Miguel Angel granados Chapa... EL NORTE
Crece por minutos la tensión, a ratos surcada de violencia, entre el magisterio oaxaqueño y el Gobierno de la entidad, generada por un problema de salarios, pero acrecentada por la escalada de las acciones sindicales y la desdeñosa reticencia gubernamental.
El magisterio oaxaqueño -70 mil miembros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación- está en paro desde el 22 de mayo, en demanda de mejorías salariales y por lo tanto no tienen clases un millón 300 mil alumnos. Para presionar al renuente gobierno estatal a atender sus demandas, ha realizado no sólo movilizaciones masivas, como la de ayer miércoles, sino que ha bloqueado el acceso a instalaciones federales -como el aeropuerto internacional, el jueves pasado- y locales, como la sede legislativa, que fue asaltada según denunciaron diputados. Grupos de maestros destruyeron parquímetros en el centro de la capital, donde se asientan en un plantón que cubre 50 calles. Ésas y otras acciones han suscitado el comienzo de 36 averiguaciones previas que pueden desembocar en órdenes de aprehensión. Y hay noticias de que mil 500 agentes de la Policía Federal Preventiva llegados del estado de México y acuartelados en Tlacolula, se disponen a desalojar a los paristas, para satisfacer demandas de los prestadores de servicios turísticos de la zona, que han resentido pérdidas millonarias y a pedido del gobierno estatal.
La petición principal de los maestros, que forman parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), es la rezonificación, es decir, que se les otorguen remuneraciones correspondientes a zona de vida cara. Según los dirigentes magisteriales, eso implica una inversión de mil 400 millones de pesos, de los que la organización propone absorber casi la mitad, 680 millones. El resto correspondería erogarlo a los gobiernos federal y estatal. El primero se ha manifestado ajeno al problema y no ha dicho nada sobre su eventual aportación. La autoridad estatal aduce que ya aportó en los dos años recientes para ese propósito 190 millones de pesos y ofrece 60 más para este año, lo que insatisface por completo a la sección 22.
La demanda de rezonificar se presentó una vez concluida la revisión salarial, que concluyó con un incremento de 5.5 por ciento directo al salario y 1.5 por ciento en prestaciones. La nueva exigencia fue materia de negociación en que intervino directamente el gobernador Ulises Ruiz, pero la mesa de diálogo dejó de funcionar cuando los maestros se aprestaron al plantón que es ya una práctica tradicional. Se inició entonces una escalada en que el magisterio ha acudido a la acción directa a la que el gobierno estatal responde tratando de aislar a los paristas y constituyendo un frente común contra ellos.
De ese modo, hizo que los diputados priistas promovieran en la legislatura local un punto de acuerdo cuya médula es el pedido a "los órganos de seguridad pública nacional" para que "en el ámbito de su competencia, procedan sin dilación a desalojar las vías públicas y las instalaciones federales, estableciendo la protección que impida futuros atentados". En respuesta, grupos de maestros se introdujeron en el recinto legislativo. Dicen legisladores que causaron destrozos y aun se apoderaron de enseres de oficina, como escritorios y computadoras, acción que los docentes niegan, pero que a decir de las presuntas víctimas quedó registrada en las grabaciones del servicio de vigilancia.
Igualmente el Gobernador indujo a los alcaldes, 310 de filiación priista, a que insten a los paristas a volver a clases, y a integrarse en una Coordinadora estatal a favor de la educación que presione en los municipios por el retorno a las aulas. A ese frente político se agregaron las peticiones empresariales, de quienes consideran dañados sus negocios por la movilización magisterial, que a juicio de hoteleros y restauranteros causó pérdidas en los primeros 12 días del plantón por 48 millones de pesos. (Grupos de comerciantes del centro, sin embargo, que han tenido problemas con el gobierno local han expresado apoyo a los paristas). Igualmente se ha hecho que la Asociación de padres de familia, que como en otras entidades carece de representatividad pues la organizan desde arriba autoridades educativas, urja a los profesores a cesar su movilización.
El 3 de junio, el Gobernador expidió un ultimátum a los maestros para que volvieran a clases el lunes pasado, pero los destinatarios del mensaje lo desatendieron. Para esa eventualidad el llamado incluyó la amenaza de descontar los pagos de los días no trabajados y dejar constancia de sus faltas en actas administrativas. Los paristas no parecen preocupados por la amenaza, pues la consideran inaplicable jurídicamente. El Instituto Estatal de Educación de Oaxaca, que es su empleador, es un organismo descentralizado sobre el cual el gobernador no tiene autoridad formal, por lo que sus instrucciones carecen de valor. Las actas administrativas que permitirían tramitar sanciones por abandono de empleo no pueden tampoco ser elaboradas porque el personal indicado a ese propósito en las condiciones generales de trabajo está sumado también al paro.
Siendo grave de suyo el conflicto magisterial, a su alrededor están reagrupándose porciones de la sociedad civil, principalmente comunidades indígenas, que resienten la acción u omisión del gobierno que asumió sus tareas el 1o. de diciembre de 2004. De entonces a ahora, para sólo mencionar uno de los campos minados de la situación oaxaqueña, se cuentan 18 asesinatos políticos, en que las víctimas pertenecen a diversos partidos u organizaciones civiles. Por ello está gestándose un Frente común de resistencia y en defensa de los derechos humanos.
Cajón de Sastre
Falleció Ollin Alexis Benhumea, joven estudiante de economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es la segunda persona muerta en relación con el conflicto de Atenco. El 3 de mayo murió Javier Cortés, un muchacho de 14 años que pareció, en un primer momento, víctima de un azar infortunado, el de haber salido de su casa en un momento y por un camino inoportunos. Luego se ha dicho que no fue un balazo, sino varios, lo que causó su muerte y que éstos fueron disparados tan de cerca que denotan la intención de privarlo de la vida. Es preciso que eso se dilucide. Pero lo que no ofrece duda es la causa de la muerte de Benhumea: hacia las 8 de la mañana del 4 de mayo, en una de las oleadas del ataque de policías estatales y federales, una bomba de gas lacrimógeno lo golpeó y le provocó un traumatismo craneano que sólo hacia las 16 horas pudo ser atendido, por el virtual estado de sitio en que quedó Atenco ese día. Pasó, pues, un mes entero inconsciente y ahora ha muerto como clara víctima del embate policiaco.
Correo electrónico: libraria@prodigy.net.mx
Crece por minutos la tensión, a ratos surcada de violencia, entre el magisterio oaxaqueño y el Gobierno de la entidad, generada por un problema de salarios, pero acrecentada por la escalada de las acciones sindicales y la desdeñosa reticencia gubernamental.
El magisterio oaxaqueño -70 mil miembros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación- está en paro desde el 22 de mayo, en demanda de mejorías salariales y por lo tanto no tienen clases un millón 300 mil alumnos. Para presionar al renuente gobierno estatal a atender sus demandas, ha realizado no sólo movilizaciones masivas, como la de ayer miércoles, sino que ha bloqueado el acceso a instalaciones federales -como el aeropuerto internacional, el jueves pasado- y locales, como la sede legislativa, que fue asaltada según denunciaron diputados. Grupos de maestros destruyeron parquímetros en el centro de la capital, donde se asientan en un plantón que cubre 50 calles. Ésas y otras acciones han suscitado el comienzo de 36 averiguaciones previas que pueden desembocar en órdenes de aprehensión. Y hay noticias de que mil 500 agentes de la Policía Federal Preventiva llegados del estado de México y acuartelados en Tlacolula, se disponen a desalojar a los paristas, para satisfacer demandas de los prestadores de servicios turísticos de la zona, que han resentido pérdidas millonarias y a pedido del gobierno estatal.
La petición principal de los maestros, que forman parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), es la rezonificación, es decir, que se les otorguen remuneraciones correspondientes a zona de vida cara. Según los dirigentes magisteriales, eso implica una inversión de mil 400 millones de pesos, de los que la organización propone absorber casi la mitad, 680 millones. El resto correspondería erogarlo a los gobiernos federal y estatal. El primero se ha manifestado ajeno al problema y no ha dicho nada sobre su eventual aportación. La autoridad estatal aduce que ya aportó en los dos años recientes para ese propósito 190 millones de pesos y ofrece 60 más para este año, lo que insatisface por completo a la sección 22.
La demanda de rezonificar se presentó una vez concluida la revisión salarial, que concluyó con un incremento de 5.5 por ciento directo al salario y 1.5 por ciento en prestaciones. La nueva exigencia fue materia de negociación en que intervino directamente el gobernador Ulises Ruiz, pero la mesa de diálogo dejó de funcionar cuando los maestros se aprestaron al plantón que es ya una práctica tradicional. Se inició entonces una escalada en que el magisterio ha acudido a la acción directa a la que el gobierno estatal responde tratando de aislar a los paristas y constituyendo un frente común contra ellos.
De ese modo, hizo que los diputados priistas promovieran en la legislatura local un punto de acuerdo cuya médula es el pedido a "los órganos de seguridad pública nacional" para que "en el ámbito de su competencia, procedan sin dilación a desalojar las vías públicas y las instalaciones federales, estableciendo la protección que impida futuros atentados". En respuesta, grupos de maestros se introdujeron en el recinto legislativo. Dicen legisladores que causaron destrozos y aun se apoderaron de enseres de oficina, como escritorios y computadoras, acción que los docentes niegan, pero que a decir de las presuntas víctimas quedó registrada en las grabaciones del servicio de vigilancia.
Igualmente el Gobernador indujo a los alcaldes, 310 de filiación priista, a que insten a los paristas a volver a clases, y a integrarse en una Coordinadora estatal a favor de la educación que presione en los municipios por el retorno a las aulas. A ese frente político se agregaron las peticiones empresariales, de quienes consideran dañados sus negocios por la movilización magisterial, que a juicio de hoteleros y restauranteros causó pérdidas en los primeros 12 días del plantón por 48 millones de pesos. (Grupos de comerciantes del centro, sin embargo, que han tenido problemas con el gobierno local han expresado apoyo a los paristas). Igualmente se ha hecho que la Asociación de padres de familia, que como en otras entidades carece de representatividad pues la organizan desde arriba autoridades educativas, urja a los profesores a cesar su movilización.
El 3 de junio, el Gobernador expidió un ultimátum a los maestros para que volvieran a clases el lunes pasado, pero los destinatarios del mensaje lo desatendieron. Para esa eventualidad el llamado incluyó la amenaza de descontar los pagos de los días no trabajados y dejar constancia de sus faltas en actas administrativas. Los paristas no parecen preocupados por la amenaza, pues la consideran inaplicable jurídicamente. El Instituto Estatal de Educación de Oaxaca, que es su empleador, es un organismo descentralizado sobre el cual el gobernador no tiene autoridad formal, por lo que sus instrucciones carecen de valor. Las actas administrativas que permitirían tramitar sanciones por abandono de empleo no pueden tampoco ser elaboradas porque el personal indicado a ese propósito en las condiciones generales de trabajo está sumado también al paro.
Siendo grave de suyo el conflicto magisterial, a su alrededor están reagrupándose porciones de la sociedad civil, principalmente comunidades indígenas, que resienten la acción u omisión del gobierno que asumió sus tareas el 1o. de diciembre de 2004. De entonces a ahora, para sólo mencionar uno de los campos minados de la situación oaxaqueña, se cuentan 18 asesinatos políticos, en que las víctimas pertenecen a diversos partidos u organizaciones civiles. Por ello está gestándose un Frente común de resistencia y en defensa de los derechos humanos.
Cajón de Sastre
Falleció Ollin Alexis Benhumea, joven estudiante de economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es la segunda persona muerta en relación con el conflicto de Atenco. El 3 de mayo murió Javier Cortés, un muchacho de 14 años que pareció, en un primer momento, víctima de un azar infortunado, el de haber salido de su casa en un momento y por un camino inoportunos. Luego se ha dicho que no fue un balazo, sino varios, lo que causó su muerte y que éstos fueron disparados tan de cerca que denotan la intención de privarlo de la vida. Es preciso que eso se dilucide. Pero lo que no ofrece duda es la causa de la muerte de Benhumea: hacia las 8 de la mañana del 4 de mayo, en una de las oleadas del ataque de policías estatales y federales, una bomba de gas lacrimógeno lo golpeó y le provocó un traumatismo craneano que sólo hacia las 16 horas pudo ser atendido, por el virtual estado de sitio en que quedó Atenco ese día. Pasó, pues, un mes entero inconsciente y ahora ha muerto como clara víctima del embate policiaco.
Correo electrónico: libraria@prodigy.net.mx
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