Jean Paul Guzmán S.
LA PAZ.- A menos de cinco meses de que nacionalizara el gas y petróleo, el presidente Evo Morales se vio obligado a cambiar su discurso radical en contra de las petroleras extranjeras por una posición conciliadora. Lo anterior se debe a la firmeza del gobierno brasileño, principal socio en la explotación de hidrocarburos bolivianos a través de Petrobras, así como a una serie de contradicciones internas, de las cuales el capítulo más reciente fue la renuncia del ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, considerado el más firme abanderado de los sectores ultranacionalistas en políticas sobre recursos naturales.
El pasado 1 de mayo, el presidente Evo Morales escogió un escenario simbólico para anunciar la nacionalización: el mayor campo de producción de gas natural, San Alberto, operado por Petrobras.
El martes 12, Soliz Rada anunció la vigencia de la resolución ministerial 207/2006, mediante la que se disponía que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tomaba el control técnico de las dos principales refinerías del país administradas por Petrobras y, en consecuencia, el monopolio interno y externo en la comercialización de hidrocarburos.
La reacción del gobierno brasileño y Petrobras fue drástica: el miércoles 13 el ministro de Minas y Energía de Brasil, Silas Rondeau, y el presidente de Petrobras, José Sergio Gabrielli, cancelaron su visita al país andino programada para negociar la permanencia de la empresa en el país. En un comunicado la petrolera brasileña afirmó que la resolución del gobierno boliviano "inviabiliza totalmente los negocios de refinación de la compañía en el país" y advirtió que "se encuentra evaluando posibles medidas a adoptar por esta determinación unilateral".
El propio presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva hizo lo propio al día siguiente. Amenazó con "hacer una cosa más dura" si Bolivia continuaba tomando decisiones unilaterales.
En esos días hubo numerosas llamadas telefónicas, refiere a Proceso un funcionario administrativo del Palacio de Gobierno. Había razones. Ausente el mandatario Evo Morales -quien se encontraba en Cuba- era necesario realizar consultas sobre los pasos a seguir.
Pero las consultas no solamente se realizaban entre autoridades bolivianas. El mismo jueves, en el punto más crítico de las relaciones boliviano-brasileñas de los últimos tiempos, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, habló telefónicamente con el asesor en Asuntos Internacionales de la Presidencia de Brasil, Marco Aurelio García, diálogo del que no se proporcionaron detalles, aunque no quedan dudas de que el tema tratado fue la medida impulsada por Soliz Rada. Poco después, tras una reunión del gabinete ministerial, convocado con carácter urgente, García Linera anunció que la resolución ministerial "quedaba congelada"; es decir, sin efecto, para "crear un ambiente propicio en las negociaciones" con Petrobras.
Sin apoyo
Al día siguiente, el ministro de Hidrocarburos presentó su renuncia por "razones personales" y sin hacer ninguna referencia a la resolución ministerial. Los analistas interpretaron la dimisión como una respuesta al anuncio de "congelamiento" de la medida, que denotaba una directa desautorización a este funcionario.
Ese mismo día, en el marco de la cumbre de los Países No Alineados que tuvo lugar en La Habana, Evo Morales declaró que "hay muchos sustitutos (para reemplazar a Soliz Rada)". De esta manera, puso fin al ciclo del ministro y a una turbulenta etapa en el proceso nacionalizador. En sólo siete meses de gobierno ha renunciado el presidente de YPFB y tres superintendentes de Hidrocarburos, autoridades encargadas de regular el mercado del sector.
Por la noche, García Linera dio posesión como nuevo ministro de Hidrocarburos a Carlos Villegas, hasta entonces ministro de Planificación, considerado como un técnico moderado antes que un ideólogo, quien declaró que asumía sus nuevas responsabilidades con "una postura y un espíritu amplios para la negociación".
Los analistas consultados por Proceso interpretan el cambio como la constatación de que el gobierno, aunque no lo acepte públicamente, ha comprendido que las negociaciones con las empresas petroleras, sin excluir criterios políticos, deben manejarse en un terreno preponderantemente técnico por la hipersensibilidad de los inversionistas.
"Ya no hay campo para la ideología. Yo creo que el gobierno tiene que manejar bien la partida y para ello requiere de una visión conocedora de la industria; es decir, que sepa negociar con las petroleras, desde una posición menos ideologizada. Soliz Rada fue demasiado radical en sus planteamientos y muy poco diplomático para manejar la cosa", afirma el experto en temas petroleros Carlos Miranda.
Más drástico, el analista Carlos Valverde opina que "aunque el gobierno haya acertado en la nacionalización del gas debe entender que, con nuevas reglas equitativas, necesita de las petroleras para mantener en pie la producción de gas y petróleo; Soliz Rada no tomaba en cuenta este aspecto por una visión radical que lo llevó a plantear y defender, sin éxito, la expropiación directa de las empresas extranjeras del sector".
Extrañamiento
El exministro reapareció en público el lunes 18, cuando entregó el despacho a su sucesor, oportunidad en la que dijo que su renuncia al cargo fue por no atender a un pedido del gobierno para firmar una nueva resolución, en reemplazo de la polémica 207/2006.
Además, criticó al gobierno al calificar como "demasiado rápida" la decisión del vicepresidente de "congelar" la resolución y afirmar, por primera vez, que "muchas de las cosas que se hicieron (en el proceso de nacionalización) fueron en contra de un sector del gobierno que no quería que se realizaran".
Estas afirmaciones fueron respondidas por el vocero presidencial, Alex Contreras, quien dijo que el gobierno "está extrañado de las afirmaciones (de Soliz Rada) porque no son las más adecuadas y porque si dentro del gobierno tenemos críticas, éstas deben hacerse internamente".
El mismo lunes 18, se conocieron también nuevas declaraciones del presidente brasileño, quien advirtió que Bolivia sería la más perjudicada ante una hipotética suspensión de la producción y venta de gas natural a Brasil. "Cuando conversé con Evo Morales, tomé un mapa de América del Sur y le mostré la situación de Bolivia, dónde estaba Venezuela. Le dije: 'De nada sirve colocar la espada en mi cabeza. Si yo no quisiera su gas, ustedes van a sufrir más que nosotros'", explicó Lula.
Lento avance
El Decreto Supremo de nacionalización de los hidrocarburos estableció seis medidas centrales:
1) Recuperar para el Estado "la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos, así como el control y la dirección de la producción, transporte, refinación, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de hidrocarburos". Esta disposición fue más simbólica que efectiva.
2) Disponer la transferencia a YPFB, a título gratuito, de acciones en poder de los fondos de pensiones, para permitir al Estado tener una mayoría accionaria -y por tanto control gerencial- en tres empresas petroleras. Esta medida sólo se cumplió de manera parcial.
3) Imponer a los mayores campos de producción de gas natural, Margarita y San Alberto, el primero operado por la hispano argentina Repsol-YPF y el segundo por la brasileña Petrobras, la obligación de entregar durante 180 días el 82% de sus ingresos a YPFB, quedándose con el restante 18%. Este punto se cumplió cabalmente.
4) Fijar un plazo de 180 días para que las compañías "regularicen su actividad, mediante contratos que cumplan las condiciones y requisitos legales y constitucionales", al término del cual quienes no hayan firmado acuerdos no podrán seguir operando y deberán acordar los términos de compensación y su retiro de Bolivia. Hasta la fecha, no se ha firmado ningún nuevo contrato.
5) Delegar al Ministerio de Hidrocarburos la misión de realizar auditorías en todas las empresas para definir los términos de los nuevos contratos.
6) Convertir a YPFB en la empresa que dirija toda la cadena de la industria petrolífera y gasífera.
La realización de auditorías -quinta medida- se encuentra en pleno proceso, mientras en la sexta se ha avanzado muy poco para convertir a YPFB en lo que dispone el decreto nacionalizador; es decir, en una empresa capaz de asumir el control administrativo y apta para dirigir las operaciones petroleras.
Después de 13 años de estar dedicada únicamente a supervisar contratos, y con menos de un millar de empleados, YPFB aún es para sus críticos una "empresa de papel" obligada a partir casi de cero desde la capacitación técnica de sus obreros, hasta el manejo gerencial de la industria petrolera.
El pasado 1 de mayo, el presidente Evo Morales escogió un escenario simbólico para anunciar la nacionalización: el mayor campo de producción de gas natural, San Alberto, operado por Petrobras.
El martes 12, Soliz Rada anunció la vigencia de la resolución ministerial 207/2006, mediante la que se disponía que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tomaba el control técnico de las dos principales refinerías del país administradas por Petrobras y, en consecuencia, el monopolio interno y externo en la comercialización de hidrocarburos.
La reacción del gobierno brasileño y Petrobras fue drástica: el miércoles 13 el ministro de Minas y Energía de Brasil, Silas Rondeau, y el presidente de Petrobras, José Sergio Gabrielli, cancelaron su visita al país andino programada para negociar la permanencia de la empresa en el país. En un comunicado la petrolera brasileña afirmó que la resolución del gobierno boliviano "inviabiliza totalmente los negocios de refinación de la compañía en el país" y advirtió que "se encuentra evaluando posibles medidas a adoptar por esta determinación unilateral".
El propio presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva hizo lo propio al día siguiente. Amenazó con "hacer una cosa más dura" si Bolivia continuaba tomando decisiones unilaterales.
En esos días hubo numerosas llamadas telefónicas, refiere a Proceso un funcionario administrativo del Palacio de Gobierno. Había razones. Ausente el mandatario Evo Morales -quien se encontraba en Cuba- era necesario realizar consultas sobre los pasos a seguir.
Pero las consultas no solamente se realizaban entre autoridades bolivianas. El mismo jueves, en el punto más crítico de las relaciones boliviano-brasileñas de los últimos tiempos, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, habló telefónicamente con el asesor en Asuntos Internacionales de la Presidencia de Brasil, Marco Aurelio García, diálogo del que no se proporcionaron detalles, aunque no quedan dudas de que el tema tratado fue la medida impulsada por Soliz Rada. Poco después, tras una reunión del gabinete ministerial, convocado con carácter urgente, García Linera anunció que la resolución ministerial "quedaba congelada"; es decir, sin efecto, para "crear un ambiente propicio en las negociaciones" con Petrobras.
Sin apoyo
Al día siguiente, el ministro de Hidrocarburos presentó su renuncia por "razones personales" y sin hacer ninguna referencia a la resolución ministerial. Los analistas interpretaron la dimisión como una respuesta al anuncio de "congelamiento" de la medida, que denotaba una directa desautorización a este funcionario.
Ese mismo día, en el marco de la cumbre de los Países No Alineados que tuvo lugar en La Habana, Evo Morales declaró que "hay muchos sustitutos (para reemplazar a Soliz Rada)". De esta manera, puso fin al ciclo del ministro y a una turbulenta etapa en el proceso nacionalizador. En sólo siete meses de gobierno ha renunciado el presidente de YPFB y tres superintendentes de Hidrocarburos, autoridades encargadas de regular el mercado del sector.
Por la noche, García Linera dio posesión como nuevo ministro de Hidrocarburos a Carlos Villegas, hasta entonces ministro de Planificación, considerado como un técnico moderado antes que un ideólogo, quien declaró que asumía sus nuevas responsabilidades con "una postura y un espíritu amplios para la negociación".
Los analistas consultados por Proceso interpretan el cambio como la constatación de que el gobierno, aunque no lo acepte públicamente, ha comprendido que las negociaciones con las empresas petroleras, sin excluir criterios políticos, deben manejarse en un terreno preponderantemente técnico por la hipersensibilidad de los inversionistas.
"Ya no hay campo para la ideología. Yo creo que el gobierno tiene que manejar bien la partida y para ello requiere de una visión conocedora de la industria; es decir, que sepa negociar con las petroleras, desde una posición menos ideologizada. Soliz Rada fue demasiado radical en sus planteamientos y muy poco diplomático para manejar la cosa", afirma el experto en temas petroleros Carlos Miranda.
Más drástico, el analista Carlos Valverde opina que "aunque el gobierno haya acertado en la nacionalización del gas debe entender que, con nuevas reglas equitativas, necesita de las petroleras para mantener en pie la producción de gas y petróleo; Soliz Rada no tomaba en cuenta este aspecto por una visión radical que lo llevó a plantear y defender, sin éxito, la expropiación directa de las empresas extranjeras del sector".
Extrañamiento
El exministro reapareció en público el lunes 18, cuando entregó el despacho a su sucesor, oportunidad en la que dijo que su renuncia al cargo fue por no atender a un pedido del gobierno para firmar una nueva resolución, en reemplazo de la polémica 207/2006.
Además, criticó al gobierno al calificar como "demasiado rápida" la decisión del vicepresidente de "congelar" la resolución y afirmar, por primera vez, que "muchas de las cosas que se hicieron (en el proceso de nacionalización) fueron en contra de un sector del gobierno que no quería que se realizaran".
Estas afirmaciones fueron respondidas por el vocero presidencial, Alex Contreras, quien dijo que el gobierno "está extrañado de las afirmaciones (de Soliz Rada) porque no son las más adecuadas y porque si dentro del gobierno tenemos críticas, éstas deben hacerse internamente".
El mismo lunes 18, se conocieron también nuevas declaraciones del presidente brasileño, quien advirtió que Bolivia sería la más perjudicada ante una hipotética suspensión de la producción y venta de gas natural a Brasil. "Cuando conversé con Evo Morales, tomé un mapa de América del Sur y le mostré la situación de Bolivia, dónde estaba Venezuela. Le dije: 'De nada sirve colocar la espada en mi cabeza. Si yo no quisiera su gas, ustedes van a sufrir más que nosotros'", explicó Lula.
Lento avance
El Decreto Supremo de nacionalización de los hidrocarburos estableció seis medidas centrales:
1) Recuperar para el Estado "la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos, así como el control y la dirección de la producción, transporte, refinación, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de hidrocarburos". Esta disposición fue más simbólica que efectiva.
2) Disponer la transferencia a YPFB, a título gratuito, de acciones en poder de los fondos de pensiones, para permitir al Estado tener una mayoría accionaria -y por tanto control gerencial- en tres empresas petroleras. Esta medida sólo se cumplió de manera parcial.
3) Imponer a los mayores campos de producción de gas natural, Margarita y San Alberto, el primero operado por la hispano argentina Repsol-YPF y el segundo por la brasileña Petrobras, la obligación de entregar durante 180 días el 82% de sus ingresos a YPFB, quedándose con el restante 18%. Este punto se cumplió cabalmente.
4) Fijar un plazo de 180 días para que las compañías "regularicen su actividad, mediante contratos que cumplan las condiciones y requisitos legales y constitucionales", al término del cual quienes no hayan firmado acuerdos no podrán seguir operando y deberán acordar los términos de compensación y su retiro de Bolivia. Hasta la fecha, no se ha firmado ningún nuevo contrato.
5) Delegar al Ministerio de Hidrocarburos la misión de realizar auditorías en todas las empresas para definir los términos de los nuevos contratos.
6) Convertir a YPFB en la empresa que dirija toda la cadena de la industria petrolífera y gasífera.
La realización de auditorías -quinta medida- se encuentra en pleno proceso, mientras en la sexta se ha avanzado muy poco para convertir a YPFB en lo que dispone el decreto nacionalizador; es decir, en una empresa capaz de asumir el control administrativo y apta para dirigir las operaciones petroleras.
Después de 13 años de estar dedicada únicamente a supervisar contratos, y con menos de un millar de empleados, YPFB aún es para sus críticos una "empresa de papel" obligada a partir casi de cero desde la capacitación técnica de sus obreros, hasta el manejo gerencial de la industria petrolera.
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