Contundente, Felipe Calderón llamó mentiroso a Andrés Manuel López Obrador el 6 de junio, cuando al concluir el debate el candidato perredista blandió el expediente sobre los 2 mil 500 millones de pesos que ingresaron a las arcas de las empresas de su cuñado (cuyo nombre no pronunció, por lo que carece de base la demanda por reparación de daño moral iniciada por Diego Zavala), su evasión de impuestos y los contratos tenidos por tales empresas en el sector energético en el breve lapso en que Calderón fue secretario de Energía.
Una por una esas afirmaciones han sido mostradas como verdaderas. En cambio, Calderón mismo y sus adeptos, los más cercanos entre sus colaboradores, han enseñado el cobre. Abandonaron la línea ética de que el PAN se ufanó durante décadas como una de sus marcas de identidad, uno de los rasgos que, no sin cierto fariseísmo, lo hacían sentir mejor que cualquier otro partido. Y es que, ante la rotundidad del señalamiento sobre Hildebrando, el estado mayor de la campaña felipista perdió los estribos y quiso contraatacar con armas del mismo calibre. Pero no tienen municiones.
Durante el mismo debate, Calderón soltó dos mentiras (aunque, hay que admitirlo, emitió una verdad, referida a que el candidato perredista al Senado por Tabasco, Arturo Núñez, era capitán de los diputados priístas que aprobaron la conversión de la deuda bancaria privada en deuda pública, aunque el candidato panista eluda su responsabilidad en la decisión de los legisladores de su partido de hacer lo mismo). Chismeó de nuevo sobre Nicolás Mollinedo, el célebre Nico difamado como si fuera un chofer pagado en exceso cuando en realidad era en el gobierno capitalino el coordinador de logística (cargo al que correspondía su remuneración) que además hacía de chofer de su amigo López Obrador. Calderón informó al público, aunque el tema se había aclarado previamente, que un hijo de Nico estudia en Estados Unidos en una escuela donde la colegiatura llega hasta un millón de pesos al año. El hecho es cierto, pero la decisión de que el chico estudie allá, y el pago de la cuota escolar, ha correspondido a la familia materna del joven estudiante, cuyos padres están divorciados.
Mintió así mismo Calderón sobre el monto del salario devengado como gobernador de Baja California Sur por el ahora presidente del PRD, Leonel Cota, que esa misma noche precisó haber ganado mucho menos que los 250 mil pesos mensuales que dijo Calderón (a quien se le hubiera podido recordar el sueldo de más de 400 mil pesos de un alcalde panista en Ecatepec). Cota mostró al día siguiente documentación bancaria que indicaba que su salario mensual en el momento de concluir su gobierno era de 135 mil pesos, netos, y agregó que el sueldo promedio en los seis años de su gobierno fue de 87 mil pesos.
El extravío ético en que incurrió la cúpula de la campaña panista envolvió aun a Germán Martínez Cázares, uno de los mejores panistas de esta hora (y colaborador de estas páginas). Como el resto de sus compañeros en el primer círculo de Calderón, se obnubiló por los efectos del torpedo lanzado por López Obrador, que dio en la línea de flotación de la nave calderonista. Alguien le tomó el pelo con un expediente trivial en el fondo y ya utilizado contra el candidato perredista. Se trata de la conseja de que realizó sus estudios universitarios en 15 años y de que no se graduó. (Jorge Ibargüengoitia alude al prejuicio aldeano sobre la importancia de los títulos cuando dice en Estas ruinas que ves... que en Cuévano era sospechoso de dos cosas: de ser homosexual y de no haberse recibido.)
El expediente escolar de López Obrador, abierto en 1973, año de su ingreso a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, abunda ciertamente en notas bajas y exámenes extraordinarios, pero no a causa de desatención del interesado, sino de lo contrario. El joven bachiller tabasqueño hizo la licenciatura en ciencias políticas y administración pública en menor tiempo de la duración normal de la carrera, ya que aprovechó la posibilidad reglamentaria de presentar exámenes anticipadamente. Quiso terminar la carrera antes de la mitad de 1976, como lo hizo, para incorporarse a la campaña electoral del candidato a senador (y poeta) Carlos Pellicer. Demoró, efectivamente, más de 10 años en presentar examen profesional y obtener el título profesional respectivo, lo que ocurrió el 12 de noviembre de 1987. No es inusual que corra largo tiempo entre la conclusión de los estudios y la obtención del título. Aunque no en la Nacional, sino en la Iberoamericana, un licenciado en administración de empresas llamado Vicente Fox cubrió los créditos correspondientes entre 1960 y 1964, y presentó su examen profesional el 24 de marzo de 1999. Y nadie se aventuró jamás a decir que había cursado su carrera en 39 años.
Martínez Cázares admitió su equivocación y pidió ser disculpado por el público y por el propio difamado. Pero esa enhiesta actitud no ha sido compartida por otros panistas, incluido Calderón, pillados en falta y que al pretender denostar a López Obrador se muestran como omisos en el cumplimiento de sus deberes, o como mentirosos a sabiendas que lo son.
En el debate mismo el candidato panista terqueó en hablar del endeudamiento del gobierno capitalino, como si fuera una mancha. Dado el régimen jurídico del Distrito Federal, su gobierno es incapaz de contraer deuda por sí mismo y sin acotaciones. La reforma constitucional de 1996 le impuso una doble supervisión en esa materia. La Cámara de Diputados debe autorizar el límite superior, el techo de su endeudamiento, mientras que la Secretaría de Hacienda vigila el ejercicio de esa autorización. Aunque no concluyó el trienio para el que fue elegido, Calderón participó en la aprobación del techo financiero solicitado por el gobierno de López Obrador en los años 2000, 2001 y 2002. Ni la bancada panista en general, ni Calderón en particular, condicionaron su aprobación a un manejo de la deuda distinto del que se explicaba en la exposición de motivos.
Calderón no terminó su período como diputado porque en febrero de 2003 fue designado director de Banobras (y sus responsabilidades legislativas se extendían hasta el último día de agosto de ese año). El ejercicio de ese cargo debió impedirle emitir o cohonestar patrañas sobre el financiamiento de las obras viales que caracterizaron al gobierno de López Obrador. En la desesperación provocada por las secuelas del señalamiento a Hildebrando, SA de CV, dirigentes panistas anunciaron que denunciarían ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (y en otra por lavado de dinero) el presunto financiamiento irregular a la campaña del perredista, con recursos ilícitos provenientes, entre otras fuentes, de comisiones por la asignación de dichas obras.
Mas ocurre que el gobierno capitalino constituyó para ese efecto, el 21 de diciembre de 2001, un fideicomiso para el mejoramiento de las vías de comunicación, Fimevic, cuya institución fiduciaria es Banobras. En el contrato respectivo, se explica que "el gobierno del Distrito Federal considera de suma importancia la construcción de un segundo piso en el anillo periférico, para agilizar el tránsito en tan importante arteria, evitar al máximo el consumo de combustibles, evitar la pérdida de horas hombre en las vías y disminuir los índices de contaminación, así como el mejoramiento de otras vialidades de importancia prioritaria por el tránsito vehicular que soportan".
Se estableció en el contrato correspondiente que el fiduciario, es decir Banobras, "dispondrá de los recursos del presente fideicomiso, para pagar total o parcialmente las estimaciones, facturas y demás comprobantes que reúnan los requisitos fiscales, que se deriven de la contratación de obra, adquisiciones y servicios que realicen las dependencias y entidades del Gobierno del Distrito Federal involucradas en el desarrollo de la obra a que este contrato se refiere y que apruebe el comité técnico. Dichos pagos los efectuará el fiduciario previa aprobación del coordinador técnico a que se refiere el presente contrato, a nombre, por cuenta y orden de dichas dependencias y entidades, según corresponda".
Es así que en 2003 (en casi ocho de cuyos 12 meses fue Calderón director de Banobras) el fiduciario pagó mil 432 millones de pesos por las obras viales en el Periférico, 830 por el distribuidor San Antonio, y 466 por el segundo piso, así como 40.8 millones por estudios y proyectos, tres por concreto y 91.3 por acero. No se emitió en ese lapso observación alguna, ni se objetó el pago de ninguna cantidad. Luego entonces, es presumible que el financiamiento de esas obras se dedicó a su fin explícito y no a ningún otro.
Si hubo irregularidades en ese año, Calderón omitió señalarlas. Y si las hubo antes o después, fueron omisos Tomás Ruiz y Luis Pazos, su antecesor y sucesor, respectivamente. Si no las ha habido, como debe constar a la institución fiduciaria, es contrario a la ética afirmar y aun sólo sugerir que las hubo. ¿No acaso Banobras quiso compartir las mieles de la inauguración reciente colocando una manta en que se hacía presente aludiendo a su función en el financiamiento del segundo piso?
Una por una esas afirmaciones han sido mostradas como verdaderas. En cambio, Calderón mismo y sus adeptos, los más cercanos entre sus colaboradores, han enseñado el cobre. Abandonaron la línea ética de que el PAN se ufanó durante décadas como una de sus marcas de identidad, uno de los rasgos que, no sin cierto fariseísmo, lo hacían sentir mejor que cualquier otro partido. Y es que, ante la rotundidad del señalamiento sobre Hildebrando, el estado mayor de la campaña felipista perdió los estribos y quiso contraatacar con armas del mismo calibre. Pero no tienen municiones.
Durante el mismo debate, Calderón soltó dos mentiras (aunque, hay que admitirlo, emitió una verdad, referida a que el candidato perredista al Senado por Tabasco, Arturo Núñez, era capitán de los diputados priístas que aprobaron la conversión de la deuda bancaria privada en deuda pública, aunque el candidato panista eluda su responsabilidad en la decisión de los legisladores de su partido de hacer lo mismo). Chismeó de nuevo sobre Nicolás Mollinedo, el célebre Nico difamado como si fuera un chofer pagado en exceso cuando en realidad era en el gobierno capitalino el coordinador de logística (cargo al que correspondía su remuneración) que además hacía de chofer de su amigo López Obrador. Calderón informó al público, aunque el tema se había aclarado previamente, que un hijo de Nico estudia en Estados Unidos en una escuela donde la colegiatura llega hasta un millón de pesos al año. El hecho es cierto, pero la decisión de que el chico estudie allá, y el pago de la cuota escolar, ha correspondido a la familia materna del joven estudiante, cuyos padres están divorciados.
Mintió así mismo Calderón sobre el monto del salario devengado como gobernador de Baja California Sur por el ahora presidente del PRD, Leonel Cota, que esa misma noche precisó haber ganado mucho menos que los 250 mil pesos mensuales que dijo Calderón (a quien se le hubiera podido recordar el sueldo de más de 400 mil pesos de un alcalde panista en Ecatepec). Cota mostró al día siguiente documentación bancaria que indicaba que su salario mensual en el momento de concluir su gobierno era de 135 mil pesos, netos, y agregó que el sueldo promedio en los seis años de su gobierno fue de 87 mil pesos.
El extravío ético en que incurrió la cúpula de la campaña panista envolvió aun a Germán Martínez Cázares, uno de los mejores panistas de esta hora (y colaborador de estas páginas). Como el resto de sus compañeros en el primer círculo de Calderón, se obnubiló por los efectos del torpedo lanzado por López Obrador, que dio en la línea de flotación de la nave calderonista. Alguien le tomó el pelo con un expediente trivial en el fondo y ya utilizado contra el candidato perredista. Se trata de la conseja de que realizó sus estudios universitarios en 15 años y de que no se graduó. (Jorge Ibargüengoitia alude al prejuicio aldeano sobre la importancia de los títulos cuando dice en Estas ruinas que ves... que en Cuévano era sospechoso de dos cosas: de ser homosexual y de no haberse recibido.)
El expediente escolar de López Obrador, abierto en 1973, año de su ingreso a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, abunda ciertamente en notas bajas y exámenes extraordinarios, pero no a causa de desatención del interesado, sino de lo contrario. El joven bachiller tabasqueño hizo la licenciatura en ciencias políticas y administración pública en menor tiempo de la duración normal de la carrera, ya que aprovechó la posibilidad reglamentaria de presentar exámenes anticipadamente. Quiso terminar la carrera antes de la mitad de 1976, como lo hizo, para incorporarse a la campaña electoral del candidato a senador (y poeta) Carlos Pellicer. Demoró, efectivamente, más de 10 años en presentar examen profesional y obtener el título profesional respectivo, lo que ocurrió el 12 de noviembre de 1987. No es inusual que corra largo tiempo entre la conclusión de los estudios y la obtención del título. Aunque no en la Nacional, sino en la Iberoamericana, un licenciado en administración de empresas llamado Vicente Fox cubrió los créditos correspondientes entre 1960 y 1964, y presentó su examen profesional el 24 de marzo de 1999. Y nadie se aventuró jamás a decir que había cursado su carrera en 39 años.
Martínez Cázares admitió su equivocación y pidió ser disculpado por el público y por el propio difamado. Pero esa enhiesta actitud no ha sido compartida por otros panistas, incluido Calderón, pillados en falta y que al pretender denostar a López Obrador se muestran como omisos en el cumplimiento de sus deberes, o como mentirosos a sabiendas que lo son.
En el debate mismo el candidato panista terqueó en hablar del endeudamiento del gobierno capitalino, como si fuera una mancha. Dado el régimen jurídico del Distrito Federal, su gobierno es incapaz de contraer deuda por sí mismo y sin acotaciones. La reforma constitucional de 1996 le impuso una doble supervisión en esa materia. La Cámara de Diputados debe autorizar el límite superior, el techo de su endeudamiento, mientras que la Secretaría de Hacienda vigila el ejercicio de esa autorización. Aunque no concluyó el trienio para el que fue elegido, Calderón participó en la aprobación del techo financiero solicitado por el gobierno de López Obrador en los años 2000, 2001 y 2002. Ni la bancada panista en general, ni Calderón en particular, condicionaron su aprobación a un manejo de la deuda distinto del que se explicaba en la exposición de motivos.
Calderón no terminó su período como diputado porque en febrero de 2003 fue designado director de Banobras (y sus responsabilidades legislativas se extendían hasta el último día de agosto de ese año). El ejercicio de ese cargo debió impedirle emitir o cohonestar patrañas sobre el financiamiento de las obras viales que caracterizaron al gobierno de López Obrador. En la desesperación provocada por las secuelas del señalamiento a Hildebrando, SA de CV, dirigentes panistas anunciaron que denunciarían ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (y en otra por lavado de dinero) el presunto financiamiento irregular a la campaña del perredista, con recursos ilícitos provenientes, entre otras fuentes, de comisiones por la asignación de dichas obras.
Mas ocurre que el gobierno capitalino constituyó para ese efecto, el 21 de diciembre de 2001, un fideicomiso para el mejoramiento de las vías de comunicación, Fimevic, cuya institución fiduciaria es Banobras. En el contrato respectivo, se explica que "el gobierno del Distrito Federal considera de suma importancia la construcción de un segundo piso en el anillo periférico, para agilizar el tránsito en tan importante arteria, evitar al máximo el consumo de combustibles, evitar la pérdida de horas hombre en las vías y disminuir los índices de contaminación, así como el mejoramiento de otras vialidades de importancia prioritaria por el tránsito vehicular que soportan".
Se estableció en el contrato correspondiente que el fiduciario, es decir Banobras, "dispondrá de los recursos del presente fideicomiso, para pagar total o parcialmente las estimaciones, facturas y demás comprobantes que reúnan los requisitos fiscales, que se deriven de la contratación de obra, adquisiciones y servicios que realicen las dependencias y entidades del Gobierno del Distrito Federal involucradas en el desarrollo de la obra a que este contrato se refiere y que apruebe el comité técnico. Dichos pagos los efectuará el fiduciario previa aprobación del coordinador técnico a que se refiere el presente contrato, a nombre, por cuenta y orden de dichas dependencias y entidades, según corresponda".
Es así que en 2003 (en casi ocho de cuyos 12 meses fue Calderón director de Banobras) el fiduciario pagó mil 432 millones de pesos por las obras viales en el Periférico, 830 por el distribuidor San Antonio, y 466 por el segundo piso, así como 40.8 millones por estudios y proyectos, tres por concreto y 91.3 por acero. No se emitió en ese lapso observación alguna, ni se objetó el pago de ninguna cantidad. Luego entonces, es presumible que el financiamiento de esas obras se dedicó a su fin explícito y no a ningún otro.
Si hubo irregularidades en ese año, Calderón omitió señalarlas. Y si las hubo antes o después, fueron omisos Tomás Ruiz y Luis Pazos, su antecesor y sucesor, respectivamente. Si no las ha habido, como debe constar a la institución fiduciaria, es contrario a la ética afirmar y aun sólo sugerir que las hubo. ¿No acaso Banobras quiso compartir las mieles de la inauguración reciente colocando una manta en que se hacía presente aludiendo a su función en el financiamiento del segundo piso?
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