El erario carga con el festín de quienes se beneficiaron con un alto costo social
El economista y Premio Nobel Joseph Stiglitz, durante una entrevista ofrecida en Nueva York el pasado 18 de septiembre Foto Reuters
Miles de millones de pesos y una creciente factura social, entre otras muchas cosas, le ha costado al país la política privatizadora iniciada casi 25 años atrás. Prácticamente todo lo privatizado reventó, pero con el mismo equipo de "reformadores" el quinto gobierno de la temporada se apresta para transitar por ese mismo camino, tal vez hasta que el estallido social nos alcance.
Contrario a lo prometido por los "reformadores" cuando en el sexenio de la "renovación moral" se dio el banderazo de salida a tal política ("liberación" de recursos públicos para fines sociales, generación abundante de empleo con creciente remuneración, elevados niveles de bienestar, mayor crecimiento económico, etcétera, etcétera), cinco lustros después el panorama es deprimente.
Lejos de "liberarlo", el erario carga un peso cada vez mayor por el festín de los beneficiarios -empresarios y funcionarios- de la ola privatizadora, mientras el costo social y económico de los "rescates" privados con recursos públicos alcanza niveles verdaderamente pantagruélicos. Y la comilona no concluye.
Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, comenta que "al contrario de lo que supuestamente iba a lograr, la política de privatización ha empeorado tanto las cosas que en muchos países ya se le conoce como la política de sobornización; la retórica del fundamentalismo del mercado afirma que la privatización reducirá la búsqueda de rentas por parte de los funcionarios, (pero en los hechos) o bien se quedan con parte de los beneficios de las empresas públicas o conceden contratos y empleos a sus amigos".
El gobierno del mini presidente llega con tenis para correr más rápido por la ruta de la privatización y así "remediar" los problemas económicos y sociales de un país que "se encuentra al borde del precipicio". Y si en 25 años la privatización no ha sido más que sobornización, agárrense porque el "nuevo gobierno" tiene fija la mira en el sector energético, el único que, hasta ahora, se mantiene (pellizcado y ultrajado) como bien de la nación.
Ya que el Felipillo y sus "reformadores" van derecho y no se quitan, vale la pena recordar el informe Sue Hawley publicado en 2000 por la organización no gubernamental The Corner House, que ubica las raíces del pernicioso fenómeno de la corrupción en los procesos de privatización, desregulación y reforma del servicio social, impulsados por las mismas instituciones financieras internacionales y gobiernos donantes de Occidente que tan elocuentemente predican al Sur sobre el buen gobierno (Someshwar Singh, Tercer Mundo Económico)
Entre sus puntos, tal informe destaca que el aumento de la corrupción en todo el planeta es en gran medida el resultado de la rápida privatización de las empresas públicas junto con la aplicación de reformas para reducir la dimensión y el gasto de los servicios sociales. Dichas "reformas" han sido impuestas a los países en desarrollo por el Banco Mundial, el FMI y los gobiernos occidentales que apoyan a sus empresas trasnacionales.
El informe estima que las empresas de Occidente pagan sobornos por alrededor de 80 mil millones de dólares anuales, una cifra aproximada a la que la ONU considera necesaria para erradicar la pobreza en el mundo. The Corner House es una ONG de investigación y solidaridad, con sede en Gran Bretaña, que produce informes sobre los principales temas vinculados al desarrollo internacional.
La corrupción practicada por las trasnacionales socava no sólo el buen gobierno sino el desarrollo, y exacerba la pobreza y la desigualdad entre la población. Si la corrupción crece en todo el mundo, en gran medida es resultado de la rápida privatización (y las prácticas asociadas de contrataciones y concesiones) de empresas públicas de todo el planeta, dice el informe. Este proceso ha sido impuesto por acreedores y gobiernos de Occidente, y aplicado de forma tal que permite a las trasnacionales operar con creciente impunidad. Es así que este tipo de empresas, con el apoyo de los gobiernos occidentales y sus organismos, participan de la corrupción a gran escala en el Norte y en el Sur por igual. Los gobiernos donantes y los organismos multilaterales tales como el Banco Mundial y el FMI frecuentemente proponen agendas contra la pobreza y para el "buen gobierno", pero sus actos envían una señal diferente acerca de dónde están sus prioridades.
La mayoría de los que comentan sobre la corrupción -y las iniciativas de buen gobierno pensadas para combatirla- viven en los países en desarrollo, no en los industrializados, se observa en el informe. La mayoría estudia las culturas políticamente laxas del Sur, no del Norte. La mayoría denuncia la pequeña corrupción de empleados públicos mal pagados, y no la gran corrupción de las trasnacionales poderosas. La mayoría se concentra en síntomas como falta de recursos, no causas tales como la desregulación de las empresas estatales. De lo que más se habla es de los sobornados, no de quienes sobornan.
Las rebanadas del pastel:
Ecuación privatizadora: por la banca el erario recibió, supuestamente, cerca de 13 mil millones de dólares; para "rescatarla" destinó 120 mil millones de dólares. ¿Cuánto sería por el sector energético?
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