Los intentos por destruir políticamente a Andrés Manuel López Obrador, la guerra sucia en su contra, se extendieron hasta el final, hasta la propia víspera electoral. Un hacker reavivó la página en internet de su candidatura presidencial, cerrada desde el primer minuto del jueves 29, y presentó el mensaje que lanzaría el exjefe de gobierno el lunes próximo, para iniciar la campaña de protesta por su derrota de la víspera. Es de varios modos obvia la superchería –pues, ¿quién se prepara para la derrota si está cierto de triunfar?–, destinada a confirmar la especie difamatoria de que López Obrador no aceptará resultados adversos y que, a sabiendas de que esa será su naturaleza, se dispone a enfrentarlos.
Es difícil calcular siquiera, y mucho menos medir, el efecto que esta maniobra produzca en el electorado, especialmente entre quienes deciden su voto a última hora. Puede ser pernicioso si seca en el candor de admitir la veracidad del mensaje, pero lo contrario si queda clara la intención dañina de quien usurpó una página que había dejado de operar conforme a la ley.
En el curso del propio viernes se presentaría una denuncia ante la Procuraduría General de la República por los delitos en que incurrió el invasor. Pero López Obrador no tiene muchos motivos para confiar en esa Procuraduría y esperar, por lo tanto, que se determine quién cometió la intromisión. En esa dependencia descansó la truculenta maquinación para desaforarlo, y se dejó en la penumbra, ya despachado el general procurador general, la decisión de decretar el no ejercicio de la acción penal, con que debió cerrarse el caso. Pero el despido de Rafael Macedo de la Concha no fue suficiente para privar al Ministerio Público Federal de su condición de ariete político. El 15 de junio, según publicó Reforma anteayer, se giró una circular a las delegaciones de la Procuraduría General de la República para reunir información “de todas las denuncias y averiguaciones penales que obran en la PGR y sus regionales estatales (sic)” sobre López Obrador, así como “consignaciones hechas y órdenes de aprehensión libradas” contra sus “familiares y hermanos”. En entrevista telefónica, la coordinadora general de delegaciones de la Procuraduría, Rosa Elena Torres Dávila, explicó a ese diario que se pidió tal información “a raíz de una solicitud que alguien hizo”.
Ese “alguien” pudo haber sido un dirigente panista, a fin de encontrar municiones contra López Obrador. Algo semejante se intentó en otro frente. Para, inútilmente, contrarrestar los efectos de la puesta del fenómeno Hildebrando en la opinión pública, Acción Nacional inventó una patraña, y acusó por lavado de dinero y delincuencia organizada a antiguos colaboradores del ahora candidato perredista. Para sustanciarla, y en obvia connivencia con el PAN, la subprocuraduría especializada en esa materia pretendió que Gustavo Ponce, el exsecretario de Finanzas preso en La Palma, atestiguara en esa averiguación contra López Obrador y su equipo. Agentes del Ministerio Público habrían visitado al socio de Carlos Ahumada en su celda, según refirió La Jornada, sin obtener respuesta favorable.
La guerra sucia contra López Obrador mostró su efectividad en varios terrenos. Jorge G. Castañeda deploró, por lo tanto, que no hubiera continuado. Él había llegado a expresar su deseo de frenar a López Obrador costare lo que costare. Y ese género de maniobras cuadraba a su propósito, pues había hecho crecer el voto que nunca se entregaría a López Obrador. El excanciller se ufanó apenas el miércoles pasado: “la campaña negativa, la llamada guerra sucia diseñada, según parece, por Dick Morris (asesor de Clinton y no de Bush Jr.), funcionó. La pregunta que queda para el tintero es por qué dicha campaña no se llevó hasta sus últimas consecuencias, en vista de su eficacia”. Se hubieran podido aprovechar, sugirió Castañeda, los supuestos “videos involucrando a otros funcionarios del gobierno del DF o del PRD en escándalos de dinero”, o las presuntas “declaraciones rendidas por Ponce y que incriminan a AMLO”. Llevado por su inquina a ofender su propia inteligencia, Castañeda se sinceró: “Si bien nadie que yo conozca ha visto esos videos o ha leído esas declaraciones, se ha dado por sentado que existen y que obran en poder del gobierno federal”. Se refiere igualmente a los videos que presentaría Carlos Ahumada y cuya exhibición se aplazó tras el presunto autoatentado. Todavía añade: “sabemos que hay quienes afirman, con pleno conocimiento de causa y en situación de saber, que hace pocas semanas fue filmado un evento de formación electoral en una ciudad del estado de Tabasco, en el cual un funcionario de la embajada de Venezuela, claramente identificado como tal, instruye a un grupo de militantes perredistas de cómo votar y defender el voto”.
Castañeda, asombrado o impaciente, expone que “a menos de que suceda algo inesperado en los últimos días de campaña, los adversarios de AMLO decidieron guardar esos obuses”. Y ¿sabe usted la causa de tal decisión? En un razonamiento que él mismo diría propio de alguien incapaz de leer The New York Times, Castañeda dice que esos obuses se guardaron “o bien porque no existen o porque consideraron que no serían eficaces o porque el costo de utilizarlos sería exorbitante”.
Sí, eso dice. Una de las razones probables para “guardar los obuses” es que no existan. Impecable conclusión. Tanto como su opción por la tercera posibilidad, el alto costo de difundir información adversa: “No queda más remedio que compartir explícitamente con los lectores lo que se repite sin cesar en todos lados desde hace muchos meses, y sobre todo en los últimos días”. De nuevo, ¡qué finura de razonamiento! ¿Para qué compartir con los lectores lo que seguramente ya saben, pues “se repite sin cesar en todos lados desde hace muchos meses”? Si es así, a menos que se trate de lectores extraterrestres, ellos saben lo que Castañeda no tiene “más remedio que compartir”.
Sugiere el exaspirante a candidato presidencial ciudadano que la propaganda negra contra López Obrador cesó porque su equipo posee información que sería difundida de continuar la guerra sucia. ¿De qué se trata? Y al responder, nuevamente Castañeda maltrata la sensatez: “Obviamente, nadie lo sabe pero todo el mundo lo dice. Se trata, dicen, de un video llevado por Ahumada a Cuba como seguro de vida teórico e inútil, confiscado por las autoridades cubanas, y que ahí aparece gente cercana al gobierno federal proponiéndole negocios a Ahumada, que involucran conductas indebidas por parte de funcionarios federales. Huelga decir que aunque en este caso sí conozco a una persona que dice haber visto el video, no hay nada que compruebe su existencia ni mucho menos las implicaciones que derivarían de la misma. Ni tampoco le consta a nadie que, en caso de existir el video, haya habido algún tipo de entendimiento explícito (negociado, por ejemplo, por Encinas) o tácito entre el Peje y el gobierno”.
Desesperado por ignorar la causa de que cesara la guerra sucia (aunque no conoció sus últimos episodios), Castañeda concluye que si “gana Calderón, la pregunta pierde pertinencia; si gana el Peje, se vuelve la pregunta de los 64 mil votos”.
Es difícil calcular siquiera, y mucho menos medir, el efecto que esta maniobra produzca en el electorado, especialmente entre quienes deciden su voto a última hora. Puede ser pernicioso si seca en el candor de admitir la veracidad del mensaje, pero lo contrario si queda clara la intención dañina de quien usurpó una página que había dejado de operar conforme a la ley.
En el curso del propio viernes se presentaría una denuncia ante la Procuraduría General de la República por los delitos en que incurrió el invasor. Pero López Obrador no tiene muchos motivos para confiar en esa Procuraduría y esperar, por lo tanto, que se determine quién cometió la intromisión. En esa dependencia descansó la truculenta maquinación para desaforarlo, y se dejó en la penumbra, ya despachado el general procurador general, la decisión de decretar el no ejercicio de la acción penal, con que debió cerrarse el caso. Pero el despido de Rafael Macedo de la Concha no fue suficiente para privar al Ministerio Público Federal de su condición de ariete político. El 15 de junio, según publicó Reforma anteayer, se giró una circular a las delegaciones de la Procuraduría General de la República para reunir información “de todas las denuncias y averiguaciones penales que obran en la PGR y sus regionales estatales (sic)” sobre López Obrador, así como “consignaciones hechas y órdenes de aprehensión libradas” contra sus “familiares y hermanos”. En entrevista telefónica, la coordinadora general de delegaciones de la Procuraduría, Rosa Elena Torres Dávila, explicó a ese diario que se pidió tal información “a raíz de una solicitud que alguien hizo”.
Ese “alguien” pudo haber sido un dirigente panista, a fin de encontrar municiones contra López Obrador. Algo semejante se intentó en otro frente. Para, inútilmente, contrarrestar los efectos de la puesta del fenómeno Hildebrando en la opinión pública, Acción Nacional inventó una patraña, y acusó por lavado de dinero y delincuencia organizada a antiguos colaboradores del ahora candidato perredista. Para sustanciarla, y en obvia connivencia con el PAN, la subprocuraduría especializada en esa materia pretendió que Gustavo Ponce, el exsecretario de Finanzas preso en La Palma, atestiguara en esa averiguación contra López Obrador y su equipo. Agentes del Ministerio Público habrían visitado al socio de Carlos Ahumada en su celda, según refirió La Jornada, sin obtener respuesta favorable.
La guerra sucia contra López Obrador mostró su efectividad en varios terrenos. Jorge G. Castañeda deploró, por lo tanto, que no hubiera continuado. Él había llegado a expresar su deseo de frenar a López Obrador costare lo que costare. Y ese género de maniobras cuadraba a su propósito, pues había hecho crecer el voto que nunca se entregaría a López Obrador. El excanciller se ufanó apenas el miércoles pasado: “la campaña negativa, la llamada guerra sucia diseñada, según parece, por Dick Morris (asesor de Clinton y no de Bush Jr.), funcionó. La pregunta que queda para el tintero es por qué dicha campaña no se llevó hasta sus últimas consecuencias, en vista de su eficacia”. Se hubieran podido aprovechar, sugirió Castañeda, los supuestos “videos involucrando a otros funcionarios del gobierno del DF o del PRD en escándalos de dinero”, o las presuntas “declaraciones rendidas por Ponce y que incriminan a AMLO”. Llevado por su inquina a ofender su propia inteligencia, Castañeda se sinceró: “Si bien nadie que yo conozca ha visto esos videos o ha leído esas declaraciones, se ha dado por sentado que existen y que obran en poder del gobierno federal”. Se refiere igualmente a los videos que presentaría Carlos Ahumada y cuya exhibición se aplazó tras el presunto autoatentado. Todavía añade: “sabemos que hay quienes afirman, con pleno conocimiento de causa y en situación de saber, que hace pocas semanas fue filmado un evento de formación electoral en una ciudad del estado de Tabasco, en el cual un funcionario de la embajada de Venezuela, claramente identificado como tal, instruye a un grupo de militantes perredistas de cómo votar y defender el voto”.
Castañeda, asombrado o impaciente, expone que “a menos de que suceda algo inesperado en los últimos días de campaña, los adversarios de AMLO decidieron guardar esos obuses”. Y ¿sabe usted la causa de tal decisión? En un razonamiento que él mismo diría propio de alguien incapaz de leer The New York Times, Castañeda dice que esos obuses se guardaron “o bien porque no existen o porque consideraron que no serían eficaces o porque el costo de utilizarlos sería exorbitante”.
Sí, eso dice. Una de las razones probables para “guardar los obuses” es que no existan. Impecable conclusión. Tanto como su opción por la tercera posibilidad, el alto costo de difundir información adversa: “No queda más remedio que compartir explícitamente con los lectores lo que se repite sin cesar en todos lados desde hace muchos meses, y sobre todo en los últimos días”. De nuevo, ¡qué finura de razonamiento! ¿Para qué compartir con los lectores lo que seguramente ya saben, pues “se repite sin cesar en todos lados desde hace muchos meses”? Si es así, a menos que se trate de lectores extraterrestres, ellos saben lo que Castañeda no tiene “más remedio que compartir”.
Sugiere el exaspirante a candidato presidencial ciudadano que la propaganda negra contra López Obrador cesó porque su equipo posee información que sería difundida de continuar la guerra sucia. ¿De qué se trata? Y al responder, nuevamente Castañeda maltrata la sensatez: “Obviamente, nadie lo sabe pero todo el mundo lo dice. Se trata, dicen, de un video llevado por Ahumada a Cuba como seguro de vida teórico e inútil, confiscado por las autoridades cubanas, y que ahí aparece gente cercana al gobierno federal proponiéndole negocios a Ahumada, que involucran conductas indebidas por parte de funcionarios federales. Huelga decir que aunque en este caso sí conozco a una persona que dice haber visto el video, no hay nada que compruebe su existencia ni mucho menos las implicaciones que derivarían de la misma. Ni tampoco le consta a nadie que, en caso de existir el video, haya habido algún tipo de entendimiento explícito (negociado, por ejemplo, por Encinas) o tácito entre el Peje y el gobierno”.
Desesperado por ignorar la causa de que cesara la guerra sucia (aunque no conoció sus últimos episodios), Castañeda concluye que si “gana Calderón, la pregunta pierde pertinencia; si gana el Peje, se vuelve la pregunta de los 64 mil votos”.
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