En 1995 el Congreso aprobó modificaciones a la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público y a la Ley General de Deuda Pública a fin de introducir en las finanzas públicas los denominados Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo, los cuales se financiarían con Pidiregas (Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto).
En principio a este esquema se le veían ciertas ventajas:
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El gasto de la inversión inicial no tendría un impacto inmediato en las finanzas gubernamentales, es decir en el gasto público, en virtud de que el fondeo de dichos proyectos se realizaría con recursos aportados por el desarrollador o contratista del proyecto y se amortizaría con los ingresos futuros que al gobierno le generaría la operación de la obra construida.
Lo anterior permitía destinar recursos fiscales a sectores de menor rentabilidad pero con un alto impacto social.
Debido a la restricción en el gasto público que imponía la meta de reducir el alto déficit fiscal heredado de la administración de Carlos Salinas, las inversiones en el sector energético, las cuales eran las más urgentes (principalmente en el sector petrolero) fueron las que mayor deuda de Pidiregas ocuparon.
De acuerdo con el marco jurídico vigente, las obligaciones surgidas de estos proyectos cuentan con la garantía del Gobierno Federal en virtud de que han sido aprobados por el Congreso de la Unión, por lo que si dichos proyectos no fueran suficientes para cubrir la deuda, ésta se liquidaría con recursos fiscales.
La deuda así no tiene nada de contingente. Por ello en los Presupuestos de Egresos de 2004 y 2005 se incluyó un costo financiero por 18 y 21 mil millones de pesos respectivamente para la amortización de esos proyectos.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005, la inversión que se generará mediante los Pidiregas sería de $144 mil 357 millones de pesos en adición a la inversión financiada con nuestros propios recursos. Por otra parte, se amortizarán $50 mil 310 millones de pesos de amortizaciones y costos financieros de proyectos realizados anteriormente.
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Debemos resaltar que el costo del servicio de la deuda por Pidiregas ha involucrado con frecuencia costos mucho más altos que los costos de la deuda soberana, en virtud de que aun con la garantía del gobierno federal los proyectos involucran cierto grado de riesgo desde el punto de vista de los acreedores.
Siendo que estos costos son más altos y que Pemex contribuye la mayor parte de sus ingresos al erario, consideramos que desde el punto de vista económico no es conveniente mantener esta deuda separada de la deuda del Estado. Pemex y la CFE son empresas del estado y su deuda debe ser tratada como deuda del Estado.
Aunque hay que decir que al proponer esto se vuelve bastante peligrosa la cosa ya que hay antecedentes de que Szhlumberger a patrocinado golpes de estado por menos que esto, y si se revisa hoy sus negocios se vera que de de cada dolar que invierte se lleva la pirrica cantidad de 70 centavos de ese dolar como ganacia. INFORMACION DEL PROYECTO BURGOS IV EN UNA ALIANZA CON PEMEX ahora imaginen su contrato donde ellos son amos y señores
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