domingo, julio 23, 2006

Cosecha de odio

Autor: Álvaro Delgado Fecha: 23-Jul-2006

Una serie de empresas y organismos del sector privado alentaron y financiaron el miedo y el odio que el candidato del PAN, Felipe Calderón, anunció desde su primer discurso de campaña. Insertados en los gobiernos panistas del país e infiltrados en el IFE en calidad de funcionarios o representantes, los empresarios, directivos y miembros de esos grupos siguen muy activos, ahora defendiendo "la transparencia" del conteo de votos y la "imparcialidad" de las autoridades electorales...

La frase pasó inadvertida, pero el primer minuto del 19 de enero, en su discurso de arranque de campaña, Felipe Calderón emitió la amenaza: Que no "nos orillen a promover el odio, el rencor, el pasado".

Un mes antes, en plena "tregua navideña", Calderón había revelado ante empresarios alemanes la fórmula que sustentaría su campaña: "Napoleón decía que las guerras se ganan con tres cosas: dinero, dinero y más dinero".

Y así fue: La campaña de odio y rencor contra el "peligro para México", Andrés Manuel López Obrador, y sus simpatizantes, identificados como los "violentos", se financió con abundantes recursos del PAN y mediante patrocinios ilegales tolerados por el IFE.

Tal como lo acredita el Instituto Brasileño de Opinión Pública (IBOPE), contratado por el IFE para monitorear las campañas en radio y televisión, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) gastó 136 millones de pesos y el Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano (Celiderh) pagó 30 millones 600 mil pesos en promocionales sincronizados con los de Calderón y del PAN.

Como en el escándalo de los Amigos de Fox, que quedó impune, esta vez una empresa extranjera destinó recursos a la campaña de Calderón: la trasnacional Pepsico, subsidiaria de Sabritas, que difundió promocionales claramente identificados con los del candidato del PAN.

Por instrucciones de Pedro Padierna Barting, representante del Grupo Pepsi Corporation y presidente de Sabritas, se instrumentó la campaña "manos limpias", alusiva a la frase de propaganda de Calderón.

Pero esto se hizo en violación del Cofipe y de la propia Constitución, cuyo artículo 33 establece: "Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país", en tanto que el artículo 48 del Cofipe, fracción primera, dispone:

"Es derecho exclusivo de los partidos contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales, conforme a las normas y procedimientos que se establecen en el presente artículo."

Y en la fracción decimotercera dice: "En ningún caso se permitirá la contratación de propaganda en radio y televisión a favor o en contra de algún partido político o candidato por parte de terceros".

A su vez, el artículo 49 prohíbe aportaciones y donativos, en dinero y en especie, por sí o por interpósita persona, de las entidades públicas; las personas físicas y morales extranjeras; los organismos internacionales de cualquier naturaleza; los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión o secta; las personas que vivan o trabajen en el extranjero, y las empresas mexicanas de carácter mercantil.

No obstante, Calderón y el PAN recibieron apoyo del CCE, de Celiderh, de Jumex -que gastó 13 millones- y de Pepsi Corporation, esta última representada por Padierna Barting, quien preside el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico).

Enrique de la Madrid, hijo del expresidente Miguel de la Madrid, es director general de ese organismo, que se ufana de contar "con relaciones al más alto nivel, tanto en el sector público como en el privado, lo cual le posibilita que sus temas sean debidamente atendidos y resueltos".

Pese a que el monitoreo del IBOPE acreditó la sincronía de las campañas de estas empresas y la del PAN, los consejeros del IFE callaron y sólo tardíamente ordenaron cancelar las del CCE, que pedían "no poner en riesgo" la estabilidad económica, así como las de Celiderh, que generaron terror al difundir imágenes sangrientas de Venezuela y de Hugo Chávez.

El IFE tuvo que reconocer, en el límite de las campañas, que esos mensajes causaban miedo y correspondían a "realidades ajenas al contexto en que vive México". Y también Manuel Espino, presidente del PAN, lo aceptó: "Nos pasamos de la raya. El PAN no es partido de golpeteo. La percepción es que estamos metidos en una guerra sucia", confesó al columnista Francisco Garfias, en vísperas de las elecciones, y culpó de la estrategia a Calderón, quien siempre sostuvo que el "diseño" era de la dirigencia de su partido.

Intereses facciosos

Pero el apoyo ilegal a Calderón no es gratuito: Detrás del CCE y de Celiderh, por ejemplo, está un entramado de intereses políticos y económicos de cobertura nacional, cuya entraña es el estado de Chihuahua, donde en los años ochenta emergió un movimiento por el respeto al voto en el que participó el propio Espino.

Inclusive, después de las elecciones del 2 de julio y del cómputo distrital, el CCE, el Celiderh y otros organismos de extrema derecha han mantenido una campaña contra quienes cuestionan la parcialidad del IFE.

"Invitamos a los medios de comunicación a no dar voz a quienes llamen a la violencia, a la movilización y no estén respetando al árbitro electoral: el IFE", señala el Celiderh, desde la semana pasada, en una cadena de correos electrónicos, mientras que el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), del CCE, dirigido por el salinista Claudio X. González, lanza una "voz de alerta":

"Ahora el objetivo de los maximalistas es romper turbulentamente los mecanismos legales que fortalecen a las instituciones, poner en vilo la gobernabilidad con el uso de criterios algunas veces abstractos, apelando a los principios filosóficos de la política, y en otros casos, con mecanismos prácticos de desestabilización social, con movilizaciones partidistas, buscando el enfrentamiento con el orden establecido, con la autoridad: la provocación."

Aunque el Celiderh se presenta como una asociación civil apartidista, con sede en Chihuahua, su presidente, Luis Enrique Terrazas Seyffert, milita formalmente en el PAN y recluta militantes, además de ser vicepresidente de la Coparmex.

Es hijo de Enrique Terrazas Torres, también militante panista y coordinador de la campaña de Calderón en Durango, Zacatecas y Chihuahua, entidad ésta donde fue el responsable del acopio de recursos con el apoyo de Jaime Creel -tío del exsecretario de Gobernación Santiago Creel- y Víctor Almeida, propietario de Interceramic. Los tres son miembros del Consejo de Elecciones de Coparmex.

Junto con su hermano Federico, Enrique Terrazas Torres es propietario del Grupo Cementos de Chihuahua, entre muchos otros negocios, y el patriarca e ideólogo del empresariado del estado, donde fue director de Fomento Económico durante el gobierno de Francisco Barrio.

Los hermanos Terrazas Torres son, además, patrocinadores de José Luis Barraza, un modesto empresario inmobiliario de Delicias que, súbitamente, fue elegido presidente de la Coparmex y que ahora encabeza el CCE.

Barraza rechazó la oferta de ser candidato del PAN a diputado federal por Delicias, a instancias de los Terrazas, pero ahora se perfila como secretario de Economía en la hipótesis de que Calderón sea declarado ganador.

Cuenta con el apoyo de Josefina Vázquez Mota, responsable con Calderón de la interlocución con otras fuerzas políticas y exintegrante de la Coparmex -desde Chihuahua- como empleada del dueño de pinturas Comex, Alfredo Achar Tussie, financiero también de Calderón.

Estos Terrazas son descendientes de don Luis Terrazas, el terrateniente porfirista que, por la extensión de sus propiedades, se ufanaba: "Yo no soy de Chihuahua. Chihuahua es mío".

Infiltración en el IFE

Más aún, la multimillonaria familia Terrazas se ha infiltrado, a través de la Coparmex y el Celiderh, en la estructura que organiza los comicios, particularmente en la Junta Local Ejecutiva del IFE y en los consejos distritales.

Por ejemplo, los consejeros de la Junta Local Ejecutiva Ana María de la Rosa y Carlos del Rosal Díaz están vinculados a la Coparmex, al Celiderh y a organismos afines, como el Comité de Participación Ciudadana, Desarrollo Empresarial Chihuahuense (Impulsa), Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC), Unión Social de Empresarios de México (USEM) y Coordinadora Ciudadana, agrupación política nacional presidida por Guillermo Velasco Arzac.

Todos estos organismos son controlados por la ultraderechista Organización Nacional de El Yunque, cuyo jefe operativo es Velasco Arzac -quien tiene el seudónimo de Jenofonte-, y están integrados a una matriz denominada Sociedad en Movimiento, promovida también por la Coparmex.

En el distrito 1, con cabecera en Ciudad Juárez, es consejera Laura Yanete Cano y Rea, coordinadora del Centro de Fortalecimiento de la Sociedad Civil (CFSC), un organismo vinculado a la FECHAC, y Luis Eugenio Sánchez Soledad, vicepresidente de Coparmex y fundador de Celiderh.

En el distrito 8, de Chihuahua capital, ocurre lo mismo: Amelia Lucía Martínez Portillo fue directiva del Celiderh y coordinadora de vinculación de CEPAC; Martha Antonieta Rodríguez fungió como consejera de CEPAC, y César Antonio Chávez Zapata, exvocero de CEPAC, es vicepresidente de Coparmex.

En el distrito 6, con cabecera también en Chihuahua, Zulema Terrazas trabajó en Coparmex y en FECHAC; Gilberto Sánchez Esparza es socio de la USEM, integrante del consejo directivo de Impulsa y de la Coparmex, y Luis Carlos Ramírez Chávez fue miembro de la Comisión de Impuestos del sindicato patronal.

En Cuauhtémoc se nombró consejero a Mario Alberto Anchando Cuilty, presidente de Coparmex de ese municipio, y en Delicias están vinculados a este organismo los consejeros Silvia Patricia Chávez y Raúl Alberto Burrola Almanza.

De la conducta que han desplegado tales personas despunta un dato: en el distrito 6, los consejeros se opusieron sistemáticamente a la apertura de casillas, y cuando finalmente accedieron a abrir sólo tres aparecieron en ellas votos de más a favor de Calderón:

En la casilla 456 básica, un recuento de votos comprobó que el acta estaba adulterada y que el candidato del PAN tenía 40 sufragios menos que los registrados.

Fraude en el PAN

Uno de los Terrazas, Federico, estuvo involucrado en un escándalo de fraude dentro del PAN, del que resultó sancionado uno de sus operadores, Eduardo Turati Álvarez, personaje que estuvo involucrado en actos de violencia como estudiante de medicina en la UNAM y que fue miembro del Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO).

Turati Álvarez fue uno de los que propinó una golpiza al periodista Miguel Ángel Granados Chapa, en 1965, debido a que publicó que el MURO era, en realidad, un organismo de fachada de una organización secreta que, en efecto, es El Yunque, cuyos militantes, al paso de los años, han ido ocupando importantes cargos en el PAN y en los gobiernos que éste controla.

Chihuahua fue uno de los estados donde se fortaleció Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana (DHIAC), financiado por los Terrazas y otro de los organismos de fachada de El Yunque, que también controla la Asociación Nacional Cívica Femenina (Ancifem), la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), el Comité Nacional Provida, el Movimiento Testimonio y Esperanza, entre otros.

Turati fue el autor de un fraude electoral en Chihuahua, en 1998, cuando era presidente del PAN en la capital: para favorecer a su grupo -conocido como DHIAC-Yunque-, alteró los resultados de la elección de consejeros nacionales, como se comprobó al hacerse un recuento de los votos.

Como escrutador, Turati restó votos a varios militantes para dárselos a los miembros de su cofradía: Miguel Fernández Iturriza, concesionario de Coca-Cola en Juárez; José Antonio Badía y Arturo Chávez Chávez, subsecretario de Gobernación con Carlos Abascal.

Turati fue privado de sus derechos por tres años, aunque eso enojó al expresidente del PAN Jorge Manzanera, a quien Calderón encomendó la estrategia electoral de su campaña en todo el país.

Golpismo

Todos estos personajes gravitan en torno a los organismos controlados por los Terrazas, como Compromiso Joven, ProMéxico y Celiderh, que pagaron los promocionales a favor de Calderón y el PAN, y que desafiaron al propio IFE.

Presionado por un amplio sector de la opinión pública, el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, envió una carta, el lunes 26 de junio, a Rodrigo Ruiz Gandarilla, director de Celiderh, para ordenarle la cancelación de los promocionales.

A Celiderh no le importó: La campaña se intensificó y todavía la noche del miércoles 28, último día para hacer campaña, un promocional se insertó, sin un corte de por medio, en el programa especial de López Obrador en el Canal 2 de Televisa, donde por primera vez aparecieron actores apoyando su causa.

Después de las elecciones del 2 de julio y cuando todavía está pendiente el desahogo de las impugnaciones en el TEPJF, el Celiderh y sus compañeros de viaje mantienen su activismo, mediante promocionales -en radio y televisión- en la misma línea discursiva del PAN, de Calderón y de Vicente Fox.

El lunes 10, publicaron un desplegado en el diario Reforma como "funcionarios de casilla" y donde dicen reconocer el "extraordinario trabajo" del IFE. "Pretender descalificar este proceso es poner en duda la respetabilidad de los ciudadanos que fungimos como funcionarios de casilla, y una humillante falta de respeto para los representantes de los partidos políticos que firmaron las actas".

Según los firmantes, el TEPJF "respetará y validará el impecable trabajo llevado a cabo por los votantes, la ciudadanía en general, las instituciones electorales y (los) partidos políticos ante una de las mejores elecciones y actos de democracia que ha vivido nuestro querido México".

Acompañan al Celiderh otros organismos plenamente identificados con El Yunque: Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, A Favor de lo Mejor, Red Familia, Liderazgo Emprendedor, Fundación César Caudillo, Alianza Sindical Mexicana, Instituto Académico para el Desarrollo Social, A.C., Consejo Mexicano de la Juventud y Compromiso Joven Proméxico, A.C.

Consultado por el reportero, el jueves 13, el responsable de la publicación, Antonio Ravizé Martínez, evade confirmar si, como se afirma en el desplegado, los miembros de los organismos firmantes fueron, todos, funcionarios de casilla. "Es algo muy personal. Es probable que sí, es probable que no".

Y, retador, concluye: "Ya lo publiqué, so what?".

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