Autor: Jesusa Cervantes
Fecha: 27-Ago-2006
El presidente de la República, Vicente Fox Quesada, permitió el tráfico de influencias a favor de los hijos de Marta Sahagún para que adquirieran, de manera irregular y a bajo costo, varios inmuebles del gobierno federal que posteriormente revendieron a precios elevados, con lo que obtuvieron ganancias de por lo menos 170 millones de pesos.
Además, con esas transacciones provocaron un daño al erario por mil millones de pesos, asegura Jesús González Schmal, diputado por Convergencia y presidente de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que indagó sobre los contratos o compraventa de bienes inmuebles del gobierno a la empresa Construcciones Prácticas.
El legislador responsabiliza al esposo de Marta Sahagún por haber “encubierto” y permitido que funcionarios de diversas instituciones avalaran operaciones “irregulares” a favor de Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún, así como de su socio Miguel Khoury Siman.
Constituida el 16 de febrero de 2006, la Comisión Especial concluyó sus investigaciones el pasado 30 de julio con una recomendación al presidente de la República. Al igual que la primera comisión, que se conformó el 28 de abril de 2005 y estuvo presidida por la diputada perredista Malú Micher, ésta le pide a Fox que dé cuenta a la Procuraduría General de la República (PGR) de los hallazgos de los legisladores para que se inicie una averiguación previa contra servidores públicos y los hijos de Marta Sahagún, y fincar responsabilidades en caso de comprobarse “tráfico de influencias”.
Como Fox fue omiso ante la recomendación de la comisión anterior, esta vez González Schmal se adelantó: el 5 de abril pasado denunció ante la PGR a quien resulte responsable por tráfico de influencias. Por ello, la dependencia solicitó la declaración de los hermanos Bribiesca Sahagún, así como de Khoury Siman y de Mario Bouregard, titular del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
En su documento final, la comisión presidida por Schmal acusa a la Secretaría de la Función Pública y a la PGR de incurrir en “tácticas dilatorias” para evitar profundizar en sus investigaciones.
Además, dice que el IPAB les negó información, e incumplió varias leyes: la del IPAB, la de Acceso a la Información, la de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como diversos ordenamientos para subastar bienes de la nación.
Al Fovissste lo acusa de haber otorgado créditos a sus derechohabientes sin comprobar previamente que las viviendas que obtendrían no estaban en orden legal. Y a Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) la señala como omisa por no haber verificado que los recursos que entregó a Inmobiliaria Kilate y Construcciones Prácticas se utilizaron para un fin distinto del que establecen sus reglamentos internos, que es la “edificación” y no la “remoción” de vivienda.
Todas estas entidades federales, considera González Schmal, forman parte del Poder Ejecutivo y tienen un responsable principal: el presidente de la República.
Comprobado, el tráfico de influencias
La parte central de las indagaciones de la segunda comisión fueron cuatro subastas del IPAB, en las que resultó ganadora Construcciones Prácticas; dos de ellas son adquisición de cartera y dos de inmuebles. Debido a que el instituto vendió a precios por debajo de sus avalúos, se generó un daño al erario federal por mil millones de pesos, al tiempo que le redituó ganancias millonarias a Manuel Bribiesca y a Miguel Khoury Siman, considera el presidente de la comisión especial.
La primera subasta del IPAB, en la que resultó beneficiada Construcciones Prácticas, se dio el 3 de febrero de 2004. Se trató de un paquete “C” de cartera de derechos litigiosos de cientos de casas que pertenecieron a tres empresas, a las cuales Bancrecer había otorgado 27 créditos durante la década de los noventa.
En este paquete se incluyen las casas ubicadas en las ciudades de Acapulco, Campeche, Irapuato, Morelia, Guanajuato, Oaxaca, La Paz, Los Cabos, Mérida, Ciudad Juárez, Veracruz, Chihuahua, Hermosillo, Tepic y Durango. Las viviendas fueron adquiridas al IPAB por Construcciones Prácticas, pero fueron vendidas por el Grupo Inmobiliario Kilate, empresa creada por Manuel Bribiesca y Miguel Khoury Siman.
La comisión analizó todos los documentos recabados, para detectar la relación de negocios entre Construcciones Prácticas y Manuel Bribiesca Sahagún.
La operación fue la siguiente: el 27 de octubre de 2003 Manuel Bribiesca y Miguel Khoury crean Inmobiliaria Kilate; el 3 de febrero del año siguiente Construcciones gana la subasta de los 27 créditos litigiosos de casas ubicadas en distintas parte del país, con lo cual “libera” del embargo a todas esas casas y a sus propietarios les da la posibilidad de venderlas; el 11 de febrero de 2004, Manuel y Miguel venden Kilate a Alberto Dunand Aramburu; el 15 de marzo, Kilate de Dunand compra las casas a Plaza Industrial (que no se las podía vender antes porque estaban embargadas por el IPAB); entre junio y septiembre, Sociedad Hipotecaria Federal presta a Kilate 54 millones 300 mil pesos para “construir” casas, no para remozarlas. Manuel y Miguel firman como avales. Ese mismo año, Fovissste registra a Kilate para que pueda vender casas a derechohabientes y duplica en ganancias lo prestado por SHF.
En este punto, la comisión considera que se violó el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, “en virtud de que Manuel Bribiesca es hijo de Marta Sahagún, esposa del presidente de la República, razón por la cual Construcciones Prácticas estaba impedida para participar en la subasta del IPAB y Kilate estaba impedida para recibir créditos con recursos públicos”.
Los servidores públicos del IPAB violaron también este artículo “por omitir verificar la relación existente entre Construcciones Prácticas y Manuel Bribiesca…, además los servidores del IPAB infringieron el artículo 61 de su propia ley en virtud de que no obtuvieron el máximo valor de recuperación de los bienes”.
Igualmente, los funcionarios de SHF conculcaron también el artículo 8 de la Ley de Servidores Públicos “por no verificar que en el destino de los créditos otorgados por la intermediaria a Kilate estaba involucrado Manuel Bribiesca Sahagún”.
La cereza del pastel
Pero donde la comisión demuestra que sí hubo tráfico de influencias, es en el análisis de la segunda subasta del IPAB, realizada el 1 de abril de 2004, que benefició a Construcciones Prácticas, relativa a un predio conocido como “Los Pirules”, en el que dicha empresa edificó 501 viviendas.
La historia es la siguiente: el 30 de noviembre de 2003, Construcciones Prácticas formó un fideicomiso con Fisare, en el que “Construcciones aporta el predio rústico” del que formaba parte Los pirules. En el comité técnico del fideicomiso, Manuel Bribiesca tiene “el voto de calidad inapelable”: el 30 de marzo siguiente, una intermediaria otorga a Construcciones Prácticas un crédito por cerca de 91 millones de pesos para construir las 501 casas. Esta intermediaria obtuvo el dinero de SHF (el predio aún pertenecía a la nación). El 1 de abril, el IPAB subasta (entonces) el predio Los Pirules, en la que resultó ganadora Construcciones Prácticas, que pagó 4 millones 345 mil pesos.
La aportación importante de la comisión, detalla González Schmal, es que aquí se pudo demostrar el tráfico de influencias por varios motivos: primero, porque el IPAB subastó y dio el triunfo a Construcciones, cuando esta empresa ya se había apropiado del predio e incluso le habían autorizado un crédito del gobierno federal para que edificara.
“Pero lo más importante, quien pagó en la subasta el 30%, 1 millón 3003 mil pesos, no fue Construcciones Prácticas, sino Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, y como prueba tenemos una copia del cheque.”
En el documento se establece que con la participación de Jorge Alberto Bribiesca Sahagún “queda debidamente acreditada la participación de Manuel Bribiesca Sahagún y Jorge Alberto con Construcciones Prácticas en la adquisición al IPAB del predio Los Pirules, en virtud de que Manuel Bribiesca como parte del fideicomiso en el que aporta Construcciones Prácticas dicho predio, y Jorge Alberto cubre con el cheque el 30% de la oferta al IPAB”.
En su declaración ante la PGR, Miguel Khoury Siman justificó el apoyo de Jorge Alberto Bribiesca. El día de la subasta realizada en un hotel de León, Guanajuato, las autoridades del IPAB se percataron que el cheque tenía un error, por lo que él se ofreció ir al banco y sacar otro cheque. En el hotel se encontró a Jorge Alberto, a quien le contó lo ocurrido y le pidió que lo acompañara al banco, para darle el dinero y que éste elaborara un cheque correctamente. De ahí que el cheque haya salido de cuenta de Jorge Alberto, dijo Khoury.
Para Schmal esa declaración es absurda e ingenua, en tanto que el abogado de la comisión, Pablo Casas Lías, aclara que el cheque debe estar en un sobre dos días antes del fallo de la subasta; si al abrirse hay algún error, automáticamente se elimina al postor.
En su informe, la comisión sostiene que “se acredita el tráfico de influencias de los hermanos Bribiesca Sahagún en la subasta del IPAB del predio Los Pirules en virtud de que Construcciones ya había dispuesto previamente del predio al aportarlo al fideicomiso en 2003 y al otorgarlo como garantía para la obtención de crédito el 30 de marzo de 2004, por lo que era indispensable que el IPAB se lo adjudicara a Construcciones el 1 de abril de 2004”.
Por lo tanto, el IPAB infringió sus propias bases de la subasta al permitir que un “ajeno” pagara el 30% del valor del predio, indica el documento.
Pero lo peor de este caso es que la Auditoría Superior de la Federación, al realizar “la auditoría especial” a esta subasta, supo que el aportante fue uno de los hijos de la esposa del presidente de la República y no lo reportó a los diputados. Lo mismo ocurrió con la tercera subasta conformada por 275 departamentos en Puebla. En esta ocasión, quien pagó parte de la garantía al IPAB fue otro “ajeno”, Alberto Dunand, a quien Manuel Bribiesca le “vendió” Kilate.
Esta irregularidad tampoco fue reportada por el auditor Arturo González de Aragón, quien sólo apuntó en su revisión que “no se indica el nombre del titular (de la cuenta del cheque) y la firma no coincide con la del participante ganador”.
Cuando Mario Bouregard, secretario ejecutivo del IPAB, fue requerido por la PGR para que explicara estas anomalías, dijo que las subastas se apegaron a derecho y que la propia auditoría de la federación avaló las operaciones de la subasta.
“Fox protegió a estas autoridades. Lo que hizo fue una traición a su promesa de luchar contra la corrupción. Lo que hizo fue propiciarla y nunca como hoy los hijos de un presidente participaron en el tráfico de influencias. Su abuso y actuación es inédita”, concluye González Schmal, quien recomienda a la nueva legislatura conformar otra comisión que dé seguimiento a los hallazgos de la LIX Legislatura.
Fecha: 27-Ago-2006
El presidente de la República, Vicente Fox Quesada, permitió el tráfico de influencias a favor de los hijos de Marta Sahagún para que adquirieran, de manera irregular y a bajo costo, varios inmuebles del gobierno federal que posteriormente revendieron a precios elevados, con lo que obtuvieron ganancias de por lo menos 170 millones de pesos.
Además, con esas transacciones provocaron un daño al erario por mil millones de pesos, asegura Jesús González Schmal, diputado por Convergencia y presidente de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que indagó sobre los contratos o compraventa de bienes inmuebles del gobierno a la empresa Construcciones Prácticas.
El legislador responsabiliza al esposo de Marta Sahagún por haber “encubierto” y permitido que funcionarios de diversas instituciones avalaran operaciones “irregulares” a favor de Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún, así como de su socio Miguel Khoury Siman.
Constituida el 16 de febrero de 2006, la Comisión Especial concluyó sus investigaciones el pasado 30 de julio con una recomendación al presidente de la República. Al igual que la primera comisión, que se conformó el 28 de abril de 2005 y estuvo presidida por la diputada perredista Malú Micher, ésta le pide a Fox que dé cuenta a la Procuraduría General de la República (PGR) de los hallazgos de los legisladores para que se inicie una averiguación previa contra servidores públicos y los hijos de Marta Sahagún, y fincar responsabilidades en caso de comprobarse “tráfico de influencias”.
Como Fox fue omiso ante la recomendación de la comisión anterior, esta vez González Schmal se adelantó: el 5 de abril pasado denunció ante la PGR a quien resulte responsable por tráfico de influencias. Por ello, la dependencia solicitó la declaración de los hermanos Bribiesca Sahagún, así como de Khoury Siman y de Mario Bouregard, titular del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
En su documento final, la comisión presidida por Schmal acusa a la Secretaría de la Función Pública y a la PGR de incurrir en “tácticas dilatorias” para evitar profundizar en sus investigaciones.
Además, dice que el IPAB les negó información, e incumplió varias leyes: la del IPAB, la de Acceso a la Información, la de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como diversos ordenamientos para subastar bienes de la nación.
Al Fovissste lo acusa de haber otorgado créditos a sus derechohabientes sin comprobar previamente que las viviendas que obtendrían no estaban en orden legal. Y a Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) la señala como omisa por no haber verificado que los recursos que entregó a Inmobiliaria Kilate y Construcciones Prácticas se utilizaron para un fin distinto del que establecen sus reglamentos internos, que es la “edificación” y no la “remoción” de vivienda.
Todas estas entidades federales, considera González Schmal, forman parte del Poder Ejecutivo y tienen un responsable principal: el presidente de la República.
Comprobado, el tráfico de influencias
La parte central de las indagaciones de la segunda comisión fueron cuatro subastas del IPAB, en las que resultó ganadora Construcciones Prácticas; dos de ellas son adquisición de cartera y dos de inmuebles. Debido a que el instituto vendió a precios por debajo de sus avalúos, se generó un daño al erario federal por mil millones de pesos, al tiempo que le redituó ganancias millonarias a Manuel Bribiesca y a Miguel Khoury Siman, considera el presidente de la comisión especial.
La primera subasta del IPAB, en la que resultó beneficiada Construcciones Prácticas, se dio el 3 de febrero de 2004. Se trató de un paquete “C” de cartera de derechos litigiosos de cientos de casas que pertenecieron a tres empresas, a las cuales Bancrecer había otorgado 27 créditos durante la década de los noventa.
En este paquete se incluyen las casas ubicadas en las ciudades de Acapulco, Campeche, Irapuato, Morelia, Guanajuato, Oaxaca, La Paz, Los Cabos, Mérida, Ciudad Juárez, Veracruz, Chihuahua, Hermosillo, Tepic y Durango. Las viviendas fueron adquiridas al IPAB por Construcciones Prácticas, pero fueron vendidas por el Grupo Inmobiliario Kilate, empresa creada por Manuel Bribiesca y Miguel Khoury Siman.
La comisión analizó todos los documentos recabados, para detectar la relación de negocios entre Construcciones Prácticas y Manuel Bribiesca Sahagún.
La operación fue la siguiente: el 27 de octubre de 2003 Manuel Bribiesca y Miguel Khoury crean Inmobiliaria Kilate; el 3 de febrero del año siguiente Construcciones gana la subasta de los 27 créditos litigiosos de casas ubicadas en distintas parte del país, con lo cual “libera” del embargo a todas esas casas y a sus propietarios les da la posibilidad de venderlas; el 11 de febrero de 2004, Manuel y Miguel venden Kilate a Alberto Dunand Aramburu; el 15 de marzo, Kilate de Dunand compra las casas a Plaza Industrial (que no se las podía vender antes porque estaban embargadas por el IPAB); entre junio y septiembre, Sociedad Hipotecaria Federal presta a Kilate 54 millones 300 mil pesos para “construir” casas, no para remozarlas. Manuel y Miguel firman como avales. Ese mismo año, Fovissste registra a Kilate para que pueda vender casas a derechohabientes y duplica en ganancias lo prestado por SHF.
En este punto, la comisión considera que se violó el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, “en virtud de que Manuel Bribiesca es hijo de Marta Sahagún, esposa del presidente de la República, razón por la cual Construcciones Prácticas estaba impedida para participar en la subasta del IPAB y Kilate estaba impedida para recibir créditos con recursos públicos”.
Los servidores públicos del IPAB violaron también este artículo “por omitir verificar la relación existente entre Construcciones Prácticas y Manuel Bribiesca…, además los servidores del IPAB infringieron el artículo 61 de su propia ley en virtud de que no obtuvieron el máximo valor de recuperación de los bienes”.
Igualmente, los funcionarios de SHF conculcaron también el artículo 8 de la Ley de Servidores Públicos “por no verificar que en el destino de los créditos otorgados por la intermediaria a Kilate estaba involucrado Manuel Bribiesca Sahagún”.
La cereza del pastel
Pero donde la comisión demuestra que sí hubo tráfico de influencias, es en el análisis de la segunda subasta del IPAB, realizada el 1 de abril de 2004, que benefició a Construcciones Prácticas, relativa a un predio conocido como “Los Pirules”, en el que dicha empresa edificó 501 viviendas.
La historia es la siguiente: el 30 de noviembre de 2003, Construcciones Prácticas formó un fideicomiso con Fisare, en el que “Construcciones aporta el predio rústico” del que formaba parte Los pirules. En el comité técnico del fideicomiso, Manuel Bribiesca tiene “el voto de calidad inapelable”: el 30 de marzo siguiente, una intermediaria otorga a Construcciones Prácticas un crédito por cerca de 91 millones de pesos para construir las 501 casas. Esta intermediaria obtuvo el dinero de SHF (el predio aún pertenecía a la nación). El 1 de abril, el IPAB subasta (entonces) el predio Los Pirules, en la que resultó ganadora Construcciones Prácticas, que pagó 4 millones 345 mil pesos.
La aportación importante de la comisión, detalla González Schmal, es que aquí se pudo demostrar el tráfico de influencias por varios motivos: primero, porque el IPAB subastó y dio el triunfo a Construcciones, cuando esta empresa ya se había apropiado del predio e incluso le habían autorizado un crédito del gobierno federal para que edificara.
“Pero lo más importante, quien pagó en la subasta el 30%, 1 millón 3003 mil pesos, no fue Construcciones Prácticas, sino Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, y como prueba tenemos una copia del cheque.”
En el documento se establece que con la participación de Jorge Alberto Bribiesca Sahagún “queda debidamente acreditada la participación de Manuel Bribiesca Sahagún y Jorge Alberto con Construcciones Prácticas en la adquisición al IPAB del predio Los Pirules, en virtud de que Manuel Bribiesca como parte del fideicomiso en el que aporta Construcciones Prácticas dicho predio, y Jorge Alberto cubre con el cheque el 30% de la oferta al IPAB”.
En su declaración ante la PGR, Miguel Khoury Siman justificó el apoyo de Jorge Alberto Bribiesca. El día de la subasta realizada en un hotel de León, Guanajuato, las autoridades del IPAB se percataron que el cheque tenía un error, por lo que él se ofreció ir al banco y sacar otro cheque. En el hotel se encontró a Jorge Alberto, a quien le contó lo ocurrido y le pidió que lo acompañara al banco, para darle el dinero y que éste elaborara un cheque correctamente. De ahí que el cheque haya salido de cuenta de Jorge Alberto, dijo Khoury.
Para Schmal esa declaración es absurda e ingenua, en tanto que el abogado de la comisión, Pablo Casas Lías, aclara que el cheque debe estar en un sobre dos días antes del fallo de la subasta; si al abrirse hay algún error, automáticamente se elimina al postor.
En su informe, la comisión sostiene que “se acredita el tráfico de influencias de los hermanos Bribiesca Sahagún en la subasta del IPAB del predio Los Pirules en virtud de que Construcciones ya había dispuesto previamente del predio al aportarlo al fideicomiso en 2003 y al otorgarlo como garantía para la obtención de crédito el 30 de marzo de 2004, por lo que era indispensable que el IPAB se lo adjudicara a Construcciones el 1 de abril de 2004”.
Por lo tanto, el IPAB infringió sus propias bases de la subasta al permitir que un “ajeno” pagara el 30% del valor del predio, indica el documento.
Pero lo peor de este caso es que la Auditoría Superior de la Federación, al realizar “la auditoría especial” a esta subasta, supo que el aportante fue uno de los hijos de la esposa del presidente de la República y no lo reportó a los diputados. Lo mismo ocurrió con la tercera subasta conformada por 275 departamentos en Puebla. En esta ocasión, quien pagó parte de la garantía al IPAB fue otro “ajeno”, Alberto Dunand, a quien Manuel Bribiesca le “vendió” Kilate.
Esta irregularidad tampoco fue reportada por el auditor Arturo González de Aragón, quien sólo apuntó en su revisión que “no se indica el nombre del titular (de la cuenta del cheque) y la firma no coincide con la del participante ganador”.
Cuando Mario Bouregard, secretario ejecutivo del IPAB, fue requerido por la PGR para que explicara estas anomalías, dijo que las subastas se apegaron a derecho y que la propia auditoría de la federación avaló las operaciones de la subasta.
“Fox protegió a estas autoridades. Lo que hizo fue una traición a su promesa de luchar contra la corrupción. Lo que hizo fue propiciarla y nunca como hoy los hijos de un presidente participaron en el tráfico de influencias. Su abuso y actuación es inédita”, concluye González Schmal, quien recomienda a la nueva legislatura conformar otra comisión que dé seguimiento a los hallazgos de la LIX Legislatura.
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