México, D.F., 5 de septiembre (apro).- Después de un mes de intensos cabildeos, presiones al interior del gabinete y duros intercambios de oficios entre las secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes, esta dependencia logró que se publicara el pasado martes 3 de octubre el llamado Acuerdo de Convergencia que permitirá al gran monopolio de la telefonía en México, Telmex, competir, a partir del segundo semestre de 2007, en el mercado de televisión restringida. En paralelo, las empresas de televisión por cable podrán ofrecer servicios de telefonía y de acceso a Internet.
A pesar de los cambios al anteproyecto original del llamado Acuerdo de Convergencia, hasta el momento no existe ninguna certeza regulatoria que obligue a Telmex a cumplir con tres condiciones fijadas por la Comisión Federal de Competencia para que su entrada en el gran juego del triple play no se dé en condiciones asimétricas.
Estas condiciones son garantizar en un periodo de 60 días el acceso a la interconexión y las reglas de portabilidad numérica para que otros competidores en telefonía puedan tener acceso a la red de servicios de telefonía, al tiempo que en un periodo de 90 días la Cofetel deberá establecer el monto de la contraprestación que Telmex debe pagar por el cambio en su título de propiedad.
A pesar de estas condiciones, el acuerdo cumple con prácticamente todas las expectativas de Telmex, empresa que solicitó desde el 6 de septiembre el cambio de su título de concesión para modificar el candado que le impide a la compañía ofrecer los servicios de televisión restringida (vía cable, satelital o aérea). La SCT estaba dispuesta a otorgarle este cambio de título sin ninguna obligatoriedad previa.
Fue la Secretaría de Hacienda, a través de dos duros comunicados, que impuso como condición que Telmex pagara una contraprestación al erario, a cambio de que se le cambiara el título de concesión. Por supuesto, el celo del secretario Francisco Gil Díaz en esta materia no es comparable con la absoluta discrecionalidad con que evitó que la venta de Banamex a Citigroup se hiciera con amplias facilidades fiscales, por no decir evasión.
Es de todos conocidos que la disputa entre la Secretaría de Hacienda y Telmex responde a un pleito de negocios más amplio entre dos viejos competidores: Roberto Hernández, ex jefe de Gil Díaz y accionista de la telefónica Avantel y de la empresa Televisa, y Carlos Slim, el tercer multimillonario en el mundo que ha logrado trascender su poderío en América Latina en los últimos tiempos.
El problema real no se limita a la añeja disputa empresarial entre Roberto Hernández y Carlos Slim. El asunto es que el Acuerdo de Convergencia y el proceso mismo de ingreso del sector telecomunicaciones al triple play se dará bajo una estructura profundamente monopólica y oligopólica en las tres áreas involucradas: telefonía, televisión e Internet.
El grado de concentración de Telmex es único en el mundo. La empresa que junto con otras del Grupo Carso genera el 5 por ciento del PIB nacional, concentra el 95 por ciento de las 20.5 millones de líneas de telefonía fija en el país, el 75 por ciento de más de 45 millones de usuarios de la telefonía móvil a través de Telcel y el 70 por ciento de los servicios de Internet a través de Prodigy.
Por supuesto, esta condición de jugador monopólico y dominante se fortalece con las recientes compras y adquisiciones que ha hecho Carlos Slim en otras partes del mundo, particularmente en América Latina, para expandir su negocio telefónico, invertir en energía eléctrica y en sistemas de televisión por cable.
En materia televisiva Telmex tiene otro espejo: su socio y examigo Televisa, empresa poseedora del 65 por ciento de las concesiones en televisión abierta. La compañía de Emilio Azcárraga Jean concentra tanto la producción como la distribución de contenidos en video, lo cual ha hecho que el propio mercado de televisión restringida sea un reflejo de esta concentración. Cablevisión y Sky son las dos compañías dominantes en su sector y pertenecen a Televisa.
El dominio de Televisa en el mercado de televisión restringida se ha expandido gracias a su sociedad con otros grandes conglomerados regionales como Multimedios (que domina el mercado en el noreste del país) y Megacable, dominante en Jalisco, y que pertenece a Enrique Yamuni.
La propia industria de televisión por cable funciona como un oligopolio muy cerrado que le impide el acceso a otros competidores en las mismas plazas. ¿Cuál es el secreto? El control de la distribución y producción de los contenidos.
Por esta razón, no basta el Acuerdo de Convergencia si, en forma decidida y clara, no se establecen reglas claras que impidan que el control en materia de distribución y producción de contenidos en video y en Internet bloqueen el acceso a nuevos competidores.
Es inminente una competencia entre Televisa y Telmex por el triple play, pero nada garantiza que el consumidor final sea el beneficiario en materia de precios, contenidos y calidad del servicio.
De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cada familia mexicana gasta en promedio 470 pesos mensuales en telecomunicaciones (pago de teléfono fijo, de telefonía móvil, de televisión restringida o internet). Es una cifra superior a lo que se destina mensualmente en salud o energía. Y, por supuesto, es uno de los costos más altos en comparación con naciones desarrolladas.
Si en materia de convergencia tecnológica se impone la misma lógica que observamos en la “Ley Televisa”, es decir, déficit de regulación de un bien público como son las redes y los servicios concesionados, y la ley de los más fuertes, los últimos beneficiarios serán los consumidores que observarán desde su pantalla el pleito de dos grandes monopolios y algunos oligopolios que competirán en forma desleal.
Email: jenarovi@yahoo.com.mx
A pesar de los cambios al anteproyecto original del llamado Acuerdo de Convergencia, hasta el momento no existe ninguna certeza regulatoria que obligue a Telmex a cumplir con tres condiciones fijadas por la Comisión Federal de Competencia para que su entrada en el gran juego del triple play no se dé en condiciones asimétricas.
Estas condiciones son garantizar en un periodo de 60 días el acceso a la interconexión y las reglas de portabilidad numérica para que otros competidores en telefonía puedan tener acceso a la red de servicios de telefonía, al tiempo que en un periodo de 90 días la Cofetel deberá establecer el monto de la contraprestación que Telmex debe pagar por el cambio en su título de propiedad.
A pesar de estas condiciones, el acuerdo cumple con prácticamente todas las expectativas de Telmex, empresa que solicitó desde el 6 de septiembre el cambio de su título de concesión para modificar el candado que le impide a la compañía ofrecer los servicios de televisión restringida (vía cable, satelital o aérea). La SCT estaba dispuesta a otorgarle este cambio de título sin ninguna obligatoriedad previa.
Fue la Secretaría de Hacienda, a través de dos duros comunicados, que impuso como condición que Telmex pagara una contraprestación al erario, a cambio de que se le cambiara el título de concesión. Por supuesto, el celo del secretario Francisco Gil Díaz en esta materia no es comparable con la absoluta discrecionalidad con que evitó que la venta de Banamex a Citigroup se hiciera con amplias facilidades fiscales, por no decir evasión.
Es de todos conocidos que la disputa entre la Secretaría de Hacienda y Telmex responde a un pleito de negocios más amplio entre dos viejos competidores: Roberto Hernández, ex jefe de Gil Díaz y accionista de la telefónica Avantel y de la empresa Televisa, y Carlos Slim, el tercer multimillonario en el mundo que ha logrado trascender su poderío en América Latina en los últimos tiempos.
El problema real no se limita a la añeja disputa empresarial entre Roberto Hernández y Carlos Slim. El asunto es que el Acuerdo de Convergencia y el proceso mismo de ingreso del sector telecomunicaciones al triple play se dará bajo una estructura profundamente monopólica y oligopólica en las tres áreas involucradas: telefonía, televisión e Internet.
El grado de concentración de Telmex es único en el mundo. La empresa que junto con otras del Grupo Carso genera el 5 por ciento del PIB nacional, concentra el 95 por ciento de las 20.5 millones de líneas de telefonía fija en el país, el 75 por ciento de más de 45 millones de usuarios de la telefonía móvil a través de Telcel y el 70 por ciento de los servicios de Internet a través de Prodigy.
Por supuesto, esta condición de jugador monopólico y dominante se fortalece con las recientes compras y adquisiciones que ha hecho Carlos Slim en otras partes del mundo, particularmente en América Latina, para expandir su negocio telefónico, invertir en energía eléctrica y en sistemas de televisión por cable.
En materia televisiva Telmex tiene otro espejo: su socio y examigo Televisa, empresa poseedora del 65 por ciento de las concesiones en televisión abierta. La compañía de Emilio Azcárraga Jean concentra tanto la producción como la distribución de contenidos en video, lo cual ha hecho que el propio mercado de televisión restringida sea un reflejo de esta concentración. Cablevisión y Sky son las dos compañías dominantes en su sector y pertenecen a Televisa.
El dominio de Televisa en el mercado de televisión restringida se ha expandido gracias a su sociedad con otros grandes conglomerados regionales como Multimedios (que domina el mercado en el noreste del país) y Megacable, dominante en Jalisco, y que pertenece a Enrique Yamuni.
La propia industria de televisión por cable funciona como un oligopolio muy cerrado que le impide el acceso a otros competidores en las mismas plazas. ¿Cuál es el secreto? El control de la distribución y producción de los contenidos.
Por esta razón, no basta el Acuerdo de Convergencia si, en forma decidida y clara, no se establecen reglas claras que impidan que el control en materia de distribución y producción de contenidos en video y en Internet bloqueen el acceso a nuevos competidores.
Es inminente una competencia entre Televisa y Telmex por el triple play, pero nada garantiza que el consumidor final sea el beneficiario en materia de precios, contenidos y calidad del servicio.
De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cada familia mexicana gasta en promedio 470 pesos mensuales en telecomunicaciones (pago de teléfono fijo, de telefonía móvil, de televisión restringida o internet). Es una cifra superior a lo que se destina mensualmente en salud o energía. Y, por supuesto, es uno de los costos más altos en comparación con naciones desarrolladas.
Si en materia de convergencia tecnológica se impone la misma lógica que observamos en la “Ley Televisa”, es decir, déficit de regulación de un bien público como son las redes y los servicios concesionados, y la ley de los más fuertes, los últimos beneficiarios serán los consumidores que observarán desde su pantalla el pleito de dos grandes monopolios y algunos oligopolios que competirán en forma desleal.
Email: jenarovi@yahoo.com.mx
No hay comentarios.:
Publicar un comentario