Autor: carlos acosta córdova /aproFecha: 18-Ago-2006
México, D.F., 17 de agosto (apro).- O era prisa por pagar servicios prestados durante la campaña de Felipe Calderón, o fue una absoluta falta de sentido del timing político. El caso es que menos de quince días después de las elecciones del 2 de julio, y justo cuando se reclamaba –y se reclama aún ahora-- claridad respecto de quiénes financiaron esa campaña, el presidente Fox decidió conceder un nuevo privilegio fiscal a un buen número de empresas, algunas de las cuales participaron abiertamente en la propaganda del miedo en contra de Andrés Manuel López Obrador.
Se trata de que empresas que venden o importan jugos, néctares y otras bebidas, agua natural incluida, no paguen ya, desde el 20 de julio, el impuesto al valor agregado (IVA). Lo peor de todo es que el hecho contradice inclusive el argumento de fondo de la frustrada reforma fiscal integral que con tanto énfasis buscó Fox, pero que por una clara falta de habilidad para la negociación política nunca se logró.
Dicha reforma buscaba equidad en el pago de impuestos, ampliar la base tributaria y, sobre todo, recaudar más. Pero ahora, con la decisión de imponerles la tasa cero en IVA a esas empresas, el fisco dejará de percibir –de acuerdo con analistas consultados-- más de 50 mil millones de pesos anuales.
La pregunta es, ¿si el Tribunal Electoral ratifica el triunfo de Felipe Calderón, con qué cara éste va a proponer de nueva cuenta una reforma fiscal integral, si discrecionalmente, haciendo a un lado al Congreso, se determinan privilegios fiscales para cientos de empresas?
La historia es breve: amparado en las facultades que le concede la Constitución, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Vicente Fox hizo a un lado al Congreso –el que, por ley, debe decidir en materia de ingresos públicos--, y emitió un decreto, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio, mediante el cual “se les otorga un estímulo fiscal a los importadores o enajenantes de jugos, néctares, concentrados de frutas o de verduras y de productos para beber, en los que la leche sea un componente que se combina con vegetales, cultivos lácticos o lactobacilos, edulcorantes u otros ingredientes, tales como el yogurt para beber, el producto lácteo fermentado o los licuados, así como de agua no gaseosa ni compuesta, cuya presentación sea en envases menores de diez litros.
“El estímulo fiscal consistirá en una cantidad equivalente al 100% del impuesto al valor agregado que deba pagarse por la importación o enajenación de los productos antes mencionados…”
Y por si fuera poco, “el estímulo fiscal no será acumulable para los efectos del impuesto sobre la renta (ISR)”.
El Ejecutivo se basó en dos tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte –establecidas luego de una lluvia de amparos interpuestos por empresarios de esos ramos-- para tomar la decisión. Una se refiere a jugos, néctares y bebidas con algún contenido de leche. La otra aborda el caso del agua embotellada.
En ambos casos la Corte determinó que no había razones ni elementos relevantes para dar un trato fiscal diferenciado. Que, en el primer caso, si se grava con tasa cero de IVA la venta de alimentos en estado sólido y semisólido, no hay por qué imponer una tasa distinta a la venta de bebidas distintas de la leche. Y en el caso del agua embotellada, igual, que no había razón para imponer IVA de 15% a presentaciones menores de 10 litros, cuando las superiores a ese volumen tienen tasa de 0%.
Así, entonces, desde el 20 de julio pasado, cientos de empresas no pagan IVA por esos productos, al importarlos o venderlos aquí.
Varias de las empresas beneficiadas con la disposición de la Secretaría de Hacienda fueron denunciadas por López Obrador como las que apoyaron abiertamente la campaña electoral de Felipe Calderón. Entre ellas, Jumex y Pepsicola (a través de Sabritas) que, entre otras, financiaron los spots de radio y televisión (la propaganda negra) contra el candidato de la coalición Por el Bien de Todos.
Jumex es uno de los líderes en el mercado de jugos y néctares; tiene siete subsidiarias (una de ellas en Estados Unidos), y elabora y vende las marcas Pau Pau, Ami, Jumex Sport, Nautix, Unifresco, y una amplia variedad de jugos y néctares.
Sabritas es subsidiaria de PepsiCola, que también elabora agua embotellada y el agua de sabor Be-Light.
En las concentraciones que encabezaba el candidato del PAN, era frecuente que a los asistentes se les regalaran botellas de agua natural Ciel y Electropura, marcas propiedad de Coca Cola-Femsa.
En realidad, no son pocas las empresas beneficiadas por la virtual exención del pago del IVA.
Tan sólo en el mercado del agua embotellada participan más de mil marcas en todas sus presentaciones. Según el INEGI, en su más reciente Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares, casi 30 millones de mexicanos consumen agua purificada envasada y, en promedio, las familias gastan al año mil 200 pesos en la compra del producto.
Datos de la Asociación Nacional de Productores y Distribuidores de Agua Purificada, revelan que hay en México casi 6 mil empresas productoras de agua, de las cuales diez son consorcios (principalmente refresqueros), 150 son grandes empresas, 300 son medianas, 600 son pequeñas y 5 mil son microempresas.
Más, anualmente se venden más de 35 millones de litros de agua embotellada.
Pero, sin duda, las que encabezan el mercado son Danone, que además de elaborar productos con algún contenido de leche --también con la nueva tasa cero de IVA--, es dueña de las marcas Bonafont y Evian; CocaCola-Femsa, con Ciel y Electropura; Nestlé (en el mismo caso de Danone), con agua Santa María; Kraft, con AguaFiel y C-light; PepsiCola, con Be-Light.
Otras empresas que inundan el mercado y que han enfatizado en el agua no gaseosa pero con sabor: Peñafiel, Jumex, Geupec, Gatorade y las tiendas Wal-Mart y Chedraui, con marcas propias.
Vaya, hasta las Farmacias del Ahorro –de la familia Benavides y con una presencia impresionante en todo el país-- tienen su marca propia de agua natural envasada.
En el caso de jugos y néctares y bebidas lácteas, también son miles las empresas beneficiadas, pero las líderes en el mercado son, además de Jumex, Jugos del Valle –que ya le ha ganado juicios a Hacienda por miles de millones de pesos--, la más grande fabricante de jugos y bebidas en México, con presencia incluso en más de 35 países.
Además de sus jugos y néctares, sus marcas más conocidas son Frutsi, Bébere, Apretón, Florida 7 y Barrilitos, entre otros.
En lácteos (yogures, licuados y similares), sin duda, los líderes son Lala, Alpura, Nestlé, Sigma (subsidiaria de Femsa, que elabora Yoplait), Kellogs y Yakult.
De acuerdo con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), los más beneficiados con la tasa cero de IVA serán, sin embargo, los importadores de esos productos –ya sea terminados o como insumos para procesarlos en territorio nacional--, pues considera que ello implicará un desplazamiento de los productores nacionales.
La pregunta que tendría que responder la autoridad es por qué tomar esa decisión justo ahora, cuando el ambiente nacional es de crispación, de molestia justificada por la abierta participación del empresariado en favor de Felipe Calderón. ¿Así va a pagar el gobierno los apoyos recibidos? ¿Dando privilegios a los de siempre, a costa de los ingresos públicos? Luego por qué se ofenden, se lamentan y se desgarran las vestiduras cuando López Obrador denuncia la connivencia entre gobierno y empresarios.
Y reitero la pregunta inicial: ¿con qué cara, con qué autoridad moral, pueden poner otra vez en la mesa de discusión el tema de la reforma fiscal integral, si deciden asuntos fundamentales de manera vertical y a discreción, a espaldas del Congreso y de la sociedad?
Comentarios: cgacosta@proceso.com.mx
Se trata de que empresas que venden o importan jugos, néctares y otras bebidas, agua natural incluida, no paguen ya, desde el 20 de julio, el impuesto al valor agregado (IVA). Lo peor de todo es que el hecho contradice inclusive el argumento de fondo de la frustrada reforma fiscal integral que con tanto énfasis buscó Fox, pero que por una clara falta de habilidad para la negociación política nunca se logró.
Dicha reforma buscaba equidad en el pago de impuestos, ampliar la base tributaria y, sobre todo, recaudar más. Pero ahora, con la decisión de imponerles la tasa cero en IVA a esas empresas, el fisco dejará de percibir –de acuerdo con analistas consultados-- más de 50 mil millones de pesos anuales.
La pregunta es, ¿si el Tribunal Electoral ratifica el triunfo de Felipe Calderón, con qué cara éste va a proponer de nueva cuenta una reforma fiscal integral, si discrecionalmente, haciendo a un lado al Congreso, se determinan privilegios fiscales para cientos de empresas?
La historia es breve: amparado en las facultades que le concede la Constitución, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Vicente Fox hizo a un lado al Congreso –el que, por ley, debe decidir en materia de ingresos públicos--, y emitió un decreto, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio, mediante el cual “se les otorga un estímulo fiscal a los importadores o enajenantes de jugos, néctares, concentrados de frutas o de verduras y de productos para beber, en los que la leche sea un componente que se combina con vegetales, cultivos lácticos o lactobacilos, edulcorantes u otros ingredientes, tales como el yogurt para beber, el producto lácteo fermentado o los licuados, así como de agua no gaseosa ni compuesta, cuya presentación sea en envases menores de diez litros.
“El estímulo fiscal consistirá en una cantidad equivalente al 100% del impuesto al valor agregado que deba pagarse por la importación o enajenación de los productos antes mencionados…”
Y por si fuera poco, “el estímulo fiscal no será acumulable para los efectos del impuesto sobre la renta (ISR)”.
El Ejecutivo se basó en dos tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte –establecidas luego de una lluvia de amparos interpuestos por empresarios de esos ramos-- para tomar la decisión. Una se refiere a jugos, néctares y bebidas con algún contenido de leche. La otra aborda el caso del agua embotellada.
En ambos casos la Corte determinó que no había razones ni elementos relevantes para dar un trato fiscal diferenciado. Que, en el primer caso, si se grava con tasa cero de IVA la venta de alimentos en estado sólido y semisólido, no hay por qué imponer una tasa distinta a la venta de bebidas distintas de la leche. Y en el caso del agua embotellada, igual, que no había razón para imponer IVA de 15% a presentaciones menores de 10 litros, cuando las superiores a ese volumen tienen tasa de 0%.
Así, entonces, desde el 20 de julio pasado, cientos de empresas no pagan IVA por esos productos, al importarlos o venderlos aquí.
Varias de las empresas beneficiadas con la disposición de la Secretaría de Hacienda fueron denunciadas por López Obrador como las que apoyaron abiertamente la campaña electoral de Felipe Calderón. Entre ellas, Jumex y Pepsicola (a través de Sabritas) que, entre otras, financiaron los spots de radio y televisión (la propaganda negra) contra el candidato de la coalición Por el Bien de Todos.
Jumex es uno de los líderes en el mercado de jugos y néctares; tiene siete subsidiarias (una de ellas en Estados Unidos), y elabora y vende las marcas Pau Pau, Ami, Jumex Sport, Nautix, Unifresco, y una amplia variedad de jugos y néctares.
Sabritas es subsidiaria de PepsiCola, que también elabora agua embotellada y el agua de sabor Be-Light.
En las concentraciones que encabezaba el candidato del PAN, era frecuente que a los asistentes se les regalaran botellas de agua natural Ciel y Electropura, marcas propiedad de Coca Cola-Femsa.
En realidad, no son pocas las empresas beneficiadas por la virtual exención del pago del IVA.
Tan sólo en el mercado del agua embotellada participan más de mil marcas en todas sus presentaciones. Según el INEGI, en su más reciente Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares, casi 30 millones de mexicanos consumen agua purificada envasada y, en promedio, las familias gastan al año mil 200 pesos en la compra del producto.
Datos de la Asociación Nacional de Productores y Distribuidores de Agua Purificada, revelan que hay en México casi 6 mil empresas productoras de agua, de las cuales diez son consorcios (principalmente refresqueros), 150 son grandes empresas, 300 son medianas, 600 son pequeñas y 5 mil son microempresas.
Más, anualmente se venden más de 35 millones de litros de agua embotellada.
Pero, sin duda, las que encabezan el mercado son Danone, que además de elaborar productos con algún contenido de leche --también con la nueva tasa cero de IVA--, es dueña de las marcas Bonafont y Evian; CocaCola-Femsa, con Ciel y Electropura; Nestlé (en el mismo caso de Danone), con agua Santa María; Kraft, con AguaFiel y C-light; PepsiCola, con Be-Light.
Otras empresas que inundan el mercado y que han enfatizado en el agua no gaseosa pero con sabor: Peñafiel, Jumex, Geupec, Gatorade y las tiendas Wal-Mart y Chedraui, con marcas propias.
Vaya, hasta las Farmacias del Ahorro –de la familia Benavides y con una presencia impresionante en todo el país-- tienen su marca propia de agua natural envasada.
En el caso de jugos y néctares y bebidas lácteas, también son miles las empresas beneficiadas, pero las líderes en el mercado son, además de Jumex, Jugos del Valle –que ya le ha ganado juicios a Hacienda por miles de millones de pesos--, la más grande fabricante de jugos y bebidas en México, con presencia incluso en más de 35 países.
Además de sus jugos y néctares, sus marcas más conocidas son Frutsi, Bébere, Apretón, Florida 7 y Barrilitos, entre otros.
En lácteos (yogures, licuados y similares), sin duda, los líderes son Lala, Alpura, Nestlé, Sigma (subsidiaria de Femsa, que elabora Yoplait), Kellogs y Yakult.
De acuerdo con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), los más beneficiados con la tasa cero de IVA serán, sin embargo, los importadores de esos productos –ya sea terminados o como insumos para procesarlos en territorio nacional--, pues considera que ello implicará un desplazamiento de los productores nacionales.
La pregunta que tendría que responder la autoridad es por qué tomar esa decisión justo ahora, cuando el ambiente nacional es de crispación, de molestia justificada por la abierta participación del empresariado en favor de Felipe Calderón. ¿Así va a pagar el gobierno los apoyos recibidos? ¿Dando privilegios a los de siempre, a costa de los ingresos públicos? Luego por qué se ofenden, se lamentan y se desgarran las vestiduras cuando López Obrador denuncia la connivencia entre gobierno y empresarios.
Y reitero la pregunta inicial: ¿con qué cara, con qué autoridad moral, pueden poner otra vez en la mesa de discusión el tema de la reforma fiscal integral, si deciden asuntos fundamentales de manera vertical y a discreción, a espaldas del Congreso y de la sociedad?
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