El cerco militar al Palacio Legislativo, además de ser violatorio de la Constitución, en los hechos significó un virtual estado de sitio y fracasó en su propósito de garantizar que el viernes 1 el presidente Vicente Fox rindiera su último informe de gobierno.
La manera en que los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo superaron esa maniobra del Estado Mayor Presidencial (EMP) anticipó la probabilidad de que el candidato oficial, el panista Felipe Calderón, no pueda asumir la Presidencia de la República el próximo 1 de diciembre, aun en caso de que el Tribunal Electoral lo declare ganador de la elección.
De acuerdo con expertos, la toma de la tribuna del Congreso por parte de los diputados y senadores que integraron la coalición Por el Bien de Todos –a excepción de los de Convergencia por la Democracia– fue la mejor salida política y jurídica ante la violación constitucional en que incurrió el gobierno federal, al desplegar acciones militares diseñadas para el control de disturbios civiles.
El coordinador del PRD en el Senado, Carlos Navarrete, invocó el artículo 29 constitucional para denunciar la violación cometida por el EMP y cumplió la advertencia de su partido en el sentido de que le impediría a Vicente Fox dar su último informe de gobierno, como protesta por su intromisión en el proceso electoral.
Según el especialista Elisur Arteaga, el operativo desplegado por el EMP para mantener el control del Palacio de San Lázaro desde el 14 de agosto violó no sólo el artículo señalado por Navarrete, sino también otras disposiciones constitucionales que se refieren a la integridad del Congreso.
Añade que, según el artículo 29, sólo se pueden suspender las garantías en tres casos: guerra con el extranjero, guerra interior y cualquier trastorno que ponga a la sociedad en grave conflicto. El presidente decide cuáles se pueden suspender; una de ellas es la del libre tránsito.
La medida, explica el también profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, debe ser aprobada por el Congreso y tomada por el presidente de la República con el acuerdo de los titulares de las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Procuraduría General de la República.
Ley vulnerada
En este caso, el presidente Fox, junto con la Secretaría de Seguridad Pública –responsable de la Policía Federal Preventiva– y el EMP suspendieron las garantías de los mexicanos al impedir que transitaran por las calles aledañas al Congreso. Utilizaron a la policía para que, sin declaración de suspensión de garantías, impidiera a los legisladores entrar libremente al domicilio del Congreso, abunda el jurista.
Y agrega: “La Constitución y las leyes dicen que los domicilios del Congreso son inviolables, además de que la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso disponen que cualquier guardia que entre a los recintos legislativos queda desde ese momento bajo las órdenes del presidente del Congreso”.
Asegura que se violó también el artículo 61 de la Constitución, según el cual el presidente de cada cámara –en este caso el diputado panista Jorge Zermeño– es responsable de velar por el respeto al fuero constitucional de los legisladores y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.
Por esa violación, dice, el presidente de la cámara debe ser depuesto porque permitió que guardias entraran al recinto sin que estuvieran bajo su mando, exigieran a los legisladores que se identificaran dentro del domicilio parlamentario y además los sometieran a revisiones exhaustivas. Fue una violación grave porque no hay manera de repararla, sostiene.
Además, dice, las autoridades federales también violaron el artículo 11 de la Constitución, referido a la libre circulación por el territorio nacional. Es verdad que ante los plantones y protestas se tenían que tomar medidas, pero el presidente prefirió violar la Constitución. “Además de que ha demostrado que cuando se trata de cumplirla se ha echado para atrás, como ha ocurrido desde hace tres meses en Oaxaca”, afirma Arteaga.
“En caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declare presidente electo al candidato del PAN, Calderón no va a tomar posesión, pues se puede tomar de nuevo la tribuna en la sesión del 1 de diciembre. Nos podemos quedar sin presidente de la República y se generaría un vacío de poder y de gobierno”, especula.
El artículo 87 de la Constitución establece que el presidente, al tomar posesión de su cargo, deberá protestar ante el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente.
“Podemos tener un país sin presidente y eso sería muy grave, pues nadie tendría el mando del país ni de las Fuerzas Armadas. No habría secretario de la Defensa. Nadie obedecería a nadie. Y quien pretenda ejercer el cargo incurrirá en el delito de ejercicio indebido del servicio público”, anticipa.
Arteaga considera que lo ocurrido el viernes fue un indicio de que Fox radicalizó la situación y llevó al país a la ingobernabilidad. Muestra de ello, dice, es que optó por la toma militar del Congreso, pues además de los elementos del Estado Mayor Presidencial actuó la Policía Federal Preventiva, que está integrada por policías militares.
Derrota en el frente político
El general retirado Francisco Gallardo asegura que se trató de una maniobra militar del jefe del EMP, el general José Armando Tamayo. Asegura que en un evento como el del informe presidencial, todas las fuerzas de seguridad del Estado quedan bajo su mando, con el propósito de proteger al presidente.
La estrategia de Tamayo de sitiar San Lázaro le falló para ese propósito, dice, no porque le haya pasado algo al titular del Ejecutivo, sino porque además de que el presidente no pudo dar su último informe de gobierno, se evidenciaron las violaciones constitucionales cometidas por el EMP.
“Desde el punto de vista castrense se puede decir que el estratega del presidente, el jefe del EMP, fue derrotado”, considera Gallardo, quien durante más de ocho años permaneció preso en instalaciones militares en violación de sus derechos humanos, como en su oportunidad lo constató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Gallardo sostiene que lo ocurrido en los alrededores del Palacio Legislativo en los días recientes configura un estado de excepción sin que éste se decretara constitucionalmente. Cuando es legal, dice, el estado de excepción debe indicar cuáles derechos se van a suspender, cuánto tiempo va a durar, en qué territorios se va a dar y cuáles son los motivos que lo originan.
“Aquí se vivió una situación de facto porque históricamente así es como han actuado quienes han sido jefes del EMP. Son inercias y hechos que se arrastran desde el pasado y que esta gente no entiende”, expone.
Maestro en administración pública por la UNAM, Gallardo asegura que fue el Ejército, a través del EMP y la PFP, el que tomó el Palacio Legislativo. Y agrega que el Estado Mayor Presidencial “actuó con base en el manual del Ejército para disturbios civiles, que es una réplica de los manuales que se usan en Estados Unidos”.
En ese manual, indica, se determina cómo se debe manejar una situación de fuerza, la que se creyó que tendría lugar en torno al Congreso.
Explica: “Primero se debe hacer una demostración de fuerza, como la que ocurrió cuando la PFP puso las vallas en la zona. Luego se dio paso a la confrontación cuando miembros del EMP golpearon a algunos diputados del PRD. Después, la situación subió de tono cuando la Federal Preventiva colocó las tanquetas. El siguiente paso fue hacer formaciones para dispersar a la masa o a la multitud.
“En ese escalamiento –agrega– llega un momento de crisis en el que se pueden usar hasta francotiradores con rifles de alto poder y mira telescópica para eliminar objetivos escogidos; es decir, la supresión de líderes. Una vez cortada la cabeza de la masa, la multitud se dispersa. Qué bueno que no llegamos a ese punto, pero esto es lo previsto en el manual.”
Asegura que así como en Chiapas se utilizó el manual de guerra irregular para atacar a la insurgencia zapatista, en el Distrito Federal se utilizó el manual del Ejército contra disturbios.
Considera también que el general Tamayo debió haberle dicho al presidente que era más conveniente que no se actuara, “porque si durante el trayecto hubieran atacado al convoy del presidente, hubiéramos acabado muy mal. Yo participé en ese tipo de maniobras y es muy riesgoso, porque se puede dar una confrontación que acabe en hechos de sangre”.
Sin embargo, se la jugaron y lo único que hicieron fue exhibirse militarmente; “fue un error muy grave de estrategia del EMP, resultado de su prepotencia, de su costumbre de actuar por encima de la Constitución y de no rendirle cuentas a nadie”.
Fue lo mismo que hicieron en mayo de 2004 en Guadalajara, cuando los altermundistas se manifestaron en la Tercera Cumbre de América Latina y el Caribe con la Unión Europea. En aquella ocasión, dice, las fuerzas de seguridad violaron los derechos humanos cuando todo el personal de seguridad pública, tanto local como estatal y federal, estuvo bajo el mando del EMP.
Si con lo acontecido el 1 de septiembre el EMP y el Ejército no recapacitan, de cara a las próximas celebraciones militares, y en particular al desfile del 16 de septiembre, lo único que harán es seguirse evidenciando como un sector que está al servicio del gobernante y no del Estado mexicano, concluye. ?
La manera en que los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo superaron esa maniobra del Estado Mayor Presidencial (EMP) anticipó la probabilidad de que el candidato oficial, el panista Felipe Calderón, no pueda asumir la Presidencia de la República el próximo 1 de diciembre, aun en caso de que el Tribunal Electoral lo declare ganador de la elección.
De acuerdo con expertos, la toma de la tribuna del Congreso por parte de los diputados y senadores que integraron la coalición Por el Bien de Todos –a excepción de los de Convergencia por la Democracia– fue la mejor salida política y jurídica ante la violación constitucional en que incurrió el gobierno federal, al desplegar acciones militares diseñadas para el control de disturbios civiles.
El coordinador del PRD en el Senado, Carlos Navarrete, invocó el artículo 29 constitucional para denunciar la violación cometida por el EMP y cumplió la advertencia de su partido en el sentido de que le impediría a Vicente Fox dar su último informe de gobierno, como protesta por su intromisión en el proceso electoral.
Según el especialista Elisur Arteaga, el operativo desplegado por el EMP para mantener el control del Palacio de San Lázaro desde el 14 de agosto violó no sólo el artículo señalado por Navarrete, sino también otras disposiciones constitucionales que se refieren a la integridad del Congreso.
Añade que, según el artículo 29, sólo se pueden suspender las garantías en tres casos: guerra con el extranjero, guerra interior y cualquier trastorno que ponga a la sociedad en grave conflicto. El presidente decide cuáles se pueden suspender; una de ellas es la del libre tránsito.
La medida, explica el también profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, debe ser aprobada por el Congreso y tomada por el presidente de la República con el acuerdo de los titulares de las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Procuraduría General de la República.
Ley vulnerada
En este caso, el presidente Fox, junto con la Secretaría de Seguridad Pública –responsable de la Policía Federal Preventiva– y el EMP suspendieron las garantías de los mexicanos al impedir que transitaran por las calles aledañas al Congreso. Utilizaron a la policía para que, sin declaración de suspensión de garantías, impidiera a los legisladores entrar libremente al domicilio del Congreso, abunda el jurista.
Y agrega: “La Constitución y las leyes dicen que los domicilios del Congreso son inviolables, además de que la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso disponen que cualquier guardia que entre a los recintos legislativos queda desde ese momento bajo las órdenes del presidente del Congreso”.
Asegura que se violó también el artículo 61 de la Constitución, según el cual el presidente de cada cámara –en este caso el diputado panista Jorge Zermeño– es responsable de velar por el respeto al fuero constitucional de los legisladores y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.
Por esa violación, dice, el presidente de la cámara debe ser depuesto porque permitió que guardias entraran al recinto sin que estuvieran bajo su mando, exigieran a los legisladores que se identificaran dentro del domicilio parlamentario y además los sometieran a revisiones exhaustivas. Fue una violación grave porque no hay manera de repararla, sostiene.
Además, dice, las autoridades federales también violaron el artículo 11 de la Constitución, referido a la libre circulación por el territorio nacional. Es verdad que ante los plantones y protestas se tenían que tomar medidas, pero el presidente prefirió violar la Constitución. “Además de que ha demostrado que cuando se trata de cumplirla se ha echado para atrás, como ha ocurrido desde hace tres meses en Oaxaca”, afirma Arteaga.
“En caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declare presidente electo al candidato del PAN, Calderón no va a tomar posesión, pues se puede tomar de nuevo la tribuna en la sesión del 1 de diciembre. Nos podemos quedar sin presidente de la República y se generaría un vacío de poder y de gobierno”, especula.
El artículo 87 de la Constitución establece que el presidente, al tomar posesión de su cargo, deberá protestar ante el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente.
“Podemos tener un país sin presidente y eso sería muy grave, pues nadie tendría el mando del país ni de las Fuerzas Armadas. No habría secretario de la Defensa. Nadie obedecería a nadie. Y quien pretenda ejercer el cargo incurrirá en el delito de ejercicio indebido del servicio público”, anticipa.
Arteaga considera que lo ocurrido el viernes fue un indicio de que Fox radicalizó la situación y llevó al país a la ingobernabilidad. Muestra de ello, dice, es que optó por la toma militar del Congreso, pues además de los elementos del Estado Mayor Presidencial actuó la Policía Federal Preventiva, que está integrada por policías militares.
Derrota en el frente político
El general retirado Francisco Gallardo asegura que se trató de una maniobra militar del jefe del EMP, el general José Armando Tamayo. Asegura que en un evento como el del informe presidencial, todas las fuerzas de seguridad del Estado quedan bajo su mando, con el propósito de proteger al presidente.
La estrategia de Tamayo de sitiar San Lázaro le falló para ese propósito, dice, no porque le haya pasado algo al titular del Ejecutivo, sino porque además de que el presidente no pudo dar su último informe de gobierno, se evidenciaron las violaciones constitucionales cometidas por el EMP.
“Desde el punto de vista castrense se puede decir que el estratega del presidente, el jefe del EMP, fue derrotado”, considera Gallardo, quien durante más de ocho años permaneció preso en instalaciones militares en violación de sus derechos humanos, como en su oportunidad lo constató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Gallardo sostiene que lo ocurrido en los alrededores del Palacio Legislativo en los días recientes configura un estado de excepción sin que éste se decretara constitucionalmente. Cuando es legal, dice, el estado de excepción debe indicar cuáles derechos se van a suspender, cuánto tiempo va a durar, en qué territorios se va a dar y cuáles son los motivos que lo originan.
“Aquí se vivió una situación de facto porque históricamente así es como han actuado quienes han sido jefes del EMP. Son inercias y hechos que se arrastran desde el pasado y que esta gente no entiende”, expone.
Maestro en administración pública por la UNAM, Gallardo asegura que fue el Ejército, a través del EMP y la PFP, el que tomó el Palacio Legislativo. Y agrega que el Estado Mayor Presidencial “actuó con base en el manual del Ejército para disturbios civiles, que es una réplica de los manuales que se usan en Estados Unidos”.
En ese manual, indica, se determina cómo se debe manejar una situación de fuerza, la que se creyó que tendría lugar en torno al Congreso.
Explica: “Primero se debe hacer una demostración de fuerza, como la que ocurrió cuando la PFP puso las vallas en la zona. Luego se dio paso a la confrontación cuando miembros del EMP golpearon a algunos diputados del PRD. Después, la situación subió de tono cuando la Federal Preventiva colocó las tanquetas. El siguiente paso fue hacer formaciones para dispersar a la masa o a la multitud.
“En ese escalamiento –agrega– llega un momento de crisis en el que se pueden usar hasta francotiradores con rifles de alto poder y mira telescópica para eliminar objetivos escogidos; es decir, la supresión de líderes. Una vez cortada la cabeza de la masa, la multitud se dispersa. Qué bueno que no llegamos a ese punto, pero esto es lo previsto en el manual.”
Asegura que así como en Chiapas se utilizó el manual de guerra irregular para atacar a la insurgencia zapatista, en el Distrito Federal se utilizó el manual del Ejército contra disturbios.
Considera también que el general Tamayo debió haberle dicho al presidente que era más conveniente que no se actuara, “porque si durante el trayecto hubieran atacado al convoy del presidente, hubiéramos acabado muy mal. Yo participé en ese tipo de maniobras y es muy riesgoso, porque se puede dar una confrontación que acabe en hechos de sangre”.
Sin embargo, se la jugaron y lo único que hicieron fue exhibirse militarmente; “fue un error muy grave de estrategia del EMP, resultado de su prepotencia, de su costumbre de actuar por encima de la Constitución y de no rendirle cuentas a nadie”.
Fue lo mismo que hicieron en mayo de 2004 en Guadalajara, cuando los altermundistas se manifestaron en la Tercera Cumbre de América Latina y el Caribe con la Unión Europea. En aquella ocasión, dice, las fuerzas de seguridad violaron los derechos humanos cuando todo el personal de seguridad pública, tanto local como estatal y federal, estuvo bajo el mando del EMP.
Si con lo acontecido el 1 de septiembre el EMP y el Ejército no recapacitan, de cara a las próximas celebraciones militares, y en particular al desfile del 16 de septiembre, lo único que harán es seguirse evidenciando como un sector que está al servicio del gobernante y no del Estado mexicano, concluye. ?
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