Ifigenia Martínez
04 de septiembre de 2006
E l sufragio efectivo, adormecido por más de 50 años de crecimiento y generación de empleo durante el llamado nacionalismo desarrollista, cobra importancia cuando por la vía de la revolución democrática trata de sustituir al nocivo modelo neoliberal.
El proceso electoral de 2006 ha acaparado la atención y el interés de una ciudadanía participativa e informada, y también el enojo de una gran parte de ella por resultados que se considera -aun dentro de una institucionalidad y reglamentación- alteran y cambian la voluntad ciudadana.
Cabe preguntar si a partir de 1988 la lucha por la democracia y las reformas legales e institucionales garantizan el cumplimiento de la exigencia de "sufragio efectivo, no reelección", que motivó la insurrección maderista.
El Instituto Federal Electoral (IFE) como organismo público autónomo con la participación de los partidos políticos y ciudadanos calificados, es responsable de cumplir con la función estatal de organizar las elecciones federales desde 1990. En el IFE deberían regir los principios fundamentales de certeza (los resultados deben ser verificables, fidedignos y confiables), legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, o sea cumplir la obligación de interpretar los hechos cuidando que no alteren la voluntad ciudadana.
Empero, no se puede desconocer que el 2 de julio, el Presidente de la República, el gobierno federal, varios gobiernos estatales, un ex presidente extranjero y diversas organizaciones confesionales, intervinieron y utilizaron recursos para favorecer al candidato del PAN; además, importantes empresarios financiaron una campaña mediática para infundir miedo entre los votantes a pesar de la expresa prohibición legal. Por ello existen bases para afirmar que se llevaron a cabo acciones que pueden calificarse como fraudulentas.
Además, se ha señalado el número excesivo de votantes contenidos en las listas del IFE, cerca de 72 millones, a los que suponemos correspondieron igual número de boletas que no fueron contabilizadas con el suficiente cuidado para conocer con precisión en cada una de las 130 mil 488 casillas cuántas se entregaron, cuántas fueron debidamente utilizadas, y especialmente, cuántas sobraron. En concreto, ¿que pasó con los 30 millones de boletas sobrantes, si la votación efectiva fue de 42 millones?
Expertos independientes afirman que existen bases para dudar del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y del manejo que se le dio bajo la entera responsabilidad del IFE, puesto que en esta etapa no intervienen los partidos. Durante este conteo se presentaron errores que lo dejan, por ejemplo, en el criterio de voto nulo, sin la necesaria certeza. Entre errores aritméticos, de captura y de falta de uniformidad, se reconoce al menos un error de medición de cinco votos por casilla. En las 130 mil 488 casillas este margen de error representa 1.59% de la votación, cantidad que en el lenguaje de los grandes números y frente a una diferencia entre los dos candidatos punteros, apenas superior a medio punto, exigía un recuento de voto por voto para legitimar el resultado.
La suma de los votos para los cinco partidos, los votos para los candidatos no registrados, los votos nulos y las boletas no utilizadas "deben corresponder exactamente al mismo numero de boletas recibidas antes de la elección". Sin embargo, en las casillas en las que el Tribunal ordenó el recuento voto por voto, 9.07% de la votación total, no se cotejó ni cumplió este requisito.
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