gerardo albarrán de alba*
México, D.F., 8 de octubre (apro).- En los cálculos de la administración foxista, Oaxaca bien vale una misa. Sin renunciar del todo a la posibilidad de reprimir al movimiento social y magisterial que desde hace más de cuatro meses evidenció la crisis de gobernabilidad en el estado, la Secretaría de Gobernación parece cambiar de actitud y, luego de defender con la espada y con la cruz al gobernador priista Ulises Ruiz, pareciera dispuesta a sacrificarlo para no heredar un conflicto que enrarecería aún más la transmisión de poderes a Felipe Calderón, ya de por sí debilitado por la sombra de un presunto fraude electoral.
Dejar vivo el conflicto hasta el 1 de diciembre arrojaría a la nueva Presidencia de la República a manos de los halcones priistas y de los sectores oaxaqueños más conservadores, que encontrarían en la ultraderecha –ya no tan embozada dentro de las filas del PAN– el respaldo para obligarla a emplear a fuerzas federales en la reconquista de la capital de las siete regiones.
El discurso del ultraconservador Carlos Abascal frente a la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) apunta hacia el mal menor: romper el tácito pacto que mantiene con el PRI y operar en el Senado de la República y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la desaparición de poderes en la entidad, con la consecuente remoción de su cargo, tal y como exigen los manifestantes que, en buen número, se encuentran ya a las puertas de la capital del país.
En el fondo, las decisiones que deberá tomar Vicente Fox en los próximos días pasan por la corresponsabilidad de Felipe Calderón, por decir lo menos. Ocupado como está en construirse una imagen para la posteridad que el presente ya le niega, por inmerecida, Fox deberá plegarse a los intereses de su sucesor, que no debe ver con entusiasmo la posibilidad de ser él quien deba mancharse las manos de sangre para satisfacer a los duros del país.
En cualquier caso, el futuro para Calderón no es promisorio. No sólo deberá remar contra la corriente para superar los escollos de la ilegitimidad –convertido aun antes de tomar posesión en el presidente más débil de la historia del país–, sino que el rompimiento entre PAN y PRI azuzará las intentonas para socavarlo al extremo de poner en riesgo la culminación de su, de por sí, cuestionado mandato de seis años.
El PRI ha chantajeado al PAN con una amenaza no tan velada: si cae Ulises Ruiz por la presión de un movimiento social, caerán otros gobernadores (de preferencia panistas), y por qué no, hasta el presidente de la República. El viejo y carcomido PRI, pese a todo, tiene los recursos y experiencia suficientes para intentar desestabilizar a Calderón. La movilización de Andrés Manuel López Obrador parecería una broma, comparada con el daño que el PRI sí puede causar, si se lo propone. Los operadores priistas han dejado claro a sus interlocutores panistas que, sin ellos, Calderón no podrá gobernar. En los pasillos del poder retumba la sorna con la que argumentan: “O qué, ¿van a negociar con el PRD?”.
El PRI juega con lumbre, y pareciera a punto de quemarse. ¿Un acuerdo PAN-PRD? ¿Y por qué no? Imposible no es que la primera y la segunda fuerza política encuentren los mecanismos para asegurar la gobernabilidad mínima que reclama el país, mediante reformas estructurales consensuadas que permitan el desarrollo económico de la nación –con lo que se aseguraría el respaldo del poder de poderes: el capital nacional y extranjero–, pero con un fuerte acento social que haga bajar a los estratos más urgidos los beneficios de la responsabilidad gubernamental –lo que despresurizaría el caldero de más de 50 millones de pobres y de muchos que entre ellos ya no tienen nada que perder.
La alianza entre izquierda y derecha que los priistas creen imposible es mucho más práctica y tiene visos de mayor eficacia que el actual maridaje sumiso de los panistas frente a los dinosaurios priistas. A Calderón le conviene más este escenario, porque no sólo le otorgaría la legitimidad que le negó la división en las preferencias del electorado, sino que, incluso, le permitiría recuperar su partido de manos de quienes lo asaltaron en este agónico sexenio: es la oportunidad para refundir a yunqueros y alimañas de su misma especie a las catacumbas donde pertenecen, y devolverle a Acción Nacional la filosofía social cristiana que necesita para gobernar. Carlos Castillo Peraza se lo recomendaría, si estuviera vivo para hacerlo.
Confiemos en que algo de esto habrá aprendido Calderón en su visita a Chile y Argentina, donde los opuestos se aliaron para hacer gobierno, y aprendería aún más si voltea a ver las consecuencias de la polarización en Venezuela y Bolivia. El próximo presidente tiene para elegir.
* Gerardo Albarrán de Alba es coordinador de proyectos académicos de la revista Proceso. (Contacto: albarran@proceso.com.mx
Dejar vivo el conflicto hasta el 1 de diciembre arrojaría a la nueva Presidencia de la República a manos de los halcones priistas y de los sectores oaxaqueños más conservadores, que encontrarían en la ultraderecha –ya no tan embozada dentro de las filas del PAN– el respaldo para obligarla a emplear a fuerzas federales en la reconquista de la capital de las siete regiones.
El discurso del ultraconservador Carlos Abascal frente a la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) apunta hacia el mal menor: romper el tácito pacto que mantiene con el PRI y operar en el Senado de la República y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la desaparición de poderes en la entidad, con la consecuente remoción de su cargo, tal y como exigen los manifestantes que, en buen número, se encuentran ya a las puertas de la capital del país.
En el fondo, las decisiones que deberá tomar Vicente Fox en los próximos días pasan por la corresponsabilidad de Felipe Calderón, por decir lo menos. Ocupado como está en construirse una imagen para la posteridad que el presente ya le niega, por inmerecida, Fox deberá plegarse a los intereses de su sucesor, que no debe ver con entusiasmo la posibilidad de ser él quien deba mancharse las manos de sangre para satisfacer a los duros del país.
En cualquier caso, el futuro para Calderón no es promisorio. No sólo deberá remar contra la corriente para superar los escollos de la ilegitimidad –convertido aun antes de tomar posesión en el presidente más débil de la historia del país–, sino que el rompimiento entre PAN y PRI azuzará las intentonas para socavarlo al extremo de poner en riesgo la culminación de su, de por sí, cuestionado mandato de seis años.
El PRI ha chantajeado al PAN con una amenaza no tan velada: si cae Ulises Ruiz por la presión de un movimiento social, caerán otros gobernadores (de preferencia panistas), y por qué no, hasta el presidente de la República. El viejo y carcomido PRI, pese a todo, tiene los recursos y experiencia suficientes para intentar desestabilizar a Calderón. La movilización de Andrés Manuel López Obrador parecería una broma, comparada con el daño que el PRI sí puede causar, si se lo propone. Los operadores priistas han dejado claro a sus interlocutores panistas que, sin ellos, Calderón no podrá gobernar. En los pasillos del poder retumba la sorna con la que argumentan: “O qué, ¿van a negociar con el PRD?”.
El PRI juega con lumbre, y pareciera a punto de quemarse. ¿Un acuerdo PAN-PRD? ¿Y por qué no? Imposible no es que la primera y la segunda fuerza política encuentren los mecanismos para asegurar la gobernabilidad mínima que reclama el país, mediante reformas estructurales consensuadas que permitan el desarrollo económico de la nación –con lo que se aseguraría el respaldo del poder de poderes: el capital nacional y extranjero–, pero con un fuerte acento social que haga bajar a los estratos más urgidos los beneficios de la responsabilidad gubernamental –lo que despresurizaría el caldero de más de 50 millones de pobres y de muchos que entre ellos ya no tienen nada que perder.
La alianza entre izquierda y derecha que los priistas creen imposible es mucho más práctica y tiene visos de mayor eficacia que el actual maridaje sumiso de los panistas frente a los dinosaurios priistas. A Calderón le conviene más este escenario, porque no sólo le otorgaría la legitimidad que le negó la división en las preferencias del electorado, sino que, incluso, le permitiría recuperar su partido de manos de quienes lo asaltaron en este agónico sexenio: es la oportunidad para refundir a yunqueros y alimañas de su misma especie a las catacumbas donde pertenecen, y devolverle a Acción Nacional la filosofía social cristiana que necesita para gobernar. Carlos Castillo Peraza se lo recomendaría, si estuviera vivo para hacerlo.
Confiemos en que algo de esto habrá aprendido Calderón en su visita a Chile y Argentina, donde los opuestos se aliaron para hacer gobierno, y aprendería aún más si voltea a ver las consecuencias de la polarización en Venezuela y Bolivia. El próximo presidente tiene para elegir.
* Gerardo Albarrán de Alba es coordinador de proyectos académicos de la revista Proceso. (Contacto: albarran@proceso.com.mx
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