Un peligro para las empresas

Alejandro Gutiérrez

Notable por su denodada campaña mediática en la que se advertía a los electores sobre los peligros de votar por López Obrador, so pena de perder su empleo o su casa, la vida del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Luis Barraza, tiene sus paradojas. Aunque se dice promotor del empleo, él mismo protagonizó un litigio que llevó a inversionistas de Singapur a sacar sus capitales del país.

Como presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) encabezó una guerra de promocionales en las elecciones, uno de los cuales rezaba "México necesita empleos, México necesita empresas", con la irrefutable afinidad a la de Felipe Calderón -"candidato del empleo"-, pero en los hechos, paradójicamente, José Luis Barraza González ha contribuido a que un grupo de inversionistas de Singapur desista de asentarse en México.

En consonancia con la campaña panista que calificó a Andrés Manuel López Obrador como "un peligro para México", el CCE llamó a los mexicanos a votar por la "continuidad", a no caer en el riesgo "de perder su casa o su empleo".

Curiosamente, hace dos años Barraza emprendió un litigio contra la empresa Desarrollos Industriales de Chihuahua, S.A., cuyos planes para asentarse en México quedaron suspendidos, lo cual es contrario a su campaña mediática en la que pedía cuidar el empleo y la inversión.

En esta batalla contó con la asesoría legal del abogado Rubén Portillo Arroyo, del despacho Portillo, Jagou & Baeza Asociados, firma de la que es socio el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza. De hecho, es tan tersa la relación con el mandatario, que éste casó por el civil a la hija de Barraza, Lisa Fernanda.

El "empleado" Barraza demandó por despido injustificado a la empresa y al administrador único Lou Koon Keong, el 10 de junio de 2002, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de Chihuahua.

Su litigio laboral dio inicio cuando Barraza ya ocupaba la vicepresidencia nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el sindicato patronal más grande de México.

El 8 de abril de 2003, la presidenta de la JLCA, Carmen Gutiérrez Venzor, emitió su laudo favorable a Barraza, y el día 28 se notificó a los interesados y otorgó a la empresa un plazo de 72 horas para dar cumplimiento a ese laudo, es decir, el pago de más de 4.6 millones de pesos (más de 400 mil dólares de la época).

Sin embargo, la defensa de la empresa extranjera demandó el 15 de enero de 2004 a Barraza por "fraude procesal", luego de documentar las falsedades en que incurrió, al exigir "salarios no pagados" por sus jornadas de trabajo de 10 horas diarias, de lunes a sábado.

También argumentaba en su querella haber realizado labores de "vigilancia" del predio de la empresa, de 12 hectáreas, al norte de la ciudad de Chihuahua, donde pretendían construir un parque industrial -para el cual Barraza buscaría socios-, cerca de donde se levantan los principales consorcios maquiladores de la capital chihuahuense.

Las demandas de Barraza eran 16 mil dólares por tres meses de salario; 480 por prima de antigüedad; 7 mil correspondientes a los aguinaldos de 1998 a 2001; 875 de aguinaldo proporcional a 2002, y 3 mil 500 por vacaciones de 1999 a 2001.

También 544 dólares de vacaciones de 2002; 175 mil de salarios devengados y no pagados por la empresa del período del 1 de abril de 1998 al 30 de junio de 2002, a razón de 3 mil 500 dólares mensuales.

Palabra empeñada

Ingeniero mecánico administrador por el Tec de Monterrey, con estudios de posgrado en Londres, Inglaterra, y de alta dirección en el Instituto Panamericano de Alta Dirección (Ipade), Barraza también exigió 124 mil 659 dólares, equivalentes al pago de 3 mil 842 horas extras, de las cuales 926 las tasó en un sobreprecio de 200% por trabajar más de 11 horas diarias al servicio de la empresa.

Así mismo, argumentó que realizó viajes a Estados Unidos y Asia, aunque nunca precisó los lugares ni las fechas.

De acuerdo con los argumentos de la defensa de Desarrollos Industriales de Chihuahua, esta demanda resulta inconcebible en razón de que durante el mismo período que afirma haber tenido esa relación laboral, se desempeñó en diversos cargos de dirección empresarial.

Por ejemplo, primero fue consejero de Coparmex Chihuahua durante la presidencia de Sergio Armendáriz, luego ocupó la presidencia del organismo de abril de 1998 a 2000.

Durante su período al frente del empresariado local, Barraza encabezó un litigio con la iniciativa del gobernador Patricio Martínez García, quien propuso aumentar el pago del impuesto sobre la nómina, lo cual fue rechazado por grandes empresarios como Víctor Almeida (Interceramic) y Federico Terrazas (Cementos de Chihuahua), entre muchos otros.

El sector privado estalló cuando el gobernador Martínez envió una iniciativa de reformas al Código Fiscal del estado, cuyo fin era incrementar las tasas del gravamen de 2 a 3.5%.

El argumento empresarial iba en el sentido de que no se incrementara el impuesto para aumentar la recaudación, porque se corría el riesgo de ahuyentar las inversiones extranjeras.

De las 300 empresas que se ampararon contra ese impuesto propuesto por el mandatario, Interceramic fue la primera que se amparó y recibió el beneficio del reembolso de todas sus aportaciones.

Debido a este conflicto con la administración estatal, Barraza pasó mucho tiempo al frente de mesas de negociaciones, por lo cual la defensa de la empresa Desarrollos Industriales de Chihuahua documentó la inconsistencia de su argumentación en el litigio laboral.

Gracias a éste y otros ríspidos pleitos con el sindicato patronal, el gobernador Patricio Martínez llegó a declarar en 2002 que "Coparmex era un apéndice del PAN".

Por todo ello, en su defensa, la empresa demandada por Barraza documentó ampliamente las inconsistencias de su alegato. Era imposible que el querellante pudiera pasar tanto tiempo en dicha empresa para atender sus compromisos como líder patronal en la entidad.

En declaraciones a El Heraldo de Chihuahua, el 26 de junio de 2004, Verónica Ríos Córdova, representante legal de Desarrollos Industriales de Chihuahua, ya había apelado ante el Tribunal Colegiado para la revisión del laudo de la presidenta de la JLCA, Carmen Gutiérrez Venzor.

Así mismo, como ellos identificaban un "fraude procesal", "usurpación de profesiones", daño en propiedad ajena y despojo del inmueble, también intentaron formular una demanda ante Averiguaciones Previas, pero el caso fue archivado por considerar que no existían elementos para perseguir ese delito.

La defensora arguyó que las prestaciones que demandaba Barraza ya habían prescrito, pero de todos modos la autoridad laboral le dio la razón; o bien que no era empleado, sino socio.

La relación entre Barraza y la empresa dio inicio cuando el líder empresarial acompañó al entonces gobernador panista Francisco Barrio Terrazas a un viaje a China para atraer capitales al estado.

En su calidad de promotor de inversiones asiáticas, Barraza llegó a un acuerdo con empresarios de Singapur, para instalar una planta en Chihuahua, que es Desarrollos Industriales, para desarrollar un complejo industrial en un predio de 12 hectáreas cercano al kilómetro 11 de la carretera a Ciudad Juárez.

En el acta constitutiva, Barraza aparece como gerente general, pero por razón de la apertura de la sociedad anónima, "porque representaba un soporte del complejo para poder conformar la sociedad", dijo la defensa al periódico. En esta sociedad, la encomienda de Barraza era buscar nuevos socios.

Cuando en 2002 la empresa decidió vender el predio y notificó al dirigente empresarial, éste lo asumió como un "despido injustificado", y meses después inició su demanda.

En principio, su argumento fue que su jornada era de 10 horas al día, de lunes a sábado, y que vigilaba las instalaciones, lo que llevó a los asesores legales de la empresa a preguntarse cómo le hacía para atender su cargo, si estaba involucrado en actividades de la dirigencia patronal.

Una vez que la JLCA emitió su laudo y la empresa declaró no tener los recursos para cubrir la indemnización, Barraza embargó el predio para asegurar su pago, por lo que la empresa desistió de instalarse en México.

En ese ínterin, Barraza llegó a la presidencia de Coparmex nacional el 13 de febrero de 2003, y posteriormente a la presidencia del CCE en abril de 2004, cuando las siete organizaciones cúpula del organismo se pronunciaron por su candidatura de unidad.

El pago a Barraza se habría hecho el 10 de diciembre de 2004, con el cheque número 393 de Banorte.

Muchos de los actores en este conflicto laboral cambiaron de posiciones. El abogado de Barraza, Rubén Portillo, ganó la elección como director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Sorpresivamente, Portillo -compadre del gobernador Reyes Baeza- nombró como su secretaria a la expresidenta de la JLCA, Carmen Gutiérrez Venzor, quien emitió el laudo favorable a Barraza.

Contrariamente a su posición ante la iniciativa de Patricio Martínez, Barraza fue más blando en su posición ante la iniciativa del presidente Vicente Fox, de gravar con 4% de Impuesto al Valor Agregado (IVA) alimentos y medicinas.

Entonces criticó a los diputados: "Si ellos no quieren asumir el costo político, el sector privado, sí".

Siempre afín en sus declaraciones a la administración foxista, Barraza se sumó de lleno a la campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador, a quien Felipe Calderón calificó como un "espantachambas".

"Sencillamente estamos dando a conocer nuestras preocupaciones en un país donde hay libertad de expresión", alegó el líder empresarial, cuando el PRI y el PRD demandaban ante el Instituto Federal Electoral que se detuviera esa campaña mediática.

"Lo que el empresario intenta es evitar que se pongan en peligro más de 10 años de estabilidad macroeconómica que tanto esfuerzo nos ha costado a los mexicanos", dijo.

Familia preciosa

El papel de este empresario originario de Delicias, Chihuahua, en el ámbito del empresariado nacional le ha permitido codearse con los magnates del país. Primero viajó a Chihuahua con el multimillonario Carlos Slim para la firma del Pacto de Chapultepec.

Pero también el 15 de julio pasado demostró su poder de convocatoria cuando grandes empresarios acudieron a la boda de su hija Lisa Fernanda con el joven Marcelo Margáin Zambrano, entre ellos Emilio Azcárraga Jean, presidente y principal accionista de Televisa; Claudio X. González, presidente de Kimberly Clark México, quien fungió como asesor de Carlos Salinas durante su mandato; Valentín Díez Morodo, notable accionista de Cervecería Modelo, así como varios integrantes de la familia Vallina Lagüera, del llamado Grupo Chihuahua y banqueros en Estados Unidos.

Los recién casados también tuvieron un juez de lujo: el gobernador José Reyes Baeza, quien en su facultad de juez civil los declaró marido y mujer.

Esta boda ligó a José Luis Barraza con la familia del exbanquero Marcelo Margáin Berlanga, quien enfrentó procesos penales por la bancarrota del Banco de Oriente, el cual adquirió durante la etapa de desincorporación de la banca en el sexenio de Carlos Salinas.

En una página electrónica de los Legionarios de Cristo, aparece el nuevo yerno de Barraza, el ingeniero industrial Margáin Zambrano, originario de Monterrey, como miembro del movimiento legionario en Río de Janeiro, Brasil, quien ofreció su testimonio "De cara a la eternidad", donde explica que "me decidí a dar un año de mi vida a Dios".

Los registros periodísticos señalan que el Banco de Oriente, perteneciente a la familia Margáin, fue el primero en desaparecer e ingresar al Fobaproa. En esa época sus dueños, Ricardo y Marcelo Margáin Berlanga, eran "prófugos de la justicia por delito de fraude", escribió el columnista Félix Fuentes en El Universal, el 3 de mayo de 2003.

En su etapa más crítica, dicho banco buscó "capital fresco, y el empresario de la industria textil Kamel Nacif le tramitó un préstamo de 10 millones de dólares ante Banca Serfin", dice el columnista.

Esto fue posible gracias a que el Grupo Margen, del cual son propietarios los Margáin, otorgó garantía mediante obligaciones por 200 millones de pesos.

Pero incumplieron dicho compromiso, el cual tuvo que afrontar Kamel Nacif.

Pero esa no fue la única relación con el polémico empresario Kamel Nacif -el mismo del escándalo del góber precioso-, sino que éste posee cientos de hectáreas de terrenos de alto valor situados en zonas ecológicas en Querétaro y que fueron adquiridos mediante diversos socios, entre ellos Marcelo Margáin Berlanga (Proceso 1532).

La periodista Lydia Cacho declaró que los mismos agentes judiciales que la detuvieron en Cancún, Quintana Roo, el 16 de diciembre de 2005, participaron en una acción similar a pedido de Kamel Nacif, cuando pretendieron capturar a Margáin Berlanga, dos años antes en Monterrey, (La Jornada de Oriente, 26 de junio de 2006).

Marcelo Margáin es familiar de Ricardo Margáin Zozaya, quien fue presidente del Consejo Consultivo del Grupo Monterrey, y en 1973, durante las exequias del industrial Eugenio Garza Sada, leyó el crudo discurso que modificó la relación del empresariado neoleonés con el presidente Luis Echeverría, cuyo estilo populista se ha pretendido achacar a López Obrador en la polémica elección de 2006