Legalismo y represión

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Javier Sicilia
proceso.com.mx

Apesar del conflicto poselectoral y de la profunda duda que los actores han sembrado en la legitimidad del proceso; pese también a la única salida políticamente viable para distender el conflicto y darle credibilidad a las instituciones: el recuento voto por voto y casilla por casilla, la máxima instancia en este asunto, el Tribunal Electoral, parece caminar hacia la legitimación de la elección. Si no me equivoco –y en este caso nada me gustaría más que equivocarme–, pronto tendremos a Felipe Calderón como presidente legalmente electo.

No es una mera intuición. Todo, el trabajo de los medios televisivos y su retórica institucional, los errores cometidos por López Obrador y la coalición Por el Bien de Todos en su resistencia civil, la propaganda de las instituciones para deslegitimar las demandas de la coalición, preparan el escenario para la calificación final.

La medida será desastrosa. No sólo porque, como suele suceder en este país que tiene el gusto de poner los bueyes detrás de la carreta, habrá puesto la legalidad atrás de la justicia –olvidando que no son las instituciones las que hacen la justicia, sino la justicia, que siempre es transparente, la que hace la credibilidad de las instituciones que la custodian–, sino porque tendremos un presidente débil –elegido sólo por 15 millones de mexicanos en un país de 100 millones– e ilegitimo desde el punto de vista de la credibilidad institucional.

¿Cómo se gobierna así? No hay más que una forma –anunciada una y otra vez durante el último tramo del gobierno de Fox en los mineros, en Atenco, en el desalojo y las tanquetas de San Lázaro–: la represión, la “mano dura”, de la que tanta nostalgia tienen los que no han sabido construir la democracia, los que siguen creyendo que el régimen presidencialista –ya derruido junto con lo único que podía sostenerlo: un partido único– sigue siendo viable, los que no quieren una reforma constitucional y creen que la vida política es el faccionalismo de los partidos en las instituciones y no el diálogo y el servicio.

El país no va a entrar en calma por que la legalidad, por el hecho mismo del puro legalismo, haga presidente a alguien. Todo lo contrario –y ahí está Oaxaca para demostrarlo–, exacerbará los ánimos de muchos que en nombre de una justicia legítima han resistido. A esos resistentes, que no están realmente preparados para las batallas no-violentas, en un país tremendamente injusto y sospechoso de la transparencia de sus instituciones, sólo podrá aplacárseles con la represión que ampara la pura legalidad. No con una represión cualquiera, sino con la que genera terror: la de la brutalidad, la del silenciamiento, la de la mordaza, la de la razón de Estado que sirve para justificar todas las razones del irracionalismo, y respecto de la cual la represión de Atenco será sólo una película de Walt Disney.

Cuando un gobierno que carece de legitimidad tiene que gobernar lo ingobernable, sólo puede hacerlo mediante el miedo, y un régimen que genera miedo es un régimen de terror. Si el fallo del TEPJF favorece a Calderón sin haber transparentado la elección en todo su proceso, ese es el gobierno que tendremos, un gobierno en el que no podrá haber persuasión, porque en el momento en que el monolito de la legalidad haya aplastado cualquier esperanza de claridad en la justicia, lo que se impondrá será la abstracción del Estado: la de las tanquetas, la de los hombres uniformados con garrotes, la de los gritos desesperados, la fuerza bruta y las esperanzas humilladas; la de las máquinas, las ideas absolutas y los mesianismos sin matices, la de la parálisis social y de la política sacrificada en aras del legalismo.

Yo sé, como muchos, que el recuento voto por voto, casilla por casilla, no solucionará el problema. Pero al menos haría clara la justicia de la legalidad, permitiría distender los ánimos y abrir un espacio por donde los acuerdos que necesita el país salvarían la democracia. Esto, por desgracia, conforme nos acercamos al fallo del TEPJF, se cierra para allanarle el camino a la pura razón de Estado y al terror.

Estamos en una encrucijada histórica en la que nos jugamos mucho y en donde la responsabilidad de quienes pueden distender el conflicto es total. Lo peor que nos puede ocurrir es que triunfe el legalismo sobre la política. Ese día, las instituciones y lo que el PAN, sin modestia alguna –más bien con una arrogancia que da miedo– ha defendido: su triunfo presidencial, habrán tenido razón en el sentido en que lo entiende este mundo miserable: la de una legalidad que ha perdido de vista la vida real de los hombres y la transparencia de la justicia; pero tendrán razón en medio de la odiosa intransigencia de López Obrador y de los perredistas –intransigencia que la del panismo y la de las instituciones del Estado no han dejado de alimentar a lo largo del tiempo–, y en medio de la decepción, la represión y el miedo con el que tendrán que gobernar. Esa victoria será siempre despreciable.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro y liberar a los presos de Atenco. ?