La compra y coacción del voto, el apoyo del presidente Vicente Fox al candidato panista Felipe Calderón y la intervención de grandes empresarios a favor del mismo aspirante a la Presidencia, denunciados como delitos electorales durante la campaña, son elementos de los cuales dispone el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para evaluar el estrecho resultado de las cifras correspondientes a la elección presidencial.
La investigación de esas denuncias, a cargo de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), además de otras 106 que recibió el 2 de julio durante las votaciones, dará a los magistrados del TEPJF pruebas sobre las impugnaciones que presentó la semana pasada la coalición Por el Bien de Todos.
Si los magistrados deciden investigar las causas que determinaron la falta de certeza del resultado electoral, como lo solicita la coalición, deberán pedir a la FEPADE el producto de sus indagatorias sobre los presuntos apoyos ilegales que Calderón recibió tanto de Vicente Fox como de su gobierno y destacados representantes empresariales.
No sería la primera vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solicitara información a la FEPADE para resolver este tipo de impugnaciones, y aún más, ahora "es probable que el tribunal solicite el análisis de las constancias que tenemos", dice en entrevista la responsable de la FEPADE, María de los Ángeles Fromow Rangel.
El mismo Instituto Federal Electoral (IFE), severamente cuestionado por la coalición, puede requerir la colaboración de la FEPADE para investigar las denuncias presentadas al instituto por los partidos durante la campaña.
La información a disposición del TEPJF no se limita a lo ocurrido el día de los comicios, sino que abarca todo el proceso electoral, para saber si hubo "determinantes" en el resultado de la elección presidencial que, de acuerdo con el IFE, sólo dio una ventaja de 0.58% a Felipe Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador.
"En muchas ocasiones el TEPJF o el IFE han podido instruir procedimientos con base en los elementos probatorios que nosotros tenemos. Esa información les ha servido para tomar una decisión respecto de las quejas o impugnaciones que reciben", asegura la fiscal.
"A nosotros nos lleva más tiempo la integración de la averiguación previa por los motivos específicos de la forma y el sistema de investigación penal, pero el tribunal no requiere tantos elementos probatorios. Nos pueden pedir información incluso de las actas circunstanciadas -constancias anteriores a la averiguación previa-, pues las pruebas a que se recurre en materia administrativa no tienen que ser tan específicas."
En ocasiones, agrega, "nuestros elementos han servido para establecer ciertas sanciones o responsabilidades, e incluso puede suceder que, a partir de las impugnaciones que reciba el tribunal, se advierta la probable comisión de algún delito no denunciado y se dé vista a la FEPADE para que investigue".
En su impugnación ante el TEPJF, la coalición mencionó una docena de denuncias presentadas a la FEPADE contra el propio Calderón, Fox y funcionarios del gobierno federal. Además, según la coalición Por el Bien de Todos, existen diversas demandas contra empresarios por la difusión de propaganda velada contraria a López Obrador.
Dicha campaña a favor de Calderón fue encabezada por el Consejo Coordinador Empresarial (CEE), que además de editar 10 millones de historietas que repartió entre sus empleados en industrias y comercios de todo el país (Proceso 1547), compró espacios en medios electrónicos para promover el voto a favor del panista.
Al respecto, dice Fromow: "En la fiscalía se están integrando denuncias que tienen que ver con algunos spots de grupos empresariales, aunque las acusaciones son en contra de particulares". Y adelanta que "si los hechos denunciados están en el catálogo de delitos electorales", la fiscalía deberá establecer quién fue el responsable de la difusión.
Contra Fox y su gobierno
En el caso de Vicente Fox, el 22 de mayo pasado la coalición lo acusó formalmente ante la FEPADE de interferir en el proceso electoral. Esa imputación, que tiene el número de averiguación previa 280/FEPADE/2006, fue presentada a partir de los dichos del senador del Partido Verde, Jorge Emilio González, en el sentido de que el presidente del país le hizo reiteradas peticiones de apoyar la candidatura del PAN.
En su impugnación, la coalición Por el Bien de Todos recuerda que, aunque la indagatoria de esos hechos no ha concluido, el 29 de junio, dos días antes de la jornada electoral, Fox aseguró en una entrevista de radio que su sucesor no obtendría más de 36% de los votos, lo que se confirmó el 5 de julio, al término del conteo de las actas electorales.
Son dos aspectos relacionados con una denuncia y una impugnación, dice Fromow. "En nuestro caso, estamos investigando los hechos para determinar si hubo delito y quién pudo ser responsable, pues las denuncias son contra el presidente y/o quien resulte responsable". En cuanto a la impugnación, fue presentada por la coalición ante el tribunal.
El gobierno de Fox también fue acusado en la FEPADE de usar programas sociales a favor de Calderón, lo que está prohibido por el código electoral. En ese delito se involucra a un funcionario de la Presidencia, Claudio Oliverio Saucedo Pagola, director de Proyectos III de Asuntos Internacionales, de la Dirección General de Asuntos Económicos, Internacionales y Empresariales de la Presidencia de la República.
A Saucedo se le imputa haber utilizado recursos públicos para descalificar a López Obrador, lo que quedó asentado en la averiguación previa 219/FEPADE/2006, del 4 de mayo pasado.
También fue acusada por la coalición Ana Teresa Aranda Orozco, secretaria de Desarrollo Social desde que Josefina Vázquez Mota renunció al cargo para convertirse en la coordinadora de la campaña de Calderón.
La averiguación previa, de acuerdo con la impugnación, se inició el 13 de junio pasado debido a que, en un acto público, en el estado de Guerrero, Aranda hizo proselitismo a favor del candidato panista.
El propio Calderón fue motivo de una denuncia en la fiscalía especial por el supuesto aprovechamiento de recursos federales. Presentado el 23 de junio (303/FEPADE/2006), ese recurso responsabiliza así mismo a los diputados Jorge Luis Preciado Rodríguez, José Isabel Trejo y a otras personas de participar en desviaciones de 50 millones de pesos ordenadas por la Secretaría de Desarrollo Social.
Los fondos implicados corresponderían a subsidios del Programa de Vivienda Rural asignados a la Federación Nacional de Productores Agropecuarios, Forestales y Pesqueros, Asociación Civil.
En la averiguación previa 293/FEPADE/2006, Calderón aparece igualmente como presunto responsable de usar el padrón electoral para conformar redes en beneficio de su candidatura. Desde su sitio electrónico como candidato, era posible conocer los datos exactos del lugar de residencia de quienes entraban a ese espacio, lo que supone la utilización del padrón electoral, de acuerdo con la acusación.
A Calderón se le abrió otra averiguación, la 384/FEPADE/2006, por uso indebido de documentación electoral. Se trató de la exhibición de una boleta original de la elección presidencial que provenía de los electores en el extranjero y que, en un mitin de Calderón en Tijuana, el 9 de junio, fue tachada a favor del candidato panista.
Esas son algunas de las denuncias presentadas por la alianza que postuló a López Obrador ante hechos ocurridos antes de la jornada electoral. Pero como ninguna de ellas se ha resuelto, en su impugnación los partidos coaligados -PRD, PT y Convergencia por la Democracia- aseguran que se provocó iniquidad en la contienda electoral "al tolerar la existencia de conductas delictivas de manera constante". Y aunque admiten que se trata de indicios, aseguran que los hechos terminarán probándose como ciertos una vez que aporten otros medios de prueba.
Delincuentes electorales
Además, están las denuncias interpuestas el 2 de julio y los días subsiguientes por ciudadanos, partidos políticos, funcionarios públicos y el propio IFE. De acuerdo con Fromow, la fiscalía tiene 924 averiguaciones previas y actas circunstanciadas derivadas del proceso electoral.
De ellas, 553 son averiguaciones previas, el grueso de las cuales se han integrado en las últimas cuatro semanas; es decir, desde dos semanas antes de los comicios. "Son hechos que ocurrieron durante el proceso electoral, aunque aún nos están llegando algunas denuncias", dice Fromow.
La mayor parte de ellas se refieren a los dos temas que la FEPADE identificó previamente: compra y coacción del voto, e intervención ilegal de servidores públicos en el proceso. El día de la elección, la fiscalía abrió 106 indagatorias relacionadas con la compra y coacción del voto, proselitismo e incidencias electorales, como la tardanza en la instalación de casillas o la insuficiencia de las casillas especiales.
Autor: Jorge Carrasco Araizaga
Fecha: 16-Jul-2006
www.proceso.com.mx
La compra y coacción del voto tuvo que ver con la entrega de despensas, dinero u otras dádivas a cambio del voto, el condicionamiento de programas sociales, el acarreo de votantes, la recolección de credenciales de elector y llamadas telefónicas pidiendo el sufragio para un candidato. Esos hechos involucran a todos los partidos, pero hay casos -precisa la fiscal- en los que los denunciantes no tienen todos los elementos probatorios.
El mayor número de denuncias fue presentado en el Estado de México (gobernado por el PRI), el Distrito Federal (PRD), Baja California (PAN), Hidalgo (PRI), Michoacán (PRD) y Yucatán (PAN). Se trata sobre todo de "operadores" partidistas y de otras personas que solicitaban el voto a favor de un partido político
La investigación de esas denuncias, a cargo de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), además de otras 106 que recibió el 2 de julio durante las votaciones, dará a los magistrados del TEPJF pruebas sobre las impugnaciones que presentó la semana pasada la coalición Por el Bien de Todos.
Si los magistrados deciden investigar las causas que determinaron la falta de certeza del resultado electoral, como lo solicita la coalición, deberán pedir a la FEPADE el producto de sus indagatorias sobre los presuntos apoyos ilegales que Calderón recibió tanto de Vicente Fox como de su gobierno y destacados representantes empresariales.
No sería la primera vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solicitara información a la FEPADE para resolver este tipo de impugnaciones, y aún más, ahora "es probable que el tribunal solicite el análisis de las constancias que tenemos", dice en entrevista la responsable de la FEPADE, María de los Ángeles Fromow Rangel.
El mismo Instituto Federal Electoral (IFE), severamente cuestionado por la coalición, puede requerir la colaboración de la FEPADE para investigar las denuncias presentadas al instituto por los partidos durante la campaña.
La información a disposición del TEPJF no se limita a lo ocurrido el día de los comicios, sino que abarca todo el proceso electoral, para saber si hubo "determinantes" en el resultado de la elección presidencial que, de acuerdo con el IFE, sólo dio una ventaja de 0.58% a Felipe Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador.
"En muchas ocasiones el TEPJF o el IFE han podido instruir procedimientos con base en los elementos probatorios que nosotros tenemos. Esa información les ha servido para tomar una decisión respecto de las quejas o impugnaciones que reciben", asegura la fiscal.
"A nosotros nos lleva más tiempo la integración de la averiguación previa por los motivos específicos de la forma y el sistema de investigación penal, pero el tribunal no requiere tantos elementos probatorios. Nos pueden pedir información incluso de las actas circunstanciadas -constancias anteriores a la averiguación previa-, pues las pruebas a que se recurre en materia administrativa no tienen que ser tan específicas."
En ocasiones, agrega, "nuestros elementos han servido para establecer ciertas sanciones o responsabilidades, e incluso puede suceder que, a partir de las impugnaciones que reciba el tribunal, se advierta la probable comisión de algún delito no denunciado y se dé vista a la FEPADE para que investigue".
En su impugnación ante el TEPJF, la coalición mencionó una docena de denuncias presentadas a la FEPADE contra el propio Calderón, Fox y funcionarios del gobierno federal. Además, según la coalición Por el Bien de Todos, existen diversas demandas contra empresarios por la difusión de propaganda velada contraria a López Obrador.
Dicha campaña a favor de Calderón fue encabezada por el Consejo Coordinador Empresarial (CEE), que además de editar 10 millones de historietas que repartió entre sus empleados en industrias y comercios de todo el país (Proceso 1547), compró espacios en medios electrónicos para promover el voto a favor del panista.
Al respecto, dice Fromow: "En la fiscalía se están integrando denuncias que tienen que ver con algunos spots de grupos empresariales, aunque las acusaciones son en contra de particulares". Y adelanta que "si los hechos denunciados están en el catálogo de delitos electorales", la fiscalía deberá establecer quién fue el responsable de la difusión.
Contra Fox y su gobierno
En el caso de Vicente Fox, el 22 de mayo pasado la coalición lo acusó formalmente ante la FEPADE de interferir en el proceso electoral. Esa imputación, que tiene el número de averiguación previa 280/FEPADE/2006, fue presentada a partir de los dichos del senador del Partido Verde, Jorge Emilio González, en el sentido de que el presidente del país le hizo reiteradas peticiones de apoyar la candidatura del PAN.
En su impugnación, la coalición Por el Bien de Todos recuerda que, aunque la indagatoria de esos hechos no ha concluido, el 29 de junio, dos días antes de la jornada electoral, Fox aseguró en una entrevista de radio que su sucesor no obtendría más de 36% de los votos, lo que se confirmó el 5 de julio, al término del conteo de las actas electorales.
Son dos aspectos relacionados con una denuncia y una impugnación, dice Fromow. "En nuestro caso, estamos investigando los hechos para determinar si hubo delito y quién pudo ser responsable, pues las denuncias son contra el presidente y/o quien resulte responsable". En cuanto a la impugnación, fue presentada por la coalición ante el tribunal.
El gobierno de Fox también fue acusado en la FEPADE de usar programas sociales a favor de Calderón, lo que está prohibido por el código electoral. En ese delito se involucra a un funcionario de la Presidencia, Claudio Oliverio Saucedo Pagola, director de Proyectos III de Asuntos Internacionales, de la Dirección General de Asuntos Económicos, Internacionales y Empresariales de la Presidencia de la República.
A Saucedo se le imputa haber utilizado recursos públicos para descalificar a López Obrador, lo que quedó asentado en la averiguación previa 219/FEPADE/2006, del 4 de mayo pasado.
También fue acusada por la coalición Ana Teresa Aranda Orozco, secretaria de Desarrollo Social desde que Josefina Vázquez Mota renunció al cargo para convertirse en la coordinadora de la campaña de Calderón.
La averiguación previa, de acuerdo con la impugnación, se inició el 13 de junio pasado debido a que, en un acto público, en el estado de Guerrero, Aranda hizo proselitismo a favor del candidato panista.
El propio Calderón fue motivo de una denuncia en la fiscalía especial por el supuesto aprovechamiento de recursos federales. Presentado el 23 de junio (303/FEPADE/2006), ese recurso responsabiliza así mismo a los diputados Jorge Luis Preciado Rodríguez, José Isabel Trejo y a otras personas de participar en desviaciones de 50 millones de pesos ordenadas por la Secretaría de Desarrollo Social.
Los fondos implicados corresponderían a subsidios del Programa de Vivienda Rural asignados a la Federación Nacional de Productores Agropecuarios, Forestales y Pesqueros, Asociación Civil.
En la averiguación previa 293/FEPADE/2006, Calderón aparece igualmente como presunto responsable de usar el padrón electoral para conformar redes en beneficio de su candidatura. Desde su sitio electrónico como candidato, era posible conocer los datos exactos del lugar de residencia de quienes entraban a ese espacio, lo que supone la utilización del padrón electoral, de acuerdo con la acusación.
A Calderón se le abrió otra averiguación, la 384/FEPADE/2006, por uso indebido de documentación electoral. Se trató de la exhibición de una boleta original de la elección presidencial que provenía de los electores en el extranjero y que, en un mitin de Calderón en Tijuana, el 9 de junio, fue tachada a favor del candidato panista.
Esas son algunas de las denuncias presentadas por la alianza que postuló a López Obrador ante hechos ocurridos antes de la jornada electoral. Pero como ninguna de ellas se ha resuelto, en su impugnación los partidos coaligados -PRD, PT y Convergencia por la Democracia- aseguran que se provocó iniquidad en la contienda electoral "al tolerar la existencia de conductas delictivas de manera constante". Y aunque admiten que se trata de indicios, aseguran que los hechos terminarán probándose como ciertos una vez que aporten otros medios de prueba.
Delincuentes electorales
Además, están las denuncias interpuestas el 2 de julio y los días subsiguientes por ciudadanos, partidos políticos, funcionarios públicos y el propio IFE. De acuerdo con Fromow, la fiscalía tiene 924 averiguaciones previas y actas circunstanciadas derivadas del proceso electoral.
De ellas, 553 son averiguaciones previas, el grueso de las cuales se han integrado en las últimas cuatro semanas; es decir, desde dos semanas antes de los comicios. "Son hechos que ocurrieron durante el proceso electoral, aunque aún nos están llegando algunas denuncias", dice Fromow.
La mayor parte de ellas se refieren a los dos temas que la FEPADE identificó previamente: compra y coacción del voto, e intervención ilegal de servidores públicos en el proceso. El día de la elección, la fiscalía abrió 106 indagatorias relacionadas con la compra y coacción del voto, proselitismo e incidencias electorales, como la tardanza en la instalación de casillas o la insuficiencia de las casillas especiales.
Autor: Jorge Carrasco Araizaga
Fecha: 16-Jul-2006
www.proceso.com.mx
La compra y coacción del voto tuvo que ver con la entrega de despensas, dinero u otras dádivas a cambio del voto, el condicionamiento de programas sociales, el acarreo de votantes, la recolección de credenciales de elector y llamadas telefónicas pidiendo el sufragio para un candidato. Esos hechos involucran a todos los partidos, pero hay casos -precisa la fiscal- en los que los denunciantes no tienen todos los elementos probatorios.
El mayor número de denuncias fue presentado en el Estado de México (gobernado por el PRI), el Distrito Federal (PRD), Baja California (PAN), Hidalgo (PRI), Michoacán (PRD) y Yucatán (PAN). Se trata sobre todo de "operadores" partidistas y de otras personas que solicitaban el voto a favor de un partido político
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