sábado, octubre 21, 2006

Sureste sujeto y sometido

Miguel Ángel Granados Chapa

Del desenlace de los conflictos y procesos en que se hallan hoy los estados de Tabasco, Chiapas y Oaxaca dependerá su futuro: si permanece y consolida la sujeción y sumisión a que se les ha condenado, o si encuentran salidas a sus problemas ancestrales, comenzando por los electorales de que parte la posibilidad de enfrentar y resolver todos los demás.

Hoy se realizan los comicios para renovar ayuntamientos y los poderes legislativo y ejecutivo en Tabasco. No se decide en esta jornada sólo el talante de quienes representen y gobiernen a los tabasqueños. También se trata de poner en jaque a Andrés Manuel López Obrador y a su proyecto respecto de todo el país y de su estado natal. La que hoy concluye es la cuarta campaña electoral en que López Obrador ha sido protagonista. Dos veces aspiró a ser gobernador. La tercera fue candidato presidencial. Y en la cuarta no ha sido candidato pero en apoyo del que sí lo es, César Raúl Ojeda, se empeñó a fondo para revertir la ostensible decisión priista de no ceder el poder, riesgo inminente después de que en las elecciones locales de 2003 y en las federales de hace tres meses el Partido de la Revolución Democrática se constituyó en la principal fuerza política del estado.

A evitar el peligro de que el PRI quede desplazado del poder estatal, luego de que lo fue ya en amplia medida en el municipal y el legislativo, se agrega ahora la necesidad de asestar a López Obrador el golpe final, el que inhiba o destruya francamente sus posibilidades de resistencia. Por ese motivo el excandidato de la coalición Por el Bien de Todos, nombrado presidente legítimo por la Convención Nacional Democrática, concentró su esfuerzo político del último mes en su tierra natal, pues notoriamente comparte con sus adversarios la valoración de que estos comicios son pieza estratégica de un proceso más amplio. Si Ojeda gana la gubernatura –él mismo en su tercer intento– crecerán la fuerza de López Obrador, su capacidad de convocatoria, sus posibilidades de organización y el ánimo social que lo acompaña. Si en cambio se logra una vez más frenar las aspiraciones legítimas de los tabasqueños a ser gobernados por un partido diferente al PRI, el efecto político de una derrota de López Obrador en su propio suelo tendría un impacto negativo en el movimiento que se aproxima a las definiciones cruciales del 20 de noviembre y el 1 de diciembre, fechas de las tomas de posesión del considerado por un sector de la sociedad como presidente legítimo y el que los poderes formales invistieron como tal.

Según evolucionan las cosas en Oaxaca, parece claro que lo que ocurra hoy en Tabasco tendrá repercusiones allá. Nadie lo ha dicho expresamente así pero quizá se estableció una conexión entre los acontecimientos políticos en los dos estados. Si gana Ojeda el gobierno tabasqueño, por efecto contrastante se fortalecerá la terquedad de Ulises Ruiz de permanecer en su cuestionada gubernatura. El PRI no podría resentir la doble derrota que significaría perder una elección y ceder ante un movimiento social un gobierno ya alcanzado. Aun si el sucesor de Ruiz fuera, como tendrá que ser, un priista y aun un miembro de su propio grupo, la caída del gobernador dejaría en los hechos al partido tricolor con su poder regional disminuido. Si, en cambio, Andrés Granier cosecha en Tabasco el fruto podrido del derroche y la propaganda negra (aunque ésta haya sido suscrita por el PAN), será menos gravoso para su partido el retiro del oaxaqueño, porque se habrá conseguido el ya anotado doble efecto contrario a López Obrador: impedirle que fructifique en su tierra su largo esfuerzo democratizador y debilitar la resistencia civil nacional que encabeza.

Chiapas es el tercer vértice de este triángulo del sureste cuya sujeción y sumisión a los poderes fácticos se busca prolongar. El triunfo, hace seis años, de una coalición opositora pudo lograr lo imposible en Tabasco y Oaxaca: arrebatar el gobierno del estado a un partido no sólo dominante sino excluyente. Un rasgo común en esas entidades es que la oposición formal apenas era perceptible hasta hace muy poco tiempo. Para restaurar ese paradisiaco orden político, donde sólo el partido tricolor contaba, en Chiapas se echó mano de recursos insólitos, contra natura, como la alianza entre Acción Nacional y el priismo. Aunque la maniobra se montó con tardanza, y generó menores efectos de los esperados, el candidato panista a la gubernatura declinó a última hora y se sumó a la campaña de su hasta ese momento adversario priista. Muchos panistas aún no digieren la imagen de su líder nacional, Manuel Espino, no sólo alzando el brazo al candidato del PRI, José Antonio Aguilar Bodegas, sino haciendo propaganda callejera a su favor. El pretexto que generó la aberrante acción conjunta fue que se trataba de evitar, como antaño, una “elección de Estado”, pero en realidad se trataba de impedir el triunfo de la coalición Por el Bien de Todos en una elección ocurrida en el delicado tramo en que no había concluido el proceso electoral federal y la resistencia civil pacífica se mostraba activa en calles céntricas de la Ciudad de México. Derrotar a la coalición significaba achicar el tamaño de la protesta de López Obrador que, sin tener mayor afinidad con el candidato Juan Sabines, lo apoyó en campaña, consciente de que la necesidad de su propio frente político saliera avante.

La urdimbre tramposa del Prianal (pues el Panal de Elba Esther Gordillo intervino también en el tejido de la red) no consiguió su propósito, pero no ha cejado en su inteno. Las autoridades locales concluyeron ya su intervención en el proceso, confirmando el triunfo de Sabines –es decir, pese a todo, de la coalición lopezobradorista– y el proceso en su etapa definitiva está en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No es asunto de obvia y urgente resolución, porque la toma de posesión del gobernador, fecha para la cual debe estar concluido el juicio de revisión constitucional, es el 8 de diciembre. Salvo uno, los actuales integrantes de la Sala Superior del Tribunal terminan su período de diez años el 4 de noviembre. Podrían dejar en manos de sus sucesores el abordamiento de este asunto, para resolver el cual los magistrados dispondrían de hasta un mes. Si en cambio los funcionarios que se van apresuraran el tratamiento de ese procedimiento, y si en consonancia con los efectos políticos de sus más recientes decisiones en el ámbito federal, anularan la elección chiapaneca o hicieran ajustes aritméticos por los cuales diera un vuelco el resultado –y si desgracias semejantes aunque de otra índole se abatieran sobre Tabasco y Oaxaca– se consolidaría el propósito de mantener al sureste sumiso y sujetado. ?

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