Violaron magistrados la Constitución

Pulso Político
Francisco Cárdenas Cruz
07 de septiembre de 2006

Debieron calificar a fondo: Carrancá y Rivas

De esto y de aquello...

Un día después de que el Tribunal Elec- toral del Poder Judicial de la Federación declaró presidente electo a Felipe Calderón -al que anoche en sesión solemne le entregó la constancia de mayoría en la sede de ese organismo, a la que llegó y de la que se retiró en helicóptero, que por lo visto utilizará para evitar las protestas lopezobradoristas- el jurista Raúl Carrancá y Rivas criticó severamente a los magistrados que al emitir su fallo violaron el artículo 41 de la Constitución y señaló que debieron hacer una calificación auténtica, de fondo, y no validarla ante las graves irregularidades que ellos mismos admiten que existieron.

Al referirse a la expresión de la magistrada Alfonsina Bertha Navarro, quien junto con su colega Mauro Miguel Reyes Zapata elaboró el dictamen, de que la elección presidencial pudo anularse pero que no se hizo porque la coalición Por el Bien de Todos no impugnó todas las casillas, el maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México se mostró asombrado por esa presunta justificación, al sostener que el que aquélla no lo solicitara expresamente, eso no anula de ninguna manera la vigencia del artículo 41 constitucional, ni era razón suficiente para que el Tribunal resolviera que por falta de cumplimiento cabal de ese requisito, declarara válido el proceso.

Calificó de "argumento odioso, contradictorio y equivocado" el que los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral aprobaran por unanimidad que la intromisión del Presidente de la República y de los organismos empresariales en la "campaña negra" a favor de Calderón no fueran determinantes para, con base en ese precepto de la Carta Magna, anular la elección. "¿Que todo eso no fue determinante?", preguntó, molesto, al insistir en que los magistrados, en su carácter de servidores públicos, son responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones. "Vulneraron la Constitución al no aplicar su artículo 41, párrafo tercero", al considerar que ese es un argumento que se abona para que la coalición promueva en la Cámara de Diputados un juicio político en contra de ellos.

Ante la declaración del presidente del Tribunal, Leonel Castillo González, de que sus integrantes asumirán "el juicio de la historia", Carrancá y Rivas le respondió que "por más que aleguen que actuaron conforme a derecho, los juristas de hoy y de mañana calificarán, como lo hacemos nosotros, este fallo y al final de cuentas el juicio les será adverso", porque la visión de Derecho que arguye tener aquél es un derecho que no todos compartimos, al insistir en que la resolución debió ser ir al conteo total de votos, en su caso, o a la nulidad abstracta, y a una nueva elección.

Cuando se le preguntó sobre la declaración del senador perredista Ricardo Monreal, de que los magistrados electorales pudieron ser sobornados, respondió: "Cabe la sospecha".

Tras recibir anoche su constancia como Presidente Electo de la República, Felipe Calderón propuso los que serán sus tres asuntos prioritarios: el combate a la pobreza, la seguridad pública y la generación de empleos. O sea, los mismos compromisos que públicamente hizo el presidente Vicente Fox en el 2000 y que a tres meses de concluir el sexenio, no cumplió. Calderón reiteró su ofrecimiento de que su gobierno estará "al servicio de la sociedad", será incluyente, responsable, honesto y transparente, comprometido con la rendición de cuentas, además de que reforzará la economía para que no siga la migración. La sede del Tribunal Electoral fue escenario de la hueviza que grupos radicales del lopezobradorismo arrojaron a integrantes del grupo de colaboradores del presidente electo, entre ellos el ex titular de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame. También la magistrada Alfonsina Bertha Navarro, coautora del dictamen que emitió el Tribunal, fue objeto de insultos y blanco de escupitajos de los agresivos simpatizantes del que fuera candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, a su llegada a la sesión solemne de anoche. El conflicto postelectoral en el que sigue inmerso el país está siendo aprovechado por los cárteles del narcotráfico para arreciar la brutal guerra que sostienen por el control de distribución de droga en ciudades del interior de la República. Como ayer Nuevo Laredo o Culiacán, y después Acapulco, ahora Monterrey, Cancún y Uruapan son los nuevos escenarios de la violencia que han desatado, sin que las autoridades estatales o federales de seguridad pública, ni aun el Ejército, puedan hacer algo para evitarlo. Horas después de revelar a la prensa de Nuevo León el hallazgo de un arsenal en el municipio de San Pedro Garza García, el director de la Agencia estatal de Investigaciones de esa entidad, Marcelo Garza y Garza, fue ejecutado. En Cancún, a los asesinatos de funcionarios policiacos han seguido los "granadazos" a las instalaciones de los diarios Por esto!, que dirige Mario Renato Menéndez, tanto en ese lugar como en Mérida, y a las de Que Quintana Roo se Entere, que se atribuyen a cárteles de la droga. Y, el colmo, un comando armado irrumpió ayer en la madrugada en una discoteca de Uruapan, Michoacán, y tras disparar ráfagas de metralleta, dejaron cinco cabezas humanas en plena pista de baile. Premio Nacional de Ciencias y Artes al rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, y a cuatro académicos de esa institución: Luis de Tavira Noriega, Joaquín Gutiérrez Heras, Larissa Adler Milstein y Fernando Samaniego Verduzco, que es la máxima distinción que otorga el Estado mexicano. Ofrecimientos a diputados del PRD, PT y Convergencia para que presidan la mayoría de las 43 comisiones ordinarias en San Lázaro, a cambio de que aprueben la reforma a la Ley Orgánica del Congreso para que el PRI presida la Junta de Coordinación Política. Felipe Calderón anunció que no habrá head-hunters para que le integren su gabinete: con los que decida El Yunque será suficiente. Por cierto que el jalisciense Marco Antonio Sifuentes fue designado coordinador institucional de Comunicación Social de la Cámara de Diputados.