El funcionario asegura que nadie le informó del operativo policiaco federal. Niega que entre los universitarios hubiera infiltrados, como asegura Ruiz.
Para el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Francisco Martínez Nery, los sobrevuelos rasantes realizados por los helicópteros de la Policía Federal Preventiva sobre el campus universitario dañaron el patrimonio moral de la máxima casa de estudios oaxaqueña.
“Es evidente que se intentó violar la soberanía, yo fui testigo, vi policías utilizando palas para forzar las cadenas de nuestras instalaciones y eso es algo criminal”, consideró.
Aseguró que en ningún momento fue alertado sobre el ingreso o la incursión policiaca al campus universitario o las cercanías, donde se dijo después que se trató de un operativo de limpieza de las vialidades”.
Condenó que la PFP haya querido entrar hasta la Ciudad Universitaria para callar las voces que se expresan libremente en Radio Universidad, misma que a su parecer no se encuentran en poder de nadie más que de los alumnos de esa institución y de algunos catedráticos y trabajadores universitarios integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Negó que entre los universitarios que respondieron al ataque de la PFP haya habido gente infiltrada del CGH o de Atenco, como ha tratado de manejar el gobierno del priista Ulises Ruiz.
“Yo sólo vi universitarios, colonos y muchos alumnos de nuestra alma mater”.
Claves
Adolfo Toledo
• La UABJO tendrá que asumir su responsabilidad ante el pueblo de Oaxaca respecto a la toma de sus instalaciones, señaló el senador priista por esa entidad Adolfo Toledo.
• El legislador se manifestó a favor de que se privilegie la negociación política en el conflicto, pero convocó a las autoridades a que actúen judicialmente y liberen las 56 órdenes de aprehensión que existen contra maestros de la sección 22 e integrantes de la APPO.
• La negociación política, dijo, no se debe confundir con las transgresiones de la ley y estas averiguaciones previas, que están en poder de la Procuraduría General de la República, son por delitos federales que se han llevado a cabo durante los últimos cinco meses, como toma de carreteras, estaciones de radio y daños al patrimonio histórico.
Para el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Francisco Martínez Nery, los sobrevuelos rasantes realizados por los helicópteros de la Policía Federal Preventiva sobre el campus universitario dañaron el patrimonio moral de la máxima casa de estudios oaxaqueña.
“Es evidente que se intentó violar la soberanía, yo fui testigo, vi policías utilizando palas para forzar las cadenas de nuestras instalaciones y eso es algo criminal”, consideró.
Aseguró que en ningún momento fue alertado sobre el ingreso o la incursión policiaca al campus universitario o las cercanías, donde se dijo después que se trató de un operativo de limpieza de las vialidades”.
Condenó que la PFP haya querido entrar hasta la Ciudad Universitaria para callar las voces que se expresan libremente en Radio Universidad, misma que a su parecer no se encuentran en poder de nadie más que de los alumnos de esa institución y de algunos catedráticos y trabajadores universitarios integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Negó que entre los universitarios que respondieron al ataque de la PFP haya habido gente infiltrada del CGH o de Atenco, como ha tratado de manejar el gobierno del priista Ulises Ruiz.
“Yo sólo vi universitarios, colonos y muchos alumnos de nuestra alma mater”.
Claves
Adolfo Toledo
• La UABJO tendrá que asumir su responsabilidad ante el pueblo de Oaxaca respecto a la toma de sus instalaciones, señaló el senador priista por esa entidad Adolfo Toledo.
• El legislador se manifestó a favor de que se privilegie la negociación política en el conflicto, pero convocó a las autoridades a que actúen judicialmente y liberen las 56 órdenes de aprehensión que existen contra maestros de la sección 22 e integrantes de la APPO.
• La negociación política, dijo, no se debe confundir con las transgresiones de la ley y estas averiguaciones previas, que están en poder de la Procuraduría General de la República, son por delitos federales que se han llevado a cabo durante los últimos cinco meses, como toma de carreteras, estaciones de radio y daños al patrimonio histórico.
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