La transparencia no puede ser vista tan sólo como un aparador limpio y sin cortinas que en forma hermética protege los asuntos públicos, sino como una ventana abierta, accesible y en constante interacción que sirve como medio para el combate a la ilegalidad y la ineficiencia. La voluntad por transparentar el quehacer público siempre debe ir acompañada de una actitud proactiva de los servidores públicos y los representantes electos por la ciudadanía. Ello implica que la transparencia debe incorporar un esfuerzo de las autoridades para rendir cuentas, brindar información y, en muchos casos, traducir esa misma información a los ciudadanos con objeto de que tengan los suficientes elementos de juicio para evaluar el desempeño público e institucional.
Nuestras autoridades electorales están bajo una responsabilidad mayor, ya que están a cargo de custodiar el fundamento más elemental de nuestro sistema político: la expresión de la voluntad popular por medio del sufragio universal.
El diseño institucional del IFE ha hecho de esta institución una de las más transparentes y abiertas a la sociedad del Estado mexicano. Todas las sesiones del Consejo General son abiertas al público, los Consejos Locales y los Consejos Distritales están integrados por destacadas figuras de la sociedad civil y las casillas electorales son administradas y vigiladas por los mismos ciudadanos. Pero estas virtudes, en términos del diseño institucional, no garantizan en forma automática un funcionamiento transparente y abierto de la autoridad electoral en su conjunto. Hay muchos temas que no se abordan públicamente en el Consejo General y acerca de los cuales los consejeros locales, por ni siquiera mencionar a los funcionarios de casilla, nunca se llegan a enterar.
En última instancia, la voluntad política de los funcionarios del IFE y de los integrantes del Consejo General es la que determina la cantidad y la calidad de la información a la que realmente los ciudadanos podemos tener acceso. Desafortunadamente, el reciente comportamiento de los cuerpos directivos del IFE en el área del acceso a la información pública y la transparencia ha sido lamentable.
Los sistemas de conteo rápido, las encuestas de salida y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) fueron pensados como mecanismos que, en su conjunto, ayudarían a transparentar el conteo electoral. En anteriores elecciones estos mecanismos han dado certeza al cómputo de los sufragios y han contribuido a generar confianza entre los electores. Han funcionado como el mástil al que, en su batalla electoral, el Ulises ciudadanizado se ata con fuerza para no dejarse llevar por el canto de sirenas del fraude electoral. Desafortunadamente, en esta ocasión tanto el conteo rápido como el PREP sirvieron más para confundir a la población que para orientarla, y en lugar de prevenir el fraude generaron incertidumbre sobre los resultados de la jornada electoral.
El tan esperado anuncio de los resultados del conteo rápido la noche del 2 de julio no solamente decepcionó a los ciudadanos al no ofrecer con claridad el nombre del candidato que en ese momento iba a la cabeza, sino también por la total ausencia de información mínima que el consejero presidente debió ofrecer en ese momento. Entre otra información fundamental, no se dieron los nombres ni los currículos de los miembros del comité técnico; no se explicaron las razones por las cuales no se había podido recolectar toda la información de las casillas seleccionadas y tampoco se informó sobre los resultados que seguramente el conteo rápido había arrojado para esas horas, respecto de las totalidad de las fuerzas políticas contendientes o en cuanto al nivel de participación ciudadana en la jornada electoral. Como se señaló posteriormente, en esos momentos no existía base para dar a conocer un ganador, pero ello no justifica el hecho de que no se anunciara ni la tasa de participación ciudadana ni la eliminación virtual de tres de los cinco contendientes en los mensajes del presidente del IFE. La noche de la jornada electoral miles de ciudadanos se quedaron esperando en vano la información que les ayudara a entender mejor el proceso electoral.
Paradójicamente, para todos los televidentes resultó claro que por lo menos había alguien que sí estaba bien informado sobre los acontecimientos del día: el presidente Vicente Fox. Después del mensaje de Luis Carlos Ugalde se proyectó un mensaje grabado del presidente de la República en el cual es evidente que él sabía lo que el IFE anunciaría. Ello desde luego pone en duda la autonomía del IFE, pues en lugar de rendir cuentas a la ciudadanía, rindió cuentas al presidente Fox, tal como en los añejos tiempos de aquella Comisión Federal Electoral subordinada al Poder Ejecutivo.
El PREP también fue manejado con una gran torpeza. La ciudadanía no fue informada respecto de los más de 2.5 millones de votos de las 11 mil 184 actas encapsuladas en la “base de datos de inconsistencias”. Estos votos no fueron incluidos en el conteo del PREP aunque, en forma inadecuada, sí fueron incluidos en el conteo del porcentaje final reportado. A los ciudadanos tampoco se les permitió observar directamente el proceso de captura de los datos ni hubo información sobre los procedimientos utilizados para decidir el orden de captura de las actas. Peor aún, los consejeros electorales alentaron activamente la idea de que el PREP representaba una fotografía fiel de los resultados de las elecciones. No fue sino hasta que el candidato de la coalición por el Bien de Todos reveló la existencia de las actas guardadas, que el IFE aceptó su existencia y divulgó su contenido.
La negativa de la autoridad electoral para abrir todos los paquetes electorales que sean necesarios para asegurar la certeza de la jornada electoral es otro indicador de la falta de una actitud proactiva en materia de transparencia. El consejero presidente ha afirmado que “la obligación del IFE es dar plena certeza” al cómputo de los votos, y que tal certeza “sólo puede provenir del estricto cumplimiento de lo que señala la ley”. Pero “la ley” no es una cosa inamovible. Siempre hay múltiples interpretaciones válidas de la norma. En todo caso, lo único que sí debe estar por encima de la ley son los principios de certeza, imparcialidad y objetividad del proceso electoral, incluidos en nuestra Constitución.
La marcada ausencia de un debate público y plural entre los integrantes del Consejo General es otro indicador preocupante del déficit en materia de transparencia. Ya desde la época del Consejo General anterior se celebraban sesiones de “preconsejo”, a puerta cerrada, para limar cualquier aspereza entre los consejeros y con objeto de llegar a las sesiones públicas con una agenda homogénea. Sin embargo, pareciera ser que hoy la “construcción de consensos” al interior el Consejo General ha superado por mucho las prácticas anteriores. Pareciera ser que hoy por la voz del consejero presidente se expresara el Consejo General en su conjunto. Los debates animados y democráticos del Consejo General de 1996-2003 se han quedado para la historia. Hoy la autoridad se encuentra centralizada en la figura del consejero presidente y el proceso deliberativo se ha quedado en la opacidad.
La transparencia debe ser un principio rector del proceso electoral. Todos los ciudadanos deben exigirla, promoverla y defenderla, pero las autoridades electorales tienen una doble responsabilidad en el auspicio activo de la misma transparencia. Es necesario impulsar reformas adicionales que transparenten el funcionamiento de los organismos electorales. El vicio de origen de los consejeros actuales no debe limitar su compromiso proactivo con la democracia y la transparencia. l
* Investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Transparencia y la Corrupción de la UNAM.
Nuestras autoridades electorales están bajo una responsabilidad mayor, ya que están a cargo de custodiar el fundamento más elemental de nuestro sistema político: la expresión de la voluntad popular por medio del sufragio universal.
El diseño institucional del IFE ha hecho de esta institución una de las más transparentes y abiertas a la sociedad del Estado mexicano. Todas las sesiones del Consejo General son abiertas al público, los Consejos Locales y los Consejos Distritales están integrados por destacadas figuras de la sociedad civil y las casillas electorales son administradas y vigiladas por los mismos ciudadanos. Pero estas virtudes, en términos del diseño institucional, no garantizan en forma automática un funcionamiento transparente y abierto de la autoridad electoral en su conjunto. Hay muchos temas que no se abordan públicamente en el Consejo General y acerca de los cuales los consejeros locales, por ni siquiera mencionar a los funcionarios de casilla, nunca se llegan a enterar.
En última instancia, la voluntad política de los funcionarios del IFE y de los integrantes del Consejo General es la que determina la cantidad y la calidad de la información a la que realmente los ciudadanos podemos tener acceso. Desafortunadamente, el reciente comportamiento de los cuerpos directivos del IFE en el área del acceso a la información pública y la transparencia ha sido lamentable.
Los sistemas de conteo rápido, las encuestas de salida y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) fueron pensados como mecanismos que, en su conjunto, ayudarían a transparentar el conteo electoral. En anteriores elecciones estos mecanismos han dado certeza al cómputo de los sufragios y han contribuido a generar confianza entre los electores. Han funcionado como el mástil al que, en su batalla electoral, el Ulises ciudadanizado se ata con fuerza para no dejarse llevar por el canto de sirenas del fraude electoral. Desafortunadamente, en esta ocasión tanto el conteo rápido como el PREP sirvieron más para confundir a la población que para orientarla, y en lugar de prevenir el fraude generaron incertidumbre sobre los resultados de la jornada electoral.
El tan esperado anuncio de los resultados del conteo rápido la noche del 2 de julio no solamente decepcionó a los ciudadanos al no ofrecer con claridad el nombre del candidato que en ese momento iba a la cabeza, sino también por la total ausencia de información mínima que el consejero presidente debió ofrecer en ese momento. Entre otra información fundamental, no se dieron los nombres ni los currículos de los miembros del comité técnico; no se explicaron las razones por las cuales no se había podido recolectar toda la información de las casillas seleccionadas y tampoco se informó sobre los resultados que seguramente el conteo rápido había arrojado para esas horas, respecto de las totalidad de las fuerzas políticas contendientes o en cuanto al nivel de participación ciudadana en la jornada electoral. Como se señaló posteriormente, en esos momentos no existía base para dar a conocer un ganador, pero ello no justifica el hecho de que no se anunciara ni la tasa de participación ciudadana ni la eliminación virtual de tres de los cinco contendientes en los mensajes del presidente del IFE. La noche de la jornada electoral miles de ciudadanos se quedaron esperando en vano la información que les ayudara a entender mejor el proceso electoral.
Paradójicamente, para todos los televidentes resultó claro que por lo menos había alguien que sí estaba bien informado sobre los acontecimientos del día: el presidente Vicente Fox. Después del mensaje de Luis Carlos Ugalde se proyectó un mensaje grabado del presidente de la República en el cual es evidente que él sabía lo que el IFE anunciaría. Ello desde luego pone en duda la autonomía del IFE, pues en lugar de rendir cuentas a la ciudadanía, rindió cuentas al presidente Fox, tal como en los añejos tiempos de aquella Comisión Federal Electoral subordinada al Poder Ejecutivo.
El PREP también fue manejado con una gran torpeza. La ciudadanía no fue informada respecto de los más de 2.5 millones de votos de las 11 mil 184 actas encapsuladas en la “base de datos de inconsistencias”. Estos votos no fueron incluidos en el conteo del PREP aunque, en forma inadecuada, sí fueron incluidos en el conteo del porcentaje final reportado. A los ciudadanos tampoco se les permitió observar directamente el proceso de captura de los datos ni hubo información sobre los procedimientos utilizados para decidir el orden de captura de las actas. Peor aún, los consejeros electorales alentaron activamente la idea de que el PREP representaba una fotografía fiel de los resultados de las elecciones. No fue sino hasta que el candidato de la coalición por el Bien de Todos reveló la existencia de las actas guardadas, que el IFE aceptó su existencia y divulgó su contenido.
La negativa de la autoridad electoral para abrir todos los paquetes electorales que sean necesarios para asegurar la certeza de la jornada electoral es otro indicador de la falta de una actitud proactiva en materia de transparencia. El consejero presidente ha afirmado que “la obligación del IFE es dar plena certeza” al cómputo de los votos, y que tal certeza “sólo puede provenir del estricto cumplimiento de lo que señala la ley”. Pero “la ley” no es una cosa inamovible. Siempre hay múltiples interpretaciones válidas de la norma. En todo caso, lo único que sí debe estar por encima de la ley son los principios de certeza, imparcialidad y objetividad del proceso electoral, incluidos en nuestra Constitución.
La marcada ausencia de un debate público y plural entre los integrantes del Consejo General es otro indicador preocupante del déficit en materia de transparencia. Ya desde la época del Consejo General anterior se celebraban sesiones de “preconsejo”, a puerta cerrada, para limar cualquier aspereza entre los consejeros y con objeto de llegar a las sesiones públicas con una agenda homogénea. Sin embargo, pareciera ser que hoy la “construcción de consensos” al interior el Consejo General ha superado por mucho las prácticas anteriores. Pareciera ser que hoy por la voz del consejero presidente se expresara el Consejo General en su conjunto. Los debates animados y democráticos del Consejo General de 1996-2003 se han quedado para la historia. Hoy la autoridad se encuentra centralizada en la figura del consejero presidente y el proceso deliberativo se ha quedado en la opacidad.
La transparencia debe ser un principio rector del proceso electoral. Todos los ciudadanos deben exigirla, promoverla y defenderla, pero las autoridades electorales tienen una doble responsabilidad en el auspicio activo de la misma transparencia. Es necesario impulsar reformas adicionales que transparenten el funcionamiento de los organismos electorales. El vicio de origen de los consejeros actuales no debe limitar su compromiso proactivo con la democracia y la transparencia. l
* Investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Transparencia y la Corrupción de la UNAM.
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