Jaime Sánchez SusarreyEl Tribunal Federal Electoral ya dio pruebas de sus limitaciones. La resolución sobre los spots del PAN y del PRI constituye un atentado contra la libertad de expresión. Más aún cuando el promocional en que el PRD tacha de mentiroso a Felipe Calderón no fue objeto de ninguna sanción. Pero así son las cosas y nada las va a cambiar. Los siete magistrados que integran el Trife serán quienes califiquen la elección presidencial del 2 de julio. Y lo harán con un margen enorme de discrecionalidad. La legislación es muy laxa. Serán ellos, y sólo ellos, los que determinen si las previsibles quejas de las oposiciones proceden y si se debe, en consecuencia, anular los comicios.
Para colmo, las tribulaciones no terminan ahí. La Junta General del Instituto Federal Electoral acaba de dar un espectáculo lamentable. Contraviniendo su resolución inicial -se había abstenido de vetar para no atentar contra el derecho a la libertad de expresión-, rectificó y ordenó al PAN retirar otro spot. Por fortuna no fue un fallo unánime. Pero, por desgracia, contó con el voto a favor del consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde. Y digo por desgracia, porque él y los consejeros electorales que se le sumaron sí entienden el fondo de la cuestión. Lo que estaba y está en juego es la libertad de expresión.
La rectificación, por lo tanto, no fue efecto de la falta de información o la expresión de un criterio estrecho; no, fue una respuesta pusilánime y anticipada a las presiones que provocaba la resolución del Trife. De hecho, López Obrador fue el primero en denunciar el presunto agravio: cuestionó la tardanza y puso en cuestión la imparcialidad y profesionalismo del organismo electoral. Fue una especie de "se los dije, el IFE no es confiable, el Trife lo acaba de comprobar". Sobra decir que las palabras de AMLO fueron magnificadas y reproducidas por todos los medios y periodistas que le son favorables. Y eso fue justamente lo que atemorizó a Ugalde y a la mayoría de los consejeros que votaron con él.
Todo esto ocurre en el contexto de otra batalla mediática. El PRD y Roberto Madrazo han denunciado que se enfrentan a una "elección de Estado". Los dados, repiten al unísono, están cargados ilegalmente a favor del candidato oficial, Felipe Calderón. Sin embargo, el concepto es en sí mismo desmedido. Resulta absurdo hablar de una "elección de Estado" cuando el partido del presidente de la República no tiene mayoría en el Congreso, cuando el IFE goza de autonomía, cuando el Tribunal Electoral emite un fallo desfavorable (y absurdo) contra el partido del Presidente y cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación se comporta como un poder autónomo e independiente, para no hablar de que el PRI gobierna en 17 entidades y el PRD controla el gobierno de la Ciudad de México.
Y a ello hay que agregar que los recursos financieros y los tiempos de los diferentes partidos en los medios de comunicación electrónicos responden a criterios equitativos. Atrás quedaron las épocas en que el gobierno de la República tenía la capacidad de ejercer influencia o censurar los contenidos en los noticieros, de invertir cinco o 10 veces más en publicidad que todos los partidos de oposición juntos o de disponer de los recursos públicos para financiar la campaña del candidato oficial. Es más, hoy por hoy existe un padrón abierto y público de los programas sociales del gobierno federal, cosa que no se puede decir de programas similares en la Ciudad de México o en algunos estados de la República gobernados por el PRI.
No hay, pues, ningún elemento racional para definir este proceso como una "elección de Estado". Y menos aún cuando la denuncia la hacen dos personajes como Roberto Madrazo y López Obrador. El primero porque ha vivido y organizado comicios desde el gobierno y para el gobierno. Su victoria en Tabasco en 1994 estuvo plagada de ese tipo de irregularidades. AMLO lo sabe mejor que nadie. Pero López Obrador tampoco es ningún santo de altar. No lo fue en Tabasco cuando presidió el Centro de Estudios Políticos y Sociales del PRI en 1982 ni cuando fue presidente de ese mismo partido en 1983. Ni tampoco lo fue cuando utilizó los recursos y las redes clientelares del gobierno del Distrito Federal para imponer al PRD por un amplio margen en el 2003.
La convergencia de López Obrador y Roberto Madrazo parece contra natura, pero no lo es. Ambos son priistas de formación y ambos tienen intereses y objetivos que defender. Entender a AMLO no es difícil. Su convicción y su temple, mesiánico, cimientan toda su estrategia y su visión del mundo. Andrés Manuel está convencido de que la mayoría del pueblo está con él y que la victoria es suya. La derrota en ese esquema no es previsible ni admisible. Es algo que simple y llanamente no puede ocurrir. El vínculo entre el pueblo y el líder es indestructible. Así que si los resultados -como las encuestas- no le favorecen, la causa habrá que buscarla en un complot que habría culminado con un gran fraude electoral.
Roberto Madrazo (ROMA), por su parte, no tiene esa dimensión mesiánica. Es un político pragmático, hábil, pero de miras muy cortas. Tan cortas que su ambición lo llevó a meterse en el brete en que ahora se encuentra. Es el peor candidato en toda la historia del PRI. Ni Labastida hizo un papel tan lamentable. Peor aún, de seguir las cosas por donde van, se va a convertir más temprano que tarde en el enterrador de lo que queda de ese partido. Además, ya no hay tiempo de rectificar ni de enderezar el barco. Todos los pronósticos le son adversos. Su derrota parece inevitable. La pregunta es si será una catástrofe o una pequeña debacle. Y es justamente ante semejante dilema que Houdini (perdón, Madrazo) encontró la cuadratura del círculo: denunciar una "elección de Estado", pelear por su anulación y abrir una segunda oportunidad para el PRI en la que él ya no sería candidato.
¿Es posible que semejante estrategia prospere? Sí, sin ninguna duda. Porque si Calderón se impone por un pequeño margen (dos, tres o cuatro puntos), la descalificación de la elección por el PRI y el PRD tendría un enorme efecto. Los elementos para solicitar la anulación se centrarían en la "inequidad" ("elección de Estado") de la contienda y los magistrados del Trife tendrían la última palabra.
El costo político, social y económico de semejante escenario es aterrador. Basta pensar en un Presidente interino que tendría por misión organizar una nueva elección dentro de poco más de un año... ingobernabilidad, conflictos y anarquía serían la regla, pero para entonces AMLO y ROMA gozarían de cabal salud.
Fecha de publicación: 3-Jun-2006
1 comentario:
Interesting website with a lot of resources and detailed explanations.
»
Publicar un comentario