miguel cabildo
México, D.F., 30 de octubre (apro).- Ante la “violencia legalizada” que se registra en Oaxaca, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”, calificó de incomprensible e inaceptable que el presidente Vicente Fox declare que “hoy en Oaxaca se ha recuperado la paz social”.
El organismo no gubernamental, que aglutina a 55 organizaciones, cinco de ellas ubicadas en Oaxaca, afirmó que una declaración de este tipo manifiesta una “visión autoritaria y cínica”, y “no de preocupación real por enfrentar las causas profundas del conflicto”.
Más aún, apuntó que dada la “enorme responsabilidad” de Ulises Ruiz por lo que pasa en Oaxaca, Fox tiene la obligación de manifestarle públicamente al gobernador de Oaxaca que es indispensable que se separe del cargo para que haga posible un nuevo cauce de solución al conflicto.
La Red lamentó la muerte de dos personas asesinadas, la desaparición de 20 más y la detención de 41 militantes de la APPO; además, reprobó los innumerables cateos ilegales.
El operativo “sólo ha creado un mayor caos y más amenazas para los derechos humanos de los ciudadanos sin que se resuelvan ninguna de las causas del conflicto”, señaló.
En este sentido, sostuvo que tanto el presidente Fox, el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, como el de Seguridad Pública Federal, Eduardo Medina-Mora, públicamente deben comprometerse a respetar los derechos humanos en Oaxaca, lo que significa suspender de inmediato los cateos ilegales, las detenciones arbitrarias, y cualquier acto de hostigamiento.
Criticó que mientras el gobierno federal dirige el operativo en contra de las organizaciones sociales que integran la APPO y de personas simpatizantes del mismo, no existe ninguna medida para controlar e impedir que las fuerzas policiales y los grupos “para-policíacos” sigan actuando en contra de los ciudadanos y manifestantes.
El organismo, igualmente, calificó de correcto que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso de la muerte del periodista estadunidense Brad Will, pues el gobierno federal reconoce que no existen condiciones en Oaxaca para que se lleve a cabo una investigación eficaz e imparcial.
Apuntó que dado que las otras muertes sucedidas durante el conflicto enfrentan las mismas condiciones, la totalidad de dichas investigaciones deben ser atraídas al ámbito federal.
Demandó que el gobierno federal informe de manera inmediata y pública sobre las personas que han detenidas, dónde se encuentran, su estado de salud y la situación jurídica de las mismas. Igualmente, asegurar de forma efectiva la integridad de las personas detenidas que hayan sido puestas a disposición de autoridades locales, dadas las evidencias de que éstas son parte del conflicto y su proclividad a cometer violaciones de derechos humanos.
Advirtió que el operativo implementado por la PFP no puede convertirse en una justificación para impedir el derecho de asociación, expresión y manifestación que los ciudadanos tienen y deben ejercer, pues eso significaría una suspensión de garantías de facto; al contrario el gobierno federal tiene la obligación de garantizar dichas libertades, agregó.
“El presidente Fox inició su gobierno firmando un Acuerdo de Cooperación con la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la ciudad de Oaxaca el 2 de diciembre de 2000 y hoy termina reprimiendo a un movimiento social en el mismo lugar”, puntualizó
El organismo no gubernamental, que aglutina a 55 organizaciones, cinco de ellas ubicadas en Oaxaca, afirmó que una declaración de este tipo manifiesta una “visión autoritaria y cínica”, y “no de preocupación real por enfrentar las causas profundas del conflicto”.
Más aún, apuntó que dada la “enorme responsabilidad” de Ulises Ruiz por lo que pasa en Oaxaca, Fox tiene la obligación de manifestarle públicamente al gobernador de Oaxaca que es indispensable que se separe del cargo para que haga posible un nuevo cauce de solución al conflicto.
La Red lamentó la muerte de dos personas asesinadas, la desaparición de 20 más y la detención de 41 militantes de la APPO; además, reprobó los innumerables cateos ilegales.
El operativo “sólo ha creado un mayor caos y más amenazas para los derechos humanos de los ciudadanos sin que se resuelvan ninguna de las causas del conflicto”, señaló.
En este sentido, sostuvo que tanto el presidente Fox, el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, como el de Seguridad Pública Federal, Eduardo Medina-Mora, públicamente deben comprometerse a respetar los derechos humanos en Oaxaca, lo que significa suspender de inmediato los cateos ilegales, las detenciones arbitrarias, y cualquier acto de hostigamiento.
Criticó que mientras el gobierno federal dirige el operativo en contra de las organizaciones sociales que integran la APPO y de personas simpatizantes del mismo, no existe ninguna medida para controlar e impedir que las fuerzas policiales y los grupos “para-policíacos” sigan actuando en contra de los ciudadanos y manifestantes.
El organismo, igualmente, calificó de correcto que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso de la muerte del periodista estadunidense Brad Will, pues el gobierno federal reconoce que no existen condiciones en Oaxaca para que se lleve a cabo una investigación eficaz e imparcial.
Apuntó que dado que las otras muertes sucedidas durante el conflicto enfrentan las mismas condiciones, la totalidad de dichas investigaciones deben ser atraídas al ámbito federal.
Demandó que el gobierno federal informe de manera inmediata y pública sobre las personas que han detenidas, dónde se encuentran, su estado de salud y la situación jurídica de las mismas. Igualmente, asegurar de forma efectiva la integridad de las personas detenidas que hayan sido puestas a disposición de autoridades locales, dadas las evidencias de que éstas son parte del conflicto y su proclividad a cometer violaciones de derechos humanos.
Advirtió que el operativo implementado por la PFP no puede convertirse en una justificación para impedir el derecho de asociación, expresión y manifestación que los ciudadanos tienen y deben ejercer, pues eso significaría una suspensión de garantías de facto; al contrario el gobierno federal tiene la obligación de garantizar dichas libertades, agregó.
“El presidente Fox inició su gobierno firmando un Acuerdo de Cooperación con la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la ciudad de Oaxaca el 2 de diciembre de 2000 y hoy termina reprimiendo a un movimiento social en el mismo lugar”, puntualizó
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