En defensa de Televisa

Documentos de la Consejería Jurídica de la Presidencia confirman que el Ejecutivo federal está apoyando activamente la llamada Ley Televisa. Según el senador panista Javier Corral, uno de sus opositores, ese respaldo está provocando malestar social “al ver que se vuelven a conjuntar los grandes intereses de políticos sin escrúpulos con los dueños del dinero”.

En vísperas de que la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia resuelva la acción de anticonstitucionalidad en contra de la Ley Televisa, la empresa de Emilio Azcárraga Jean ha incrementado las presiones y el cabildeo en el máximo tribunal, para lo cual tiene de su lado a la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para evitar que, por lo menos, ocho de los 11 ministros decidan que esta ley viola la Carta Magna.

Los memorandos de Televisa, Gobernación y de la Presidencia constituyen una defensa a la ley que permite a las empresas dominantes del sector televisivo y de telecomunicaciones mantener un régimen de excepción y de concentración.

Documentos obtenidos por Proceso acreditan esta conjunción de intereses, pero también revelan serias contradicciones con las opiniones de la propia Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que consideran “parcialmente fundados” y válidos varios de los argumentos de los 47 senadores que interpusieron la acción de anticonstitucionalidad.

Para el senador panista Javier Corral, principal impulsor de la acción de anticonstitucionalidad, el fallo de la Suprema Corte es inminente y “no sólo tendrá una repercusión o trascendencia en el nuevo orden jurídico mexicano, sino también limitará las facultades en las que se han extralimitado el Congreso y el Poder Ejecutivo”.

“Es un asunto vinculado con la democratización del país, pero el momento poselectoral ha centrado la mirada en los efectos de la votación del 2 de julio, y hay muchos actores que han dejado de ver algunas de las causas eficientes de la iniquidad electoral que vivimos, como es la Ley Televisa”, advierte Corral.

El legislador chihuahuense reconoce que se están presentando “intervenciones externas” para presionar a los ministros de la Suprema Corte y a integrantes del Juzgado XII de Distrito en materia administrativa, instancia en la cual se resolverá el juicio de garantías interpuesto por dos de los excandidatos a integrar la Cofetel, Gonzalo Martínez Pous y Rafael del Villar (expediente 619 /2006).

Para Corral, estas intervenciones constituyen “un primer antecedente ominoso” de la defensa de los intereses del consorcio televisivo.

Los impugnadores

Además de la acción de anticonstitucionalidad interpuesta por 47 senadores y del mencionado amparo de los dos excandidatos a comisionados de Cofetel, existen 48 controversias constitucionales interpuestas por municipios indígenas contra la Ley Televisa.

Avaladas por Xóchitl Gálvez, titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 48 radiodifusoras consideran que este ordenamiento violenta el artículo segundo constitucional, el cual establece que los pueblos indígenas pueden comunicar, adquirir, operar y administrar medios de comunicación. Estas controversias están radicadas en los expedientes que van del 59 /2006 al 104/2006. El ministro ponente en todas ellas es Juan N. Silva Meza.

En paralelo, los radiodifusores independientes, encabezados por Roque Chávez, presentaron 148 amparos en cinco expedientes. Argumentan que el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión les “otorga” un derecho que no puede ser ejercido por ellos, al carecer de la definición tecnológica para acceder a los servicios de telecomunicaciones.

La estación comunitaria Radio Bemba, de Sonora, también interpuso un amparo directo contra el mismo artículo 28 porque discrimina a los permisionarios al limitarles el acceso a las condiciones necesarias para brindar el servicio de telecomunicaciones, y viola el artículo 1º constitucional.

Todas estas acciones concurrentes con la anticonstitucionalidad, advierte Corral, refuerzan el alegato de los senadores. “El artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión no asegura el uso social de los bienes del dominio de la nación, permite prácticas concentradoras, por eso es anticonstitucional”, subraya.



Regaño de Presidencia

La Secretaría de Gobernación sostiene que “en el fondo del asunto, lo que les molesta (a los 47 senadores que impulsaron la acción de anticonstitucionalidad) es que la mayoría del Congreso de la Unión haya adoptado una política legislativa diferente”, según muestran documentos del litigio jurídico que se ha ventilado ante el ministro ponente, Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

En un extenso alegato de 106 cuartillas, enviado el 29 de mayo ante la Suprema Corte de Justicia, Carlos Abascal Carranza, en representación del titular del Poder Ejecutivo federal, reconoce los “derechos adquiridos” por parte de los concesionarios, en lo que coincide ampliamente con los memorandos de los abogados de Televisa, incluso interpreta:

“Lo que la actora (los 47 senadores) en realidad desea es que la Suprema Corte se pronuncie respecto de una política en la materia, lo cual es evidentemente improcedente.”

Sin embargo otro documento, enviado por la Procuraduría General de la República el 9 de junio de este año, considera que los argumentos de los senadores son “parcialmente fundados”, sobre todo en relación con el séptimo concepto de invalidez, el cual sostiene que los artículos 2º, 28 y 28-A de la nueva Ley Federal de Radio y Televisión aprobados violan el artículo 28 constitucional porque fomentan las prácticas monopólicas y concentradoras, evitan la concurrencia y la libre competencia y violan el principio de igualdad al marginar a los permisionarios, a las radios indígenas y comunitarias.

Por si fuera poco, el dictamen técnico que elaboró la Secretaría de Comunicaciones y Transportes coincide con buena parte de los argumentos de los senadores que interpusieron la acción de anticonstitucionalidad.

Este dictamen, del cual Proceso obtuvo una copia, claramente califica como “inconstitucional” los artículos 9-C de la ley de telecomunicaciones, que define la designación de los integrantes de la Cofetel, y el segundo transitorio, que impide la elegibilidad de los comisionados en funciones. Además, dicho dictamen considera poco claros e inequitativos los artículos 28 y 28-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, puesto que generan barreras de entrada a nuevos competidores en la televisión y dejan “sujeta a interpretaciones de los privados” el uso eficiente del espectro radioeléctrico.

El dictamen de la SCT prevé que, tal como se redactó el artículo 28, “cabe la posibilidad de que el espectro nunca se restituya al Estado, ya que el particular podrá argumentar que a él le aplica la Ley Federal de Telecomunicaciones y que en consecuencia no le retiran el canal adicional”, o que “el espectro espejo que aún no se ha otorgado, no se pueda otorgar en los términos planteados en la política y en los títulos de concesión o permisos, ya que la forma planteada en dichos documentos se opone a la Ley Federal de Telecomunicaciones”.

Este dictamen provocó una airada respuesta del consejero jurídico de la Presidencia, Juan de Dios Castro, al titular de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola.

En un memorando fechado el 5 de abril de 2006, horas después de que la SCT enviara su estudio jurídico a Fox para argumentar la inconveniencia de que se publicara la ley en el Diario Oficial de la Federación, Juan de Dios Castro prácticamente le ordenó a Cerisola que los dictámenes técnicos “sean previamente acordados de manera favorable por el presidente de la República, a efecto de que esta Consejería Jurídica esté en posibilidad de revisarlas y dictaminarlas jurídicamente”.

En el documento, del cual Proceso obtuvo una copia que también se le hizo llegar a los ministros de la Suprema Corte, Juan de Dios Castro también le ordena a la SCT que “una vez que se cuente con la aprobación presidencial, también es menester recabar la opinión de la Secretaría de Gobernación”.

Corral explica que, ante la Suprema Corte, los abogados de Televisa han querido defenderse mediante la tesis de “los derechos adquiridos”.

“Quieren traducir los derechos de concesión como una especie de derechos reales, absolutos sobre el espectro, como si en efecto el Estado le otorgara a un empresario el derecho de explotar en abstracto el espectro radioeléctrico. Nosotros seguimos argumentando que los derechos de concesión son instrumentales, es decir, el Estado autoriza un servicio como el de la radiodifusión y concesiona un instrumento como el espectro para dar ese servicio, pero no es un derecho de propiedad”, argumenta Javier Corral.

La colusión

–¿La Ley Televisa está vinculada al momento poselectoral que vivimos? –se le pregunta a Corral.

–Está vinculada a la situación electoral que vivimos y, evidentemente, la empresa televisora ha mantenido un compromiso de lealtad para quienes la apoyaron en su proyecto legislativo.

“Esto es, la evidente manipulación que en muchos sentidos se ha hecho del ambiente poselectoral, incluso la magnificación que se ha hecho de muchas acciones después de las elecciones por parte de la televisora, que también tiene su asidero en la radicalización absurda en la que ha caído el PRD. No podemos desconocer una cosa de otra, pero evidentemente ha habido una manipulación de la empresa a favor de quienes la apoyaron.”

–¿No percibe que la Corte sea susceptible al cabildeo y las presiones de la televisora?

–A mí me parece que los ministros están realmente fuera de la dinámica de colusión de intereses en la que evidentemente cayeron los actores políticos, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo.

“En primer lugar, porque no necesitan de la televisión para ser más Corte o menos Corte. La Suprema Corte lo que requiere es celo constitucional, valor, decisión, transparencia, confiabilidad e imparcialidad, y esos son atributos de los que Televisa no puede ofrecerles uno solo. Nadie da lo que no tiene”.

–¿Credibilidad?

–Menos credibilidad. Televisa, hoy por hoy, y sus principales conductores de noticiarios, “gozan” del mayor descrédito en términos de la opinión pública. Aunque resulte grotesco, está ganando en credibilidad TV Azteca. Se le ha caído la credibilidad a Televisa porque, a pesar de que fue boicoteado y censurado todo el proceso de impugnación de la ley, en el país hubo una clara conciencia de la prepotencia con que esta empresa actuó para imponer su voluntad en el Congreso. Se regresaron 15 años atrás.

–Algunos observadores mencionan que existe una corriente al interior de la empresa que está consciente del enorme costo interno de la Ley Televisa. ¿Es viable que en Televisa pueda existir una corriente que busque una interlocución con los senadores que están en contra de la ley?

–No creo que exista esa corriente dentro de la empresa, y si existe debe ser muy profunda, de esas subterráneas que casi sacan petróleo. Deben ser como topos. En definitiva, no creo que la empresa tenga voluntad de rectificación.

–¿Existe una unanimidad en contra de la ley?

–Este es el único tema que ha conjuntado una voluntad política realmente plural de actores políticos de los tres principales partidos: 47 senadores no es cualquier número. Además, medios impresos y la comunidad cultural e intelectual. La Ley Televisa unificó al país, pero en su contra.

Sobre el futuro gobierno federal, Corral advierte: “Si realmente hubiera voluntad de cambio en el nuevo gobierno federal de lanzar un mensaje de transformación y de esperanza, de que las cosas van a cambiar, este sería uno de los temas, junto con el del IPAB, para decir que en efecto, se va en serio”.

Insatisfacción social

El senador panista rebate la versión del PRD de que existió un fraude electoral y lamenta “la exacerbación de los ánimos”. Sin embargo, advierte que sí existe una profunda insatisfacción social “al ver que se vuelven a conjuntar los grandes intereses de políticos sin escrúpulos con los dueños del dinero en este país”.

Fiel a su estilo, Corral critica tanto a la coalición de Andrés Manuel López Obrador como al equipo que rodea a Felipe Calderón y ha establecido la nueva alianza PRI-PAN en Chiapas.

“Por una parte –argumenta–, el radicalismo absurdo en el que han caído el PRD y Andrés Manuel va a acabar marginándolos. Se están autoexcluyendo de la posibilidad de contribuir a una verdadera reforma. De ahí es donde se están agarrando los sectores más reaccionarios del país para rodear a Felipe Calderón y continuar la alianza PRI y PAN, que ya tiene dos hechos muy lamentables: la alianza electoral en Chiapas que es un escupitajo a las figuras más relevantes del PAN; y el apoyo brindado a Ulises Ruiz.”

Finalmente, Corral vincula el contexto político con la decisión que tome la Suprema Corte ante la Ley Televisa y compara el fallo con las Leyes de Reforma del siglo XIX:

“Frente a todo esto, la Corte tiene que reaccionar. No queremos que la Corte suplante al Poder Legislativo. Lo que queremos es que defienda la Constitución, que imponga su poder, que muestre músculo.

“No debe pasarle desapercibido a los ministros que en muchos sectores del país hay una enorme desconfianza hacia el Poder Judicial. Sólo actuaciones en un sentido de justicia y firmeza frente a la nación fortalecerán la imagen del desempeño profesional de los ministros.

“Me parece que, en términos históricos, la Corte podría suscitar un hecho como el que suscitaron las leyes de Reforma del siglo XIX, cuando reubicó a la Iglesia en su papel natural, en su función principal. La Corte, con su fallo, reubicaría en el papel que le corresponde a la televisión cuyo poder hoy compite con el Estado. La televisión quiere ser un poder por encima del Estado.”