Autor: Jorge Carrasco Araizaga
Fecha: 20-Ago-2006
A unos días del último informe de Vicente Fox, el país, al que prometió llevar a un cambio que ni siquiera intentó, vive la fase más ríspida de una crisis poselectoral que, más allá de sus alcances últimos, pone en evidencia que el viejo presidencialismo absolutista, aunque decrépito, está vivo. Pero los indicios son claros: el sistema no da para más y en la actual situación el inminente fallo del TEPJF podría ser irrelevante. Sin negociaciones entre los factores políticos, sin el propósito expreso de llegar a un nuevo pacto constitucional, México se convertirá en un país ingobernable.
Sobre el futuro inmediato y las perspectivas del país a mediano plazo hablan el jurista Diego Valadés, el historiador Enrique Semo y Manuel Camacho, de la coalición Por el Bien de Todos. En el equipo de Felipe Calderón no hubo disposición a participar en este trabajo.
El presidencialismo mexicano ya no da más. Se agotó.Y ni con el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-ración (TEPJF) México saldrá de la crisis en que derivó la elección presidencial del
2 de julio. Por el contrario, se acentuará, sintetiza Diego Valadés Ríos, director del Instituto de Inves-tigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM en entrevista con Proceso.
Y es que, según este especialista en derecho constitucional, ni la designación de alguno de los contendientes –Felipe Cal-derón o Andrés Manuel López Obrador– ni una eventual anulación de la elección garantizan la gobernabilidad del país, a menos de que la próxima legislatura haga en tres meses lo que dejaron de hacer sus predecesores en los seis años del gobierno de Vicente Fox: acordar las reglas de un sistema presidencial democrático.
Prevé que el futuro se complicará conforme avance el calendario político. El 1 de septiembre, cuando se instale la LX Legislatura, los nuevos congresistas se encontrarán con un país en crisis y tendrán sólo tres meses para alcanzar acuerdos.
Si fracasan, dice, a partir del 1 de diciembre México será un país ingobernable, con un gobierno orientado por la coacción y la cooptación, con una separación social que podría derivar en el México bárbaro.
En su argumentación, Valadés matiza que “no es un escenario improbable”, sino resultado de un sistema jurídico propio del presidencialismo autoritario que ahora lo único que garantiza son crisis sucesivas y escaladas.
Experto en temas del sistema representativo, Poder Legislativo y control del poder, el también exfuncionario público y exdiputado federal advierte:
“La crisis va avanzando rápido y se acentuará a partir del momento en que el TEPJF declare presidente electo a quien quiera que sea. Y como ya no hay otra instancia a la cual recurrir después del fallo, la única opción que nos queda es la de construir una nueva legalidad a través de un pacto constitucional”.
Su evaluación es crítica: La tarea tendrá que hacerse en el Congreso, dice, pero si los legisladores mantienen la parálisis demostrarán que ni siquiera tienen capacidad de autodefensa y, además, estarán condenando al próximo presidente a la ingobernabilidad.
El director del IIJ, quien en todo momento evita mencionar por sus nombres a los candidatos presidenciales, considera que existe poco tiempo para lograr acuerdos, y habla de la urgencia de desmontar el presidencialismo absolutista.
Para él, la situación poselectoral es resultado de la decrepitud del sistema presidencial mexicano que el gobierno de Fox dejó prácticamente intacto, al actuar conforme a las viejas reglas del régimen del PRI.
La insistencia de Calderón de actuar como presidente electo y la de López Obra-
dor de declararse despojado representan un problema que escapa a los siete magistrados del tribunal. Explica: “El problema viene de mucho más atrás porque aunque se abran los 130 mil paquetes y se haga el recuento total o parcial de votos, el resultado será el mismo, no nos va a sacar de ningún problema”.
Valadés afirma: “Lo que hemos hecho es retrasar unas semanas el reconocimiento del vencedor absoluto. Pero la declaración y los efectos son exactamente iguales, pues el TEPJF ratificará la naturaleza excluyente del sistema presidencialista mexicano en el que gana uno y pierden todos los demás”.
Por una nueva legalidad
Autor de numerosas publicaciones especializadas, entre ellas Consideraciones sobre gobernabilidad y constitucionalismo, hombre cercano al rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, el doctor Valadés terminará en las próximas semanas su período al frente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios. De hecho, en los días posteriores al 2 de julio se difundió que miembros del IIJ tomaron parte en la elaboración de la argumentación jurídica de la defensa de la coalición Por el Bien de Todos.
A seis años de la derrota del PRI, no se ha desmontado la estructura presidencial del viejo régimen, dice Valadés, y expone que el problema de Fox es que “creyó que, parafraseando a Luis XIV, la transición era él. Y cuando se plantea que la transición de un sistema personalista es un nuevo personalismo, se está equivocado de medio a medio”.
Para el director de uno de los centros de investigación jurídica más influyentes del país, esto es una demostración clara de que el sistema arcaico, de un presidencialismo hipertrofiado, no ha sido sustituido. “El antiguo régimen pervive, pero en estado de decrepitud que ya estamos padeciendo todos”, asevera.
Por eso insiste en que la única transición posible es la de desmontar el actual sistema autoritario y trasladar el nuevo esquema constitucional a un sistema de instituciones democráticas. Y arguye que “nunca se ha podido salir de ninguna crisis en ningún sistema político si no es mediante un nuevo acuerdo que estructure y haga funcionar el poder de otra forma”.
Valadés menciona que esa transición es dar paso a la ingobernabilidad: “Estaremos en un México ingobernable en tanto no le demos pautas para ser gobernable y éstas sólo las dará un nuevo pacto constitucional”.
–¿Pero cómo hacerlo en un ambiente de confrontación como el que vivimos?
–Las condiciones las tendremos en cuestión de semanas. La crisis se acentuará a partir de que el tribunal emita su fallo, cualquiera que sea. Se verá entonces que lo único que nos queda será la de construir una nueva legalidad.
Esa búsqueda, dice, se tendrá que hacer sobre la base que existe, la Constitución, que durante 70 años se fue amoldando a una estructura de poder centralizado, un presidencialismo personalista y patrimonialista. Y eso es lo que tenemos que superar. Tenemos que construir un nuevo sistema presidencial, un federalismo diferente, otro sistema representativo y un nuevo sistema electoral y de partidos.
Al mismo tiempo, sugiere, se debe preservar todo lo que no está siendo impugnado y rescatarlo para el futuro. Particularmente, lo que tiene que ver con el capítulo de derechos fundamentales y derechos sociales. Y menciona algunos de los principios que, desde su perspectiva, deben mantenerse: la separación Iglesia–Estado, la educación laica y los derechos de los trabajadores.
La responsabilidad recaerá en el Con-greso, asegura. Y aunque “no tiene que ser de un solo golpe”, las bases fundamentales tienen que esclarecerse en plazos perentorios. “De otra manera, subraya, a partir del 1 de diciembre el país será ingobernable”.
Valadés, quien fuera diputado federal en la LII Legislatura, de 1985 a 1988, explica el estrecho margen que tendrá el Congreso: “En pocas semanas, los nuevos legisladores asumirán sus responsabilidades y encontrarán un país en crisis. Y tendrán que definir, en términos perentorios, la forma de restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones”.
Es una tarea urgente; si no la hacen, dice, “estarán condenando al próximo presidente de la República a gobernar basado en el único recurso indeseable, el de la coacción, y entraríamos así en un México bárbaro que ya conocemos muy bien”.
En la actual crisis se ha tomado a uno de los contendientes como el referente de la intransigencia, dice en alusión a López Obrador. Pero en la realidad son todos. Toda la estructura del poder está procediendo exactamente con la misma rigidez y con la misma indiferencia en lo que respecta a la democracia.
Riesgos jurídicos
–¿El México que tenemos ya no es viable desde la perspectiva jurídica? –se le pregunta.
–Jurídicamente, el que tenemos es un México que sólo puede depararnos crisis sucesivas y cada día más graves.
“Si a partir del 1 de diciembre tenemos un sistema presidencial igual de arcaico, un sistema representativo igual de ineficiente y nos preparamos para nuevos procesos electorales con un sistema tan defectuoso en el orden de los partidos y tan vulnerable como se vio ahora en el orden electoral, entonces el próximo gobierno no tiene posibilidades reales de gobernar democráticamente”.
En el extremo, dice, “el próximo presidente podría gobernar sólo basado en las bayonetas. Entonces vayámonos despidiendo de la democracia y démosle la bienvenida a la autocracia. Y así como hablamos de antiguo régimen hablaremos entonces de la restauración”.
No es un escenario improbable –asegura– porque los que eran conservadores se han vuelto reaccionarios, como los que eran moderados se han vuelto intransigentes. Todos se han despegado progresivamente del centro.
Y matiza: “Durante muchos años, Mé-xico ha caminado por el centro político. Pero ahora hemos tomado un nuevo ritmo y un nuevo rumbo. Estamos iniciando una especie de lo que podríamos llamar una diáspora ideológica y una fuga del centro hacia los extremos. Si dejamos que esa fuga prosiga entonces simplemente ganará el más fuerte”.
Por eso dice que en esas condiciones, cualquiera que sea el que gane establecerá un gobierno de fuerza, ya sea el que está en los poderes tradicionales o el poder que ahora está en las calles. Pero eso nada tiene que ver con la democracia.
La salida que ha ofrecido Calderón de formar un “gobierno de coalición” significa para Valadés mantener el presidencialismo arcaico: “Nuestro sistema presidencial es excluyente y a falta de bases constitucionales que permitan ese tipo de gobierno una oferta como ésa significa en la práctica buscar la cooptación de opositores”.
Nada tiene que ver, refiere, con un verdadero gobierno de coalición como el de Alemania, donde hubo un estrecho resultado electoral, aunque existen las bases constitucionales para una salida de ese tipo.
Si bien el candidato del PAN ha ofrecido incorporar propuestas de los otros candidatos presidenciales a su eventual gobierno, Valadés considera que eso está muy por debajo de lo que se requiere para gobernar el país en estos tiempos: un pacto de las fuerzas políticas en torno de una serie de principios que se introduzcan a la Constitución para hacer viable la democracia en el país.
Pero no se trata de sustituir al sistema presidencial, puntualiza, sino de renovarlo. “En este momento tenemos que todo el poder del Ejecutivo recae en una sola persona. Entre el presidente de México y el rey Luis XIV de Francia la diferencia es que Luis XIV era vitalicio y dejaba a su sucesor”.
El presidente de México no es vitalicio, aunque por mucho tiempo sí dejó sucesor. Y lo ha querido seguir dejando porque el presidente Fox no escapó a esa tentación, dice el investigador especializado también en historia constitucional y derecho constitucional comparado.
El Poder Ejecutivo debe recaer en el gobierno y estar integrado por ministros, presididos por el presidente, pero ese poder no debe estar en manos de un solo hombre. En esa medida, agrega, los funcionarios deben ser responsables, ratificados y controlados por el Congreso para que incluso se establezca la moción de censura, así sea muy limitada.
Y menciona el caso del secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, en la tragedia de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila. Hay una prueba documentada incontrovertible emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la que se acreditan los múltiples errores que llevaron a la muerte de muchos mexicanos y no ha pasado nada.
Funcionario él mismo en el gobierno de Carlos Salinas como procurador de Justicia del Distrito Federal (1992-1994) y como procurador general de la República (1994), Valadés asegura que en México “lo que tenemos son dos estructuras de libertad: la de los que obedecen y la de los que mandan. Nosotros somos los libres que obedecemos y los otros son los libres que mandan. Eso no es un sistema democrático”.
Por eso urge a desmontar las estructuras construidas en un sistema hiperpresidencialista, entre las cuales incluye al órgano contralor, que debe transformarse en un verdadero instrumento de control político. Ese es el caso de la Secretaría de la Contraloría de la Federación, creada en 1982 en el gobierno de Miguel de la Madrid y a la que Fox sólo le cambió el nombre por el de la Secretaría de la Función Pública.
Reformar el Ejecutivo federal significa también reformar a los ejecutivos estatales, que se han convertido en verdaderos cacicazgos, explica.
Y habla de los contrastes experimentados en el país en materia electoral: “En los últimos 10 años de vigencia de la nueva Ley Electoral, los partidos políticos han recibido cerca de 30 mil millones de pesos. Es una cifra que no tiene paralelo en el orbe… Lo lamentable es que ahora no tenemos un sistema de partidos para una democracia estable”.
Por eso insiste en que “el sistema presidencial no da más. Lamentablemente, el presidente Fox perdió la oportunidad del cambio que todos pensamos que iba a llevar a cabo. Ahora, lo que no se hizo en seis años tenemos que hacerlo en 90 días.
“De otra manera, el presidente que tengamos el 1 de diciembre será, cualquiera que sea su nombre, un nuevo pequeño autócrata, y digo pequeño autócrata porque tampoco tendrá para más.
–¿Y si no se avanza en los cambios?
–Entonces el nivel de contradicciones seguirá creciendo y en algún momento lo que hoy es una expresión de inconformidad crecerá hasta un punto que prefiero no predecir.
–¿El México bárbaro?
–Así es, aunque también se pueden im-
pulsar procesos constructivos, lo que demuestra que estamos en el filo de la navaja. ?
Sobre el futuro inmediato y las perspectivas del país a mediano plazo hablan el jurista Diego Valadés, el historiador Enrique Semo y Manuel Camacho, de la coalición Por el Bien de Todos. En el equipo de Felipe Calderón no hubo disposición a participar en este trabajo.
El presidencialismo mexicano ya no da más. Se agotó.Y ni con el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-ración (TEPJF) México saldrá de la crisis en que derivó la elección presidencial del
2 de julio. Por el contrario, se acentuará, sintetiza Diego Valadés Ríos, director del Instituto de Inves-tigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM en entrevista con Proceso.
Y es que, según este especialista en derecho constitucional, ni la designación de alguno de los contendientes –Felipe Cal-derón o Andrés Manuel López Obrador– ni una eventual anulación de la elección garantizan la gobernabilidad del país, a menos de que la próxima legislatura haga en tres meses lo que dejaron de hacer sus predecesores en los seis años del gobierno de Vicente Fox: acordar las reglas de un sistema presidencial democrático.
Prevé que el futuro se complicará conforme avance el calendario político. El 1 de septiembre, cuando se instale la LX Legislatura, los nuevos congresistas se encontrarán con un país en crisis y tendrán sólo tres meses para alcanzar acuerdos.
Si fracasan, dice, a partir del 1 de diciembre México será un país ingobernable, con un gobierno orientado por la coacción y la cooptación, con una separación social que podría derivar en el México bárbaro.
En su argumentación, Valadés matiza que “no es un escenario improbable”, sino resultado de un sistema jurídico propio del presidencialismo autoritario que ahora lo único que garantiza son crisis sucesivas y escaladas.
Experto en temas del sistema representativo, Poder Legislativo y control del poder, el también exfuncionario público y exdiputado federal advierte:
“La crisis va avanzando rápido y se acentuará a partir del momento en que el TEPJF declare presidente electo a quien quiera que sea. Y como ya no hay otra instancia a la cual recurrir después del fallo, la única opción que nos queda es la de construir una nueva legalidad a través de un pacto constitucional”.
Su evaluación es crítica: La tarea tendrá que hacerse en el Congreso, dice, pero si los legisladores mantienen la parálisis demostrarán que ni siquiera tienen capacidad de autodefensa y, además, estarán condenando al próximo presidente a la ingobernabilidad.
El director del IIJ, quien en todo momento evita mencionar por sus nombres a los candidatos presidenciales, considera que existe poco tiempo para lograr acuerdos, y habla de la urgencia de desmontar el presidencialismo absolutista.
Para él, la situación poselectoral es resultado de la decrepitud del sistema presidencial mexicano que el gobierno de Fox dejó prácticamente intacto, al actuar conforme a las viejas reglas del régimen del PRI.
La insistencia de Calderón de actuar como presidente electo y la de López Obra-
dor de declararse despojado representan un problema que escapa a los siete magistrados del tribunal. Explica: “El problema viene de mucho más atrás porque aunque se abran los 130 mil paquetes y se haga el recuento total o parcial de votos, el resultado será el mismo, no nos va a sacar de ningún problema”.
Valadés afirma: “Lo que hemos hecho es retrasar unas semanas el reconocimiento del vencedor absoluto. Pero la declaración y los efectos son exactamente iguales, pues el TEPJF ratificará la naturaleza excluyente del sistema presidencialista mexicano en el que gana uno y pierden todos los demás”.
Por una nueva legalidad
Autor de numerosas publicaciones especializadas, entre ellas Consideraciones sobre gobernabilidad y constitucionalismo, hombre cercano al rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, el doctor Valadés terminará en las próximas semanas su período al frente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios. De hecho, en los días posteriores al 2 de julio se difundió que miembros del IIJ tomaron parte en la elaboración de la argumentación jurídica de la defensa de la coalición Por el Bien de Todos.
A seis años de la derrota del PRI, no se ha desmontado la estructura presidencial del viejo régimen, dice Valadés, y expone que el problema de Fox es que “creyó que, parafraseando a Luis XIV, la transición era él. Y cuando se plantea que la transición de un sistema personalista es un nuevo personalismo, se está equivocado de medio a medio”.
Para el director de uno de los centros de investigación jurídica más influyentes del país, esto es una demostración clara de que el sistema arcaico, de un presidencialismo hipertrofiado, no ha sido sustituido. “El antiguo régimen pervive, pero en estado de decrepitud que ya estamos padeciendo todos”, asevera.
Por eso insiste en que la única transición posible es la de desmontar el actual sistema autoritario y trasladar el nuevo esquema constitucional a un sistema de instituciones democráticas. Y arguye que “nunca se ha podido salir de ninguna crisis en ningún sistema político si no es mediante un nuevo acuerdo que estructure y haga funcionar el poder de otra forma”.
Valadés menciona que esa transición es dar paso a la ingobernabilidad: “Estaremos en un México ingobernable en tanto no le demos pautas para ser gobernable y éstas sólo las dará un nuevo pacto constitucional”.
–¿Pero cómo hacerlo en un ambiente de confrontación como el que vivimos?
–Las condiciones las tendremos en cuestión de semanas. La crisis se acentuará a partir de que el tribunal emita su fallo, cualquiera que sea. Se verá entonces que lo único que nos queda será la de construir una nueva legalidad.
Esa búsqueda, dice, se tendrá que hacer sobre la base que existe, la Constitución, que durante 70 años se fue amoldando a una estructura de poder centralizado, un presidencialismo personalista y patrimonialista. Y eso es lo que tenemos que superar. Tenemos que construir un nuevo sistema presidencial, un federalismo diferente, otro sistema representativo y un nuevo sistema electoral y de partidos.
Al mismo tiempo, sugiere, se debe preservar todo lo que no está siendo impugnado y rescatarlo para el futuro. Particularmente, lo que tiene que ver con el capítulo de derechos fundamentales y derechos sociales. Y menciona algunos de los principios que, desde su perspectiva, deben mantenerse: la separación Iglesia–Estado, la educación laica y los derechos de los trabajadores.
La responsabilidad recaerá en el Con-greso, asegura. Y aunque “no tiene que ser de un solo golpe”, las bases fundamentales tienen que esclarecerse en plazos perentorios. “De otra manera, subraya, a partir del 1 de diciembre el país será ingobernable”.
Valadés, quien fuera diputado federal en la LII Legislatura, de 1985 a 1988, explica el estrecho margen que tendrá el Congreso: “En pocas semanas, los nuevos legisladores asumirán sus responsabilidades y encontrarán un país en crisis. Y tendrán que definir, en términos perentorios, la forma de restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones”.
Es una tarea urgente; si no la hacen, dice, “estarán condenando al próximo presidente de la República a gobernar basado en el único recurso indeseable, el de la coacción, y entraríamos así en un México bárbaro que ya conocemos muy bien”.
En la actual crisis se ha tomado a uno de los contendientes como el referente de la intransigencia, dice en alusión a López Obrador. Pero en la realidad son todos. Toda la estructura del poder está procediendo exactamente con la misma rigidez y con la misma indiferencia en lo que respecta a la democracia.
Riesgos jurídicos
–¿El México que tenemos ya no es viable desde la perspectiva jurídica? –se le pregunta.
–Jurídicamente, el que tenemos es un México que sólo puede depararnos crisis sucesivas y cada día más graves.
“Si a partir del 1 de diciembre tenemos un sistema presidencial igual de arcaico, un sistema representativo igual de ineficiente y nos preparamos para nuevos procesos electorales con un sistema tan defectuoso en el orden de los partidos y tan vulnerable como se vio ahora en el orden electoral, entonces el próximo gobierno no tiene posibilidades reales de gobernar democráticamente”.
En el extremo, dice, “el próximo presidente podría gobernar sólo basado en las bayonetas. Entonces vayámonos despidiendo de la democracia y démosle la bienvenida a la autocracia. Y así como hablamos de antiguo régimen hablaremos entonces de la restauración”.
No es un escenario improbable –asegura– porque los que eran conservadores se han vuelto reaccionarios, como los que eran moderados se han vuelto intransigentes. Todos se han despegado progresivamente del centro.
Y matiza: “Durante muchos años, Mé-xico ha caminado por el centro político. Pero ahora hemos tomado un nuevo ritmo y un nuevo rumbo. Estamos iniciando una especie de lo que podríamos llamar una diáspora ideológica y una fuga del centro hacia los extremos. Si dejamos que esa fuga prosiga entonces simplemente ganará el más fuerte”.
Por eso dice que en esas condiciones, cualquiera que sea el que gane establecerá un gobierno de fuerza, ya sea el que está en los poderes tradicionales o el poder que ahora está en las calles. Pero eso nada tiene que ver con la democracia.
La salida que ha ofrecido Calderón de formar un “gobierno de coalición” significa para Valadés mantener el presidencialismo arcaico: “Nuestro sistema presidencial es excluyente y a falta de bases constitucionales que permitan ese tipo de gobierno una oferta como ésa significa en la práctica buscar la cooptación de opositores”.
Nada tiene que ver, refiere, con un verdadero gobierno de coalición como el de Alemania, donde hubo un estrecho resultado electoral, aunque existen las bases constitucionales para una salida de ese tipo.
Si bien el candidato del PAN ha ofrecido incorporar propuestas de los otros candidatos presidenciales a su eventual gobierno, Valadés considera que eso está muy por debajo de lo que se requiere para gobernar el país en estos tiempos: un pacto de las fuerzas políticas en torno de una serie de principios que se introduzcan a la Constitución para hacer viable la democracia en el país.
Pero no se trata de sustituir al sistema presidencial, puntualiza, sino de renovarlo. “En este momento tenemos que todo el poder del Ejecutivo recae en una sola persona. Entre el presidente de México y el rey Luis XIV de Francia la diferencia es que Luis XIV era vitalicio y dejaba a su sucesor”.
El presidente de México no es vitalicio, aunque por mucho tiempo sí dejó sucesor. Y lo ha querido seguir dejando porque el presidente Fox no escapó a esa tentación, dice el investigador especializado también en historia constitucional y derecho constitucional comparado.
El Poder Ejecutivo debe recaer en el gobierno y estar integrado por ministros, presididos por el presidente, pero ese poder no debe estar en manos de un solo hombre. En esa medida, agrega, los funcionarios deben ser responsables, ratificados y controlados por el Congreso para que incluso se establezca la moción de censura, así sea muy limitada.
Y menciona el caso del secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, en la tragedia de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila. Hay una prueba documentada incontrovertible emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la que se acreditan los múltiples errores que llevaron a la muerte de muchos mexicanos y no ha pasado nada.
Funcionario él mismo en el gobierno de Carlos Salinas como procurador de Justicia del Distrito Federal (1992-1994) y como procurador general de la República (1994), Valadés asegura que en México “lo que tenemos son dos estructuras de libertad: la de los que obedecen y la de los que mandan. Nosotros somos los libres que obedecemos y los otros son los libres que mandan. Eso no es un sistema democrático”.
Por eso urge a desmontar las estructuras construidas en un sistema hiperpresidencialista, entre las cuales incluye al órgano contralor, que debe transformarse en un verdadero instrumento de control político. Ese es el caso de la Secretaría de la Contraloría de la Federación, creada en 1982 en el gobierno de Miguel de la Madrid y a la que Fox sólo le cambió el nombre por el de la Secretaría de la Función Pública.
Reformar el Ejecutivo federal significa también reformar a los ejecutivos estatales, que se han convertido en verdaderos cacicazgos, explica.
Y habla de los contrastes experimentados en el país en materia electoral: “En los últimos 10 años de vigencia de la nueva Ley Electoral, los partidos políticos han recibido cerca de 30 mil millones de pesos. Es una cifra que no tiene paralelo en el orbe… Lo lamentable es que ahora no tenemos un sistema de partidos para una democracia estable”.
Por eso insiste en que “el sistema presidencial no da más. Lamentablemente, el presidente Fox perdió la oportunidad del cambio que todos pensamos que iba a llevar a cabo. Ahora, lo que no se hizo en seis años tenemos que hacerlo en 90 días.
“De otra manera, el presidente que tengamos el 1 de diciembre será, cualquiera que sea su nombre, un nuevo pequeño autócrata, y digo pequeño autócrata porque tampoco tendrá para más.
–¿Y si no se avanza en los cambios?
–Entonces el nivel de contradicciones seguirá creciendo y en algún momento lo que hoy es una expresión de inconformidad crecerá hasta un punto que prefiero no predecir.
–¿El México bárbaro?
–Así es, aunque también se pueden im-
pulsar procesos constructivos, lo que demuestra que estamos en el filo de la navaja. ?
No hay comentarios.:
Publicar un comentario