido a los derrumbes (caídos, en el argot minero), por lo que Guillermo Iglesias López, ingeniero en minas e hijo de un trabajador fallecido aquel 19 de febrero, recomendó hacer “rajes” –túneles pequeños que atraviesan las diagonales– para rodear la zonas donde haya grandes caídos.

Iglesias López asegura que IMMSA no aceptó la realización de “rajes”, con el argumento tramposo de que son inseguros. El problema, dice, es que los ingenieros de la empresa saben que esos túneles tienen una vida útil de 4 o 5 años. Pese a ello, ingenieros mineros de la región propusieron desde febrero a IMMSA la construcción de un cañón adicional por la zona no minada, lo que hubiera permitido el rescate de los cuerpos en menos de un mes, pero la empresa no aceptó. En mayo, un equipo de técnicos españoles de la empresa Hulleras del Norte, contratados por IMMSA, recomendaron un procedimiento semejante por la zona no minada. Ante el desdén de la empresa, optaron por regresar a su país, dos días después de haber llegado a Pasta de Conchos. No les importó haber pagado dos semanas de hotel, según confirmó este corresponsal.

El 11 de septiembre, después del anuncio del proyecto de inversión en la termoeléctrica, IMMSA difundió un boletín donde daba cuenta de la construcción de un túnel alterno por el cañón Banda, donde se ubica la zona minada del filón. El procedimiento es semejante al que recomendaron ingenieros nacionales y españoles y pretende rodear los derrumbes del diagonal 18 al 25, pero conlleva un alto riesgo de nuevos desastres, pues la zona minada, por sus condiciones, no permite identificar túneles viejos, ni las áreas de inundación o altas concentraciones de gas.

Los gobiernos toman partido

En medio de la disputa entre Grupo México y GAN, quedaron atrapados los pequeños productores de carbón que resienten, además de la imposibilidad para extraer y procesar el gas grisú, la operación fraudulenta de Promotora del Desarrollo Minero (Prodemi), una paraestatal creada en 2003 por la administración de Enrique Martínez y Martínez, para servir de parapeto competitivo e intermediario en la venta de carbón a la Comisión Federal de Electricidad.

El Prodemi se creó para normar las actividades de los pequeños productores de carbón, que debían cumplir con las restricciones impuestas por la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), pero en los últimos años empezó a registrar ganancias por 80 millones de pesos anuales. Diversos señalamientos de corrupción y prácticas de coyotaje, realizados por la Unión Nacional de Productores de Carbón, con sede en Sabinas, Coahuila, provocaron la destitución de Rodolfo Rábago Rábago de la dirección de la Prodemi. Al salir el funcionario se inició el desarrollo de un proyecto para construir, con las ganancias de Prodemi, una planta de acopio de carbón o “centro homogeneizador” para igualar la calidad del mineral por medio de mezclas.

Muchos yacimientos de pequeños y grandes productores, incluidos los de las Pastas de Conchos, que se han convertido en potenciales proveedores de Grupo México, contienen carbón subvitrominoso –llamado también carbón de flama baja–, que es coquizable para la fundición acerera, pero inservible para la termoeléctrica.

En agosto pasado, el titular de Minería del estado de Coahuila, Jorge Luis Chávez, fue sustituido por Alfredo Abraham Cabrera y se le dio el estatus de subsecretaría a la antigua dirección, dependiente de la Secretaría de Fomento Económico estatal, que se encarga de supervisar la operación de Prodemi y de las responsabilidades habituales de la Dirección de Minas.

El nombramiento de Abraham Cabrera como subsecretario de Minas coincidió con la versión de que el centro homogeneizador de carbón ya no será operado por el gobierno estatal a través de la Prodemi, sino concesionado al GAN, con lo que podría hacer frente a Grupo México, de aprobarse el reglamento para la extracción de gas grisú como lo propone la SE.

Apenas en marzo, Alonso Ancira declaró, al ser entrevistado acerca del trabajo de los rescatistas en Pasta de Conchos, que el responsable de haber entrampado la reforma al 27 constitucional y a la ley minera fue Felipe Calderón Hinojosa, cuando estuvo al frente de la Secretaría de Energía (Sener).

Ahora, Alonso Ancira utiliza a diferentes cabilderos para mejorar su relación con el próximo gobierno federal. El último fin de semana de agosto convocó en Monclova a un selecto grupo de políticos y empresarios de diversas filiaciones a un festín y una práctica de tiro al blanco, una de sus aficiones. Entre los asistentes, según la versión de invitados a la reunión, estuvieron Luis Téllez, exsecretario de Energía en el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente asimilado a los capitales regiomontanos; además, estuvieron presentes Agustín Carstens –exsubsecretario de Electricidad durante la gestión de Felipe Calderón en la Sener y a quien se ha mencionado como próximo secretario de Hacienda– y el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón.

El operador de Ancira es Moisés Kolteniuk, quien fuera coordinador de minería durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente se desempeña como consultor del GAN. En tanto, Grupo México impulsa a su director, Javier García de Quevedo, para la presidencia de la Cámara Minera de México (Camimex), en espera de poder reiniciar la extracción de carbón, que coincidirá con la autorización del aprovechamiento del gas asociado y no asociado en sus lotes Pastas de Conchos, para alimentar su nueva termoeléctrica