Los 74 senadores de la coalición gobernante, compuesta por el Prian y sus anexos, en su exitoso propósito de salvar al gobernador Ulises Ruiz aprobaron un dictamen que parece producto de la más fantasiosa literatura, ya que allí se asegura que en Oaxaca hay poderes, pero no hay gobierno. Es decir, rehusaron declarar que los poderes locales han desaparecido, pero no tuvieron más remedio que admitir que existe ingobernabilidad. Y se quedaron tan tranquilos.
Impelidos por la fama que sus antecesores crearon, de contar en su seno con algunos de los mejores abogados de México, los panistas actuales se hacen pasar como devotos de la norma jurídica. Poco importa que se trate de un respeto ritual, de una aplicación sólo de la forma. Lo importante, como era máxima de máximas en los sectores medios donde se fundó el panismo, es conservar las apariencias. Esa inclinación al fingimiento se ha visto exacerbada por sus actuales necesidades de gobierno, que les demandan aliarse tan estrechamente al PRI que en realidad se funden con ese partido antaño repulsivo para sus finos olfatos. Pero no quieren se note, pues el decoro es un imperativo que deben observar.
El dictamen y el debate sobre Oaxaca en el Senado de la República, el jueves 19, resumen la deplorable condición en que se ha situado el PAN. Subieron a la tribuna más panistas que tricolores para adobar la defensa de un gobernador priista cuya conservación en el poder, al precio que sea, es parte de la onerosa factura con que Acción Nacional pretende conseguir mínimas condiciones para que Felipe Calderón pueda gobernar. Y aunque de dientes para afuera los senadores albiazules expresaron su rechazo a Ruiz, blindaron su posición con tal eficacia que no será extraño que a estas horas haya salido a combatir a las calles, legitimado como jamás lo estuvo antaño.
Si en verdad hubieran querido aplicar la ley en beneficio de la gobernabilidad, los senadores panistas (que con los del PRD, Convergencia y el PT hubieran formado mayoría para ese propósito) habrían dado con la interpretación adecuada al efecto. Y no de modo artificioso, sino precisamente cotejando la norma con los hechos. Dice una de las hipótesis de la ley reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución que “se configura la desaparición de los poderes de un estado únicamente en los casos de que los titulares de los poderes constitucionales... estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos... impidiendo la plena vigencia del orden jurídico”.
Eso ocurre en Oaxaca. Los miembros de los poderes Legislativo y Judicial, y el titular del Ejecutivo están imposibilitados para desempeñar sus tareas, porque hacerlo implica ejercerlas en sus sedes oficiales, ya que el domicilio, la sede, es una de las señas de identidad de los poderes. Los diputados dicen que legislan pero para hacerlo se reúnen fuera de su propia casa: ellos mismos informaron al Senado que se han dado cita en domicilios privados de sus integrantes, la diputada Ana Luisa Zorrilla Moreno y Genaro V. Vázquez Colmenares, explicando en cada caso que se instalaron allí “en virtud de no existir las condiciones de seguridad para llevar a cabo dicha sesión en su recinto oficial”. Por motivos semejantes no funciona un tercio del total de los juzgados y están fuera de servicio las salas del Tribunal Superior de Justicia, encargadas de resolver apelaciones, lo que implica que ha dejado de funcionar la segunda instancia judicial. Y ni qué decir del Ejecutivo, que recibió a los tres senadores delegados por su cámara para investigar sobre el terreno en un hangar del aeropuerto, imposibilitado como está para organizar una reunión de ese género y alcance en recintos públicos, oficiales o no de la ciudad de Oaxaca.
La visita de esos comisionados senatoriales produjo evidencia relevantísima sobre la anomia imperante en Oaxaca. Lea usted, por ejemplo, algo de lo que los tres senadores que viajaron a la entidad hablaron con los presidentes del tribunal y las salas, según lo informaron a sus compañeros y consta en el cuerpo del dictamen:
“El presidente del tribunal, Héctor Anuar Mafud Mafud, advirtió que los tribunales civiles, familiares y penales, con excepción de los que están en el centro histórico, se encuentran funcionando. Actualmente no sesionan las siete salas que integran el Tribunal Superior de Justicia, ya que su edificio se encuentra en la capital del estado. Se señaló que de los 79 (juzgados) de primera instancia, sólo 50 funcionan normalmente....
“Sin embargo, el magistrado Alejandro Lagunas señaló que el Poder Judicial del estado no se encuentra funcionando debidamente, ya que la segunda instancia se encuentra inhabilitada. A su juicio, el Poder Judicial carece de autonomía e independencia ya que el presidente del tribunal tiene fuertes vínculos con el partido gobernante, porque fue presidente del PRI en la entidad y durante un buen tiempo fue secretario de gobierno...”
Igualmente una interpretación adecuada hubiera hallado que se actualiza otra causal de desaparición de poderes, en que incurren quienes “prorrogaren su permanencia en sus cargos después de fenecido el período para el que fueron electos... y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los nuevos titulares”. Es obvio que el segundo extremo de ese binomio no se ha cumplido porque no se ha llegado a la fecha que corresponde. Pero sí es verdad que los diputados locales se regalaron a sí mismos unos meses más de ejercicio legislativo mediante la reforma a varios artículos de la constitución local. Cuando lo hicieron, el 28 de septiembre, mostraron una arrogancia insoportable, pues se hallaban, como lo están hoy, en medio de una enorme crisis, y en vez de abonar a su solución obraron en sentido contrario, por más que la explicación para hacerlo sea plausible como es la compactación de los calendarios electorales.
Omisos en buscar un camino que al mismo tiempo que satisficiera su alegada apetencia por el respeto a la ley, diera un respiro a los oaxaqueños, los senadores panistas, en los que recae el peso de la irresponsabilidad de su cámara ante la crisis oaxaqueña, no pudieron sin embargo cerrar los ojos a la realidad y en la porción del dictamen en que diagnostican lo que acontece en Oaxaca formulan apreciaciones tan contundentes e inequívocas como estas:
“Es público y notorio que la crispación y el encono entre las partes en conflicto se ha (sic, en vez de han) incrementado, al grado de que es patente la ingobernabilidad por la que atraviesa la entidad.
“Los hechos violentos... demuestran fehacientemente que la gobernabilidad... ha dejado de ser la regla y con ello se ha perdido la vigencia plena de orden jurídico y de las instituciones.
“La autoridad local desplegó una operación política tardía e ineficiente que alentó el conflicto, desdibujó la legalidad y sumió a la ciudadanía en la incertidumbre y la desesperación. A mayor abundamiento, la falta de interlocución entre las partes es signo de debilidad institucional y hace frágil la capacidad de ejercicio.
“Ante todo ello, es claro que la permanencia del titular del Poder Ejecutivo del estado no otorga las condiciones suficientes que coadyuven a restablecer la normalidad.”
Y así podríamos continuar. Pero no es necesario. Con lo dicho basta para ilustrar la enorme contradicción del Senado: hay ingobernabilidad, asegura al mismo tiempo que afirma que los poderes no han desaparecido. l
Impelidos por la fama que sus antecesores crearon, de contar en su seno con algunos de los mejores abogados de México, los panistas actuales se hacen pasar como devotos de la norma jurídica. Poco importa que se trate de un respeto ritual, de una aplicación sólo de la forma. Lo importante, como era máxima de máximas en los sectores medios donde se fundó el panismo, es conservar las apariencias. Esa inclinación al fingimiento se ha visto exacerbada por sus actuales necesidades de gobierno, que les demandan aliarse tan estrechamente al PRI que en realidad se funden con ese partido antaño repulsivo para sus finos olfatos. Pero no quieren se note, pues el decoro es un imperativo que deben observar.
El dictamen y el debate sobre Oaxaca en el Senado de la República, el jueves 19, resumen la deplorable condición en que se ha situado el PAN. Subieron a la tribuna más panistas que tricolores para adobar la defensa de un gobernador priista cuya conservación en el poder, al precio que sea, es parte de la onerosa factura con que Acción Nacional pretende conseguir mínimas condiciones para que Felipe Calderón pueda gobernar. Y aunque de dientes para afuera los senadores albiazules expresaron su rechazo a Ruiz, blindaron su posición con tal eficacia que no será extraño que a estas horas haya salido a combatir a las calles, legitimado como jamás lo estuvo antaño.
Si en verdad hubieran querido aplicar la ley en beneficio de la gobernabilidad, los senadores panistas (que con los del PRD, Convergencia y el PT hubieran formado mayoría para ese propósito) habrían dado con la interpretación adecuada al efecto. Y no de modo artificioso, sino precisamente cotejando la norma con los hechos. Dice una de las hipótesis de la ley reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución que “se configura la desaparición de los poderes de un estado únicamente en los casos de que los titulares de los poderes constitucionales... estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos... impidiendo la plena vigencia del orden jurídico”.
Eso ocurre en Oaxaca. Los miembros de los poderes Legislativo y Judicial, y el titular del Ejecutivo están imposibilitados para desempeñar sus tareas, porque hacerlo implica ejercerlas en sus sedes oficiales, ya que el domicilio, la sede, es una de las señas de identidad de los poderes. Los diputados dicen que legislan pero para hacerlo se reúnen fuera de su propia casa: ellos mismos informaron al Senado que se han dado cita en domicilios privados de sus integrantes, la diputada Ana Luisa Zorrilla Moreno y Genaro V. Vázquez Colmenares, explicando en cada caso que se instalaron allí “en virtud de no existir las condiciones de seguridad para llevar a cabo dicha sesión en su recinto oficial”. Por motivos semejantes no funciona un tercio del total de los juzgados y están fuera de servicio las salas del Tribunal Superior de Justicia, encargadas de resolver apelaciones, lo que implica que ha dejado de funcionar la segunda instancia judicial. Y ni qué decir del Ejecutivo, que recibió a los tres senadores delegados por su cámara para investigar sobre el terreno en un hangar del aeropuerto, imposibilitado como está para organizar una reunión de ese género y alcance en recintos públicos, oficiales o no de la ciudad de Oaxaca.
La visita de esos comisionados senatoriales produjo evidencia relevantísima sobre la anomia imperante en Oaxaca. Lea usted, por ejemplo, algo de lo que los tres senadores que viajaron a la entidad hablaron con los presidentes del tribunal y las salas, según lo informaron a sus compañeros y consta en el cuerpo del dictamen:
“El presidente del tribunal, Héctor Anuar Mafud Mafud, advirtió que los tribunales civiles, familiares y penales, con excepción de los que están en el centro histórico, se encuentran funcionando. Actualmente no sesionan las siete salas que integran el Tribunal Superior de Justicia, ya que su edificio se encuentra en la capital del estado. Se señaló que de los 79 (juzgados) de primera instancia, sólo 50 funcionan normalmente....
“Sin embargo, el magistrado Alejandro Lagunas señaló que el Poder Judicial del estado no se encuentra funcionando debidamente, ya que la segunda instancia se encuentra inhabilitada. A su juicio, el Poder Judicial carece de autonomía e independencia ya que el presidente del tribunal tiene fuertes vínculos con el partido gobernante, porque fue presidente del PRI en la entidad y durante un buen tiempo fue secretario de gobierno...”
Igualmente una interpretación adecuada hubiera hallado que se actualiza otra causal de desaparición de poderes, en que incurren quienes “prorrogaren su permanencia en sus cargos después de fenecido el período para el que fueron electos... y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los nuevos titulares”. Es obvio que el segundo extremo de ese binomio no se ha cumplido porque no se ha llegado a la fecha que corresponde. Pero sí es verdad que los diputados locales se regalaron a sí mismos unos meses más de ejercicio legislativo mediante la reforma a varios artículos de la constitución local. Cuando lo hicieron, el 28 de septiembre, mostraron una arrogancia insoportable, pues se hallaban, como lo están hoy, en medio de una enorme crisis, y en vez de abonar a su solución obraron en sentido contrario, por más que la explicación para hacerlo sea plausible como es la compactación de los calendarios electorales.
Omisos en buscar un camino que al mismo tiempo que satisficiera su alegada apetencia por el respeto a la ley, diera un respiro a los oaxaqueños, los senadores panistas, en los que recae el peso de la irresponsabilidad de su cámara ante la crisis oaxaqueña, no pudieron sin embargo cerrar los ojos a la realidad y en la porción del dictamen en que diagnostican lo que acontece en Oaxaca formulan apreciaciones tan contundentes e inequívocas como estas:
“Es público y notorio que la crispación y el encono entre las partes en conflicto se ha (sic, en vez de han) incrementado, al grado de que es patente la ingobernabilidad por la que atraviesa la entidad.
“Los hechos violentos... demuestran fehacientemente que la gobernabilidad... ha dejado de ser la regla y con ello se ha perdido la vigencia plena de orden jurídico y de las instituciones.
“La autoridad local desplegó una operación política tardía e ineficiente que alentó el conflicto, desdibujó la legalidad y sumió a la ciudadanía en la incertidumbre y la desesperación. A mayor abundamiento, la falta de interlocución entre las partes es signo de debilidad institucional y hace frágil la capacidad de ejercicio.
“Ante todo ello, es claro que la permanencia del titular del Poder Ejecutivo del estado no otorga las condiciones suficientes que coadyuven a restablecer la normalidad.”
Y así podríamos continuar. Pero no es necesario. Con lo dicho basta para ilustrar la enorme contradicción del Senado: hay ingobernabilidad, asegura al mismo tiempo que afirma que los poderes no han desaparecido. l
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