1) El recuento total es ilegal y una locura: El tribunal electoral está facultado para abrir los paquetes de una elección, de manera parcial o total, si así se juzga conveniente. Es una medida de excepción que se puede y debe aplicar cuando existen irregularidades graves o deficiencias generalizadas. Hay pruebas fundadas de que este es el caso de la elección presidencial, tan solo en un indicador: los “errores aritméticos”. De acuerdo al informe del IFE difundido el día de ayer, en las sesiones de cómputo distrital se abrieron 2 mil 870 paquetes electorales. En 95% de los casos (es decir, en 2 mil 750 paquetes), “se concluye que todos los partidos y coaliciones tuvieron algún ajuste en el cómputo distrital en su votación”. Es decir, el IFE le está dando la razón a la coalición al reconocer que sí hubo errores de cómputo que modificaron el conteo efectuado el día de la elección. Sin embargo, el informe no dimensiona la magnitud de los ajustes: ¿a quién afectaron más estos errores aritméticos? Precisamente al candidato de la coalición Por el Bien de Todos, AMLO, que en la mayor parte de los casos resultó con saldo a favor. Si en 2.1% de los paquetes electorales que sí se abrieron se encontraron “errores aritméticos”, la probabilidad de que esa desviación se encuentre replicada en el resto de los 127 mil paquetes no abiertos es altísima. Para ser exactos, es de 95.62%. Es decir, en más de 120 mil casillas es razonadamente probable que se encuentren “errores aritméticos” que indebidamente sumen o resten votos a los distintos candidatos. Si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de menos de dos votos por casilla, entonces adquiere pleno sentido racional la demanda de más de un millón de ciudadanos que el pasado domingo exigieron recuento “voto por voto, casilla por casilla”. Es una demanda sensata, legítima y viable. La locura sería lo contrario: ir en contra de las leyes de la probabilidad y del sentido común, aferrados a un prurito legaloide (que no principio legal) de que “los votos ya se contaron”. Es cierto: los votos ya se contaron..., pero se contaron mal; por ello hay que volver a contarlos. Hasta un niño de primaria lo entiende y acepta.
2) La coalición carece de pruebas sólidas: Falso. De la revisión de 130 mil 788 actas, la coalición ha identificado que 60% contienen alguna de estas tres irregularidades: actas donde la votación total más las boletas sobrantes es mayor o menor a las boletas recibidas; actas en donde la votación total es mayor o menor a las boletas depositadas; actas donde la votación total más las boletas sobrantes es mayor o menor que la lista nominal. ¿Qué significa esto? Que las actas de escrutinio no reflejan la verdadera votación, por lo que cerca de un millón y medio de votos no estarían sustentados en boletas electorales. Es decir, más de seis veces la diferencia con que se pretende de manera apresurada e insensata declarar valida y hecha la elección presidencial.
3) La coalición quiere la anulación, no el recuento: Si la coalición Por el Bien de Todos sostiene que ganó, sería un sinsentido demandar como acción central la anulación de una elección que considera suya. La demanda central es el recuento voto por voto. Si de ello resultase que la elección contuvo tal número de irregularidades que a juicio del tribunal deriva en otro tipo de acciones, sería un efecto colateral o complementario del recurso planteado en primer término. A juicio de la coalición que postuló a AMLO la elección presentó ciertamente una serie de condiciones que vulneraron de manera generalizada los principios rectores de la función estatal electoral; de manera especial, las condiciones de equidad que no viene al caso volver a enunciar, y que serían causas suficientes para considerar su anulación de acuerdo al principio de la “nulidad abstracta” integrado por el propio tribunal. Sin embargo, a pesar de ello, la coalición le da más peso jurídico y político al recuento que a la anulación, a grado tal de que se está dispuesto a considerar como resultado concluyente, definitivo y definitorio lo que resultase del recuento total: voto por voto y casilla por casilla. Muerto el perro negro de la desconfianza del primer conteo, se acabaría la rabia del conflicto y la movilización poselectoral (por cierto, quien siembra odio cosecha rabia). En suma, la concordia pasa por el conteo transparente, y la reconciliación nacional por el recuento electoral
2) La coalición carece de pruebas sólidas: Falso. De la revisión de 130 mil 788 actas, la coalición ha identificado que 60% contienen alguna de estas tres irregularidades: actas donde la votación total más las boletas sobrantes es mayor o menor a las boletas recibidas; actas en donde la votación total es mayor o menor a las boletas depositadas; actas donde la votación total más las boletas sobrantes es mayor o menor que la lista nominal. ¿Qué significa esto? Que las actas de escrutinio no reflejan la verdadera votación, por lo que cerca de un millón y medio de votos no estarían sustentados en boletas electorales. Es decir, más de seis veces la diferencia con que se pretende de manera apresurada e insensata declarar valida y hecha la elección presidencial.
3) La coalición quiere la anulación, no el recuento: Si la coalición Por el Bien de Todos sostiene que ganó, sería un sinsentido demandar como acción central la anulación de una elección que considera suya. La demanda central es el recuento voto por voto. Si de ello resultase que la elección contuvo tal número de irregularidades que a juicio del tribunal deriva en otro tipo de acciones, sería un efecto colateral o complementario del recurso planteado en primer término. A juicio de la coalición que postuló a AMLO la elección presentó ciertamente una serie de condiciones que vulneraron de manera generalizada los principios rectores de la función estatal electoral; de manera especial, las condiciones de equidad que no viene al caso volver a enunciar, y que serían causas suficientes para considerar su anulación de acuerdo al principio de la “nulidad abstracta” integrado por el propio tribunal. Sin embargo, a pesar de ello, la coalición le da más peso jurídico y político al recuento que a la anulación, a grado tal de que se está dispuesto a considerar como resultado concluyente, definitivo y definitorio lo que resultase del recuento total: voto por voto y casilla por casilla. Muerto el perro negro de la desconfianza del primer conteo, se acabaría la rabia del conflicto y la movilización poselectoral (por cierto, quien siembra odio cosecha rabia). En suma, la concordia pasa por el conteo transparente, y la reconciliación nacional por el recuento electoral
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