Olor a engaño

Concluyó la elección presidencial del 2006 y el ambiente está impregnado de olor a engaño. A los ganadores ofenden los cuestionamientos a la victoria, los perdedores se sienten atracados, y muchos lamentamos la pobre calidad de la democracia y el auge de la bipolaridad que anula la pluralidad. Es demasiado pronto para dar una opinión documentada sobre el fallo del Tribunal Electoral que ratificara la victoria de Felipe Calderón. Se apega a la legalidad, pero me deja dudas sobre la pertinencia de sus interpretaciones. Por ejemplo, si el Trife reconoce que el comportamiento indebido del Presidente Vicente Fox puso en riesgo la elección y acepta que los spots del Comité Coordinador Empresarial violaron normas jurídicas, ¿cómo concluye que esas irregularidades no afectaron resultados tan cerrados? Sobre todo porque existe un debate mundial sobre las correlaciones, negativas o positivas, entre los spots y la intención del voto. El futuro sigue teñido de incertidumbre y se mantiene el riesgo de conflicto social. En los últimos meses se ha satanizado a Andrés Manuel López Obrador, al que se atribuyen todos los males de la república. Es un error analítico y político porque aun tomando en cuenta sus múltiples errores estratégicos, tácticos y discursivos, en la gestación de este momento intervinieron muchos otros actores y factores. En mi caso persisten dudas, que considero bien fundadas, sobre la calidad de la elección o sobre la relación entre ésta y el ofensivo favoritismo gubernamental hacia los grandes empresarios. Interrogantes que dependen muy poco, o nada, de lo que hace o dice el candidato de la Coalición. Es cierto que la incertidumbre se alimenta en buena medida por las políticas del enfrentamiento seguidas por la izquierda partidista y López Obrador. Siendo justos, la confusión también se acentúa porque es dudoso el margen de maniobra que tendrá Felipe Calderón para integrar a un gabinete de incierta pluralidad, representatividad y eficacia; o sobre su capacidad para resistirse a las facturas que le presentarán empresarios y sindicato magisterial, entre otros. Y de esos márgenes y de la voluntad del flamante Presidente dependerán las reformas que ayudarán a disipar ese olor de engaño que ya venía como herencia del sexenio de Vicente Fox. Por ahora, lo único seguro es que el calendario sigue llenándose con fechas cargadas de tensión. Había negros presagios sobre el 1 de septiembre, pero afortunadamente prevaleció la mesura: López Obrador pidió a sus seguidores que se mantuvieran en el Zócalo capitalino y el Presidente Fox se abstuvo de forzar su arribo a una tribuna tomada por los diputados y senadores de la Coalición. Ahora se nos vienen las ¿Fiestas? Patrias. El Presidente está decidido a dar el Grito el 15 de septiembre en medio, supongo, de una sinfonía de gritos y mentadas y es lógico que terminemos viendo ¡oh sacrilegio! un cristal blindado en el balcón del Palacio Nacional donde se coloca el Presidente; esa discusión sobre la seguridad del Presidente se inició cuando le aventaron un cohetón a Miguel De la Madrid. El 16 habrá desfile y el Ejército ya anunció que se realizará en las vialidades tomadas por la Coalición reavivándose, así, el coqueteo entre la violencia social y la fuerza estatal. Luego vendrán otros encontronazos hasta que llegue el 1 de diciembre, día en que deberá tomar posesión Felipe Calderón en San Lázaro. ¿Regresarán los militares a cercar el Congreso? ¿Volverán los legisladores de izquierda a tomar la tribuna creando las condiciones para una trifulca? En el actual almanaque mexicano, los tiempos de las instituciones se mueven con la cadencia del conflicto político y social. ¿Cómo salimos del encono que con tanta laboriosidad y empeño construimos? Una salida está en el recuento ciudadano. En los próximos días, el IFE enfrentará un dilema monumental porque responderá a las 795 peticiones de individuos y organizaciones que solicitan acceso a las boletas de la elección para establecer lo qué pasó el 2 de julio. Aunque el ejercicio carece de valor jurídico, en el contexto actual tendría una gran densidad política. El IFE está atrapado entre la legislación electoral que le ordena la destrucción de las boletas y la ley de transparencia que le exige su entrega. Si el IFE las destruye, Luis Carlos Ugalde y el Consejo General se habrán ganado un lugar en la historia junto al Diego Fernández de Cevallos que aprobara la quema de las boletas de la elección de 1988. Si las entregan le añadirán incertidumbre a unos meses ya de por sí cargados. He respaldado la iniciativa de John Ackerman, Irma Sandoval y la revista Proceso porque es absolutamente legal y legítimo recurrir a las leyes de acceso a la información para saber lo que realmente pasó durante la jornada electoral. Son evidentes los enormes problemas logísticos asociados, pero éstos podrían resolverse en la medida en la que sigan sumándose instituciones académicas. Si el Presidente electo Felipe Calderón respalda este recuento ciudadano, estaría demostrando una sensibilidad que le ha faltado para reconocer la legitimidad de quienes deseamos saber la verdad porque nos interesa la calidad de la democracia. Si se incorporan organizaciones cercanas al PAN el eventual recuento ciudadano tendría mayor credibilidad. Entiendo que no es lo ideal, pero es mejor que quedarse paralizado mientras vemos cómo nos carcome la conflictividad. Otra posible salida al conflicto está en el Congreso, uno de los pocos espacios plurales con capacidad decisoria. En la medida en que diputados y senadores dialoguen tal vez saldremos del embrollo al que nos metió una elección competida, costosa y lodosa. Se cumplió con la legalidad, falta atender la legitimidad. sergioaguayo@infosel.net.mx