Pedro Matías y Rodrigo Vera
OAXACA, OAX.- Un sector de la Iglesia local manifestó su rechazo al gobernador Ulises Ruiz mediante una carta que, el pasado 25 de agosto, redactaron 40 sacerdotes oaxaqueños para pedir "la desaparición de poderes en el estado".
Lo anterior provocó que la cúpula de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se deslindara del clero oaxaqueño que, en esa carta, pide prácticamente la destitución de Ulises Ruiz.
La misiva está dirigida al presidente Vicente Fox, al Senado de la República y al secretario de Gobernación, Carlos Abascal, a quienes les pide "atender de inmediato la ingobernabilidad que prevalece en el estado y la demanda generalizada de desaparición de poderes".
Todo esto -agregan los religiosos- con el fin de dar paso "a la designación de autoridades provisionales y se encaucen las legítimas aspiraciones de crear un nuevo pacto social en el estado".
Censuran también "la violencia y la represión ejercida por diferentes autoridades estatales, la incapacidad del gobierno estatal para solucionar el conflicto social que ha dejado ya varias pérdidas humanas, desapariciones forzadas transitorias, torturas, detenciones ilegales y la profunda ruptura del tejido social".
Adscritos a la arquidiócesis de Oaxaca, a la diócesis de Puerto Escondido y a la prelatura de Huautla de Jiménez, los sacerdotes señalan: "Hoy la paz social de Oaxaca pasa por el cambio de gobierno".
Esta inusitada toma de postura provocó que, el 28 de agosto, en las oficinas de Gobernación se celebrara una reunión entre Carlos Abascal y la cúpula de la CEM, la cual se deslindó ahí de los sacerdotes oaxaqueños.
Entre los jerarcas se encontraban el presidente del Episcopado, José Guadalupe Martín Rábago; el vicepresidente, Alberto Suárez Inda, y el secretario general, Carlos Aguiar Retes.
También estuvo Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, así como el nuncio apostólico, Giuseppe Bertello.
Lauro López Sánchez, el subsecretario para Asuntos Religiosos de Gobernación, fue quien reveló que los jerarcas manifestaron que lo dicho en la carta "de ninguna manera es la posición de la Iglesia católica".
Uno de los firmantes de la carta, Miguel Ángel Morelos García, párroco de Santa Cruz Xoxocotlán, comenta:
"Todos nosotros seguimos sosteniendo nuestra postura. Nuestros nombres ya están ahí. No podemos echarnos para atrás."
-¿Con su postura, se están inmiscuyendo en política?
-No. Lo que nos motivó fue dar a conocer la voz profética de la Iglesia, que se pronuncia en contra de las injusticias.
Hasta el momento, dice, no han sido reprendidos por Gobernación ni por sus autoridades eclesiásticas.
El clero oaxaqueño no se ha quedado en las puras declaraciones, sino que, a través de sus comunidades eclesiales de base, está apoyando activamente al magisterio y a la APPO.
En varias parroquias hay acopio de víveres para sostener al movimiento popular. Muchos fieles católicos, alentados por sus sacerdotes, cocinan y reparten los alimentos entre los manifestantes.
El presbítero Leoncio Hernández Guzmán comenta entusiasta:
"Con este movimiento se está recobrando la dignidad del pueblo, se está desterrando la cultura del individualismo, producto del sistema neoliberal."
Compara al movimiento con las primeras comunidades cristianas, que compartían entre sí todo lo que tenían: "Todo se vivía en común unidad. Nadie tenía más que los demás".
Los principales mediadores en el ya prolongado conflicto oaxaqueño también son gente de Iglesia, como los obispos eméritos Arturo Lona y Samuel Ruiz, o como el sacerdote Wilfrido Mayrén, ligados a la corriente eclesiástica de la opción preferencial por los pobres, que ha cobrado fuerza con el actual movimiento social. l
Lo anterior provocó que la cúpula de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se deslindara del clero oaxaqueño que, en esa carta, pide prácticamente la destitución de Ulises Ruiz.
La misiva está dirigida al presidente Vicente Fox, al Senado de la República y al secretario de Gobernación, Carlos Abascal, a quienes les pide "atender de inmediato la ingobernabilidad que prevalece en el estado y la demanda generalizada de desaparición de poderes".
Todo esto -agregan los religiosos- con el fin de dar paso "a la designación de autoridades provisionales y se encaucen las legítimas aspiraciones de crear un nuevo pacto social en el estado".
Censuran también "la violencia y la represión ejercida por diferentes autoridades estatales, la incapacidad del gobierno estatal para solucionar el conflicto social que ha dejado ya varias pérdidas humanas, desapariciones forzadas transitorias, torturas, detenciones ilegales y la profunda ruptura del tejido social".
Adscritos a la arquidiócesis de Oaxaca, a la diócesis de Puerto Escondido y a la prelatura de Huautla de Jiménez, los sacerdotes señalan: "Hoy la paz social de Oaxaca pasa por el cambio de gobierno".
Esta inusitada toma de postura provocó que, el 28 de agosto, en las oficinas de Gobernación se celebrara una reunión entre Carlos Abascal y la cúpula de la CEM, la cual se deslindó ahí de los sacerdotes oaxaqueños.
Entre los jerarcas se encontraban el presidente del Episcopado, José Guadalupe Martín Rábago; el vicepresidente, Alberto Suárez Inda, y el secretario general, Carlos Aguiar Retes.
También estuvo Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, así como el nuncio apostólico, Giuseppe Bertello.
Lauro López Sánchez, el subsecretario para Asuntos Religiosos de Gobernación, fue quien reveló que los jerarcas manifestaron que lo dicho en la carta "de ninguna manera es la posición de la Iglesia católica".
Uno de los firmantes de la carta, Miguel Ángel Morelos García, párroco de Santa Cruz Xoxocotlán, comenta:
"Todos nosotros seguimos sosteniendo nuestra postura. Nuestros nombres ya están ahí. No podemos echarnos para atrás."
-¿Con su postura, se están inmiscuyendo en política?
-No. Lo que nos motivó fue dar a conocer la voz profética de la Iglesia, que se pronuncia en contra de las injusticias.
Hasta el momento, dice, no han sido reprendidos por Gobernación ni por sus autoridades eclesiásticas.
El clero oaxaqueño no se ha quedado en las puras declaraciones, sino que, a través de sus comunidades eclesiales de base, está apoyando activamente al magisterio y a la APPO.
En varias parroquias hay acopio de víveres para sostener al movimiento popular. Muchos fieles católicos, alentados por sus sacerdotes, cocinan y reparten los alimentos entre los manifestantes.
El presbítero Leoncio Hernández Guzmán comenta entusiasta:
"Con este movimiento se está recobrando la dignidad del pueblo, se está desterrando la cultura del individualismo, producto del sistema neoliberal."
Compara al movimiento con las primeras comunidades cristianas, que compartían entre sí todo lo que tenían: "Todo se vivía en común unidad. Nadie tenía más que los demás".
Los principales mediadores en el ya prolongado conflicto oaxaqueño también son gente de Iglesia, como los obispos eméritos Arturo Lona y Samuel Ruiz, o como el sacerdote Wilfrido Mayrén, ligados a la corriente eclesiástica de la opción preferencial por los pobres, que ha cobrado fuerza con el actual movimiento social. l
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