lunes, octubre 16, 2006

Mineros, salario del miedo

soledad jarquín edgar

México, D.F., 16 de octubre (apro-cimac).- La revista --de apenas unas páginas-- es una forma de denuncia ante el incumplimiento de acuerdos por parte de Industrial Minera de México (IMMSA) y el gobierno foxista, que ni siquiera han podido rescatar los cuerpos de 64 de un total de 65 mineros que murieron en la explosión de metano y carbón el 19 de febrero pasado.

En el segundo número de la publicación La familia de Pasta de Conchos, se rinde un homenaje a los 12 mineros fallecidos hace cinco años en la mina La Morita, ya “que nos solidarizamos con sus familias, que sentimos el mismo dolor y compartimos la misma tristeza”.

Desde el primer accidente que ocurrió en la región carbonífera de Coahuila --que comprende seis municipios de esa entidad--, en El Hondo en 1889, donde fallecieron 300 mineros, hasta el último en Pasta de Conchos, “las causas siempre han sido las mismas: condiciones inseguras y negligencia de quienes tienen la responsabilidad de cuidar la vida de los trabajadores”.

En la publicación, los familiares –viudas, hijas e hijos, padres y madres— preguntan:

¿Cuántas tragedias más tendrán que pasar para que los dueños de las minas, las autoridades y el sindicato se preocupen por la vida de los mineros del carbón, por la vida de quienes han hecho y siguen haciendo posible la modernización del país?

¿Cuándo les tocará a los mineros del carbón el turno de modernizar su forma de trabajo con todas esas tecnologías que aplican en otros países y mejoran su calidad de vida? ¿Cuándo se dará a sus vidas el respeto que merecen?

El rescate

Desde el 19 de febrero en que explotó la mina 8 en el ejido Pasta de Conchos, municipio de Sabinas, no se ha realizado el máximo esfuerzo para el rescate, denuncian los familiares, quienes demandan rapidez, equipos adecuados y sin riesgos para los rescatistas.

También denuncian la desorganización de IMMSA --responsable de la tragedia--, empresa que ahora no ha dado a los rescatistas el equipo adecuado para “buscar entre lo desconocido a nuestros seres queridos”, y tampoco da mantenimiento preventivo a la maquinaria y herramientas que utilizan para que no fallen, como ha sucedido hasta ahora.

Los triángulos explosivos

En el mismo órgano informativo, los familiares denuncian que la combinación de oxígeno y metano en rangos de 3.5% es flamable, y en rangos de 5 hasta 18% es explosiva. Arriba de 20% el gas metano se considera inerte, requiere de un indicador o alteración molecular para estallar.

Pero señalan que hay otra combinación en el triángulo, se trata del que forman la empresa, las autoridades y el sindicato, quienes crearon las condiciones de inseguridad que provocaron la tragedia que segó la vida de los 65 trabajadores en Pasta de Conchos, y en las 28 explosiones más sucedidas en la zona y que han cobrado juntas mil 662 vidas.

De pie y a pleno sol, mujeres y hombres esperan noticias sobre el rescate de los cuerpos en Pasta de Conchos, mientras personal de la empresa IMMSA los intimidan tomándoles fotos y video, dice la publicación La familia de Pasta de Conchos, que desmiente también las declaraciones a los medios de comunicación que señalan que “los familiares están bien atendidos”.

Por el contrario, “están molestos porque ahí estamos, porque ocupamos los pasillos, nos han quitado el agua y no tenemos sillas para sentarnos, y retiraron las mantas de protesta que sobre el portón se habían puesto para exigir justicia”.

Sin pensión ni indemnización

La madre de Felipe de Jesús Torres Reyna, cuyo cuerpo es el único que ha sido rescatado, denuncia que no recibe indemnización ni pensión, a pesar que IMMSA se comprometió a dar ese apoyo.

Lucía Reyna Oviedo, madre de Felipe de Jesús, explica en una entrevista que personas de Conciliación y Arbitraje le llevaron unos documentos para firmar. Antes fue visitada por el licenciado general de Hulla –la empresa que subcontrata obreros para IMMSA--, quien le ofreció 15 mil pesos por la muerte de su hijo, “pero no acepté, estoy en espera de la pensión”.

Doña Lucía señaló que desde que le fue entregado el cuerpo de su hijo, la empresa le suspendió todo tipo de ayuda, como el sueldo triple que cada semana les pagarían a las familias.

En la empresa –dice la afligida madre—“me dijeron que no me iban a pagar nada, que espere hasta que llegue la pensión y que, cuando quisiera, cobrara la indemnización, pero la Junta de Conciliación me dijo que no eran tan fácil, que tenían que hacer una averiguación previa”.

El gobierno estatal de Coahuila, que había nombrado un “tutor” para cada familia de los mineros, “me dijo que si no querían pagarme que pusiera un abogado, que cobraría 10% del total de la indemnización”

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