Fecha: 03-Sep-2006
Los juicios de inconformidad presentados por la coalición Por el Bien de Todos ante el Tribunal Electoral tienen errores e insuficiencias, reconocen integrantes de esta organización; sin embargo, aseguran que ello no basta para que la autoridad electoral deseche los recursos interpuestos en una interpretación letrista de la ley, que no considera las anomalías generales en el proceso.
El revés del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a la mayor parte de los 241 juicios de inconformidad interpuestos por la coalición Por el Bien de Todos evidenció que la falla más importante en la estrategia electoral de Andrés Manuel López Obrador radicó en sus representantes de casilla.
Algunos de los motivos que alegaron los magistrados del TEPJF para desechar dichos juicios el pasado 28 de agosto fueron: falta de firma de los representantes, recursos presentados extemporáneamente, utilización de machotes, no acreditación de los hechos ni de las causas de nulidad, así como la falta de personalidad legal de los promoventes para interponer las quejas.
En entrevistas por separado, Trinidad Morales Vargas, secretario de asuntos electorales del PRD, y el senador Arturo Núñez, miembro del equipo jurídico de la coalición Por el Bien de Todos, lamentan la decisión de los magistrados y los acusan de haber actuado contra la historia de un tribunal que se había destacado por ser “flexible e innovador”.
“Debido a las prisas por presentar los juicios –admite Núñez–, es posible que se hayan cometido errores u omisiones, aunque en su resolución los magistrados no dieron cifras de cuántos juicios de inconformidad carecían de escritos de protesta, cuántos iban sin firmas o se entregaron sin las pruebas suficientes, lo que sería fundamental para conocer la dimensión del problema. El deber de los magistrados es hacer justicia electoral y no regocijarse en las fallas de los actores del litigio.”
Nulidad no, recuento sí
Para Trinidad Morales, el trato que recibió la coalición en la audiencia pública del lunes 28 de agosto, en la que prácticamente se responsabilizó a sus abogados por el rechazo de los juicios, “fue el mismo que se le da a una mujer que fue violada y se le acusa por usar minifalda”.
Desde finales de julio, cuando la coalición interpuso los juicios de inconformidad, el equipo jurídico de López Obrador aceptó el riesgo que representaba no contar con los escritos de protesta necesarios para demandar la apertura total de las casillas, como lo establece la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
“Hay que tomar en cuenta que no vamos por la anulación de las casillas. Los escritos de protesta son para anular, y lo que nosotros queremos es un nuevo conteo”, precisó Horacio Duarte, representante de la coalición ante el Instituto Federal Electoral (Proceso 1551).
Luego del resolutivo del TEPJF, Duarte informó en conferencia de prensa que la coalición presentó escritos de protesta en alrededor de 42 mil casillas de las 130 mil 477 instaladas el 2 de julio.
Al respecto, Arturo Núñez explica: “La coalición no impugnó la totalidad de las casillas; en primer lugar, no tuvimos representantes en todas las casillas, esa es la primera limitación. Por otra parte, aun donde hubo representantes no se les dio la consigna de protestar la elección, cualquiera que fuera el resultado”.
Admite que la ausencia de escritos de protesta, debida a una deficiente cobertura de representantes de casilla, fue lo que al final influyó en la decisión del TEPJF: “Es un requisito de procedibilidad para presentar un juicio de inconformidad, y en eso los magistrados se remitieron a la letra en la materia”.
Consciente de esa carencia, la coalición invocó “la causal abstracta para ver si el Tribunal, que ha sido de avanzada, de vanguardia y heterodoxo para interpretar de manera flexible la ley, aplicaba ésta no para anular la elección, sino para hacer el recuento total, que era la mejor salida para todos ante un margen tan estrecho, de apenas 0.58%, entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador”, precisa Núñez.
Sin embargo, en la sesión del último lunes de agosto, los abogados de la coalición se encontraron con un tribunal que optó por apegarse a “una interpretación letrista, gramatical, fiel a lo que dice la ley”, cuando el mismo órgano jurisdiccional incurrió no sólo en errores y en la utilización de machotes, sino en la violación a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, asegura el senador tabasqueño.
Explica que de acuerdo con el artículo 24 de dicha ley, los magistrados estaban obligados a analizar y votar cada uno de los 375 juicios de inconformidad, para lo cual convocaron a sesión pública.
En el párrafo segundo de dicho artículo se establece: “Abierta la sesión pública por el presidente de la sala y verificado el quórum legal, se procederá a exponer cada uno de los asuntos listados con las consideraciones y preceptos jurídicos en que se funden, así como el sentido de los puntos resolutivos que se proponen; se procederá a discutir los asuntos y cuando el presidente de la sala los considere suficientemente discutidos los someterá a votación. Las sentencias se aprobarán por unanimidad o por mayoría de votos”, puntualiza.
Falta de transparencia
Al resolver en una sola votación los 375 juicios de inconformidad, “los magistrados faltaron a su propia normatividad y proyectaron una sombra de opacidad y de falta de transparencia sobre su resolución de los juicios de inconformidad.
“Pensamos –sostiene el legislador tabasqueño– que iba a ser una sesión maratónica, de dos o tres días, y nos encontramos con una en la que exponen los criterios mediante los cuales, en una sesión privada, resolverían los juicios de inconformidad.”
Para demostrar que el tribunal tuvo fallas en la forma en que juzgó a la coalición, Núñez muestra copias del “Acuerdo sobre la solicitud de acumulación y apertura de incidente sobre la pretensión de recuento total de la votación de la elección presidencial”, correspondiente al expediente SUP-JIN-212/2006 del TEPJF.
Emitido el 31 de julio pasado, dicho acuerdo –cuya copia obra en poder de Proceso– remite en su segundo resolutivo a un considerando que no se encuentra en el cuerpo de la resolución.
En el considerando primero del documento se niega la acumulación total de los juicios promovidos por la coalición; de ahí se brinca al tercero, que se refiere a la “cuestión de previo y especial pronunciamiento, para resolver lo conducente a la pretensión acumulada”. El resolutivo segundo señala: “Se decreta la acumulación, al presente juicio de inconformidad SUP-JIN-212/2006, de la pretensión consistente en la realización de nuevo escrutinio y cómputo de la votación total recibida en las casillas instaladas para la elección de presidente de la República en los 300 distritos electorales, formulada por la coalición Por el Bien de Todos, que subyace en la generalidad de juicios de inconformidad distintos al presente precisados en el considerando segundo de esta resolución”.
Núñez comenta: “Aquí está claro que hasta la autoridad incurre en errores”, y resalta que no sólo los partidos recurren a machotes, como se le criticó a la coalición, sino que el tribunal incurre en la misma práctica “cuando resuelve el incidente del recuento de las 11 mil 839 casillas en 149 distritos, para una diligencia judicial que va a ser idéntica”.
Lo mismo ocurre, advierte, en los machotes utilizados por la coalición para impugnar las irregularidades cometidas en una elección, al tomar en cuenta que las causales de nulidad son 11. “No es vergüenza usar machotes, si no somos violinistas, como Paganini, para hacer variaciones sobre un mismo tema”.
Para el expriista, la decisión del tribunal también dejó mucho que desear al “restringir el criterio de determinancia a lo que ocurre en la casilla, sin considerar que en la elección presidencial gana el que tiene más votos, no el que gana casillas. Todos los votos eran importantes para el cómputo nacional, sobre todo ante un resultado tan estrecho y la sombra de duda que proyectó el IFE con el PREP y el cómputo nacional distrital”.
A pesar de que el artículo 23 de la Ley General del Sistema de Medios de Impug-nación establece que la autoridad tiene facultad para subsanar las deficiencias que dan lugar a las quejas, dice Arturo Núñez, dicha atribución no se ejerció en forma generalizada: “Los magistrados tenían que privilegiar por encima de cualquier error humano o falla procedimental el acceso a la justicia y no perderse en si tiene una coma mal. Eso no habla bien de los magistrados en lo que resulta su última decisión trascendente para la historia política de México”, fustiga.
Antes de que se emita el dictamen de validez de la elección presidencial, el senador tabasqueño reflexiona sobre ese paso que tendrá que dar el TEPJF: “No veo cómo van a poder dar el salto de la muerte y no anular la elección, consecuentes con su propia jurisprudencia, la de nulidad abstracta, que ellos a lo largo de estos 10 años construyeron en Tabasco y afincaron en Colima, en Ciudad Juárez y en otras elecciones”.
Pero aparte de la actuación del TEPJF, lo cierto es que la coalición y especialmente el PRD descuidaron su estructura electoral, remata Núñez.
Insuficiencias
Fundador del PRD y especialista en procesos electorales, Trinidad Morales Vargas admite que la coalición incurrió en “deficiencias que no resisten ninguna prueba”, pero advierte que ello no fue el elemento central para que el TEPJF desechara su demanda principal de realizar un recuento total de la elección presidencial.
“Autocríticamente –afirma–, debemos aceptar un conjunto de errores, decirle la verdad a la sociedad, pero que eso no signifique que se nos quiera atribuir a nosotros la derrota en los tribunales. Precisamente así opera la mecánica del fraude, se descarga la culpa en el que pierde, por no haber tenido representantes.”
Entrevistado por Proceso en el campamento que el Comité Ejecutivo Nacional del PRD tiene en el Zócalo de la Ciudad de México, Morales Vargas cuestiona que el TEPJF ponga énfasis en errores que, según él, “no representan ni 15% del total de recursos que presentamos”, sin ir al fondo del asunto.
“Después de lo que vimos en el proceso electoral, como la intervención del presidente Vicente Fox, la falta de firmeza del IFE para actuar contra el PAN y las empresas que hicieron campaña sucia contra Andrés Manuel López Obrador, las irregularidades en el PREP y la negativa a abrir los paquetes electorales en los cómputos distritales por órdenes de funcionarios del IFE, ¿cómo puede decir el tribunal que no hubo dolo?”, cuestiona el perredista.
Abunda: “Si en el recuento de las 11 mil y pico de casillas que abrió el tribunal se demuestra que en más de 60% no coinciden los votos con las actas, ¿cómo pueden ahora, con esas pruebas, decirnos que lo que pasa es que nuestros recursos están mal hechos?”.
No obstante, Morales acepta que a lo largo de la campaña se incurrió en fallas que al final derivaron en la falta de elementos para diseñar una estrategia jurídica más eficaz: “Para mí –asegura– son dos las principales causas de las deficiencias: la falta de preparación y experiencia de la estructura electoral, así como la falta de coordinación con el partido”.
Así ocurrió porque, “desde el principio de la campaña, a petición del candidato se dejó en manos de sus amigos Francisco Yee y Alberto Pérez Mendoza el control de la promoción y la estructura electoral, haciendo a un lado a personal curtido durante 18 años de soportar un conjunto de fraudes”.
Pérez Mendoza, paisano y allegado a López Obrador desde 1987, está encargado ahora de la estructura electoral en la campaña de Raúl Ojeda Zubieta, candidato a gobernador de Tabasco por la coalición Por el Bien de Todos.
Un ejemplo de que no se utilizó a gente experimentada en el litigio electoral es el hecho de que horas antes de que se realizara el conteo distrital se dio la “contraorden por parte de Alberto Pérez Mendoza y de Horacio Duarte de que no se hicieran cambios de representantes en 100 distritos que la secretaría había propuesto y que correspondían a aquellos con más problemas, en el Bajío y el norte del país. El argumento que se nos dio para no dejar que gente con más experiencia en las lides electorales se encargara de los conteos distritales es que habría confusión”, acusa Morales.
Destaca que a lo largo de la campaña, las áreas fundamentales coordinadas por Yee y Pérez Mendoza “se separaron desde el principio”, de ahí que los esfuerzos por sacar adelante la elección “no fueron parejos”. La falta de experiencia de quienes integraban la estructura electoral se advirtió en los errores de las actas de escrutinio y su mala organización una vez que se cerraron las casillas el 2 de julio.
“Lo fundamental para el representante de casilla es que tenga fe y constancia de que los datos que se asientan sean verdaderos, y si se hubieran tenido en su momento, aunque nos hubieran cambiando los resultados en el PREP por el algoritmo o lo que sea, hubiéramos tenido elementos para refutarlos; además, tampoco se sistematizaron las actas adecuadamente. Una parte de la estructura electoral no fue capacitada para un escenario en el que podías perder por un margen escaso.”
–¿Fueron preparados para ganar, nunca previeron perder?
–Así es, no se tomó en cuenta que ningún ejército, por grande que sea, puede hipotecar toda su actuación sólo en la victoria. Se decía “vamos a ganar”. Pero, ¿y eso qué? No se trata de llegar con sólo los comandantes e izar la bandera del triunfo. Una guerra electoral es mucho más que eso; incluso para la victoria deben tomarse providencias, a fin de que las bajas te hagan el menor daño posible –concluye Trinidad Morales.
El revés del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a la mayor parte de los 241 juicios de inconformidad interpuestos por la coalición Por el Bien de Todos evidenció que la falla más importante en la estrategia electoral de Andrés Manuel López Obrador radicó en sus representantes de casilla.
Algunos de los motivos que alegaron los magistrados del TEPJF para desechar dichos juicios el pasado 28 de agosto fueron: falta de firma de los representantes, recursos presentados extemporáneamente, utilización de machotes, no acreditación de los hechos ni de las causas de nulidad, así como la falta de personalidad legal de los promoventes para interponer las quejas.
En entrevistas por separado, Trinidad Morales Vargas, secretario de asuntos electorales del PRD, y el senador Arturo Núñez, miembro del equipo jurídico de la coalición Por el Bien de Todos, lamentan la decisión de los magistrados y los acusan de haber actuado contra la historia de un tribunal que se había destacado por ser “flexible e innovador”.
“Debido a las prisas por presentar los juicios –admite Núñez–, es posible que se hayan cometido errores u omisiones, aunque en su resolución los magistrados no dieron cifras de cuántos juicios de inconformidad carecían de escritos de protesta, cuántos iban sin firmas o se entregaron sin las pruebas suficientes, lo que sería fundamental para conocer la dimensión del problema. El deber de los magistrados es hacer justicia electoral y no regocijarse en las fallas de los actores del litigio.”
Nulidad no, recuento sí
Para Trinidad Morales, el trato que recibió la coalición en la audiencia pública del lunes 28 de agosto, en la que prácticamente se responsabilizó a sus abogados por el rechazo de los juicios, “fue el mismo que se le da a una mujer que fue violada y se le acusa por usar minifalda”.
Desde finales de julio, cuando la coalición interpuso los juicios de inconformidad, el equipo jurídico de López Obrador aceptó el riesgo que representaba no contar con los escritos de protesta necesarios para demandar la apertura total de las casillas, como lo establece la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
“Hay que tomar en cuenta que no vamos por la anulación de las casillas. Los escritos de protesta son para anular, y lo que nosotros queremos es un nuevo conteo”, precisó Horacio Duarte, representante de la coalición ante el Instituto Federal Electoral (Proceso 1551).
Luego del resolutivo del TEPJF, Duarte informó en conferencia de prensa que la coalición presentó escritos de protesta en alrededor de 42 mil casillas de las 130 mil 477 instaladas el 2 de julio.
Al respecto, Arturo Núñez explica: “La coalición no impugnó la totalidad de las casillas; en primer lugar, no tuvimos representantes en todas las casillas, esa es la primera limitación. Por otra parte, aun donde hubo representantes no se les dio la consigna de protestar la elección, cualquiera que fuera el resultado”.
Admite que la ausencia de escritos de protesta, debida a una deficiente cobertura de representantes de casilla, fue lo que al final influyó en la decisión del TEPJF: “Es un requisito de procedibilidad para presentar un juicio de inconformidad, y en eso los magistrados se remitieron a la letra en la materia”.
Consciente de esa carencia, la coalición invocó “la causal abstracta para ver si el Tribunal, que ha sido de avanzada, de vanguardia y heterodoxo para interpretar de manera flexible la ley, aplicaba ésta no para anular la elección, sino para hacer el recuento total, que era la mejor salida para todos ante un margen tan estrecho, de apenas 0.58%, entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador”, precisa Núñez.
Sin embargo, en la sesión del último lunes de agosto, los abogados de la coalición se encontraron con un tribunal que optó por apegarse a “una interpretación letrista, gramatical, fiel a lo que dice la ley”, cuando el mismo órgano jurisdiccional incurrió no sólo en errores y en la utilización de machotes, sino en la violación a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, asegura el senador tabasqueño.
Explica que de acuerdo con el artículo 24 de dicha ley, los magistrados estaban obligados a analizar y votar cada uno de los 375 juicios de inconformidad, para lo cual convocaron a sesión pública.
En el párrafo segundo de dicho artículo se establece: “Abierta la sesión pública por el presidente de la sala y verificado el quórum legal, se procederá a exponer cada uno de los asuntos listados con las consideraciones y preceptos jurídicos en que se funden, así como el sentido de los puntos resolutivos que se proponen; se procederá a discutir los asuntos y cuando el presidente de la sala los considere suficientemente discutidos los someterá a votación. Las sentencias se aprobarán por unanimidad o por mayoría de votos”, puntualiza.
Falta de transparencia
Al resolver en una sola votación los 375 juicios de inconformidad, “los magistrados faltaron a su propia normatividad y proyectaron una sombra de opacidad y de falta de transparencia sobre su resolución de los juicios de inconformidad.
“Pensamos –sostiene el legislador tabasqueño– que iba a ser una sesión maratónica, de dos o tres días, y nos encontramos con una en la que exponen los criterios mediante los cuales, en una sesión privada, resolverían los juicios de inconformidad.”
Para demostrar que el tribunal tuvo fallas en la forma en que juzgó a la coalición, Núñez muestra copias del “Acuerdo sobre la solicitud de acumulación y apertura de incidente sobre la pretensión de recuento total de la votación de la elección presidencial”, correspondiente al expediente SUP-JIN-212/2006 del TEPJF.
Emitido el 31 de julio pasado, dicho acuerdo –cuya copia obra en poder de Proceso– remite en su segundo resolutivo a un considerando que no se encuentra en el cuerpo de la resolución.
En el considerando primero del documento se niega la acumulación total de los juicios promovidos por la coalición; de ahí se brinca al tercero, que se refiere a la “cuestión de previo y especial pronunciamiento, para resolver lo conducente a la pretensión acumulada”. El resolutivo segundo señala: “Se decreta la acumulación, al presente juicio de inconformidad SUP-JIN-212/2006, de la pretensión consistente en la realización de nuevo escrutinio y cómputo de la votación total recibida en las casillas instaladas para la elección de presidente de la República en los 300 distritos electorales, formulada por la coalición Por el Bien de Todos, que subyace en la generalidad de juicios de inconformidad distintos al presente precisados en el considerando segundo de esta resolución”.
Núñez comenta: “Aquí está claro que hasta la autoridad incurre en errores”, y resalta que no sólo los partidos recurren a machotes, como se le criticó a la coalición, sino que el tribunal incurre en la misma práctica “cuando resuelve el incidente del recuento de las 11 mil 839 casillas en 149 distritos, para una diligencia judicial que va a ser idéntica”.
Lo mismo ocurre, advierte, en los machotes utilizados por la coalición para impugnar las irregularidades cometidas en una elección, al tomar en cuenta que las causales de nulidad son 11. “No es vergüenza usar machotes, si no somos violinistas, como Paganini, para hacer variaciones sobre un mismo tema”.
Para el expriista, la decisión del tribunal también dejó mucho que desear al “restringir el criterio de determinancia a lo que ocurre en la casilla, sin considerar que en la elección presidencial gana el que tiene más votos, no el que gana casillas. Todos los votos eran importantes para el cómputo nacional, sobre todo ante un resultado tan estrecho y la sombra de duda que proyectó el IFE con el PREP y el cómputo nacional distrital”.
A pesar de que el artículo 23 de la Ley General del Sistema de Medios de Impug-nación establece que la autoridad tiene facultad para subsanar las deficiencias que dan lugar a las quejas, dice Arturo Núñez, dicha atribución no se ejerció en forma generalizada: “Los magistrados tenían que privilegiar por encima de cualquier error humano o falla procedimental el acceso a la justicia y no perderse en si tiene una coma mal. Eso no habla bien de los magistrados en lo que resulta su última decisión trascendente para la historia política de México”, fustiga.
Antes de que se emita el dictamen de validez de la elección presidencial, el senador tabasqueño reflexiona sobre ese paso que tendrá que dar el TEPJF: “No veo cómo van a poder dar el salto de la muerte y no anular la elección, consecuentes con su propia jurisprudencia, la de nulidad abstracta, que ellos a lo largo de estos 10 años construyeron en Tabasco y afincaron en Colima, en Ciudad Juárez y en otras elecciones”.
Pero aparte de la actuación del TEPJF, lo cierto es que la coalición y especialmente el PRD descuidaron su estructura electoral, remata Núñez.
Insuficiencias
Fundador del PRD y especialista en procesos electorales, Trinidad Morales Vargas admite que la coalición incurrió en “deficiencias que no resisten ninguna prueba”, pero advierte que ello no fue el elemento central para que el TEPJF desechara su demanda principal de realizar un recuento total de la elección presidencial.
“Autocríticamente –afirma–, debemos aceptar un conjunto de errores, decirle la verdad a la sociedad, pero que eso no signifique que se nos quiera atribuir a nosotros la derrota en los tribunales. Precisamente así opera la mecánica del fraude, se descarga la culpa en el que pierde, por no haber tenido representantes.”
Entrevistado por Proceso en el campamento que el Comité Ejecutivo Nacional del PRD tiene en el Zócalo de la Ciudad de México, Morales Vargas cuestiona que el TEPJF ponga énfasis en errores que, según él, “no representan ni 15% del total de recursos que presentamos”, sin ir al fondo del asunto.
“Después de lo que vimos en el proceso electoral, como la intervención del presidente Vicente Fox, la falta de firmeza del IFE para actuar contra el PAN y las empresas que hicieron campaña sucia contra Andrés Manuel López Obrador, las irregularidades en el PREP y la negativa a abrir los paquetes electorales en los cómputos distritales por órdenes de funcionarios del IFE, ¿cómo puede decir el tribunal que no hubo dolo?”, cuestiona el perredista.
Abunda: “Si en el recuento de las 11 mil y pico de casillas que abrió el tribunal se demuestra que en más de 60% no coinciden los votos con las actas, ¿cómo pueden ahora, con esas pruebas, decirnos que lo que pasa es que nuestros recursos están mal hechos?”.
No obstante, Morales acepta que a lo largo de la campaña se incurrió en fallas que al final derivaron en la falta de elementos para diseñar una estrategia jurídica más eficaz: “Para mí –asegura– son dos las principales causas de las deficiencias: la falta de preparación y experiencia de la estructura electoral, así como la falta de coordinación con el partido”.
Así ocurrió porque, “desde el principio de la campaña, a petición del candidato se dejó en manos de sus amigos Francisco Yee y Alberto Pérez Mendoza el control de la promoción y la estructura electoral, haciendo a un lado a personal curtido durante 18 años de soportar un conjunto de fraudes”.
Pérez Mendoza, paisano y allegado a López Obrador desde 1987, está encargado ahora de la estructura electoral en la campaña de Raúl Ojeda Zubieta, candidato a gobernador de Tabasco por la coalición Por el Bien de Todos.
Un ejemplo de que no se utilizó a gente experimentada en el litigio electoral es el hecho de que horas antes de que se realizara el conteo distrital se dio la “contraorden por parte de Alberto Pérez Mendoza y de Horacio Duarte de que no se hicieran cambios de representantes en 100 distritos que la secretaría había propuesto y que correspondían a aquellos con más problemas, en el Bajío y el norte del país. El argumento que se nos dio para no dejar que gente con más experiencia en las lides electorales se encargara de los conteos distritales es que habría confusión”, acusa Morales.
Destaca que a lo largo de la campaña, las áreas fundamentales coordinadas por Yee y Pérez Mendoza “se separaron desde el principio”, de ahí que los esfuerzos por sacar adelante la elección “no fueron parejos”. La falta de experiencia de quienes integraban la estructura electoral se advirtió en los errores de las actas de escrutinio y su mala organización una vez que se cerraron las casillas el 2 de julio.
“Lo fundamental para el representante de casilla es que tenga fe y constancia de que los datos que se asientan sean verdaderos, y si se hubieran tenido en su momento, aunque nos hubieran cambiando los resultados en el PREP por el algoritmo o lo que sea, hubiéramos tenido elementos para refutarlos; además, tampoco se sistematizaron las actas adecuadamente. Una parte de la estructura electoral no fue capacitada para un escenario en el que podías perder por un margen escaso.”
–¿Fueron preparados para ganar, nunca previeron perder?
–Así es, no se tomó en cuenta que ningún ejército, por grande que sea, puede hipotecar toda su actuación sólo en la victoria. Se decía “vamos a ganar”. Pero, ¿y eso qué? No se trata de llegar con sólo los comandantes e izar la bandera del triunfo. Una guerra electoral es mucho más que eso; incluso para la victoria deben tomarse providencias, a fin de que las bajas te hagan el menor daño posible –concluye Trinidad Morales.
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