Jesusa Cervantes, Alejandro Gutiérrez, José Gil Olmos y Rosalía Vergara
La logística coordinada por el Estado Mayor Presidencial dentro y fuera del Palacio Legislativo, que supuestamente “blindaría” a Vicente Fox para rendir el último informe de su gobierno, fracasó rotundamente. Los perredistas consiguieron tomar la tribuna. Entre tanto, López Obrador anunció en el Zócalo que sus seguidores no irían a San Lázaro, con lo cual desactivó el operativo policiaco-militar y, de paso, borró el rito del informe presidencial.
Entregó el informe y se fue.
El presidente Vicente Fox no pudo entrar al salón de sesiones de San Lázaro a dar su sexto y último informe de gobierno. Ya no pudo continuar con el rito presidencial establecido desde 1917, ya que se lo impidió la toma de tribuna por legisladores del PRD.
Esta acción hizo que el jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), general José Armando Tamayo, decidiera de último momento que la entrega del documento fuese en el vestíbulo de la sede legislativa. Y también que Fox llegara como se fue: sobrevolando el cerco militar instalado alrededor de San Lázaro para su protección.
La actuación sorpresiva de los legisladores del PRD rebasó los escenarios previstos por el EMP. La Segunda Sección de este organismo no tuvo a tiempo la información precisa de lo que ocurriría en la sesión parlamentaria y por ello decidió que el presidente de la República no rindiera su último informe de gobierno como lo han hecho todos sus antecesores.
“La labor de inteligencia no funcionó, confirmando que es el gran déficit del organismo durante este sexenio. Lo único que operó fue la Sección Quinta, encargada de amurallar el recinto”, confió precisamente un funcionario de los servicios de inteligencia.
Carlos Navarrete, coordinador del PRD en el Senado, aludió al cerco militar y policiaco impuesto en San Lázaro desde el pasado 14 de agosto y resumió el artículo 29 de la Constitución, referente a la suspensión de las garantías cuando exista un evento que ponga en peligro la paz social.
Minutos antes, desde el Zócalo, Andrés Manuel López Obrador había desactivado el operativo policiaco militar al anunciar que las 16 marchas previstas no llegarían al Palacio Legislativo. Prácticamente todas las movilizaciones cambiaron su ruta hacia el Zócalo.
Así, con la primera acción coordinada de la fracción legislativa del PRD con el movimiento popular encabezado por López Obrador, se revirtió la estrategia de gobierno y del PAN, al lograr que las autoridades dieran marcha atrás y se retirara el cerco.
Con el argumento de que la presencia del Ejército y la Policía Federal Preventiva (PFP) violaban las garantías individuales, el PRD arrinconó al Ejecutivo y a los legisladores de su partido, tal como éstos lo hicieron con los perredistas al negarles la presidencia de la Mesa Directiva.
Y tomaron la tribuna de la nación sin aludir nunca al fraude electoral. Antes, los representantes de los otros partidos lo habían hecho, enfatizando sobre la crisis que ha vivido el país desde el 2 de julio.
El arma secreta
Faltaban 11 minutos para que Vicente Fox entrara al recinto parlamentario para dar su mensaje, cuando Navarrete dijo que al Ejecutivo le corresponde respetar la Carta Magna. En ese momento, perredistas que encabezaban a grupos de 10 legisladores abandonaron sus curules y se enfilaron hacia la tribuna, rodearon a la Mesa Directiva y empezaron a gritar sus consignas. El resto de los diputados y senadores de su partido los siguieron.
Cuando el presidente de la Mesa, el panista Jorge Zermeño –impuesto para que el informe de Fox fuera respondido por un correligionario–, intentó regresarlos a sus curules, Navarrete le demandó que respetara su tiempo en la tribuna.
Detrás de Zermeño la consigna fue una: “¡Fox, traidor a la democracia!”. Entre las curules comenzó el desorden. Andrés Bermúdez, el diputado panista conocido como El Rey del Tomate, volteaba hacia todos lados buscando una respuesta a los acontecimientos, pero nadie le explicaba. Navarrete seguía en tribuna.
Pasados tres minutos, dijo que “no existen las condiciones para que el Congreso sesione, y no abandonaré, ni mis compañeros lo harán, esta Tribuna hasta que se reanude la vigencia de las garantías constitucionales que han sido suspendidas de facto, en una parte de la Ciudad de México, ordenada por el presidente Vicente Fox Quesada”.
Zermeño, con el rostro enrojecido y en espera de alguna instrucción de los coordinadores parlamentarios –Santiago Creel en el Senado o Héctor Larios en Cámara de Diputados– declaró apresuradamente un receso e intentó regañar a los perredistas: “¡Les pido, les exijo que pasen a sus asientos!”. Pero los legisladores se quedaron en la tribuna.
Ese mismo día, desde las dos de la tarde, diputados y senadores del PRD se encerraron en el auditorio Heberto Castillo para discutir el momento en que irrumpirían en la tribuna. Al terminar su cónclave nadie mencionó el asunto, sólo hablaron de “un arma secreta”.
A su vez, los panistas mantuvieron en secreto la actitud que asumiría el presidente Fox, aunque sí trabajaron con detalle en la logística. Se instaló una valla para que el mandatario recorriera el camino del helipuerto de San Lázaro al Salón de Protocolo, donde debía entregar su informe.
En el edificio “H” de San Lázaro, Creel, Larios y Zermeño se reunieron desde temprano para fijar su estrategia, pues daban por hecho que los perredistas tomarían la tribuna y que en las calles los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador se enfrentarían a la fuerza pública.
San Lázaro ya estaba resguardado por elementos del EMP, incluso en el salón de sesiones. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), invitados al protocolo, nunca llegaron.
También estuvieron vacíos los lugares que tradicionalmente se asignan a los generales de tres estrellas, divisionarios, quienes le dan cuerpo al presidente de la República como jefe de las Fuerzas Armadas. Esta vez no fueron invitados.
Amlofobia
El EMP se esmeró en montar el operativo policiaco y militar, pero su fracaso fue rotundo: La Sección Segunda del EMP –de Inteligencia–, dirigida por el coronel de infantería DEM Roberto Francisco Miranda Moreno, falló en su intento de obtener la información y el análisis de las acciones que emprenderían los distintos grupos políticos y gremiales inconformes con el gobierno de Fox.
“Esto no es para detener a miles de globalifóbicos que entren a un lugar, sino es una parafernalia para que entre una sola persona a este recinto a dar un informe”, dijo un reportero, luego de su odisea para sortear los retenes militares.
El titular del EMP, general José Arman-do Tamayo Casillas designó al general brigadier Jorge Cuevas Martínez, subjefe operativo del EMP, como responsable de la seguridad del informe.
Este excomandante del Segundo Bata-llón de Policía Militar y responsable de la logística de seguridad de las cumbres internacionales de Cancún, Guadalajara y Los Cabos, no sólo concentró el mando de los militares, sino también el de la Policía Federal Preventiva y el de su Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), así como el de los 3 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Tamayo y Cuevas designaron al coronel de Infantería Pablo Alberto Lechuga Horta como responsable del cerco de seguridad en las inmediaciones de la Cámara de Diputados.
En total, el EMP absorbió el mando de 8 mil elementos, entre militares y policías perfectamente equipados para la contención de disturbios, apostados en un área de alrededor de 10 kilómetros, llena de vallas –muchas empotradas en el asfalto y soldadas– que convirtieron la Cámara de Diputados en una burbuja, así como 14 hidrotanquetas antimotines, 120 camiones (incluidos algunos de la Secretaría de la Defensa Nacional). Todo en vano.
“El tamaño del operativo es el tamaño del miedo”, dijo un funcionario de los órganos de seguridad del Estado.
“Es un cerco amlofóbico”, ironizó el asesor de un diputado.
“Ni en el 68 ni en el 88 hubo algo así”, se quejaba otro viejo periodista en el recinto legislativo.
Valla de acero
Durante los últimos 17 días, todos los ciudadanos, sin distingo, estuvieron impedidos de caminar libremente por esta zona. A todos se les exigía mostrar su credencial de elector o algún otro documento que acreditara su residencia en el lugar. Vecinos de 25 colonias aledañas se organizaron para demandarle al presidente Fox el retiro del cerco policiaco y militar, así como el bloqueo al tránsito vial en importantes avenidas de la ciudad.
El 1 de septiembre, el cerco se extendió sobre Congreso de la Unión hasta el Viaducto Miguel Alemán, tapando las 22 bocacalles que hay en esos dos kilómetros y medio. Y en el otro sentido, la fuerza pública bloqueó hasta la avenida Emiliano Zapata.
De igual forma quedó sellada con una muralla metálica la parte posterior del Palacio Legislativo, por la avenida Eduardo Molina; en la colonia Jardín Balbuena cerraron con vallas de cuatro metros de alto la calle Cecilio Robelo, hasta la avenida Francisco del Paso y Troncoso.
Así mismo, bloquearon con la muralla de metal soldada y empotrada en el piso todo acceso a un sector de la colonia Merced Balbuena, alrededor del Parque Guadalupe Victoria, frente a la Cámara de Diputados.
El crucero de Fray Servando Teresa de Mier y Congreso de la Unión –a unos 300 metros de la cámara– era una verdadera zona de guerra. Primero colocaron una muralla de metal para impedir el paso y se congregaron cientos de efectivos de la PFP y del EMP con equipo antimotines, y tenían preparadas las hidrotanquetas.
Hasta este punto arribó un contingente del Frente Popular Francisco Villa, de la organización de taxistas Panteras y del Frente Popular Revolucionario, quienes lanzaron piedras y botellas.
El viernes 1, horas antes del informe, el EMP llegó al extremo de ampliar el cerco a todo el trayecto que recorrió el convoy con el gabinete legal y ampliado. Policías de la PFP y de la SSP capitalina se apostaron a lo largo del Campo Marte, Parque Lira, Viaducto Miguel Alemán y Congreso de la Unión, donde además había ocho retenes.
En ese mismo trayecto, simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador colgaron mantas alusivas a su movimiento postelectoral.
Antes, alrededor de las 14:00 horas, un contingente de senadores del PRD encabezados por Carlos Navarrete forcejeó con el EMP porque éste pretendió impedirles el paso en los retenes instalados entre Fray Servando Teresa de Mier y el recinto legislativo.
A un militar que le pidió su identificación, el senador Graco Ramírez le reviró: “Identifíquese usted, yo voy a mi casa”.
Los priistas tampoco se salvaron de la revisión militar. El senador Francisco Labastida criticó “el exceso de seguridad”. Su compañero de bancada, Carlos Jiménez Macías, calificó como “una ofensa y un agravio para los legisladores que el Estado Mayor mantenga sitiada la cámara” y se indignó de que los legisladores tuvieran que entrar a su propia sede por la puerta de atrás y a través del sótano.
La ruptura del cerco
A las 17:07, López Obrador concluía su discurso en el Zócalo y sometía a votación la propuesta de ir o no a San Lázaro. Sus simpatizantes optaron por mantenerse en la plaza principal del país. “¡Esa es la decisión correcta!”, les dijo.
Más relajados por las declaraciones del tabasqueño, los panistas se sentaron tranquilamente en sus curules para escuchar las posiciones de los partidos. Los representantes de los partidos Alternativa, Nueva Alianza, Convergencia, Verde Ecologista, Del Trabajo y Revolucionario Institucional coincidieron en dos puntos: criticar la gestión de Vicente Fox y cuestionar el proceso electoral del 2 de julio.
Todos hablaron de los principales contendientes, pero sólo el Partido del Trabajo planteó claramente que se mantendría al lado de López Obrador.
Cuando tocó el turno al PRD para que fijara su posición sobre el VI informe presidencial, el senador Carlos Navarrete utilizó el mismo pretexto de los panistas: la presencia del Ejército en San Lázaro. Pero con una diferencia notable: no se trataba, dijo, de la seguridad del presidente de la República, sino de una violación a las garantías individuales de todos los mexicanos.
Sin atender a esa crítica, el presidente de la Mesa Directiva, Jorge Zermeño, anunció que no había las condiciones para que Fox rindiera su mensaje desde tribuna y dijo que entregaría al secretario de la mesa el documento donde aquél da cuenta del estado que guarda la nación.
El desorden creció. Mientras los perredistas se mantenían en tribuna, los panistas se volcaron hacia la entrada del recinto, encabezados por Santiago Creel, para desde ahí gritar: “¡Vicente, Vicente!”.
De repente, entre grito y grito, se escuchó una voz conocida. Era Fox, quien desde el vestíbulo decía: “Bien, señor secretario de la Mesa Direc-
tiva de la Cámara de Diputados, en cumplimiento del artículo 69 de la Constitución he asistido a este Congreso de la Unión y hago entrega del informe correspondiente al último año de mi gestión. Ante la actitud de un grupo de legisladores que hace imposible la lectura del mensaje que he preparado para esta ocasión, me retiro de este recinto”.
En medio del descontrol y los gritos, el coordinador del PAN, Héctor Larios, aseguró que mientras los perredistas tuvieran tomada la tribuna no ordenarían el retiro de los militares y las policías. “¿Para qué lo haríamos, para que pasen estos vándalos? No vamos a negociar la salida. Para los violentos, los pacíficos. El cerco se levantará esta noche, cuando se hayan ido los perredistas”.
Pero los legisladores del PRD y del PT ya habían logrado sus objetivos: que el PAN no fijara su posición en torno al último año de Fox, que el presidente de la República no pudiera hablar desde la tribuna y, en consecuencia, que Zermeño no contestara el informe. Y lo principal: que se levantara el cerco militar.
“La operación fue un éxito. No hubo ni un vaso ni un vidrio rotos. Sólo la salida del Ejército”, comentó el diputado del PRD Cuauhtémoc Sandoval, mientras veía cómo las vallas eran levantadas y los militares se retiraban de la sede del Poder Legislativo.
Entregó el informe y se fue.
El presidente Vicente Fox no pudo entrar al salón de sesiones de San Lázaro a dar su sexto y último informe de gobierno. Ya no pudo continuar con el rito presidencial establecido desde 1917, ya que se lo impidió la toma de tribuna por legisladores del PRD.
Esta acción hizo que el jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), general José Armando Tamayo, decidiera de último momento que la entrega del documento fuese en el vestíbulo de la sede legislativa. Y también que Fox llegara como se fue: sobrevolando el cerco militar instalado alrededor de San Lázaro para su protección.
La actuación sorpresiva de los legisladores del PRD rebasó los escenarios previstos por el EMP. La Segunda Sección de este organismo no tuvo a tiempo la información precisa de lo que ocurriría en la sesión parlamentaria y por ello decidió que el presidente de la República no rindiera su último informe de gobierno como lo han hecho todos sus antecesores.
“La labor de inteligencia no funcionó, confirmando que es el gran déficit del organismo durante este sexenio. Lo único que operó fue la Sección Quinta, encargada de amurallar el recinto”, confió precisamente un funcionario de los servicios de inteligencia.
Carlos Navarrete, coordinador del PRD en el Senado, aludió al cerco militar y policiaco impuesto en San Lázaro desde el pasado 14 de agosto y resumió el artículo 29 de la Constitución, referente a la suspensión de las garantías cuando exista un evento que ponga en peligro la paz social.
Minutos antes, desde el Zócalo, Andrés Manuel López Obrador había desactivado el operativo policiaco militar al anunciar que las 16 marchas previstas no llegarían al Palacio Legislativo. Prácticamente todas las movilizaciones cambiaron su ruta hacia el Zócalo.
Así, con la primera acción coordinada de la fracción legislativa del PRD con el movimiento popular encabezado por López Obrador, se revirtió la estrategia de gobierno y del PAN, al lograr que las autoridades dieran marcha atrás y se retirara el cerco.
Con el argumento de que la presencia del Ejército y la Policía Federal Preventiva (PFP) violaban las garantías individuales, el PRD arrinconó al Ejecutivo y a los legisladores de su partido, tal como éstos lo hicieron con los perredistas al negarles la presidencia de la Mesa Directiva.
Y tomaron la tribuna de la nación sin aludir nunca al fraude electoral. Antes, los representantes de los otros partidos lo habían hecho, enfatizando sobre la crisis que ha vivido el país desde el 2 de julio.
El arma secreta
Faltaban 11 minutos para que Vicente Fox entrara al recinto parlamentario para dar su mensaje, cuando Navarrete dijo que al Ejecutivo le corresponde respetar la Carta Magna. En ese momento, perredistas que encabezaban a grupos de 10 legisladores abandonaron sus curules y se enfilaron hacia la tribuna, rodearon a la Mesa Directiva y empezaron a gritar sus consignas. El resto de los diputados y senadores de su partido los siguieron.
Cuando el presidente de la Mesa, el panista Jorge Zermeño –impuesto para que el informe de Fox fuera respondido por un correligionario–, intentó regresarlos a sus curules, Navarrete le demandó que respetara su tiempo en la tribuna.
Detrás de Zermeño la consigna fue una: “¡Fox, traidor a la democracia!”. Entre las curules comenzó el desorden. Andrés Bermúdez, el diputado panista conocido como El Rey del Tomate, volteaba hacia todos lados buscando una respuesta a los acontecimientos, pero nadie le explicaba. Navarrete seguía en tribuna.
Pasados tres minutos, dijo que “no existen las condiciones para que el Congreso sesione, y no abandonaré, ni mis compañeros lo harán, esta Tribuna hasta que se reanude la vigencia de las garantías constitucionales que han sido suspendidas de facto, en una parte de la Ciudad de México, ordenada por el presidente Vicente Fox Quesada”.
Zermeño, con el rostro enrojecido y en espera de alguna instrucción de los coordinadores parlamentarios –Santiago Creel en el Senado o Héctor Larios en Cámara de Diputados– declaró apresuradamente un receso e intentó regañar a los perredistas: “¡Les pido, les exijo que pasen a sus asientos!”. Pero los legisladores se quedaron en la tribuna.
Ese mismo día, desde las dos de la tarde, diputados y senadores del PRD se encerraron en el auditorio Heberto Castillo para discutir el momento en que irrumpirían en la tribuna. Al terminar su cónclave nadie mencionó el asunto, sólo hablaron de “un arma secreta”.
A su vez, los panistas mantuvieron en secreto la actitud que asumiría el presidente Fox, aunque sí trabajaron con detalle en la logística. Se instaló una valla para que el mandatario recorriera el camino del helipuerto de San Lázaro al Salón de Protocolo, donde debía entregar su informe.
En el edificio “H” de San Lázaro, Creel, Larios y Zermeño se reunieron desde temprano para fijar su estrategia, pues daban por hecho que los perredistas tomarían la tribuna y que en las calles los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador se enfrentarían a la fuerza pública.
San Lázaro ya estaba resguardado por elementos del EMP, incluso en el salón de sesiones. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), invitados al protocolo, nunca llegaron.
También estuvieron vacíos los lugares que tradicionalmente se asignan a los generales de tres estrellas, divisionarios, quienes le dan cuerpo al presidente de la República como jefe de las Fuerzas Armadas. Esta vez no fueron invitados.
Amlofobia
El EMP se esmeró en montar el operativo policiaco y militar, pero su fracaso fue rotundo: La Sección Segunda del EMP –de Inteligencia–, dirigida por el coronel de infantería DEM Roberto Francisco Miranda Moreno, falló en su intento de obtener la información y el análisis de las acciones que emprenderían los distintos grupos políticos y gremiales inconformes con el gobierno de Fox.
“Esto no es para detener a miles de globalifóbicos que entren a un lugar, sino es una parafernalia para que entre una sola persona a este recinto a dar un informe”, dijo un reportero, luego de su odisea para sortear los retenes militares.
El titular del EMP, general José Arman-do Tamayo Casillas designó al general brigadier Jorge Cuevas Martínez, subjefe operativo del EMP, como responsable de la seguridad del informe.
Este excomandante del Segundo Bata-llón de Policía Militar y responsable de la logística de seguridad de las cumbres internacionales de Cancún, Guadalajara y Los Cabos, no sólo concentró el mando de los militares, sino también el de la Policía Federal Preventiva y el de su Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), así como el de los 3 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Tamayo y Cuevas designaron al coronel de Infantería Pablo Alberto Lechuga Horta como responsable del cerco de seguridad en las inmediaciones de la Cámara de Diputados.
En total, el EMP absorbió el mando de 8 mil elementos, entre militares y policías perfectamente equipados para la contención de disturbios, apostados en un área de alrededor de 10 kilómetros, llena de vallas –muchas empotradas en el asfalto y soldadas– que convirtieron la Cámara de Diputados en una burbuja, así como 14 hidrotanquetas antimotines, 120 camiones (incluidos algunos de la Secretaría de la Defensa Nacional). Todo en vano.
“El tamaño del operativo es el tamaño del miedo”, dijo un funcionario de los órganos de seguridad del Estado.
“Es un cerco amlofóbico”, ironizó el asesor de un diputado.
“Ni en el 68 ni en el 88 hubo algo así”, se quejaba otro viejo periodista en el recinto legislativo.
Valla de acero
Durante los últimos 17 días, todos los ciudadanos, sin distingo, estuvieron impedidos de caminar libremente por esta zona. A todos se les exigía mostrar su credencial de elector o algún otro documento que acreditara su residencia en el lugar. Vecinos de 25 colonias aledañas se organizaron para demandarle al presidente Fox el retiro del cerco policiaco y militar, así como el bloqueo al tránsito vial en importantes avenidas de la ciudad.
El 1 de septiembre, el cerco se extendió sobre Congreso de la Unión hasta el Viaducto Miguel Alemán, tapando las 22 bocacalles que hay en esos dos kilómetros y medio. Y en el otro sentido, la fuerza pública bloqueó hasta la avenida Emiliano Zapata.
De igual forma quedó sellada con una muralla metálica la parte posterior del Palacio Legislativo, por la avenida Eduardo Molina; en la colonia Jardín Balbuena cerraron con vallas de cuatro metros de alto la calle Cecilio Robelo, hasta la avenida Francisco del Paso y Troncoso.
Así mismo, bloquearon con la muralla de metal soldada y empotrada en el piso todo acceso a un sector de la colonia Merced Balbuena, alrededor del Parque Guadalupe Victoria, frente a la Cámara de Diputados.
El crucero de Fray Servando Teresa de Mier y Congreso de la Unión –a unos 300 metros de la cámara– era una verdadera zona de guerra. Primero colocaron una muralla de metal para impedir el paso y se congregaron cientos de efectivos de la PFP y del EMP con equipo antimotines, y tenían preparadas las hidrotanquetas.
Hasta este punto arribó un contingente del Frente Popular Francisco Villa, de la organización de taxistas Panteras y del Frente Popular Revolucionario, quienes lanzaron piedras y botellas.
El viernes 1, horas antes del informe, el EMP llegó al extremo de ampliar el cerco a todo el trayecto que recorrió el convoy con el gabinete legal y ampliado. Policías de la PFP y de la SSP capitalina se apostaron a lo largo del Campo Marte, Parque Lira, Viaducto Miguel Alemán y Congreso de la Unión, donde además había ocho retenes.
En ese mismo trayecto, simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador colgaron mantas alusivas a su movimiento postelectoral.
Antes, alrededor de las 14:00 horas, un contingente de senadores del PRD encabezados por Carlos Navarrete forcejeó con el EMP porque éste pretendió impedirles el paso en los retenes instalados entre Fray Servando Teresa de Mier y el recinto legislativo.
A un militar que le pidió su identificación, el senador Graco Ramírez le reviró: “Identifíquese usted, yo voy a mi casa”.
Los priistas tampoco se salvaron de la revisión militar. El senador Francisco Labastida criticó “el exceso de seguridad”. Su compañero de bancada, Carlos Jiménez Macías, calificó como “una ofensa y un agravio para los legisladores que el Estado Mayor mantenga sitiada la cámara” y se indignó de que los legisladores tuvieran que entrar a su propia sede por la puerta de atrás y a través del sótano.
La ruptura del cerco
A las 17:07, López Obrador concluía su discurso en el Zócalo y sometía a votación la propuesta de ir o no a San Lázaro. Sus simpatizantes optaron por mantenerse en la plaza principal del país. “¡Esa es la decisión correcta!”, les dijo.
Más relajados por las declaraciones del tabasqueño, los panistas se sentaron tranquilamente en sus curules para escuchar las posiciones de los partidos. Los representantes de los partidos Alternativa, Nueva Alianza, Convergencia, Verde Ecologista, Del Trabajo y Revolucionario Institucional coincidieron en dos puntos: criticar la gestión de Vicente Fox y cuestionar el proceso electoral del 2 de julio.
Todos hablaron de los principales contendientes, pero sólo el Partido del Trabajo planteó claramente que se mantendría al lado de López Obrador.
Cuando tocó el turno al PRD para que fijara su posición sobre el VI informe presidencial, el senador Carlos Navarrete utilizó el mismo pretexto de los panistas: la presencia del Ejército en San Lázaro. Pero con una diferencia notable: no se trataba, dijo, de la seguridad del presidente de la República, sino de una violación a las garantías individuales de todos los mexicanos.
Sin atender a esa crítica, el presidente de la Mesa Directiva, Jorge Zermeño, anunció que no había las condiciones para que Fox rindiera su mensaje desde tribuna y dijo que entregaría al secretario de la mesa el documento donde aquél da cuenta del estado que guarda la nación.
El desorden creció. Mientras los perredistas se mantenían en tribuna, los panistas se volcaron hacia la entrada del recinto, encabezados por Santiago Creel, para desde ahí gritar: “¡Vicente, Vicente!”.
De repente, entre grito y grito, se escuchó una voz conocida. Era Fox, quien desde el vestíbulo decía: “Bien, señor secretario de la Mesa Direc-
tiva de la Cámara de Diputados, en cumplimiento del artículo 69 de la Constitución he asistido a este Congreso de la Unión y hago entrega del informe correspondiente al último año de mi gestión. Ante la actitud de un grupo de legisladores que hace imposible la lectura del mensaje que he preparado para esta ocasión, me retiro de este recinto”.
En medio del descontrol y los gritos, el coordinador del PAN, Héctor Larios, aseguró que mientras los perredistas tuvieran tomada la tribuna no ordenarían el retiro de los militares y las policías. “¿Para qué lo haríamos, para que pasen estos vándalos? No vamos a negociar la salida. Para los violentos, los pacíficos. El cerco se levantará esta noche, cuando se hayan ido los perredistas”.
Pero los legisladores del PRD y del PT ya habían logrado sus objetivos: que el PAN no fijara su posición en torno al último año de Fox, que el presidente de la República no pudiera hablar desde la tribuna y, en consecuencia, que Zermeño no contestara el informe. Y lo principal: que se levantara el cerco militar.
“La operación fue un éxito. No hubo ni un vaso ni un vidrio rotos. Sólo la salida del Ejército”, comentó el diputado del PRD Cuauhtémoc Sandoval, mientras veía cómo las vallas eran levantadas y los militares se retiraban de la sede del Poder Legislativo.
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