regina martínez
Jalapa, Ver., 27 de octubre (apro).- Tras los siniestros provocados en la entidad por los derrames de crudo e incendios registrados en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) el pasado 17 de octubre, diputados locales exigieron a la paraestatal resarcir los daños en las comunidades afectadas.
Del último semestre de 2004 a la fecha, subrayó la priísta Gladys Merlín Castro durante la sesión de la Diputación Permanente de la Legislatura local, en la región sur de la entidad, han venido ocurriendo continuos siniestros que han dejado pasivos ambientales y pérdida de vidas humanas.
Al presentar un punto de acuerdo para exhortar al director de Pemex, Luis Ramírez Corzo, a informar al Congreso local sobre las medidas adoptadas para corregir los daños ocasionados en la entidad, Merlín Castro cuestionó la actitud de los directivos de la paraestatal ante los siniestros.
Pemex, afirmó, "se ha convertido en un lastre social y económico, ya que gracias a la indiferencia y negligencia de sus directivos, quienes optan por resoluciones más sencillas para ellos, hacen como que corrigen los daños ecológicos, materiales y humanos".
Además, acotó, "han mostrado nula sensibilidad al dolor de las familias, donde un cheque sustituye al ser querido"; es decir, la del trabajador que ha fallecido a consecuencia de este tipo de accidentes, o mejor dicho, "asesinado por la indiferencia y negligencia de los funcionarios de Pemex".
En este sentido, calificó de indignante que los directivos de Pemex, ante la magnitud, diversidad y recurrencias de estos fatales accidentes, "sólo se limiten a leer un informe sobre heridos, muertos, desaparecidos, daños materiales y al medio ambiente, informes que sólo se han convertido en reportes estadísticos".
El último accidente, refirió, ocurrió el pasado 17 de octubre, al registrarse una explosión en el buque tanque Quetzalcóatl, atracado en el muelle 6 de la terminal marítima de Pajaritos, en Coatzacoalcos, con un saldo de siete muertos y 13 heridos.
Señaló que los funcionarios de Pemex tienen que rendir cuentas por las irregularidades con que trabajaba el buque tanque, "como el hecho de que un menor de edad estuviera laborando, que la empresa contratada contara con duplicidad de registro fiscal ante Hacienda, y uno de ellos, está inhabilitado por la Contraloría de la Función Pública".
"Eso habla de negligencia o presunta corrupción por parte de los funcionarios de Pemex", señaló. “Ellos saben que barcos como el Quetzalcóatl, el Tolteca, Reforma, 18 de Marzo, José Colomo y Mariano Escobedo, entre otros, no pueden navegar en aguas estadunidenses porque no reúnen los requisitos que exige la normatividad".
Los barcos más nuevos de la paraestatal, explicó, son Pemex I, II, III y IV, "que tienen una antigüedad promedio de 20 años y son, junto con el CHAB y BAACAB, los únicos que actualmente siguen en servicio, moviendo productos petroleros y combustible en las cuatro terminales marítimas localizadas en la República mexicana".
La propuesta de Merlín Castro fue apoyada por su compañera de bancada, Guadalupe Porras, quien dijo que "en el sur del estado vivimos una problemática muy triste", precisamente porque en su pueblo, Minatitlán, una ciudad petrolera, "tres de los que murieron en ese accidente eran de éste lugar y más de 20 resultaron con quemaduras".
A pesar de los recurrentes accidentes, señaló, Pemex no ha aplicado medidas de prevención, "las cuales tenemos que exigir que sean implementadas, así como multas enérgicas a las empresas que contrata, cuyo trabajo deja mucho que desear, por lo que estos castigos deben elevarse a su inhabilitación para prestar este tipo de servicios".
En tanto, el diputado perredista Agustín Mantilla, cuestionó a los integrantes de la Junta de Coordinación Política por mantener rezagados los puntos de acuerdo que, desde diciembre de 2004, han presentado los grupos legislativos para exigir a Pemex medidas de prevención y el pago de daños ocasionados.
A partir del 22 de diciembre de 2004 se registro el primero de las más de 40 contingencias de Pemex en diversos puntos del territorio veracruzano y, desde entonces, recordó, se han hecho todo tipo de exhortos a la paraestatal. Sin embargo, dijo, "la Junta de Coordinación Política jamás nos ha informado el futuro que han tenido".
Aunque el perredista manifestó sumarse al planteamiento de la priísta Gladys Merlín, dijo: “Aunque en nuestro punto de acuerdo solicitamos al gobernador Fidel Herrera que actuara con energía, él comentó a los medios de comunicación que era preferible un mal arreglo que ganar un buen pleito largo".
En Veracruz, apuntó, "se le ha tolerado todo a Pemex: la contaminación, los pasivos ambientales que ha dejado y las deudas que tiene con la sociedad por el costo de vidas que ha dejado. Hay muchos pendientes que tiene la empresa paraestatal con los veracruzanos".
"Nosotros creemos que, en aras de tener más recursos, no podemos ser tolerantes con la devastación que esta industria esta haciendo en Veracruz", señaló el perredista, al referirse a los excedentes petroleros que ha recibido el gobierno veracruzano y que este año ascienden a mil 400 millones de pesos.
Del último semestre de 2004 a la fecha, subrayó la priísta Gladys Merlín Castro durante la sesión de la Diputación Permanente de la Legislatura local, en la región sur de la entidad, han venido ocurriendo continuos siniestros que han dejado pasivos ambientales y pérdida de vidas humanas.
Al presentar un punto de acuerdo para exhortar al director de Pemex, Luis Ramírez Corzo, a informar al Congreso local sobre las medidas adoptadas para corregir los daños ocasionados en la entidad, Merlín Castro cuestionó la actitud de los directivos de la paraestatal ante los siniestros.
Pemex, afirmó, "se ha convertido en un lastre social y económico, ya que gracias a la indiferencia y negligencia de sus directivos, quienes optan por resoluciones más sencillas para ellos, hacen como que corrigen los daños ecológicos, materiales y humanos".
Además, acotó, "han mostrado nula sensibilidad al dolor de las familias, donde un cheque sustituye al ser querido"; es decir, la del trabajador que ha fallecido a consecuencia de este tipo de accidentes, o mejor dicho, "asesinado por la indiferencia y negligencia de los funcionarios de Pemex".
En este sentido, calificó de indignante que los directivos de Pemex, ante la magnitud, diversidad y recurrencias de estos fatales accidentes, "sólo se limiten a leer un informe sobre heridos, muertos, desaparecidos, daños materiales y al medio ambiente, informes que sólo se han convertido en reportes estadísticos".
El último accidente, refirió, ocurrió el pasado 17 de octubre, al registrarse una explosión en el buque tanque Quetzalcóatl, atracado en el muelle 6 de la terminal marítima de Pajaritos, en Coatzacoalcos, con un saldo de siete muertos y 13 heridos.
Señaló que los funcionarios de Pemex tienen que rendir cuentas por las irregularidades con que trabajaba el buque tanque, "como el hecho de que un menor de edad estuviera laborando, que la empresa contratada contara con duplicidad de registro fiscal ante Hacienda, y uno de ellos, está inhabilitado por la Contraloría de la Función Pública".
"Eso habla de negligencia o presunta corrupción por parte de los funcionarios de Pemex", señaló. “Ellos saben que barcos como el Quetzalcóatl, el Tolteca, Reforma, 18 de Marzo, José Colomo y Mariano Escobedo, entre otros, no pueden navegar en aguas estadunidenses porque no reúnen los requisitos que exige la normatividad".
Los barcos más nuevos de la paraestatal, explicó, son Pemex I, II, III y IV, "que tienen una antigüedad promedio de 20 años y son, junto con el CHAB y BAACAB, los únicos que actualmente siguen en servicio, moviendo productos petroleros y combustible en las cuatro terminales marítimas localizadas en la República mexicana".
La propuesta de Merlín Castro fue apoyada por su compañera de bancada, Guadalupe Porras, quien dijo que "en el sur del estado vivimos una problemática muy triste", precisamente porque en su pueblo, Minatitlán, una ciudad petrolera, "tres de los que murieron en ese accidente eran de éste lugar y más de 20 resultaron con quemaduras".
A pesar de los recurrentes accidentes, señaló, Pemex no ha aplicado medidas de prevención, "las cuales tenemos que exigir que sean implementadas, así como multas enérgicas a las empresas que contrata, cuyo trabajo deja mucho que desear, por lo que estos castigos deben elevarse a su inhabilitación para prestar este tipo de servicios".
En tanto, el diputado perredista Agustín Mantilla, cuestionó a los integrantes de la Junta de Coordinación Política por mantener rezagados los puntos de acuerdo que, desde diciembre de 2004, han presentado los grupos legislativos para exigir a Pemex medidas de prevención y el pago de daños ocasionados.
A partir del 22 de diciembre de 2004 se registro el primero de las más de 40 contingencias de Pemex en diversos puntos del territorio veracruzano y, desde entonces, recordó, se han hecho todo tipo de exhortos a la paraestatal. Sin embargo, dijo, "la Junta de Coordinación Política jamás nos ha informado el futuro que han tenido".
Aunque el perredista manifestó sumarse al planteamiento de la priísta Gladys Merlín, dijo: “Aunque en nuestro punto de acuerdo solicitamos al gobernador Fidel Herrera que actuara con energía, él comentó a los medios de comunicación que era preferible un mal arreglo que ganar un buen pleito largo".
En Veracruz, apuntó, "se le ha tolerado todo a Pemex: la contaminación, los pasivos ambientales que ha dejado y las deudas que tiene con la sociedad por el costo de vidas que ha dejado. Hay muchos pendientes que tiene la empresa paraestatal con los veracruzanos".
"Nosotros creemos que, en aras de tener más recursos, no podemos ser tolerantes con la devastación que esta industria esta haciendo en Veracruz", señaló el perredista, al referirse a los excedentes petroleros que ha recibido el gobierno veracruzano y que este año ascienden a mil 400 millones de pesos.
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