'Proceso' en sus 30 años Miguel Ángel Granados Chapa

Al cumplir 30 años de edad -su primer número apareció el sábado 6 de noviembre de 1976-, el semanario Proceso está sentenciado a pagar a la señora Marta Sahagún de Fox 1 millón 958 mil 580 pesos y a publicar un extracto de la sentencia respectiva. Padecerá esa suerte jurídica, junto con la periodista Olga Wornat, si tras su apelación ante el Tribunal superior de justicia, iniciada el 26 de octubre, quedara firme esa decisión (y si la justicia federal no los amparara).

Es probable que, al contrario, el tribunal de alzada enmiende la plana al juez 12 de lo civil en el Distrito Federal, Carlos Miguel Jiménez Mora. Ya lo hizo una vez, cuando el juzgador se negó a desahogar una prueba que había admitido y en abril pasado se apresuró a dictar sentencia, que quedó sin efectos por la decisión superior de revisar esa probanza. Por no haberlo hecho, además, el consejo local de la judicatura impuso a Jiménez Mora una multa de 20 días de su salario nominal. Es la quinta vez que ese juzgador ha sido sancionado. Una vez se le suspendió durante nueve meses (entre 1998 y 1999) mientras se desahogaba un procedimiento penal en su contra, pues se le acusó de un delito contra la administración de justicia.

Las dos sentencias suscritas por Jiménez Mora muestran su parcialidad. La segunda sigue fielmente a la primera no obstante que debió matizar su criterio a la luz de la prueba que deliberadamente pasó por alto, y que no era nimia. Se trata de una declaración del presidente Fox, en que se ufana de las faldas de su esposa para iniciar esa demanda, y que indica a las claras que no era una ciudadana común y corriente la que acudía a los tribunales, sino la mitad de la pareja presidencial quien lo hacía. No es, por lo tanto, uno más de los episodios judiciales que se desahogan todos los días en los tribunales. Así lo aprecian 22 colaboradores de esa revista (entre los que se incluyen tres que lo son también de Reforma: Denise Dresser, Juan Villoro y yo mismo) que han suscrito un mensaje de solidaridad con el semanario, que dice así:

"La sentencia judicial que impone a Proceso una sanción pecuniaria por cerca de dos millones de pesos y lo obliga a publicar un extracto de la misma como reparación del daño moral a la señora Marta Sahagún de Fox, constituye un atentado a la libertad de expresión. Lejos de ser muestra de aplicación imparcial del derecho, revela las fragilidades de un juzgador ante las presiones de la casa presidencial.

"A lo largo de 30 años, Proceso ha practicado un periodismo que ensancha las capacidades de saber de la sociedad, sin traspasar los límites jurídicos de las libertades que hacen posible la comunicación. Por ello nunca hasta ahora había sido llevado ante los tribunales por ilícitos contra el buen nombre de las personas.

"Desde el poder presidencial, explícitamente admitido, se ha fingido acudir a la justicia en defensa de una reputación. De lo que se trata en realidad es de una revancha ante la caudalosa información que nuestra revista ha ofrecido sobre las deficiencias, vicios y abusos del gobierno del presidente Fox y el papel que en esta administración ha desempeñado su esposa.

"Por ello, los colaboradores de las diversas secciones de Proceso expresamos nuestra preocupación por el sentido y el alcance de aquella decisión judicial, dejamos establecido su verdadero origen y nos solidarizamos con un semanario que nació precisamente como respuesta a la intemperancia del poder presidencial".

(Además de las tres personas citadas, firman Javier Sicilia, Enrique Maza, Jorge Munguía Espitia, Ariel Dorfman, Efrén, Ignacio Solares, Raquel Tibol, Naranjo, Rocha, Jorge Volpi, Carlos Monsiváis, Gallut, Helguera, Javier Betancourt, Carlos Tello, Florence Toussaint, Ernesto Villanueva, Cristina Pacheco y José Emilio Pacheco).

La parcialidad del juez se evidencia de muchas maneras, pero hay una que no admite refutación. Se trata del procedimiento para fijar la indemnización. Las dos veces en que lo ha hecho el juez ha incurrido en la torpeza de establecer su monto a partir de dos errores. El primero consiste en que el Código Civil, a que se atuvo el juzgador, dispone que el monto de la indemnización se determine teniendo en cuenta "la situación económica del responsable y la de la víctima". El juez no averiguó cuál es en cada caso tal situación económica. Se limitó a calcular el ingreso que tuvo Proceso por la venta del número en que apareció la información cuestionada, simplonamente multiplicando el precio de portada con el total de ejemplares de circulación promedio, sin considerar que esa base es falsa porque ingreso no equivale a ganancia, pues de aquel deben descontarse los costos de producción y de distribución, amén de la consideración elemental de que ese número de Proceso no se vendió única y exclusivamente por contar con el material de la periodista Olga Wornat que encolerizó a la señora Sahagún.

Por añadidura, entre su primera sentencia y la segunda se produjo un hecho legislativo que el juzgador estaba obligado a tener presente. En mayo fue publicada la Ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal. Además de despenalizar la difamación, esa ley establece una base para calcular la indemnización que favorece a los demandados, por lo que se concreta el caso de la retroactividad beneficiosa. La sanción conforme a la nueva ley es 100 veces menor que la fijada por el juez.

Cajón de Sastre

La condena a muerte de Saddam Hussein es un invaluable regalo para el presidente Bush, en vísperas de las elecciones de mañana en que uno de los temas del debate ha sido el fracaso de la invasión a Iraq. La noticia podría mejorar la posición de los republicanos partidarios de aquella operación guerrera, uno de cuyos propósitos era derribar al gobernante que recibió ya sentencia en el primero de los procesos a que se enfrenta, éste por el asesinato de 148 chiitas, la corriente musulmana adversa a los sunitas, a que desde su laicismo pertenece Hussein. La elección de mañana significa también el banderazo de salida para la sucesión de Bush pues, entre otros acontecimientos significativos, implicará la reelección de Hillary Clinton como senadora por Nueva York. Es tal la distancia que la separa de su opositor republicano, que no está en duda si permanecerá en el Capitolio o no, sino por cuántos votos de diferencia. Una victoria aplastante la catapultará desde ahora para volver, por méritos propios, a la Casa Blanca.

Fundado hace 30 años en respuesta a un ataque de furia presidencial, el semanario de mayor influencia en el país enfrenta ahora una nueva muestra de esa intemperancia, vestida con un disfraz de legalidad y en aparente defensa de valores apreciados por todos

Al cumplir 30 años de edad -su primer número apareció el sábado 6 de noviembre de 1976-, el semanario Proceso está sentenciado a pagar a la señora Marta Sahagún de Fox 1 millón 958 mil 580 pesos y a publicar un extracto de la sentencia respectiva. Padecerá esa suerte jurídica, junto con la periodista Olga Wornat, si tras su apelación ante el Tribunal superior de justicia, iniciada el 26 de octubre, quedara firme esa decisión (y si la justicia federal no los amparara). Es probable que, al contrario, el tribunal de alzada enmiende la plana al juez 12 de lo civil en el Distrito Federal, Carlos Miguel Jiménez Mora. Ya lo hizo una vez, cuando el juzgador se negó a desahogar una prueba que había admitido y en abril pasado se apresuró a dictar sentencia, que quedó sin efectos por la decisión superior de revisar esa probanza. Por no haberlo hecho, además, el consejo local de la judicatura impuso a Jiménez Mora una multa de 20 días de su salario nominal. Es la quinta vez que ese juzgador ha sido sancionado. Una vez se le suspendió durante nueve meses (entre 1998 y 1999) mientras se desahogaba un procedimiento penal en su contra, pues se le acusó de un delito contra la administración de justicia. Las dos sentencias suscritas por Jiménez Mora muestran su parcialidad. La segunda sigue fielmente a la primera no obstante que debió matizar su criterio a la luz de la prueba que deliberadamente pasó por alto, y que no era nimia. Se trata de una declaración del presidente Fox, en que se ufana de las faldas de su esposa para iniciar esa demanda, y que indica a las claras que no era una ciudadana común y corriente la que acudía a los tribunales, sino la mitad de la pareja presidencial quien lo hacía. No es, por lo tanto, uno más de los episodios judiciales que se desahogan todos los días en los tribunales. Así lo aprecian 22 colaboradores de esa revista (entre los que se incluyen tres que lo son también de Reforma: Denise Dresser, Juan Villoro y yo mismo) que han suscrito un mensaje de solidaridad con el semanario, que dice así: "La sentencia judicial que impone a Proceso una sanción pecuniaria por cerca de dos millones de pesos y lo obliga a publicar un extracto de la misma como reparación del daño moral a la señora Marta Sahagún de Fox, constituye un atentado a la libertad de expresión. Lejos de ser muestra de aplicación imparcial del derecho, revela las fragilidades de un juzgador ante las presiones de la casa presidencial. "A lo largo de 30 años, Proceso ha practicado un periodismo que ensancha las capacidades de saber de la sociedad, sin traspasar los límites jurídicos de las libertades que hacen posible la comunicación. Por ello nunca hasta ahora había sido llevado ante los tribunales por ilícitos contra el buen nombre de las personas. "Desde el poder presidencial, explícitamente admitido, se ha fingido acudir a la justicia en defensa de una reputación. De lo que se trata en realidad es de una revancha ante la caudalosa información que nuestra revista ha ofrecido sobre las deficiencias, vicios y abusos del gobierno del presidente Fox y el papel que en esta administración ha desempeñado su esposa. "Por ello, los colaboradores de las diversas secciones de Proceso expresamos nuestra preocupación por el sentido y el alcance de aquella decisión judicial, dejamos establecido su verdadero origen y nos solidarizamos con un semanario que nació precisamente como respuesta a la intemperancia del poder presidencial". (Además de las tres personas citadas, firman Javier Sicilia, Enrique Maza, Jorge Munguía Espitia, Ariel Dorfman, Efrén, Ignacio Solares, Raquel Tibol, Naranjo, Rocha, Jorge Volpi, Carlos Monsiváis, Gallut, Helguera, Javier Betancourt, Carlos Tello, Florence Toussaint, Ernesto Villanueva, Cristina Pacheco y José Emilio Pacheco). La parcialidad del juez se evidencia de muchas maneras, pero hay una que no admite refutación. Se trata del procedimiento para fijar la indemnización. Las dos veces en que lo ha hecho el juez ha incurrido en la torpeza de establecer su monto a partir de dos errores. El primero consiste en que el Código Civil, a que se atuvo el juzgador, dispone que el monto de la indemnización se determine teniendo en cuenta "la situación económica del responsable y la de la víctima". El juez no averiguó cuál es en cada caso tal situación económica. Se limitó a calcular el ingreso que tuvo Proceso por la venta del número en que apareció la información cuestionada, simplonamente multiplicando el precio de portada con el total de ejemplares de circulación promedio, sin considerar que esa base es falsa porque ingreso no equivale a ganancia, pues de aquel deben descontarse los costos de producción y de distribución, amén de la consideración elemental de que ese número de Proceso no se vendió única y exclusivamente por contar con el material de la periodista Olga Wornat que encolerizó a la señora Sahagún. Por añadidura, entre su primera sentencia y la segunda se produjo un hecho legislativo que el juzgador estaba obligado a tener presente. En mayo fue publicada la Ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal. Además de despenalizar la difamación, esa ley establece una base para calcular la indemnización que favorece a los demandados, por lo que se concreta el caso de la retroactividad beneficiosa. La sanción conforme a la nueva ley es 100 veces menor que la fijada por el juez. Cajón de Sastre La condena a muerte de Saddam Hussein es un invaluable regalo para el presidente Bush, en vísperas de las elecciones de mañana en que uno de los temas del debate ha sido el fracaso de la invasión a Iraq. La noticia podría mejorar la posición de los republicanos partidarios de aquella operación guerrera, uno de cuyos propósitos era derribar al gobernante que recibió ya sentencia en el primero de los procesos a que se enfrenta, éste por el asesinato de 148 chiitas, la corriente musulmana adversa a los sunitas, a que desde su laicismo pertenece Hussein. La elección de mañana significa también el banderazo de salida para la sucesión de Bush pues, entre otros acontecimientos significativos, implicará la reelección de Hillary Clinton como senadora por Nueva York. Es tal la distancia que la separa de su opositor republicano, que no está en duda si permanecerá en el Capitolio o no, sino por cuántos votos de diferencia. Una victoria aplastante la catapultará desde ahora para volver, por méritos propios, a la Casa Blanca.