martes, octubre 17, 2006

Jefe policiaco admite que hay guerra de cárteles en NL

Arturo rodríguez garcía

Saltillo, Coah., 16 de octubre (apro).- En Nuevo León hay una lucha entre los cárteles de Sinaloa y el del Golfo por el control de la plaza, guerra que ha invadido las corporaciones policiacas, aseguró el titular de Seguridad Pública en la entidad, Antonio Garza García.

Hasta ahora, en Nuevo León suman 41 ejecuciones vinculadas al narcotráfico, entre las que se encuentran al menos tres jefes policiacos municipales y el director de la Agencia Estatal de Investigación, Marcelo Garza y Garza, cuyo homicidio derivó en una reforma legal que establece la custodia de jefes de seguridad y mandos operativos mientras ostentan un cargo y hasta dos años después de abandonarlo.

Escoltado por media docena de agentes de seguridad, Garza García, a quien se le han atribuido vínculos con elementos del cártel de Sinaloa, desde su paso por la Secretaría de Seguridad Pública en Coahuila, admitió que existe una infiltración de los cuerpos policiacos en la entidad.

“No solamente podemos decir eso, sino que en los cuerpos de policía a nivel federal, estatal y municipal hay infiltraciones, claro que sí, eso es evidente, desde el momento en que ahí mismo se capturó a unos expolicías, aparentemente ligados a este tipo de actividades, y otros más que han sido puestos a investigación de los tres niveles de gobierno”, dijo.

Para el titular de Seguridad Pública neoleonés, el cartel del Golfo y el de Sinaloa tienen actividad en Nuevo León, de acuerdo con la información que manejan las autoridades federales, que han documentado “un choque, una serie de ajustes de cuentas entre las mafias rivales”.

Sin embargo, insistió en que debe hacerse una revisión a fondo de las corporaciones policiacas de todos los estados, no sólo de Nuevo León, “como es el caso nuestro, hay que profundizar más en la selección de personal y el seguimiento a los ya existentes”, planteó.

Aunque en Nuevo León existe ya una subdelegación de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), dejó en manos de la Federación el problema, ya que estimó necesaria una mayor coordinación con las autoridades federales para combatir “este tipo de problemas que impactan mucho a la sociedad”

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