Luis Carlos Ugalde benefició a Felipe Calderón con su intempestiva, ilegal declaratoria a favor del panista. El tribunal cometería una equivocación descomunal, peligrosísima, si incurriera en apresuramiento semejanteEn un viejo chiste se presenta el dilema entre la velocidad y la exactitud. Interrogado el tonto del pueblo, ¿cuántos son dos más dos?, cavila más de lo razonable, acaso evoca su canto infantil de las tablas aritméticas y cuando se le urge a que responda, concluye: cinco. Al reprochársele su error, se queja del apremio: bueno, ¿qué quieres, que sea rápido o que sea exacto?
En materia electoral ambos factores pueden no ser satisfechos conjuntamente. Se creó el sistema de resultados preliminares, y se admiten las encuestas de salida y los conteos para no tener que esperar hasta el miércoles (y jueves) siguiente, cuando se realiza el cómputo. Así se consigue rapidez. Pero si ya se aguardó hasta media semana, entonces lo exigible es la exactitud. En las etapas cuya resolución concierne al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la prisa no tiene cabida. Para eso se diseñaron plazos prolongados: hasta el 31 de agosto, unas siete u ocho semanas después de la jornada electoral (primer domingo de julio) para resolver las controversias; y una más, del primero al 6 de septiembre, para calificar el proceso en su conjunto.
Esta ha sido una elección muy competida: la diferencia entre las dos candidaturas más votadas apenas excede el medio punto porcentual. Ha sido muy controvertida: se iniciaron 364 juicios de inconformidad, magnitud que se abulta cuando se recuerda que hace seis años, primera vez que se aplicaron las cláusulas constitucionales que ahora están en curso, sólo fueron ventilados ¡dos! procedimientos de aquella naturaleza. Y ha sido una elección muy sacudida por el descontento de la parte que se siente agredida por el funcionamiento de las instituciones (en general, y las electorales en particular). Luis Carlos Ugalde, el consejero presidente del IFE, benefició a Felipe Calderón con su intempestiva, ilegal declaratoria a favor del panista. El tribunal cometería una equivocación descomunal, peligrosísima, si incurriera en apresuramiento semejante. Dada la complejidad de la situación procesal, debe agotar sus plazos, hacer del tiempo su aliado, beneficiarse de la cierta holgura que le da la ley.
Leo, sin embargo, la afirmación llana y contundente de que "en el transcurso de la semana que viene", la del 21 al 27 de agosto, el tribunal "resolverá en una sola sesión la calificación de la elección presidencial del 2 de julio: cómputo final de los votos, fallo de validez de la elección y legalidad del proceso y declaratoria de Presidente electo en la persona de Felipe Calderón". Lo dijo el viernes pasado, en Milenio, Joaquín López Dóriga, en una columna donde, en sentido contrario a lo que se afirma, asegura que Calderón "se siente cómodo con Santiago Creel", y donde anuncia -y así ocurrió horas después- que Mariano Palacios Alcocer sería ratificado en la presidencia nacional priista. O sea que se le confían informaciones pertinentes.
Esta quizá no lo sea. Tal vez el informante de López Dóriga se saltó una semana. Lo cierto es que se saltó un importantísimo trámite. Para hacer el cómputo final la sala superior requiere resolver los litigios en cuyo estudio ahora se afana. Tiene que emitir 364 sentencias, aunque lo haga en una sola sesión. De modo que no debería caer en apresuramiento. El tribunal dispone, a partir de hoy domingo 20, de 11 días para cerrar la etapa judicial y de seis más para, erigido en órgano constitucional de calificación, dar por concluido el proceso.
Hacerlo antes, y en el sentido indicado por López Dóriga, significaría, como en la fórmula famosa, no sólo un crimen sino también una estupidez. Si ya se prevé que la sesión inaugural del Congreso, el primero de septiembre, será tanto o más agitada que la semejante de 1988 (cuando Vicente Fox era alebrestado legislador), llegar a ese punto con el proceso cerrado significaría alimentar las inclinaciones radicalistas de un segmento de la coalición Por el Bien de Todos, el que nunca creyó demasiado en la vía electoral y ahora confirmaría sus definiciones y sus augurios. Hasta por ese móvil táctico, más todavía disponiendo legalmente del plazo para hacerlo, el tribunal no deberá ceder a las presiones que lo urgen a terminar ya con la incertidumbre que atosiga a quienes no acaban de comprender que el actual diseño del proceso electoral requiere paciencia y serenidad.
Apenas esta semana que concluye hoy terminó el incidente de previo y especial pronunciamiento resuelto el 5 de agosto con la decisión de abrir cerca de 12 mil paquetes, practicada entre el 9 y el 14 siguientes (con cabos sueltos hasta el jueves pasado incluido). Los magistrados recibieron el mismo número de actas circunstanciadas, en que constan las diligencias respectivas. Los miembros del tribunal deberán saber, deben estar averiguándolo ya, en qué medida se cumplieron sus acuerdos sobre esa diligencia judicial. En muchos casos no se elaboraron actas "circunstanciadas" que, como lo sabe cualquier estudiante de derecho procesal, deben ser pormenorizadas, a detalle, "con toda menudencia, sin omitir particularidades". Las que se limitaron a hacer constar sólo los resultados del nuevo conteo deben ser echadas a la basura y reconvenidos sus autores. Y el tribunal deberá proveerse de la información de la que carezca en esos casos. Por tratarse de piezas procesales, el público ignora qué clase de material produjeron los recuentos, qué narraron las actas. No todos los funcionarios judiciales que dirigieron las diligencias entendieron de igual modo el procedimiento. Una buena parte de ellos entregó a los representantes de los partidos copia del acta, como era lógico y esperable. Pero muchos más no lo hicieron.
Los ciudadanos contamos sólo con la información difundida por los partidos. La de Acción Nacional ha sido parca, ufanista: nada cambió con el recuento, aseguran sus voceros. En cambio, la coalición de López Obrador aporta datos que si los considera el tribunal no sólo implicaría trabajar duro durante muchos días (lo que daría al traste con la gana de acabar pronto) sino que modificaría las cifras. En un reporte difundido el miércoles pasado la coalición Por el Bien de Todos informa que el recuento permitió saber que en 3,873 casillas (una tercera parte del total de 11,839 revisadas) "fueron introducidos ilegalmente... 58,056 votos, es decir un promedio de tres votos por casilla en el total de las recontadas". En 3,659 casillas más, en cambio, "fueron retirados ilegalmente... 61,688 votos. Es decir, un promedio de 3.2 por casillas en el total de las recontadas". La suma de esas dos clases de anomalías implica a 7,532 casillas, el 65 por ciento de las casillas recontadas "y significan 119,744 votos alterados". El voto en esas casillas debe ser anulado, como lo permite la ley.
La coalición asegura también que variaron los datos en el 81 por ciento de las actas de escrutinio recontadas. López Obrador perdería 43 votos en ellas, pero en cambio se corrige la alteración que había beneficiado a Calderón con 13,335 votos que nunca existieron. "Es decir, que lo que el PAN ha llamado 'errores humanos comprensibles' beneficiaron 5,000 por ciento más a Felipe Calderón que a López Obrador...". Esos son los datos duros, ciertos, que debe atender el tribunal, con reposo y meditación, sin prisas.
Fuera de allí, la política hierve. En acuerdo con el Estado Mayor Presidencial, que durante una larga quincena controla el palacio de San Lázaro como si fuera una dependencia del Ejecutivo, la Policía Federal Preventiva impidió que el plantón-bloqueo saltara hasta la sede del Congreso, y después ha cercado el recinto para evitar que la resistencia civil estorbe las actividades parlamentarias, especialmente la presentación del último informe de Fox. Para hacerlo impide el tránsito en uno de los dos carriles de la antigua avenida Francisco Morazán, y en las inmediaciones. Con razón y con sarcasmo los habitantes de la colonia Del Parque, y quienes allí trabajan, se quejan de esta ilegal interrupción de sus derechos urbanos.
La elección chiapaneca, que hoy se ventila, ilustra la combinación de fuerzas que tendrá vigencia a partir de ahora. Su símbolo es Manuel Espino repartiendo propaganda priista, horas antes de hablar a favor de Ulises Ruiz, el gobernador oaxaqueño en jaque, hace dos años vencedor con malas artes de un candidato de su partido
En materia electoral ambos factores pueden no ser satisfechos conjuntamente. Se creó el sistema de resultados preliminares, y se admiten las encuestas de salida y los conteos para no tener que esperar hasta el miércoles (y jueves) siguiente, cuando se realiza el cómputo. Así se consigue rapidez. Pero si ya se aguardó hasta media semana, entonces lo exigible es la exactitud. En las etapas cuya resolución concierne al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la prisa no tiene cabida. Para eso se diseñaron plazos prolongados: hasta el 31 de agosto, unas siete u ocho semanas después de la jornada electoral (primer domingo de julio) para resolver las controversias; y una más, del primero al 6 de septiembre, para calificar el proceso en su conjunto.
Esta ha sido una elección muy competida: la diferencia entre las dos candidaturas más votadas apenas excede el medio punto porcentual. Ha sido muy controvertida: se iniciaron 364 juicios de inconformidad, magnitud que se abulta cuando se recuerda que hace seis años, primera vez que se aplicaron las cláusulas constitucionales que ahora están en curso, sólo fueron ventilados ¡dos! procedimientos de aquella naturaleza. Y ha sido una elección muy sacudida por el descontento de la parte que se siente agredida por el funcionamiento de las instituciones (en general, y las electorales en particular). Luis Carlos Ugalde, el consejero presidente del IFE, benefició a Felipe Calderón con su intempestiva, ilegal declaratoria a favor del panista. El tribunal cometería una equivocación descomunal, peligrosísima, si incurriera en apresuramiento semejante. Dada la complejidad de la situación procesal, debe agotar sus plazos, hacer del tiempo su aliado, beneficiarse de la cierta holgura que le da la ley.
Leo, sin embargo, la afirmación llana y contundente de que "en el transcurso de la semana que viene", la del 21 al 27 de agosto, el tribunal "resolverá en una sola sesión la calificación de la elección presidencial del 2 de julio: cómputo final de los votos, fallo de validez de la elección y legalidad del proceso y declaratoria de Presidente electo en la persona de Felipe Calderón". Lo dijo el viernes pasado, en Milenio, Joaquín López Dóriga, en una columna donde, en sentido contrario a lo que se afirma, asegura que Calderón "se siente cómodo con Santiago Creel", y donde anuncia -y así ocurrió horas después- que Mariano Palacios Alcocer sería ratificado en la presidencia nacional priista. O sea que se le confían informaciones pertinentes.
Esta quizá no lo sea. Tal vez el informante de López Dóriga se saltó una semana. Lo cierto es que se saltó un importantísimo trámite. Para hacer el cómputo final la sala superior requiere resolver los litigios en cuyo estudio ahora se afana. Tiene que emitir 364 sentencias, aunque lo haga en una sola sesión. De modo que no debería caer en apresuramiento. El tribunal dispone, a partir de hoy domingo 20, de 11 días para cerrar la etapa judicial y de seis más para, erigido en órgano constitucional de calificación, dar por concluido el proceso.
Hacerlo antes, y en el sentido indicado por López Dóriga, significaría, como en la fórmula famosa, no sólo un crimen sino también una estupidez. Si ya se prevé que la sesión inaugural del Congreso, el primero de septiembre, será tanto o más agitada que la semejante de 1988 (cuando Vicente Fox era alebrestado legislador), llegar a ese punto con el proceso cerrado significaría alimentar las inclinaciones radicalistas de un segmento de la coalición Por el Bien de Todos, el que nunca creyó demasiado en la vía electoral y ahora confirmaría sus definiciones y sus augurios. Hasta por ese móvil táctico, más todavía disponiendo legalmente del plazo para hacerlo, el tribunal no deberá ceder a las presiones que lo urgen a terminar ya con la incertidumbre que atosiga a quienes no acaban de comprender que el actual diseño del proceso electoral requiere paciencia y serenidad.
Apenas esta semana que concluye hoy terminó el incidente de previo y especial pronunciamiento resuelto el 5 de agosto con la decisión de abrir cerca de 12 mil paquetes, practicada entre el 9 y el 14 siguientes (con cabos sueltos hasta el jueves pasado incluido). Los magistrados recibieron el mismo número de actas circunstanciadas, en que constan las diligencias respectivas. Los miembros del tribunal deberán saber, deben estar averiguándolo ya, en qué medida se cumplieron sus acuerdos sobre esa diligencia judicial. En muchos casos no se elaboraron actas "circunstanciadas" que, como lo sabe cualquier estudiante de derecho procesal, deben ser pormenorizadas, a detalle, "con toda menudencia, sin omitir particularidades". Las que se limitaron a hacer constar sólo los resultados del nuevo conteo deben ser echadas a la basura y reconvenidos sus autores. Y el tribunal deberá proveerse de la información de la que carezca en esos casos. Por tratarse de piezas procesales, el público ignora qué clase de material produjeron los recuentos, qué narraron las actas. No todos los funcionarios judiciales que dirigieron las diligencias entendieron de igual modo el procedimiento. Una buena parte de ellos entregó a los representantes de los partidos copia del acta, como era lógico y esperable. Pero muchos más no lo hicieron.
Los ciudadanos contamos sólo con la información difundida por los partidos. La de Acción Nacional ha sido parca, ufanista: nada cambió con el recuento, aseguran sus voceros. En cambio, la coalición de López Obrador aporta datos que si los considera el tribunal no sólo implicaría trabajar duro durante muchos días (lo que daría al traste con la gana de acabar pronto) sino que modificaría las cifras. En un reporte difundido el miércoles pasado la coalición Por el Bien de Todos informa que el recuento permitió saber que en 3,873 casillas (una tercera parte del total de 11,839 revisadas) "fueron introducidos ilegalmente... 58,056 votos, es decir un promedio de tres votos por casilla en el total de las recontadas". En 3,659 casillas más, en cambio, "fueron retirados ilegalmente... 61,688 votos. Es decir, un promedio de 3.2 por casillas en el total de las recontadas". La suma de esas dos clases de anomalías implica a 7,532 casillas, el 65 por ciento de las casillas recontadas "y significan 119,744 votos alterados". El voto en esas casillas debe ser anulado, como lo permite la ley.
La coalición asegura también que variaron los datos en el 81 por ciento de las actas de escrutinio recontadas. López Obrador perdería 43 votos en ellas, pero en cambio se corrige la alteración que había beneficiado a Calderón con 13,335 votos que nunca existieron. "Es decir, que lo que el PAN ha llamado 'errores humanos comprensibles' beneficiaron 5,000 por ciento más a Felipe Calderón que a López Obrador...". Esos son los datos duros, ciertos, que debe atender el tribunal, con reposo y meditación, sin prisas.
Fuera de allí, la política hierve. En acuerdo con el Estado Mayor Presidencial, que durante una larga quincena controla el palacio de San Lázaro como si fuera una dependencia del Ejecutivo, la Policía Federal Preventiva impidió que el plantón-bloqueo saltara hasta la sede del Congreso, y después ha cercado el recinto para evitar que la resistencia civil estorbe las actividades parlamentarias, especialmente la presentación del último informe de Fox. Para hacerlo impide el tránsito en uno de los dos carriles de la antigua avenida Francisco Morazán, y en las inmediaciones. Con razón y con sarcasmo los habitantes de la colonia Del Parque, y quienes allí trabajan, se quejan de esta ilegal interrupción de sus derechos urbanos.
La elección chiapaneca, que hoy se ventila, ilustra la combinación de fuerzas que tendrá vigencia a partir de ahora. Su símbolo es Manuel Espino repartiendo propaganda priista, horas antes de hablar a favor de Ulises Ruiz, el gobernador oaxaqueño en jaque, hace dos años vencedor con malas artes de un candidato de su partido
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