LA LUCHA SIGUE Y SGUE
viernes, agosto 04, 2006
Ricardo Omaña Una Columna www.elnorte.com.mx
EL Trife no cederá a los chantajes políticos, ha dicho Felipe Calderón. Cuidado, eso dijeron en su momento Pinochet, Somoza, Batista y Porfirio Díaz. ¿Qué caso tienen los retos y las provocaciones?...
EL octogenario Fidel Castro está muy enfermo. Ha dejado el poder en manos de su septuagenario hermano Raúl. Los años son más devastadores que todo el poderío bélico y el sabotaje comercial de Estados Unidos...LÓPEZ Obrador le recordó a Fox los tiempos en que el ahora Presidente bloqueó carreteras y tomó el aeropuerto de Guanajuato, en su pasado activismo político. O sea, "cállate, chachalaca"...
Megafraude vs megaplantón Gustavo uriegas
La ocupación del Paseo de la Reforma es mucho más que una molestia para los automovilistas que suelen usar nuestra vía más elegante. Es una prueba de fuerza. Dicho más coloquialmente, se trata de jugar unas vencidas entre la oligarquía, pequeña y poderosa, y el pueblo pobre, cuantioso y resistente. Muy resistente.
A esta situación se ha llegado por un proceso progresivo de abuso y desprecio de la legalidad y de la democracia por parte de la coalición fáctica y clasista de gobierno, partido, dinero y prensa. Fracasaron los juicios multimillonarios de indemnización a falsos terratenientes; se montó el infame proceso del desafuero; se lanzaron las campañas sucias y mentirosas apoyadas ilegalmente desde el Ejecutivo y los sectores empresariales; se utilizó a tránsfugas del PRI expertos en operaciones electorales tramposas; se intentó falsear las cuentas de las casillas y de los distritos, y se utilizó el aparato del IFE para inducir un resultado alterado en la cuenta de los votos. Cada uno de estos intentos fue desmontado y derrotado con el arma formidable de la movilización popular.
Ahora el asunto ha llegado a los pasos finales del proceso regular. El tribunal electoral ya no puede simplemente sancionar lo dicho por el IFE, como podría haber sido si esa institución hubiera actuado con la eficacia y la transparencia necesarias; ahora debe resolver el grave problema nacional que resulta de los dudosos resultados de las cuentas y de la certidumbre de que la sociedad está dividida en dos partes irreconciliables y que, de acuerdo con los preceptos de la democracia, una debe aceptar ser gobernada por la otra.
Ese es el grave problema que le toca resolver al tribunal. Sus integrantes necesariamente sienten la enorme presión de la responsabilidad histórica. Sin embargo, más allá de eso, el tribunal no es presionable. No por movilizaciones populares ni por gestiones personales o chantajes o amenazas. Ni la condición de los magistrados ni su integración colegiada lo permiten.
Así, la movilización popular no está orientada a forzar una decisión de los miembros del tribunal que no tomarían de otra manera, pero sí a demostrar que la magnitud del movimiento hace necesario e inevitable que el veredicto se sustente en la transparencia absoluta, general e incuestionable del escrutinio. En ello descansa la gobernabilidad de México. No solamente la gobernabilidad negociable de las mayorías en el Congreso, sino la gobernabilidad en su significado profundo de paz social.
Esta comprometida situación no parece haberse comprendido y la presencia popular en la calle se asume como una insolencia que ha desbordado la irritación y la imaginación de los dueños de los medios informativos comerciales y de sus personeros, a su vez movilizados para escandalizar a nuestra encantadora y pequeña burguesía porque ha sido invadido su Paseo.
Piensan que el mismo alegato con que azuzan a la parte cursilona de la clase media sirve para indignar a los que se mueven en el Metro o en los peligrosos microbuses; niegan el derecho a sentarse en ese pavimento a los desempleados y a los que solamente admiten ahí si limpian sus parabrisas o venden al por menor productos chinos contrabandeados al por mayor por los grandes comerciantes. Pero ni por asomo consideran bajarse de sus autos o incursionar en los barrios pobres, o en viajar en el Metro o en microbús. Eso no es para ellos.
Olvidan que hace unas semanas se produjo la quinta ocasión (68, 85, 88, 2005 y las campañas de 2006) en que el pueblo de México superó la campaña propagandística utilizada para mediatizar su opinión y su actitud frente a los abusos del poder. El pueblo no puede, todavía, silenciar las campañas histéricas en la radio, la televisión y en los periódicos, pero ya no las escucha. Ahora se hace escuchar. Y toma el Paseo de la Reforma.
A la clase media pensante se le ha llamado renegada, y a veces lo es, no de su clase, sino de su compromiso. Sería comprensible la inconformidad con la ocupación del Paseo de la Reforma si se tratara de una acción aislada y voluntariosa, pero no es el caso. Es una respuesta a una agresión infinitamente más seria y trascendente; la que se hace sobre la voluntad popular y que, de permitirse, redundaría en la anulación de la democracia y la perturbación de nuestra convivencia.
Solamente se perciben dos circunstancias que llevarían a la desocupación del Paseo de la Reforma: que el conflicto se haya dirimido a cabalidad y legalmente, o que la toma callejera sea sustituida por formas superiores de resistencia popular.
Adelante, compañeros
A esta situación se ha llegado por un proceso progresivo de abuso y desprecio de la legalidad y de la democracia por parte de la coalición fáctica y clasista de gobierno, partido, dinero y prensa. Fracasaron los juicios multimillonarios de indemnización a falsos terratenientes; se montó el infame proceso del desafuero; se lanzaron las campañas sucias y mentirosas apoyadas ilegalmente desde el Ejecutivo y los sectores empresariales; se utilizó a tránsfugas del PRI expertos en operaciones electorales tramposas; se intentó falsear las cuentas de las casillas y de los distritos, y se utilizó el aparato del IFE para inducir un resultado alterado en la cuenta de los votos. Cada uno de estos intentos fue desmontado y derrotado con el arma formidable de la movilización popular.
Ahora el asunto ha llegado a los pasos finales del proceso regular. El tribunal electoral ya no puede simplemente sancionar lo dicho por el IFE, como podría haber sido si esa institución hubiera actuado con la eficacia y la transparencia necesarias; ahora debe resolver el grave problema nacional que resulta de los dudosos resultados de las cuentas y de la certidumbre de que la sociedad está dividida en dos partes irreconciliables y que, de acuerdo con los preceptos de la democracia, una debe aceptar ser gobernada por la otra.
Ese es el grave problema que le toca resolver al tribunal. Sus integrantes necesariamente sienten la enorme presión de la responsabilidad histórica. Sin embargo, más allá de eso, el tribunal no es presionable. No por movilizaciones populares ni por gestiones personales o chantajes o amenazas. Ni la condición de los magistrados ni su integración colegiada lo permiten.
Así, la movilización popular no está orientada a forzar una decisión de los miembros del tribunal que no tomarían de otra manera, pero sí a demostrar que la magnitud del movimiento hace necesario e inevitable que el veredicto se sustente en la transparencia absoluta, general e incuestionable del escrutinio. En ello descansa la gobernabilidad de México. No solamente la gobernabilidad negociable de las mayorías en el Congreso, sino la gobernabilidad en su significado profundo de paz social.
Esta comprometida situación no parece haberse comprendido y la presencia popular en la calle se asume como una insolencia que ha desbordado la irritación y la imaginación de los dueños de los medios informativos comerciales y de sus personeros, a su vez movilizados para escandalizar a nuestra encantadora y pequeña burguesía porque ha sido invadido su Paseo.
Piensan que el mismo alegato con que azuzan a la parte cursilona de la clase media sirve para indignar a los que se mueven en el Metro o en los peligrosos microbuses; niegan el derecho a sentarse en ese pavimento a los desempleados y a los que solamente admiten ahí si limpian sus parabrisas o venden al por menor productos chinos contrabandeados al por mayor por los grandes comerciantes. Pero ni por asomo consideran bajarse de sus autos o incursionar en los barrios pobres, o en viajar en el Metro o en microbús. Eso no es para ellos.
Olvidan que hace unas semanas se produjo la quinta ocasión (68, 85, 88, 2005 y las campañas de 2006) en que el pueblo de México superó la campaña propagandística utilizada para mediatizar su opinión y su actitud frente a los abusos del poder. El pueblo no puede, todavía, silenciar las campañas histéricas en la radio, la televisión y en los periódicos, pero ya no las escucha. Ahora se hace escuchar. Y toma el Paseo de la Reforma.
A la clase media pensante se le ha llamado renegada, y a veces lo es, no de su clase, sino de su compromiso. Sería comprensible la inconformidad con la ocupación del Paseo de la Reforma si se tratara de una acción aislada y voluntariosa, pero no es el caso. Es una respuesta a una agresión infinitamente más seria y trascendente; la que se hace sobre la voluntad popular y que, de permitirse, redundaría en la anulación de la democracia y la perturbación de nuestra convivencia.
Solamente se perciben dos circunstancias que llevarían a la desocupación del Paseo de la Reforma: que el conflicto se haya dirimido a cabalidad y legalmente, o que la toma callejera sea sustituida por formas superiores de resistencia popular.
Adelante, compañeros
La salida: contar los votos Adolfo Sánchez Rebolledo
Nada sería mejor para fortalecer la credibilidad de las instituciones democráticas que un nuevo recuento de los votos. Los contendientes tendrían que deponer las descalificaciones y asumir a plenitud el resultado final, desvaneciendo el conflicto electoral o, mejor, trasladándolo al ámbito donde puede ser realmente trascendente: el debate público, la acción parlamentaria, la movilización ciudadana, es decir, la política en el buen sentido de la palabra. Una resolución salomónica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) nos pondría en la ruta de consolidar los avances logrados a costa de enormes esfuerzos populares, enterraría el fantasma de la desconfianza al limpiar irregularidades, algunas atribuibles a simples errores aritméticos, y a zanjar de una buena vez las sospechas de fraude que la coalición Por el Bien de Todos ha denunciado. No hay otra forma mejor de resolver estas cuestiones que contando los votos. Sin embargo, los críticos del recuento han armado un embrollo jurídico y político que oscurece el objetivo principal: se trata simplemente de dar certeza a la ciudadanía. Nada más y nada menos; seguridad y confianza en los mecanismos que aseguran la representación ciudadana.
Ninguna otra solución apegada a derecho podría significar tanto para todos los mexicanos: no sólo garantizaría la paz social -que no es poca cosa-, sino que, además, las fuerzas políticas se verían empujadas a pasar a una nueva etapa de reconstrucción del régimen político claramente sustentado en la aplicación de la ley. Sin subestimar los logros en la dimensión electoral de la democracia, ahora se trata de ajustar la forma del Estado y las instituciones a la nueva realidad creada, tanto por el curso objetivo de la lucha política y el desarrollo general de la sociedad mexicana, como por los cambios sociológicos y culturales que hoy imprimen un sello muy diferente a la propia noción de ciudadanía. Por ejemplo, no podemos seguir creyendo que México puede gobernarse sin pensar en las determinaciones impuestas por el atraso y la desigualdad, es decir, sin dar al concepto de ciudadanía una dimensión a la vez concreta y universal, acorde con las grandes líneas del mundo global, cuyas consecuencias apenas entrevemos al juzgar el TLC o las migraciones.
El TEPJF tiene, pues, una responsabilidad superior que no se limita, como se dice, a dirimir una disputa electoral común y corriente. Estamos ante una situación inédita, pues aunque existen antecedentes legales, ninguna otra elección se parece por sus resultados a la presidencial de 2006. Tal vez pedimos demasiado a los magistrados, pero son los únicos que hoy pueden sacar al país de la crisis. Recontar los votos no es una concesión, sino una prueba más de la fidelidad de los juristas a los principios del derecho. Y, si así lo determina, el TEPJF habrá dado un paso de enorme trascendencia para la consolidación de la democracia, tanto como en la propia evolución doctrinaria de nuestra legalidad.
Las visiones limitativas acerca del papel de las instituciones electorales, incluido el TEPJF, aspiran a que nada cambie, cuando la construcción democrática exige lo contrario y junto a la evolución jurídica reclama mayor sensibilidad de los magistrados para adaptarse a la realidad. Muy rápido se nos olvida que las instituciones democráticas también se hallan sujetas a un proceso de crecimiento y maduración, de modo que deben verse con respeto, pero sin concederles a priori una aureola mística, como si no fueran de este mundo. Justo porque queremos preservar las conquistas institucionales urge mantener ante ellas una actitud vigilante, a la vez crítica, informada y comedida. Saber quién ganó y luego hacer la declaratoria correspondiente es, debe ser, un acto de transparencia republicana despojado de toda sombra de duda.
Por ello resulta inadmisible el doble discurso de la derecha: por un lado asegura que aceptará sin chistar lo que diga el TEPJF; por otro, actúa como si ya Calderón fuera el presidente electo y en esa calidad se pavonea entre los grupos de poder, asumiéndose mandatario de facto, mucho antes que el órgano jurisdiccional resuelva en definitiva. No es un asunto menor, pues, además de exacerbar los ánimos de los otros, representa una burla para la República, ya que compromete el buen nombre de México entre países amigos y, sobre todo, destruye toda credibilidad de la autoridad judicial que tiene el tema en la mesa. Pero ésa ha sido, justamente, la estrategia montada para aislar a López Obrador, lo cual, dicho sea de paso, tampoco les ha servido. Pero es grave que se pretenda minimizar el valor de las impugnaciones presentadas por la coalición Por el Bien de Todos, como si fueran, si no ilegales cuando menos ilegítimas o desleales con "las instituciones" y las reglas del juego aceptadas.
La actuación de Felipe Calderón y sus aliados ha sido dejar que las cosas corran propagandísticamente como si el proceso electoral ya hubiera terminado para todo fin práctico. Como es público, la coalición, hasta hoy, se ha limitado a exigir que los votos se cuenten y por eso resulta una auténtica memez decir que López Obrador "pretende ganar en las calles lo que no pudieron ganar en la urnas". A la derecha le gustaría que nadie hablara del 2 de julio y sus resultados; que los reclamantes se quedaran en sus casas a esperar el fallo, mientras en la oscuridad los poderosos, ayudados por los medios, continúan tejiendo a la medida el traje presidencial de Calderón. No contentos con el daño infligido a la convivencia nacional durante la campaña, se regodean diciendo que López Obrador es "un peligro para México". En el fondo, tan celosos de la legalidad, a ellos no les hacen falta los 15 millones de ciudadanos que votaron por la coalición Por el Bien de Todos. Sencillamente no los ven, son fantasmas sin identidad. Para ellos, está probado, el pluralismo vale lo que cuesta la alianza con el "nuevo PRI", el querido viejo enemigo que hará posibles las reformas estructurales y, ¿por qué no?, los grandes negocios del sexenio, si finalmente accede el PAN a la Presidencia. Son ellos, paradójicamente, los que no entienden que el país ya no es el de 1988. Hoy es imposible gobernar pacíficamente sin legitimidad.
Ante tales maniobras es una tontería pedir a la coalición Por el Bien de Todos que se quede de brazos cruzados: el que calla otorga. López Obrador ha entendido que las semanas que vienen son decisivas y se debe mantener viva la cohesión, de modo que no se produzcan sorpresas en el camino. La fuerza de la coalición está en la gente que se ha volcado, como nunca en la historia, a respaldar su causa. De ella depende que la resistencia pacífica tenga éxito, pero ese objetivo exige evitar acciones incomprensibles, como los bloqueos contra la ciudad y su gobierno, que, lejos de estimular la imaginación y el deseo de participación, la costriñen a una pugna cotidiana con otros ciudadanos y desgastan a sus simpatizantes. Hoy más que nunca, insisto, es necesario pasar al recuento de los votos. No hay que distraerse
Ninguna otra solución apegada a derecho podría significar tanto para todos los mexicanos: no sólo garantizaría la paz social -que no es poca cosa-, sino que, además, las fuerzas políticas se verían empujadas a pasar a una nueva etapa de reconstrucción del régimen político claramente sustentado en la aplicación de la ley. Sin subestimar los logros en la dimensión electoral de la democracia, ahora se trata de ajustar la forma del Estado y las instituciones a la nueva realidad creada, tanto por el curso objetivo de la lucha política y el desarrollo general de la sociedad mexicana, como por los cambios sociológicos y culturales que hoy imprimen un sello muy diferente a la propia noción de ciudadanía. Por ejemplo, no podemos seguir creyendo que México puede gobernarse sin pensar en las determinaciones impuestas por el atraso y la desigualdad, es decir, sin dar al concepto de ciudadanía una dimensión a la vez concreta y universal, acorde con las grandes líneas del mundo global, cuyas consecuencias apenas entrevemos al juzgar el TLC o las migraciones.
El TEPJF tiene, pues, una responsabilidad superior que no se limita, como se dice, a dirimir una disputa electoral común y corriente. Estamos ante una situación inédita, pues aunque existen antecedentes legales, ninguna otra elección se parece por sus resultados a la presidencial de 2006. Tal vez pedimos demasiado a los magistrados, pero son los únicos que hoy pueden sacar al país de la crisis. Recontar los votos no es una concesión, sino una prueba más de la fidelidad de los juristas a los principios del derecho. Y, si así lo determina, el TEPJF habrá dado un paso de enorme trascendencia para la consolidación de la democracia, tanto como en la propia evolución doctrinaria de nuestra legalidad.
Las visiones limitativas acerca del papel de las instituciones electorales, incluido el TEPJF, aspiran a que nada cambie, cuando la construcción democrática exige lo contrario y junto a la evolución jurídica reclama mayor sensibilidad de los magistrados para adaptarse a la realidad. Muy rápido se nos olvida que las instituciones democráticas también se hallan sujetas a un proceso de crecimiento y maduración, de modo que deben verse con respeto, pero sin concederles a priori una aureola mística, como si no fueran de este mundo. Justo porque queremos preservar las conquistas institucionales urge mantener ante ellas una actitud vigilante, a la vez crítica, informada y comedida. Saber quién ganó y luego hacer la declaratoria correspondiente es, debe ser, un acto de transparencia republicana despojado de toda sombra de duda.
Por ello resulta inadmisible el doble discurso de la derecha: por un lado asegura que aceptará sin chistar lo que diga el TEPJF; por otro, actúa como si ya Calderón fuera el presidente electo y en esa calidad se pavonea entre los grupos de poder, asumiéndose mandatario de facto, mucho antes que el órgano jurisdiccional resuelva en definitiva. No es un asunto menor, pues, además de exacerbar los ánimos de los otros, representa una burla para la República, ya que compromete el buen nombre de México entre países amigos y, sobre todo, destruye toda credibilidad de la autoridad judicial que tiene el tema en la mesa. Pero ésa ha sido, justamente, la estrategia montada para aislar a López Obrador, lo cual, dicho sea de paso, tampoco les ha servido. Pero es grave que se pretenda minimizar el valor de las impugnaciones presentadas por la coalición Por el Bien de Todos, como si fueran, si no ilegales cuando menos ilegítimas o desleales con "las instituciones" y las reglas del juego aceptadas.
La actuación de Felipe Calderón y sus aliados ha sido dejar que las cosas corran propagandísticamente como si el proceso electoral ya hubiera terminado para todo fin práctico. Como es público, la coalición, hasta hoy, se ha limitado a exigir que los votos se cuenten y por eso resulta una auténtica memez decir que López Obrador "pretende ganar en las calles lo que no pudieron ganar en la urnas". A la derecha le gustaría que nadie hablara del 2 de julio y sus resultados; que los reclamantes se quedaran en sus casas a esperar el fallo, mientras en la oscuridad los poderosos, ayudados por los medios, continúan tejiendo a la medida el traje presidencial de Calderón. No contentos con el daño infligido a la convivencia nacional durante la campaña, se regodean diciendo que López Obrador es "un peligro para México". En el fondo, tan celosos de la legalidad, a ellos no les hacen falta los 15 millones de ciudadanos que votaron por la coalición Por el Bien de Todos. Sencillamente no los ven, son fantasmas sin identidad. Para ellos, está probado, el pluralismo vale lo que cuesta la alianza con el "nuevo PRI", el querido viejo enemigo que hará posibles las reformas estructurales y, ¿por qué no?, los grandes negocios del sexenio, si finalmente accede el PAN a la Presidencia. Son ellos, paradójicamente, los que no entienden que el país ya no es el de 1988. Hoy es imposible gobernar pacíficamente sin legitimidad.
Ante tales maniobras es una tontería pedir a la coalición Por el Bien de Todos que se quede de brazos cruzados: el que calla otorga. López Obrador ha entendido que las semanas que vienen son decisivas y se debe mantener viva la cohesión, de modo que no se produzcan sorpresas en el camino. La fuerza de la coalición está en la gente que se ha volcado, como nunca en la historia, a respaldar su causa. De ella depende que la resistencia pacífica tenga éxito, pero ese objetivo exige evitar acciones incomprensibles, como los bloqueos contra la ciudad y su gobierno, que, lejos de estimular la imaginación y el deseo de participación, la costriñen a una pugna cotidiana con otros ciudadanos y desgastan a sus simpatizantes. Hoy más que nunca, insisto, es necesario pasar al recuento de los votos. No hay que distraerse
Resistencia civil Lorenzo Meyer
Resistencia civil
Una forma de aproximarse a la actual coyuntura mexicana es verla simplemente como una lucha de líderes e intereses de la clase política. Desde luego que hay materia para tal interpretación. Sin embargo, otro posible nivel explicativo, de más fondo, es intentar comprender el problema como resultado de una gran, enorme, falla de líderes e instituciones que viene de tiempo atrás.
Posiblemente el momento electoral del 2006 exigía un estándar de conducta muy alto a instituciones aún endebles en su armazón y raigambre democráticas; instituciones todavía empapadas de vicios del viejo régimen autoritario y corporativo, como son Presidencia de la República, Procuraduría General, partidos, sindicatos, organizaciones patronales, Instituto Federal Electoral (¿Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife)?), medios masivos de comunicación y otras.
El actual movimiento de resistencia civil en México, quizá apenas en su etapa inicial, es resultado, entre otras cosas, de un mal procesamiento de las tensiones que resultaron del choque electoral, muy abierto y directo de intereses ideológicos y de clase. Encima, una vez que la unidad artificial del autoritarismo priista se desmoronara, empezó a brotar un pluralismo genuino pero cuya naturaleza es áspera, reflejo fiel de la brutal y premoderna estructura social mexicana. En fin, que la dureza de la realidad social en un ambiente políticamente más libre y democrático desembocó en la imposibilidad de que las instituciones -y sus dirigentes- que intervinieron en la última elección presidencial, encauzaran de manera prudente, inteligente y honesta, un choque de intereses severo pero enteramente previsible.
Resistencia o desobediencia civil
En términos históricos, la resistencia civil siempre y en todas partes ha sido un esfuerzo cuesta arriba de una parte minoritaria pero activa, por introducir modificaciones en la naturaleza del proceso político que no habían podido hacerse dentro del marco institucional. La energía de los desobedientes ha provenido de un sentimiento de agravio que es interpretado en términos políticos, pero, sobre todo, morales. En realidad, la naturaleza de este tipo de movimientos se ha centrado menos en resistir y más en tomar la iniciativa y llevar a cabo acciones que buscan, directa o indirectamente, modificar un estado de cosas que los agraviados consideran injusto pero no sus oponentes.
Nuestra actual coyuntura política obliga a todos los observadores a usar a la interrogación como el signo dominante del análisis. En efecto, no es claro -no puede serlo- el resultado final de las acciones de resistencia encabezadas por el candidato presidencial de la izquierda en la pasada elección, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Una parte de la ciudadanía está dispuesta a ir más allá de las marchas para mostrar su grado de inconformidad con todo el proceso y los resultados oficiales de esa elección. Tomar, como lo han hecho, una arteria muy importante de la capital del país es una forma tan llamativa como arriesgada, por agresiva, de mostrar la intensidad y rumbo que puede llegar a tomar su acción si la demanda de volver a contar los votos es rechazada por el Trife (autoridad máxima e inapelable en esta materia).
Desde su perspectiva, lo cerrado del resultado se combina con un hecho insoslayable: que en los paquetes electorales que se han abierto se han encontrado inconsistencias entre lo que dicen las boletas y las cifras oficiales (al respecto, ver el documento publicado por los legisladores de la Coalición por el Bien de Todos en La Jornada, 2 de agosto). En fin, si "en la democracia se gana o se pierde por un voto", entonces esa democracia tampoco debe permitir un solo voto mal contado.
Resistencia
En México, como en el resto del mundo, hay una larga historia de desobediencia o resistencia frente a la autoridad. Una peculiaridad de los tres siglos del periodo colonial mexicano fue que transcurrieron sin que la gran masa indígena intentara una protesta o rebelión general contra la muy pequeña minoría dominante de peninsulares y criollos. Sin embargo, antes de 1810 hubo en Nueva España muchos actos violentos y pacíficos de inconformidad, aunque todos resultaron locales y pocos pusieron en duda, de manera abierta, la legitimidad general del injusto y severo sistema de dominación colonial. La Independencia no significó el fin de esa historia de inconformidades, estallidos populares y represión, historia que continúa hasta el presente, como quedó demostrado hace poco en Atenco.
La memoria colectiva ha puesto énfasis en los episodios donde la resistencia fue violenta y dramática. Sin embargo, ésa no ha sido, ni de lejos, la forma más común de resistencia. La historiografía mexicana apenas está empezando a explorar las formas de desobediencia y obstrucción no violentas de las colectividades subordinadas frente a decisiones de la autoridad que no aceptan como justas.
Esas formas de indocilidad no violenta contra los poderosos son tan antiguas como variadas. Los subordinados de todas las épocas y en todo lugar, pocas veces, pueden darse el lujo de retar abiertamente al orden establecido y a sus beneficiarios, pues saben que las consecuencias pueden ser catastróficas. De ahí que primero prefieran defender sus intereses regateando, pactando, demorando, obstruyendo, paliando, murmurando, ridiculizando, saboteando, desertando o por algún otro medio relativamente escondido. Sin embargo, a diferencia de la civil, esta resistencia no ha buscado los reflectores, ni puede ni pretende un cambio radical del statu quo, sino apenas que el sistema opere con un margen menor de desventaja para sus intereses concretos (para ahondar en la teoría de la resistencia ver James C. Scott, "Weapons of the Weak", 1985 y "Domination and the Arts of Resistance", 1990).
La resistencia civil
Una definición operativa de la desobediencia o resistencia calificada de "civil" puede ser la propuesta por la Enciclopedia Internacional de Ciencias Sociales: un acto o proceso de rebeldía pública en contra de una medida legal, o de una decisión política, ambas de origen gubernamental. Esta desobediencia puede ser activa o pasiva, pero en todo caso incluirá acciones premeditadas y muy publicitadas aunque con límites claros, cuyo carácter pueden ser de legalidad incierta o francamente ilegal, y que son llevadas a cabo de manera persistente con el propósito de conseguir objetivos públicos específicos.
La resistencia civil difícilmente se puede llevar a cabo con éxito en situaciones donde el régimen no es democrático y está en plenitud de sus poderes. Los casos más exitosos, los de Gandhi en la India o Martin Luther King en los Estados Unidos, se dieron justamente en sistemas políticos formalmente democráticos y con elecciones pero con claras fallas morales. En contraste, en Sudáfrica -donde Gandhi nició su resistencia pacífica-, la lucha contra la esencia de la antidemocracia -el Apartheid- se tuvo que ganar con una alta dosis de violencia.
Entre nosotros, la resistencia civil la intentó con relativo éxito el PAN, Vicente Fox incluido, en la etapa final del autoritarismo priista. Formalmente, México ya vive en la democracia, pero están aún vivos y actuantes prácticas o elementos del antiguo régimen. De lo contrario, cómo explicar el uso de la PGR en el intento de desafuero de AMLO o la actuación parcial y sistemática del Presidente de la República en los medios de difusión para minar el apoyo a la candidatura del líder de la izquierda. La conducta electoral corporativa del sindicato de maestros cuyo partido -Nueva Alianza- quizá logró transferir al candidato del PAN más de un millón de votos de los educadores, es vista como el pago a cambio del mantenimiento de los privilegios de un sindicalismo corrupto a costa de la posible y necesaria modernización de la educación.
Para concluir
Nada asegura que el nuevo capítulo de resistencia civil en México tenga éxito. Mal llevado, este siempre riesgoso instrumento puede dar argumentos legales y morales a sus adversarios, traerle pérdidas a la izquierda en comicios futuros e incluso abrir la puerta a la represión. Por otro lado, sea cual fuere su resultado final, la protesta actual es ya un indicador de un fracaso en lo que debió haber significado, si su conducción hubiera sido intachable e imparcial, un paso más en la consolidación democrática de México. En el fondo, el gran agravio de quienes hoy protestan -su sustento ético- es la sensación de que la "democracia real" en México está sirviendo para agudizar el choque de intereses, para legitimar y sostener las grandes desigualdades históricas y no para empezar a suavizarlas.
Una forma de aproximarse a la actual coyuntura mexicana es verla simplemente como una lucha de líderes e intereses de la clase política. Desde luego que hay materia para tal interpretación. Sin embargo, otro posible nivel explicativo, de más fondo, es intentar comprender el problema como resultado de una gran, enorme, falla de líderes e instituciones que viene de tiempo atrás.
Posiblemente el momento electoral del 2006 exigía un estándar de conducta muy alto a instituciones aún endebles en su armazón y raigambre democráticas; instituciones todavía empapadas de vicios del viejo régimen autoritario y corporativo, como son Presidencia de la República, Procuraduría General, partidos, sindicatos, organizaciones patronales, Instituto Federal Electoral (¿Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife)?), medios masivos de comunicación y otras.
El actual movimiento de resistencia civil en México, quizá apenas en su etapa inicial, es resultado, entre otras cosas, de un mal procesamiento de las tensiones que resultaron del choque electoral, muy abierto y directo de intereses ideológicos y de clase. Encima, una vez que la unidad artificial del autoritarismo priista se desmoronara, empezó a brotar un pluralismo genuino pero cuya naturaleza es áspera, reflejo fiel de la brutal y premoderna estructura social mexicana. En fin, que la dureza de la realidad social en un ambiente políticamente más libre y democrático desembocó en la imposibilidad de que las instituciones -y sus dirigentes- que intervinieron en la última elección presidencial, encauzaran de manera prudente, inteligente y honesta, un choque de intereses severo pero enteramente previsible.
Resistencia o desobediencia civil
En términos históricos, la resistencia civil siempre y en todas partes ha sido un esfuerzo cuesta arriba de una parte minoritaria pero activa, por introducir modificaciones en la naturaleza del proceso político que no habían podido hacerse dentro del marco institucional. La energía de los desobedientes ha provenido de un sentimiento de agravio que es interpretado en términos políticos, pero, sobre todo, morales. En realidad, la naturaleza de este tipo de movimientos se ha centrado menos en resistir y más en tomar la iniciativa y llevar a cabo acciones que buscan, directa o indirectamente, modificar un estado de cosas que los agraviados consideran injusto pero no sus oponentes.
Nuestra actual coyuntura política obliga a todos los observadores a usar a la interrogación como el signo dominante del análisis. En efecto, no es claro -no puede serlo- el resultado final de las acciones de resistencia encabezadas por el candidato presidencial de la izquierda en la pasada elección, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Una parte de la ciudadanía está dispuesta a ir más allá de las marchas para mostrar su grado de inconformidad con todo el proceso y los resultados oficiales de esa elección. Tomar, como lo han hecho, una arteria muy importante de la capital del país es una forma tan llamativa como arriesgada, por agresiva, de mostrar la intensidad y rumbo que puede llegar a tomar su acción si la demanda de volver a contar los votos es rechazada por el Trife (autoridad máxima e inapelable en esta materia).
Desde su perspectiva, lo cerrado del resultado se combina con un hecho insoslayable: que en los paquetes electorales que se han abierto se han encontrado inconsistencias entre lo que dicen las boletas y las cifras oficiales (al respecto, ver el documento publicado por los legisladores de la Coalición por el Bien de Todos en La Jornada, 2 de agosto). En fin, si "en la democracia se gana o se pierde por un voto", entonces esa democracia tampoco debe permitir un solo voto mal contado.
Resistencia
En México, como en el resto del mundo, hay una larga historia de desobediencia o resistencia frente a la autoridad. Una peculiaridad de los tres siglos del periodo colonial mexicano fue que transcurrieron sin que la gran masa indígena intentara una protesta o rebelión general contra la muy pequeña minoría dominante de peninsulares y criollos. Sin embargo, antes de 1810 hubo en Nueva España muchos actos violentos y pacíficos de inconformidad, aunque todos resultaron locales y pocos pusieron en duda, de manera abierta, la legitimidad general del injusto y severo sistema de dominación colonial. La Independencia no significó el fin de esa historia de inconformidades, estallidos populares y represión, historia que continúa hasta el presente, como quedó demostrado hace poco en Atenco.
La memoria colectiva ha puesto énfasis en los episodios donde la resistencia fue violenta y dramática. Sin embargo, ésa no ha sido, ni de lejos, la forma más común de resistencia. La historiografía mexicana apenas está empezando a explorar las formas de desobediencia y obstrucción no violentas de las colectividades subordinadas frente a decisiones de la autoridad que no aceptan como justas.
Esas formas de indocilidad no violenta contra los poderosos son tan antiguas como variadas. Los subordinados de todas las épocas y en todo lugar, pocas veces, pueden darse el lujo de retar abiertamente al orden establecido y a sus beneficiarios, pues saben que las consecuencias pueden ser catastróficas. De ahí que primero prefieran defender sus intereses regateando, pactando, demorando, obstruyendo, paliando, murmurando, ridiculizando, saboteando, desertando o por algún otro medio relativamente escondido. Sin embargo, a diferencia de la civil, esta resistencia no ha buscado los reflectores, ni puede ni pretende un cambio radical del statu quo, sino apenas que el sistema opere con un margen menor de desventaja para sus intereses concretos (para ahondar en la teoría de la resistencia ver James C. Scott, "Weapons of the Weak", 1985 y "Domination and the Arts of Resistance", 1990).
La resistencia civil
Una definición operativa de la desobediencia o resistencia calificada de "civil" puede ser la propuesta por la Enciclopedia Internacional de Ciencias Sociales: un acto o proceso de rebeldía pública en contra de una medida legal, o de una decisión política, ambas de origen gubernamental. Esta desobediencia puede ser activa o pasiva, pero en todo caso incluirá acciones premeditadas y muy publicitadas aunque con límites claros, cuyo carácter pueden ser de legalidad incierta o francamente ilegal, y que son llevadas a cabo de manera persistente con el propósito de conseguir objetivos públicos específicos.
La resistencia civil difícilmente se puede llevar a cabo con éxito en situaciones donde el régimen no es democrático y está en plenitud de sus poderes. Los casos más exitosos, los de Gandhi en la India o Martin Luther King en los Estados Unidos, se dieron justamente en sistemas políticos formalmente democráticos y con elecciones pero con claras fallas morales. En contraste, en Sudáfrica -donde Gandhi nició su resistencia pacífica-, la lucha contra la esencia de la antidemocracia -el Apartheid- se tuvo que ganar con una alta dosis de violencia.
Entre nosotros, la resistencia civil la intentó con relativo éxito el PAN, Vicente Fox incluido, en la etapa final del autoritarismo priista. Formalmente, México ya vive en la democracia, pero están aún vivos y actuantes prácticas o elementos del antiguo régimen. De lo contrario, cómo explicar el uso de la PGR en el intento de desafuero de AMLO o la actuación parcial y sistemática del Presidente de la República en los medios de difusión para minar el apoyo a la candidatura del líder de la izquierda. La conducta electoral corporativa del sindicato de maestros cuyo partido -Nueva Alianza- quizá logró transferir al candidato del PAN más de un millón de votos de los educadores, es vista como el pago a cambio del mantenimiento de los privilegios de un sindicalismo corrupto a costa de la posible y necesaria modernización de la educación.
Para concluir
Nada asegura que el nuevo capítulo de resistencia civil en México tenga éxito. Mal llevado, este siempre riesgoso instrumento puede dar argumentos legales y morales a sus adversarios, traerle pérdidas a la izquierda en comicios futuros e incluso abrir la puerta a la represión. Por otro lado, sea cual fuere su resultado final, la protesta actual es ya un indicador de un fracaso en lo que debió haber significado, si su conducción hubiera sido intachable e imparcial, un paso más en la consolidación democrática de México. En el fondo, el gran agravio de quienes hoy protestan -su sustento ético- es la sensación de que la "democracia real" en México está sirviendo para agudizar el choque de intereses, para legitimar y sostener las grandes desigualdades históricas y no para empezar a suavizarlas.
jueves, agosto 03, 2006
El instituto mandará, a petición del PAN, 125 cajas con informes del Consejo General
El instituto mandará, a petición del PAN, 125 cajas con informes del Consejo General, copias de sesiones, auditorías e informes de observadores, para incorporarlos dentro del juicio de inconformidad de la coalición
Se me afigura pues que quien manda es el PAN, que prefieren complicar el proceso que hacerlo sencillito, voto por voto casilla por casilla gastaria menos recursos que esas toneladas de verborrea leguleya. a la que son tan proclives los niños derechosos clones panistas nerds que se agarran del Estado de Derecho como a un clavo ardiente (escribe Calixto) (reto a cualquiera a que encuentre las diez diferencias entre César Nava y Germán Martínez, secretario general adjunto y representante del PAN ante el IFE respectivamente), cuyo único interés en la vida es. joder al PG.. aunque mienta como Martinez
13:35 En las próximas horas el Instituto Federal Electoral (IFE) enviará, a petición del Partido Acción Nacional (PAN), 3 toneladas de documentación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Se me afigura pues que quien manda es el PAN, que prefieren complicar el proceso que hacerlo sencillito, voto por voto casilla por casilla gastaria menos recursos que esas toneladas de verborrea leguleya. a la que son tan proclives los niños derechosos clones panistas nerds que se agarran del Estado de Derecho como a un clavo ardiente (escribe Calixto) (reto a cualquiera a que encuentre las diez diferencias entre César Nava y Germán Martínez, secretario general adjunto y representante del PAN ante el IFE respectivamente), cuyo único interés en la vida es. joder al PG.. aunque mienta como Martinez
13:35 En las próximas horas el Instituto Federal Electoral (IFE) enviará, a petición del Partido Acción Nacional (PAN), 3 toneladas de documentación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Se trata de 125 cajas con informes del Consejo General del IFE, así como copias certificadas de sesiones, auditorías, informes de observadores nacionales y visitantes extranjeros, relacionados con la elección presidencial del pasado 2 de julio.
Germán Martínez Cázares, representante del PAN ante el IFE, informó a EL UNIVERSAL.com.mx, que esta información deberá incorporarse al Juicio de Inconformidad que presentaron como terceros interesados en el “recurso madre” interpuesto por la Coalición Por el Bien de Todos el 9 de julio pasado a través del Distrito Electoral 15.
“Se trata de 3 toneladas de documentación, 125 cajas con informes, y no siete o nueve cajitas como las que entregó la coalición ayer ante el TEPJF”, dijo en entrevista en la sede del IFE.
A la espera de que esa documentación parta de la sede del IFE, en el sur de la ciudad de México, el panista dio a conocer que las cajas contienen, por ejemplo:
--Copia certificada de la auditoría externa realizada por el Registro Federal de Electores (RFE) con relación a la supuesta existencia de relaciones contractuales con la empresa Hildebrando S.A. de C.V. y Diego Zavala Gómez del Campo.
--Copia certificada del Informe Técnico Asesor para los Conteos Rápidos remitido al Consejero Presidente del IFE el 2 de julio de 2006, con motivo del ejercicio muestral realizado durante la jornada electoral y para la elección de Presidente de la República.
--Copia certificada del acuerdo del Consejo General del IFE por el que se aprueba el día y la hora del cierre del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
--Copia certificada del acta de cierre del PREP.
Entre otra información que en total pesa 3 toneladas y que se informó el también diputado federal del PAN se remitirá a las instalaciones del TEPJF en las próximas horas.
Reconocimiento a Rosario Ibarra
Señora directora: Soy un pequeño empresario de la ciudad de Guadalajara. Acabo de leer con gran desaliento la emotiva carta que escribe Rosario Ibarra de Piedra en nombre del Comité ¡Eureka!, comunicado que aparece en La Jornada del 2 de agosto, y en la cual hace una justa crítica a "los señores empresarios". Desaliento ante la insensible actitud de estos autonombrados "líderes empresariales".
Los verdaderos empresarios tenemos virtudes: generalmente somos creativos, diligentes, contribuimos a la generación de riqueza, somos tenaces en defender nuestras empresas y podemos decir que somos necesarios e inevitables. Los señores "empresarios" que cifran pérdidas en 435 millones de pesos al día, tal vez estén actuando más como políticos que como verdaderos empresarios comprometidos con su país.
Quiero aquí decirle a doña Rosario Ibarra que existen en México millones de empresarios que consideramos nuestra obligación como gremio el generar riqueza, sí, pero también el distribuirla equitativamente. Y que estamos muy conscientes de la falta de fraternidad y de la enorme injusticia que priva en el país. Que somos empresarios sin ser por ello ni racistas ni retrógrados ni intolerantes. Que no compartimos las ideas de gente ignorante e insensible que evalúa la vida en términos de un balance de pérdidas y ganancias monetarias. Que no todos cometemos latrocinios políticos en perjuicio del país. Que por fortuna también existen en México empresarios responsables que no reivindicamos ninguna primacía sobre las demás clases sociales, ni somos vendepatrias al servicio de las grandes multinacionales. Y que estamos orgullosos de nuestra identidad. Quiero decir a esa gran mujer que es doña Rosario que hay muchos empresarios mexicanos que consideramos la cultura como un apasionado ejercicio de memoria. Que es lo que usted hace, doña Rosario, y por lo cual expreso a usted mi profundo agradecimiento y mi gran admiración y respeto.
Ricardo Michel Flores
El operador ELBA CHUK
México, D.F., 2 de agosto (apro).- Noé Rivera fue operador político de Elba Esther Gordillo por varios años y no duda en confirmar que la profesora ayudó a ganar a Felipe Calderón utilizando los vacíos en la ley electoral y, sobre todo, manipulando la estructura nacional del SNTE.Pocas veces en el periodismo se tiene la oportunidad de encontrar una fuente de primera mano que se atreva a describir personajes oscuros y poderosos como Elba Esther Gordillo. Noé Rivera Domínguez representa una de esas oportunidades, pues en una larga conversación con el ingeniero en sistemas publicada en Proceso esta semana, retrató descarnadamente el uso del poder de la exsecretaria general del PRI y las formas en que ha operado en el gobierno de Vicente Fox para concretar su gran proyecto personal: crear su propio partido, Nueva Alianza, sobre los restos del Revolucionario Institucional.
Las confesiones políticas de Noé Rivera asustan a cualquiera. Son revelaciones que hasta hoy sólo teníamos por terceras personas que nos decían cómo, quién y con qué recursos ha venido operando Elba Esther Gordillo, para lograr sus ambiciones políticas incubadas desde hace muchos años.
La información proporcionada por el ingeniero bajacaliforniano resulta clave en este momento por varias razones: porque nos describe las relaciones directas de la maestra con el presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde; detalla la ayuda que obtuvo de este funcionario para lograr el registro del Partido Nueva Alianza (Panal); revela la forma en que obtiene recursos millonarios a través de fideicomisos registrados en Banobras y cómo Felipe Calderón, siendo director de este banco público le permitió el registro de varios fideicomisos mediante los cuales recibió 900 millones de pesos del presidente Vicente Fox, que pudieron utilizarse para reforzar la estructura electoral del SNTE y sostener la campaña del Panal.
Además, cuenta varios momentos en que la profesora Gordillo le pidió operar políticamente para reventar procesos electorales, como en Nayarit, en el 2002; y en Oaxaca, en el 2005, en contra de los candidatos del PRI, a los que boicoteó en venganza a la traición de las alianzas que había establecido con Roberto Madrazo.
Las revelaciones de Noé Rivera son valiosas porque aporta elementos testimoniales que podrían integrarse a la denuncia de la coalición Por el Bien de Todos de que hubo manipuleo en el resultado de las elecciones y la intervención ilegal miembros del SNTE en la estructura nacional del IFE.
Este personaje que fue operador electoral y golpeador político de la líder magisterial asegura que desde hace 12 años el 50 por ciento de la estructura nacional del IFE descansa en maestros miembros del SNTE. Es decir, que la mitad de los funcionarios y representantes del Instituto son integrantes de la organización que controla Elba Esther Gordillo.
Especialista en capacitación electoral, Noé Rivera advierte que muchos de estos maestros pudieron haber intervenido en la manipulación aritmética de los resultados en las casillas de las zonas donde Andrés Manuel López Obrador estaba muy arriba en las preferencias electorales.
No sólo eso, levanta la tapadera de las cañerías del poder de la profesora Gordillo y sostiene que el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, está bajo su influencia, lo mismo que un grupo de funcionarios importantes de este Instituto que permitieron el registro del Partido Nueva Alianza, a pesar de irregularidades evidentes en el proceso de aprobación de los requisitos, principalmente en haber permitido la sustitución de la agrupación política Conciencia Política por Magisterio Nacional que originalmente había registrado la intención de formar el partido de Elba Esther Gordillo.
Finalmente, revela que Felipe Calderón, como director de Banobras, permitió el registro de dos nuevos fideicomisos en esta institución bancaria, dependientes del “fideicomiso madre” Vima (Vivienda para el Magisterio), a través de los cuales recibe millones de pesos que luego fueron utilizados para la campaña del Panal y de Felipe Calderón.
En resumen, las confidencias de Noé Rivera explican las razones por las cuales Gordillo levantó la mano a Felipe Calderón llamándolo “presidente electo” en un mensaje de fuerza enviado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de que el panista ya es presidente de la República por obra y gracia de su poder, sin importar que aún esta máxima autoridad electoral le entregue su constancia de triunfo
"Fox propició esta incertidumbre"
Al intervenir en el reciente proceso electoral a favor de Felipe Calderón, el presidente Vicente Fox ha provocado incertidumbre y contribuido al ambiente de crispación social que vive el país, señala el próximo líder del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones.
El experimentado discípulo de Fernando Gutiérrez Barrios y exgobernador de Sonora se pronuncia por el recuento de votos para evitar que durante seis años el nuevo gobierno federal sea perseguido por las sospechas.
Y sobre la posibilidad de un presidente interino, dice que es una hipótesis que no se puede descartar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues la decisión de anular una elección por causales abstractas, como la iniquidad y la participación del gobierno en las campañas, ya se tomó en Colima en 2003 y Tabasco en 2001.
En su opinión, estas mismas causales podrían ser consideradas por los magistrados, porque hay evidencias de que Fox y su gobierno hicieron campaña en contra de los adversarios de Felipe Calderón.
El senador electo del PRI no desestima el llamado a la apertura de los paquetes electorales que han hecho los miles de ciudadanos que han asistido a las dos concentraciones convocadas por Andrés Manuel López Obrador. Es más, señala que a pesar de que en el aspecto legal puede presentar un mal precedente para dirimir futuros conflictos poselectorales, en esta ocasión sería sano para terminar con la situación de inconformidad social que ya vive el país.
-Usted ya dijo que está por el recuento de votos.
-He manifestado, y lo sigo haciendo, que una decisión en este sentido del Tribunal Electoral puede sentar un precedente que no sea saludable para las próximas elecciones. Sobre todo si se obliga la apertura de las urnas sin que existan elementos sólidos de carácter jurídico o conforme a la ley. Pero insisto: En el ánimo de lo que muchos mexicanos han expresado en manifestaciones, marchas y mítines, en un ambiente de polarización que ya tenemos enfrente, exigiendo que se tomen decisiones de carácter político, y si la apertura de los paquetes electorales deja satisfechos a muchos de los actores que tienen duda o sospecha sobre la limpieza de la elección, yo no dudaría en obsequiarlo a fin de que se acabe la discusión y todos nos pongamos a trabajar.
La iniquidad
Beltrones critica también a los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), quienes no supieron atender las quejas que los partidos presentaron ante su Consejo General sobre la utilización de recursos oficiales a favor de un candidato. Es el caso de la inconformidad que presentó el PRI en mayo pasado por los 456 mil 375 spots difundidos por la Presidencia de la República durante los primeros cinco meses del año, equivalentes a mil 709 millones 988 mil 736 pesos, y en los cuales se ensalzaba la obra de gobierno y se vinculaba el mensaje con el lema de campaña de Felipe Calderón.
Los dirigentes del PRI expresaron desde entonces que ese monto representaba 3.5 veces la multa que el IFE impuso al tricolor por el caso Pemexgate y podría ser causal de la nulidad del proceso electoral federal en curso.
-¿Cual fue el papel del presidente Vicente Fox en este proceso electoral?
-Tengo una contradicción interior. No sé si, como originalmente pensé, es un hombre inconsciente de los efectos de sus acciones, como aquellos niños con gran peso que no miden el impacto de sus golpes. El presidente Fox es irresponsable, ya que su trabajo de los últimos meses mostró un ejercicio arbitrario de los órganos de gobierno a fin de lastimar, afectar y disminuir a sus supuestos adversarios políticos.
"Con esto, lo único que propició fue una crispación de ánimos a nivel nacional, que ahora se refleja en esta polarización que es evidente entre la población. Esto ha provocado un resultado electoral que nos tiene en la incertidumbre de saber quién es el presidente de México en los próximos seis años."
El senador electo no tiene duda de que la cortedad de miras le impidió a Vicente Fox actuar como presidente.
"Su participación en la elección con recursos del pueblo, al meter un número impresionante de spots publicitarios en televisión y algunas acciones más, que todo mundo reconoce, ha auspiciado que termine como jefe irresponsable de un partido político, de una facción, cuando pudo haberse instalado no sólo como el primer presidente de la alternancia, sino como un presidente estadista. La historia, no tengo duda, lo sentenciará.
-¿Ustedes detectaron que intervino en la elección?
-No sólo lo detectamos, sino lo denunciamos. La Alianza por México hizo las denuncias oportunas en el momento adecuado y ante el IFE. Lamentamos mucho en ese tiempo, y todavía lo seguimos haciendo, que los consejeros no hayan actuado con oportunidad para evitar que llegáramos a este estado de cosas que hoy presenta signos de inestabilidad.
-¿Hay causas de nulidad?
-Quienes hemos leído los fallos del Tribunal Electoral en algunas de las elecciones locales, como Colima y Tabasco, o en algunos distritos de diferentes regiones del país, observamos que esta causal de nulidad llamada abstracta, pues da para eso y para más. No obstante, aquí se tendrán que observar los criterios más conspicuos de cada uno de los magistrados, y esperamos que concluyan su trabajo con ánimo de que exista una certidumbre sobre el gobierno que necesitamos para los próximos seis años.
"Hay tantos problemas por delante que resolver, sobre todo los referidos a la pobreza y la inseguridad, que tardarnos más tiempo en discusiones de carácter político que atentan contra los intereses de la nación."
-¿En el PRI vieron que la participación del presidente no fue sólo en los spots, sino con programas sociales?
-Nadie en su sano juicio, y que no quiera aparecer cínicamente, dejaría de pronunciarse, porque esta elección tuvo evidentes signos de iniquidad por la impunidad con la que el gobierno ejerció muchas de sus facultades que buscaban favorecer a un candidato. Esto es algo que está fuera de discusión, está a la vista de todos. No obstante, estoy confiado en que todos estos elementos puestos a la consideración de un tribunal que ha mostrado en sus nueve años de ejercicio responsabilidad, serán evaluados.
"Ya lo he dicho y lo vuelvo a ratificar: El PRI y sus representantes en el Congreso manifiestan, y seguirán manifestándolo, que crecimos al lado de las instituciones que nosotros mismos formamos para darle certeza a cada uno de los actos de gobierno, y habremos de respetar lo que el Tribunal Federal Electoral decida. Y nos pondremos a trabajar.
"Ojalá y que esa decisión, ayudada por algunas acciones de carácter político y gubernamental, pueda evitar que el gobierno que se instale después del 1 de diciembre esté perseguido por la sombra de la duda."
Signo de alerta
-¿Ven alguna posibilidad de interinato?
-Dentro de los posibles escenarios o decisiones que puede tener el tribunal está ese que ya mencionaba, el de la nulidad de la elección, y eso obligaría a que hubiera un interinato. Pero eso es una hipótesis de lo que puede ser el fallo del Tribunal Federal Electoral.
-¿La inestabilidad es una amenaza o es una posibilidad?
-Es un signo de alerta, son primeras señales que solamente pueden ser evitadas con mucho diálogo, con mucha prudencia, sensatez y negociación. Es la hora de que el oficio político haga su presencia de manera contundente.
-¿Estos riesgos de inestabilidad se pueden transformar en inconformidad social que no puedan ser controlables?
-Un gobierno, como un buen juez, debe siempre procurar que las confrontaciones y las animosidades, por más profundas que sean, no lleguen a reflejarse en violencia e inestabilidad. Por eso confío que tanto el uno como el otro hagan su trabajo pensando en México.
-En una situación de inconformidad social, en un escenario de inestabilidad por varios años, ¿cómo va a actuar el PRI,?
-Para nosotros, resuelva como resuelva el Tribunal Federal Electoral, vemos que México y sus instituciones están preparadas para seguir caminando y buscando solución a sus problemas. No hay, dentro de algunas de las hipótesis, la posibilidad de que se presente el caos. Lo único que pudiéramos tener como riesgo es que no se respetara la legalidad y la sentencia del Tribunal Federal Electoral o tuviéramos actitudes violentas de los grupos más radicalizados por la polarización que se generó.
El próximo coordinador del PRI en el Senado está convencido de que México puede resolver esa circunstancia y de que el PRI "será el partido de la estabilidad y la gobernabilidad de México"
El experimentado discípulo de Fernando Gutiérrez Barrios y exgobernador de Sonora se pronuncia por el recuento de votos para evitar que durante seis años el nuevo gobierno federal sea perseguido por las sospechas.
Y sobre la posibilidad de un presidente interino, dice que es una hipótesis que no se puede descartar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues la decisión de anular una elección por causales abstractas, como la iniquidad y la participación del gobierno en las campañas, ya se tomó en Colima en 2003 y Tabasco en 2001.
En su opinión, estas mismas causales podrían ser consideradas por los magistrados, porque hay evidencias de que Fox y su gobierno hicieron campaña en contra de los adversarios de Felipe Calderón.
El senador electo del PRI no desestima el llamado a la apertura de los paquetes electorales que han hecho los miles de ciudadanos que han asistido a las dos concentraciones convocadas por Andrés Manuel López Obrador. Es más, señala que a pesar de que en el aspecto legal puede presentar un mal precedente para dirimir futuros conflictos poselectorales, en esta ocasión sería sano para terminar con la situación de inconformidad social que ya vive el país.
-Usted ya dijo que está por el recuento de votos.
-He manifestado, y lo sigo haciendo, que una decisión en este sentido del Tribunal Electoral puede sentar un precedente que no sea saludable para las próximas elecciones. Sobre todo si se obliga la apertura de las urnas sin que existan elementos sólidos de carácter jurídico o conforme a la ley. Pero insisto: En el ánimo de lo que muchos mexicanos han expresado en manifestaciones, marchas y mítines, en un ambiente de polarización que ya tenemos enfrente, exigiendo que se tomen decisiones de carácter político, y si la apertura de los paquetes electorales deja satisfechos a muchos de los actores que tienen duda o sospecha sobre la limpieza de la elección, yo no dudaría en obsequiarlo a fin de que se acabe la discusión y todos nos pongamos a trabajar.
La iniquidad
Beltrones critica también a los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), quienes no supieron atender las quejas que los partidos presentaron ante su Consejo General sobre la utilización de recursos oficiales a favor de un candidato. Es el caso de la inconformidad que presentó el PRI en mayo pasado por los 456 mil 375 spots difundidos por la Presidencia de la República durante los primeros cinco meses del año, equivalentes a mil 709 millones 988 mil 736 pesos, y en los cuales se ensalzaba la obra de gobierno y se vinculaba el mensaje con el lema de campaña de Felipe Calderón.
Los dirigentes del PRI expresaron desde entonces que ese monto representaba 3.5 veces la multa que el IFE impuso al tricolor por el caso Pemexgate y podría ser causal de la nulidad del proceso electoral federal en curso.
-¿Cual fue el papel del presidente Vicente Fox en este proceso electoral?
-Tengo una contradicción interior. No sé si, como originalmente pensé, es un hombre inconsciente de los efectos de sus acciones, como aquellos niños con gran peso que no miden el impacto de sus golpes. El presidente Fox es irresponsable, ya que su trabajo de los últimos meses mostró un ejercicio arbitrario de los órganos de gobierno a fin de lastimar, afectar y disminuir a sus supuestos adversarios políticos.
"Con esto, lo único que propició fue una crispación de ánimos a nivel nacional, que ahora se refleja en esta polarización que es evidente entre la población. Esto ha provocado un resultado electoral que nos tiene en la incertidumbre de saber quién es el presidente de México en los próximos seis años."
El senador electo no tiene duda de que la cortedad de miras le impidió a Vicente Fox actuar como presidente.
"Su participación en la elección con recursos del pueblo, al meter un número impresionante de spots publicitarios en televisión y algunas acciones más, que todo mundo reconoce, ha auspiciado que termine como jefe irresponsable de un partido político, de una facción, cuando pudo haberse instalado no sólo como el primer presidente de la alternancia, sino como un presidente estadista. La historia, no tengo duda, lo sentenciará.
-¿Ustedes detectaron que intervino en la elección?
-No sólo lo detectamos, sino lo denunciamos. La Alianza por México hizo las denuncias oportunas en el momento adecuado y ante el IFE. Lamentamos mucho en ese tiempo, y todavía lo seguimos haciendo, que los consejeros no hayan actuado con oportunidad para evitar que llegáramos a este estado de cosas que hoy presenta signos de inestabilidad.
-¿Hay causas de nulidad?
-Quienes hemos leído los fallos del Tribunal Electoral en algunas de las elecciones locales, como Colima y Tabasco, o en algunos distritos de diferentes regiones del país, observamos que esta causal de nulidad llamada abstracta, pues da para eso y para más. No obstante, aquí se tendrán que observar los criterios más conspicuos de cada uno de los magistrados, y esperamos que concluyan su trabajo con ánimo de que exista una certidumbre sobre el gobierno que necesitamos para los próximos seis años.
"Hay tantos problemas por delante que resolver, sobre todo los referidos a la pobreza y la inseguridad, que tardarnos más tiempo en discusiones de carácter político que atentan contra los intereses de la nación."
-¿En el PRI vieron que la participación del presidente no fue sólo en los spots, sino con programas sociales?
-Nadie en su sano juicio, y que no quiera aparecer cínicamente, dejaría de pronunciarse, porque esta elección tuvo evidentes signos de iniquidad por la impunidad con la que el gobierno ejerció muchas de sus facultades que buscaban favorecer a un candidato. Esto es algo que está fuera de discusión, está a la vista de todos. No obstante, estoy confiado en que todos estos elementos puestos a la consideración de un tribunal que ha mostrado en sus nueve años de ejercicio responsabilidad, serán evaluados.
"Ya lo he dicho y lo vuelvo a ratificar: El PRI y sus representantes en el Congreso manifiestan, y seguirán manifestándolo, que crecimos al lado de las instituciones que nosotros mismos formamos para darle certeza a cada uno de los actos de gobierno, y habremos de respetar lo que el Tribunal Federal Electoral decida. Y nos pondremos a trabajar.
"Ojalá y que esa decisión, ayudada por algunas acciones de carácter político y gubernamental, pueda evitar que el gobierno que se instale después del 1 de diciembre esté perseguido por la sombra de la duda."
Signo de alerta
-¿Ven alguna posibilidad de interinato?
-Dentro de los posibles escenarios o decisiones que puede tener el tribunal está ese que ya mencionaba, el de la nulidad de la elección, y eso obligaría a que hubiera un interinato. Pero eso es una hipótesis de lo que puede ser el fallo del Tribunal Federal Electoral.
-¿La inestabilidad es una amenaza o es una posibilidad?
-Es un signo de alerta, son primeras señales que solamente pueden ser evitadas con mucho diálogo, con mucha prudencia, sensatez y negociación. Es la hora de que el oficio político haga su presencia de manera contundente.
-¿Estos riesgos de inestabilidad se pueden transformar en inconformidad social que no puedan ser controlables?
-Un gobierno, como un buen juez, debe siempre procurar que las confrontaciones y las animosidades, por más profundas que sean, no lleguen a reflejarse en violencia e inestabilidad. Por eso confío que tanto el uno como el otro hagan su trabajo pensando en México.
-En una situación de inconformidad social, en un escenario de inestabilidad por varios años, ¿cómo va a actuar el PRI,?
-Para nosotros, resuelva como resuelva el Tribunal Federal Electoral, vemos que México y sus instituciones están preparadas para seguir caminando y buscando solución a sus problemas. No hay, dentro de algunas de las hipótesis, la posibilidad de que se presente el caos. Lo único que pudiéramos tener como riesgo es que no se respetara la legalidad y la sentencia del Tribunal Federal Electoral o tuviéramos actitudes violentas de los grupos más radicalizados por la polarización que se generó.
El próximo coordinador del PRI en el Senado está convencido de que México puede resolver esa circunstancia y de que el PRI "será el partido de la estabilidad y la gobernabilidad de México"
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